“El núcleo de los remedios contra la corrupción es la disponibilidad de una función pública objetiva, independiente y profesionalizada”

JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS

Abogado y exministro con UCD

“El núcleo de los remedios contra la corrupción es la disponibilidad de una función pública objetiva, independiente y profesionalizada”

Oviedo, LNE, Marcos PALICIO

José Manuel Otero Novas (Vigo, 1940), jurista, escritor y dos veces ministro en los gobiernos de Adolfo Suárez, va a regresar al pasado siguiendo el hilo de la corrupción. Identifica en la expansión del margen de maniobra del poder político la falla esencial del sistema y en su condición de testigo directo puede explicar lo que ha pasado aquí. Fue abogado del Estado en la dictadura “y cuando el gobernador civil quería que hiciera determinadas cosas y yo me negaba, él, la autoridad política, se las tenía que tragar”. También fue diputado en los ochenta y recuerda haber asistido primero al proceso de desmontaje de algunos de aquellos controles a cargo de los gobiernos socialistas de Felipe González y después a la sucesiva negativa de sus herederos, empezando por Aznar, a reponer lo derribado.

–¿De aquellos polvos estos lodos?

–Sin duda. Es verdad que la corrupción tiene causas morales, pero además hay otras que yo llamo estructurales. El Estado empieza a incrementar muchísimo su actividad, sus funciones y sus decisiones en el siglo XIX, con la industrialización y el maquinismo. Los políticos, que antes tomaban una decisión al día, pasan a adoptar veinte, o doscientas, y la corrupción florece en ese momento de manera impresionante. Para defenderse, la humanidad inventa el derecho administrativo, las reglas que rigen en las decisiones de la Administración pública y que tratan de evitar la arbitrariedad. En la España de este siglo, eso floreció a partir de 1950 y, al morir Franco, no precisamente por obra suya, teníamos normas que prohibían la discrecionalidad en el nombramiento de funcionarios, leyes que regulaban el patrimonio del Estado o la contratación de las administraciones. Estaba la “intervención”, funcionarios de Hacienda destacados en todos los ministerios y delegaciones provinciales que examinaban todos los expedientes de gasto...

–¿Dónde se quiebra?

–En mi última legislatura en el Congreso, 1989-1993, siendo portavoz de Presupuestos del PP, fui examinando todas las leyes económicas y anotando cómo el gobierno del PSOE se cargaba en cada proyecto cinco, diez, quince controles del derecho administrativo. Lo denuncié. Y no les acusaba de querer la corrupción, lo hacían con la buena voluntad de quien creía no necesitar los controles. Decían: “Ya tenemos los del pueblo cada cuatro años”. Yo les respondía que si eliminaban esos controles acabarían en la corrupción más espantosa. Si un ministro puede dar el contrato a quien quiera, probablemente el primero lo dará a la persona mejor para el servicio, el segundo a los suyos porque considera que son los que más lo merecen, el tercero a sus amigos y el cuarto por dinero. Porque entre los seres humanos hay santos, pero no en todas las esquinas.

–González lanzó la reforma y Aznar, estando en la oposición, le solicitó un paquete de

medidas que prometió aplicar al llegar al gobierno. ¿Qué sucedió?

–Aznar nos pide un paquete de medidas contra la corrupción. Una batería de proyectos de ley que presentó en el Parlamento en una rueda de prensa en la que aseguró que si el PSOE los rechazaba impondría aquellas medidas en cuanto ganaran las elecciones. No se aplicó ni una.

–¿En qué consistían?

–Una de las fuentes típicas de corrupción son los “proyectos mejorados”. Uno presenta un contrato por un millón de euros a un concurso donde todos los demás son por dos, le adjudican el servicio y a continuación dice que el proyecto está mal hecho, que hay que hacer una mejora y acaba cobrando tres. Entonces, nosotros propusimos una fórmula: si se planteara una mejora de más del veinte por ciento se abriría un expediente para identificar al funcionario que se equivocó y la empresa podría quedar eliminada para el futuro.

–¿Qué más había?

–Un capítulo importantísimo relativo a la responsabilidad de las administraciones, porque el gobierno de González en 1989 había decidido tomar medidas muy rigurosas de responsabilidad hacia los consejeros de las sociedades privadas mientras mantenía para los administradores del Estado la obligación de responder sólo en casos de culpa grave. Nosotros proponíamos para las administraciones públicas lo mismo que para las empresas.

–¿Por qué tanta resistencia?

–Hay una explicación lógica. Llegas al gobierno y lo primero que piensas es “que no me aten a

mí”. Y lo puedes decir con toda la buena fe. “Es que soy muy bueno y no necesito estas limitaciones”. Ya se está viendo. En mi libro “Defensa de la nación española”, en 1997, escribí que estaba convencido de que el gobierno del PP quería actuar con limpieza, pero que como no había querido aplicar todas aquellas medidas, por mucho que lo intentara caería en la misma corrupción que sus antecesores.

–¿Por qué persiste la falta de voluntad?

–Hay dos tipos de políticos, el que va a robar, y los hay en la vida pública igual que en la privada, y el honrado, que llega a la política porque le gusta. ¿Y qué es lo que gusta? Yo creo que eso que se ha llamado erótica del poder existe, y consiste en la facultad de tomar decisiones a favor de los amigos o de la gente que por su capacidad uno cree que merece apoyo. ¿Pero qué pasa con los controles? Que reducen la erótica del poder de cien a diez, que ya no los quieren. Con Filesa en los noventa ya olía mal y no se ha hecho nada por aumentar el control. Seguimos con medidas parciales. Ahora vamos a procurar que los enjuiciamientos sean más rápidos o que los imputados no vayan en las listas. Eso es engañarse, escaparse del asunto.

–¿Por dónde deberían ir?

–Por ejemplo, un verano de hace unos años propuse en LA NUEVA ESPAÑA volver a los

juicios de residencia del Imperio Español. John Elliott lo cuenta. A los virreyes, cuando acababan su mandato, se les examinaba no sólo de lo hecho desde punto de vista político, sino que se analizaba qué patrimonio tenía al llegar y cuál al marcharse.

–El problema es que necesitamos a los políticos para aprobar los controles sobre los políticos.

–No es que los necesitemos. Los políticos son los que tienen que aprobar los controles que se

les aplicarán a ellos mismos, y eso es muy difícil. Buscarán mil triquiñuelas para decir que no.

–¿Qué ve en las últimas propuestas anticorrupción?

–Por lo que voy leyendo, mucho me temo que van a lo anecdótico. En los años ochenta y noventa, cada vez que se destapaba un escándalo de este tipo, el gobierno y el parlamento hablaban siempre de ampliar las incompatibilidades. No se daban cuenta de que casi todos los casos de corrupción los cometen personas que trabajan en régimen de dedicación exclusiva, de que esa no es la solución. Eso es dar la impresión de que se toman medidas.

–¿Dónde está el núcleo de los remedios?

–Hay un punto de primer orden en la disponibilidad de una función pública objetiva, independiente y profesionalizada.

–¿Acabar con la discrecionalidad del poder político?

–El margen de discrecionalidad que se ha metido en la contratación pública es tremendo. Esa es una causa evidente, probablemente la mayor. Otra, nada despreciable, la moral. El político procede de la sociedad y ésta está desmoralizada, en el sentido de que, en términos generales, carece de determinados límites morales.

–¿Falta también una sanción ejemplarizante desde la administración de justicia?

–A eso le doy menos importancia. Es verdad que una de las reformas que acometió el llamado código penal de la democracia fue rebajar los plazos de prescripción de los delitos. Y no digo que fuera con mala intención, aunque entonces hubo quien pensó que era una manera de echarle un cable al gobierno del PSOE que estaba pringado con la corrupción. Pero yo no lo digo. Lo cierto es que ese descenso de plazos dificulta mucho la persecución de estos comportamientos. No creo que haga falta tipificar más delitos. Ya tenemos la estafa, la falsedad, la administración desleal...

–Hay quien le ve al fenómeno un componente cultural.

–Discrepo. Los españoles inventamos con fines turísticos aquello de que España es diferente y no es verdad. Somos iguales que todos los países de nuestra cultura al menos desde que Roma nos invadió. Hay corrupción en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Es posible que

en determinados momentos los controles sean mayores en un sitio que en otro, pero existe. En Estados Unidos tienen, por ejemplo, la ley del lobby, que sin evitarlo tal vez lo controla un poco

mejor, quizá lo tienen mejor regulado, pero no creo que haya en esto nada español ni atávico.