Las sentencias de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se acaban de conocer, en las que se anula la llamada “carrera profesional” de los empleados públicos, constituyen un varapalo judicial con escasos precedentes en los Estados Democráticos, por la dureza de sus términos.
Así, en el fundamento de derecho cuarto el Tribunal afirma, literalmente, que “no se puede por tanto hurtar a los representantes de la soberanía su potestad de efectuar ese desarrollo, no siendo en consecuencia la vía convencional, y ni siquiera la reglamentaria sin ese soporte legal previo, instrumentos ni cauces adecuados para establecer una carrera profesional, ni siquiera de forma provisional”
De este modo, el máximo órgano judicial de Asturias está imputando al Gobierno del Sr. Areces una de las más graves agresiones que se pueden concebir en un sistema democrático de división de poderes: la suplantación del poder legislativo por el ejecutivo.
Sin perjuicio de la necesidad urgente de dar cobertura legal al agujero negro normativo creado por la actuación irresponsable del Gobierno, procede exigir de inmediato la dimisión de los responsables políticos de este monumental estropicio, empezando por los causantes directos del mismo, los consejeros Rabanal y Migoya.
Uviéu, 17 de xunu de 2009
La Xunta Xestora del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
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