Así lo ha reconocido la Abogacía del Estado quien admite que
«los hechos descritos en el Informe de la OLAF, de ser ciertos, deberían ser
calificados como delito».
Ello es la constatación de la absoluta inoperancia del
Gobierno estatal en la lucha contra la corrupción.
Esta desidia, que pone incluso en
riesgo la capacidad judicial de perseguir los delitos relacionados con la
corrupción al poder declararlos prescritos,
es de tal magnitud que la Comisión Europea ha enviado escritos en los que
de forma directa acusa a España de dificultar la persecución de prácticas
delictivas relacionadas con la corrupción.
Esto es lo que se recoge en uno de ellos:
«ante indicios de graves
irregularidades y/o fraude, demora la acción penal a la espera de la eventual
presentación de una querella criminal o denuncia ante la jurisdicción penal por
la Fiscalía Anticorrupción. Los servicios de la Comisión no advierten razones
que expliquen dicha demora, que podría dificultar la prueba del presunto delito
y facilitar su eventual prescripción»
La Comisión Europea, también
recuerda al España lo siguiente:
«ninguna norma de procedimiento
parece impedir a la Autoridad de gestión la presentación de una querella
criminal o denuncia en este momento, sin necesidad de esperar al
pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Dicha inactividad del Estado
miembro impide que se pueda realizar de manera eficaz el control financiero»
Hoy el diario El Comercio publica, como titular en su primera página, que “88.765
transportes fueron registrados con «doble contabilidad» en la obra de El Musel”
sin que la Fiscalía Especial para los
Delitos Económicos Relacionados con la Anticorrupción se decida a interponer
una denuncia ante los tribunales.
Esta intolerable situación no
debe ser soportada ni un minuto más.
El Gobierno español debe actuar
instando a la Abogacía del Estado a que cumpla su función ejerciendo las correspondientes
acciones judiciales.
Lo mismo cabe decir del resto de
instituciones (Fiscalía, Ayuntamiento de Gijón, Principado de Asturias o la
Autoridad Portuaria de Gijón) que no se cansan de proclamar una actitud
beligerante contra actos que puedan suponer la existencia de corrupción y, sin
embargo, no han movido ficha denunciando judicialmente este asunto, en el que
parece traslucir un fraude multimillonario a las arcas públicas.
La postura de enroque
institucional en concreto la del Gobierno estatal o, lo que es más
impresentable, la de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón que se
atreve incluso a declarar públicamente que el informe de la OLAF “es un ataque
en toda regla a las autoridades españolas” no es de recibo.
Debe exigirse de forma inmediata
que, en sede judicial, se efectúe una investigación a fondo que
aclare si se han cometido los delitos que denuncia la OLAF y, en su caso, que
se depuren las responsabilidades penales correspondientes.
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