La debilidad e insuficiencia del control de las instituciones europeas
sobre el tráfico de capitales favorece la actuación de las redes
transnacionales ilícitas, con escenarios de mayor corrupción y
vulnerabilidad institucional
1 de
Junio de
2016
Según Cressey (1), la delincuencia
organizada o crimen organizado contó desde sus inicios con un código
cultural tradicional y jerárquico a partir del cual se diseñó una
organización criminal capaz de operar en el mundo contemporáneo (2) muy
cerca del tipo ideal que Max Weber atribuía a la burocracia
legal-racional (3), por eso, durante mucho tiempo, no hubo ninguna
diferencia entre empresas convencionales y empresas delictivas.
“La experiencia tiende a demostrar universalmente que
el tipo de Organización administrativa puramente burocrático, es decir,
la variedad monocrática de burocracia es, desde un punto de vista
técnico, capaz de lograr el grado más alto de eficiencia, y en este
sentido es el medio formal más racional que se conoce para lograr un
control efectivo sobre los seres humanos. Es superior a cualquier otra
forma en cuanto a precisión, estabilidad, disciplina y operabilidad. Por
tanto, hace posible un alto grado en el cálculo de resultados para los
dirigentes de la Organización y para quienes tienen relación con ella.
Finalmente, es superior tanto en eficiencia como en el alcance de sus
operaciones, y es formalmente capaz de realizar cualquier tipo de
tareas”.
Todos los cambios que antes se observaban cuando un negocio que era el ilegal dejaba de serlo eran solo ajustes en el modus operandio en la tecnología y la red social que se veían involucradas (4). Pero, en los últimos años y acorde
con los tiempos de la globalización, dicha organización del crimen fue
sufriendo una metamorfosis en su disposición, su alcance y su
estructura; y hoy por hoy, los grandes capos o cárteles de capos,
capaces de controlar el tráfico de drogas a nivel mundial, y que se
presentaban ante los medios de comunicación como lo hicieron en su día
personajes como Pablo Escobar, ya pasaron a la historia. Aun así, el
tráfico ilegal de cocaína continúa generando dinero negro, que de manera
directa o indirecta o de forma diseminada, se incorpora diariamente a
los cauces financieros globales mezclándose con dineros de procedencia
lícita e ilícita.
“Hartwell documentó entre 2004 y 2011 cientos de
transferencias financieras realizadas por testaferros […] En la red de
lavado de activos participaron comisionistas de bolsa, asesores
financieros y prestanombres […] Un entramado de empresas fantasmas,
licitaciones públicas inexistentes y contratos falsos, todo con el fin
de blanquear al menos 6.7 millones de dólares” (5).
En España, la transformación del denominado crimen
“organizado” (6) en tramas ilegales y “alegales” (7) ha derivado de una
mayor actividad e intervención de las redes españolas que actúan en
Europa (8), con gran capacidad de maniobra en las instituciones
políticas locales, y de incidencia en la economía sumergida, que se
atribuye fundamentalmente a un incremento importante de la corrupción
en las organizaciones, tanto públicas como privadas, con la utilización
de sus funciones y medios en provecho de sus gestores. Ya en agosto de
2003 un estudio del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de
Hacienda situaba la economía sumergida en el 21% del PIB.
“Ningún gobierno ha querido realizar hasta ahora un
estudio en profundidad sobre la economía sumergida y el fraude fiscal
existente en España. De esta forma, si no se reconoce el problema, no se
tiene que justificar la falta de adopción de medidas para erradicar
dicha lacra social”, aseguraba la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda del Estado en Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España, un documento de 32 páginas aprobado en noviembre 2007 y remitido al Gobierno español (9).
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