Los datos de la EPA (Encuesta de
población activa) correspondiente al cuarto trimestre del año 2022, que se
acaban de publicar en la web oficial del Instituto Nacional de Estadística,
reflejan que Asturias tiene 75.300 ocupados en el sector público. Esta
cifra supone una disminución del número de asalariados dependientes del sector
público de 11.700 respecto del mismo trimestre del año 2020,
en el que el número de ocupados era de 87.000
Recordamos que en la metodología
de la EPA el empleo público comprende todos los asalariados de Empresas
Públicas y de las Administraciones Central y Territoriales, incluidos tanto los
trabajadores que cotizan al régimen general de la Seguridad Social como los
adscritos a Mutualidades.
La cifra actual de ocupados en el
sector público en Asturias es inferior, por ejemplo, a la que reflejaba la EPA
del cuarto trimestre del año 2010, que era de 79.600 empleados públicos.
Estos datos echan por tierra el
alarmismo que se genera, con frecuencia, en esta Comunidad Autónoma, sobre una
supuesta subida desmesurada del número de empleados del sector público.
En muchas ocasiones, esa información toma en consideración exclusivamente la
evolución de las plantillas de personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma, sin advertir que esta es sólo una de la Administraciones Públicas
implantadas en Asturias - hay que computar también al personal de la
Administración del Estado, de las Administraciones municipales, de la
Universidad y de todas las empresas y entes del sector público -; y de
que existen causas que justifican que el personal que depende del
Principado de Asturias haya aumentado en los últimos años, teniendo en cuenta
el incremento de los servicios prestados y la correlativa disminución del
personal dependiente de otras Administraciones, en especial la del Estado.
En Asturias no hay un problema de
sobredimensión del empleo público. Antes bien, el deficiente funcionamiento de
muchos servicios públicos esenciales
(cabe citar los casos especialmente sangrantes de la valoración de la
dependencia, los servicios sanitarios de atención primaria o los
establecimientos residenciales para la tercera edad), son consecuencia de
plantillas insuficientes, manifiestamente envejecidas, precarizadas y pésimamente
organizadas.
Por ahí debe darse la guerra
contra la burocracia, en vez de perder el tiempo en proclamas populistas de
corte propagandista.
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