Un tipo de empleo que se crea sin las condiciones que deben caracterizar siempre a la oferta pública
31.03.2016
JOAQUÍN RÁBAGO
Hemos leído estos días alguna información sobre la existencia de administraciones paralelas, que son piedra de escándalo en autonomías tan importantes como la andaluza. Se habla de la existencia allí de 18 agencias públicas empresariales, 3 agencias de régimen especial, más 72 entes encargados de distinto tipo de servicios. Y al parecer no es todo porque los sindicatos cifran en casi 200 las empresas creadas solo para proveer servicios a la Junta de Andalucía. Se trata de empresas que se financian con dinero público, pero sobre las que no existe ningún control en cuanto a la contratación del personal, a diferencia de los funcionarios, que deben someterse a concurso público. Es un tipo de empleo que se crea sin las condiciones que deben caracterizar siempre a la oferta pública como pueden ser la publicidad, el mérito y la transparencia. Hay agencias públicas empresariales, que así las denominan, como el Servicio Andaluz de Empleo, donde trabajan funcionarios, pero en las que los puestos directivos los ocupan personas contratadas de forma privada.
No es difícil imaginarse los casos de enchufismo, de favoritismo y corruptelas que pueden darse con tan arbitrario sistema de contratación. Y no hablamos solo de Andalucía porque en todas partes cuecen habas. Uno se sorprende muchas veces de ver la cantidad de técnicos, asesores y otros colaboradores que trabajan en el Ayuntamiento más pequeño sin que haya muchas veces posibilidad de controlar lo que realmente hacen ni lo que nos cuestan. El "Diario de Cádiz" ponía el otro día como ejemplo la fundación creada para la formación del empleo, Faffe, que la Cámara de Cuentas ha señalado como un agujero negro en la causa que se sigue sobre esos cursos. La Faffe, que trabajaba para la Administración, llegó a tener durante muchos años más de un millar de trabajadores, que, según el diario, vivieron todo ese tiempo en una especie de limbo. Hoy los empleados de aquella empresa o fundación están siendo absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo, agencia catalogada a su vez como de régimen especial y en la que conviven funcionarios con empleados.
Los técnicos de formación de la Junta han
denunciado en un escrito a los medios de comunicación la responsabilidad
de muchos de los contratados a dedo en las irregularidades detectadas
en los cursos de formación. "Fueron los máximos responsables de la
situación caótica en que se encuentra la formación profesional por el
empeño de la Junta de poner en manos de personal externo" tales cursos,
critica el escrito. Los escasos funcionarios que trabajan allí,
continúan los denunciantes, servían "solo de coartada" para "dar
apariencia de legalidad a lo actuado".
¿Hasta cuándo se seguirá
abusando sin justificación de ningún tipo del dinero de todos? Y al
mismo tiempo, ¿no deberían haberse denunciado todo esto hace ya mucho
tiempo sin esperar como siempre a los hechos consumados?
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