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miércoles, 5 de noviembre de 2014

El informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre la ampliación de El Musel revela delitos sin que, hasta ahora, nadie se haya querellado


 

Así lo ha reconocido la Abogacía del Estado quien admite que «los hechos descritos en el Informe de la OLAF, de ser ciertos, deberían ser calificados como delito».

Ello es la constatación de la absoluta inoperancia del Gobierno estatal en la lucha contra la corrupción.

Esta desidia, que pone incluso en riesgo la capacidad judicial de perseguir los delitos relacionados con la corrupción al poder declararlos prescritos,  es de tal magnitud que la Comisión Europea ha enviado escritos en los que de forma directa acusa a España de dificultar la persecución de prácticas delictivas relacionadas con la corrupción.

Esto es lo que se recoge en uno de ellos:

«ante indicios de graves irregularidades y/o fraude, demora la acción penal a la espera de la eventual presentación de una querella criminal o denuncia ante la jurisdicción penal por la Fiscalía Anticorrupción. Los servicios de la Comisión no advierten razones que expliquen dicha demora, que podría dificultar la prueba del presunto delito y facilitar su eventual prescripción» 

La Comisión Europea, también recuerda al España lo siguiente:

«ninguna norma de procedimiento parece impedir a la Autoridad de gestión la presentación de una querella criminal o denuncia en este momento, sin necesidad de esperar al pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Dicha inactividad del Estado miembro impide que se pueda realizar de manera eficaz el control financiero»

Hoy el diario El Comercio publica, como titular en su primera página, que   “88.765 transportes fueron registrados con «doble contabilidad» en la obra de El Musel”  sin que la Fiscalía Especial para los Delitos Económicos Relacionados con la Anticorrupción se decida a interponer una denuncia ante los tribunales.

Esta intolerable situación no debe ser soportada ni un minuto más.

El Gobierno español debe actuar instando a la Abogacía del Estado a que cumpla su función ejerciendo las correspondientes acciones judiciales.

Lo mismo cabe decir del resto de instituciones (Fiscalía, Ayuntamiento de Gijón, Principado de Asturias o la Autoridad Portuaria de Gijón) que no se cansan de proclamar una actitud beligerante contra actos que puedan suponer la existencia de corrupción y, sin embargo, no han movido ficha denunciando judicialmente este asunto, en el que parece traslucir un fraude multimillonario a las arcas públicas.

La postura de enroque institucional en concreto la del Gobierno estatal o, lo que es más impresentable, la de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón que se atreve incluso a declarar públicamente que el informe de la OLAF “es un ataque en toda regla a las autoridades españolas” no es de recibo.

Debe exigirse de forma inmediata que, en sede judicial,  se efectúe una investigación a fondo que aclare si se han cometido los delitos que denuncia la OLAF y, en su caso, que se depuren las responsabilidades penales correspondientes.


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