Editorial del diario La Nueva España, domingo 21 de junio de 2009
La carrera profesional es una figura creada para recompensar a los empleados públicos que con más calidad desempeñan un servicio. Asturias decidió poner en práctica ese estímulo en 2007 y beneficiar así a 14.000 funcionarios. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de anular todos los pluses económicos que con arreglo a la carrera profesional se venían percibiendo.
Si bien admite que los trabajadores tienen derecho a ver reconocido ese concepto en su estructura retributiva, determina que en el Principado lo aplica sin base normativa para ello. El fallo es meridiano. La ley que crea la carrera profesional, la del Empleado Público, es de carácter estatal. Sólo establece criterios generales y especifica expresamente que deben ser las autonomías las que acometan su desarrollo jurídico. Después de dos años largos, ese desarrollo todavía no está hecho en Asturias.
El Principado queda en muy mal lugar. Decidió sumarse a toda prisa a la carrera profesional para ganarse a los funcionarios pero empezó la casa por el tejado: antes de legislar, comenzó a pagar como anticipos a cuenta complementos a sus trabajadores. Estos, como es lógico, aceptaron encantados la mejora. Muchos funcionarios consideran que sus salarios son inferiores a los de compañeros de idéntico rango de otras autonomías o incluso a los de empleados públicos de otros sectores de la misma Administración asturiana. Encontraron aquí una vía para ir progresivamente equiparándose. «Teníamos una cierta debilidad en el planteamiento, pero obramos de buena fe. Ahora lo llevaremos todo por el libro», admite el Principado, que en el pecado lleva la penitencia.
¿Es que cabe otra forma de actuar para un Gobierno que no sea abordarlo todo por el libro? Lo malo no es ya que este proceso haya resultado, desde el punto de vista jurídico, una gran chapuza, sino que no se atisbe urgencia alguna por reparar los daños. Quizá sea por los 21 millones de euros anuales que, en plena crisis, el Principado se va ahorrar con los pagos suspendidos. Eso es al menos lo que trasluce la única respuesta que ha dado hasta ahora el Gobierno de Areces ante el varapalo judicial: quitar de inmediato los pluses de las nóminas, hasta 216 euros en el caso más favorable. No hay plazos ni hoja de ruta, en cambio, para solventar el desaguisado legislativo.
Lo que es un fin loable acaba convirtiéndose en una calamidad por el pésimo estilo y los descuidados modos con que se lleva a la práctica. La carrera profesional en Asturias nació viciada porque llegó en unas elecciones. Los pagos se hicieron efectivos a tan sólo nueve días de los pasados comicios autonómicos. El propio Areces se encargó de dar en persona la buena nueva a los empleados de la Administración general del Principado, reunidos ex profeso para la ocasión en el edificio de Llamaquique, y a los maestros, citados en Avilés en un acto similar. Esas desafortunadas formas justifican por sí solas cualquier crítica, por muy sincera que sea la iniciativa. De aquellos polvos vienen estos lodos.
Lo inaudito es que desde 2007 hasta la fecha el Ejecutivo regional no haya sido capaz de dar soporte legal a las mejoras, incumpliendo además el compromiso de elaborar una ley de la Función Pública que por mandato de la Junta debía tener lista hace un año. Asturias no se merece esto. No se puede jugar tan frívolamente con el pan de los funcionarios ni con el dinero de todos los asturianos. A decir de expertos juristas, los once magistrados que firman la sentencia han sido hasta benévolos. Con los fundamentos de derecho en la mano, podrían haber declarado «nula» la resolución que autorizaba los pagos. Simplemente la han «anulado».
El matiz no es irrelevante. La nulidad habría significado que los beneficiados ya tendrían que estar devolviendo lo ingresado de más, que tampoco se sabe bien si está o no suficientemente justificado por un rendimiento superior en el trabajo. La anulación deja la puerta abierta para evitarlo. Los funcionarios están en vilo, y con razón. Si hubiera que reintegrar cantidades, el problema se complicaría.Reconocer la carrera profesional de manera objetiva y transparente, o sea, premiar a quien más se esfuerce, a quien más rinda, sigue siendo un principio válido. Cuesta pensar que una Administración capaz de ineptitudes como la que nos ha traído hasta aquí esté preparada para hacerlo. Los precedentes ayudan poco a ser optimistas. Otros intentos anteriores de distinguir a quien trabaja bien de quien trabaja mal fenecieron por igualitarismo.
El llamado «complemento de productividad» acabó diluido porque todos los funcionarios percibían por ese concepto la misma cantidad, con independencia de su rendimiento.Lo que la función pública necesita es una reforma profunda que aumente su eficacia y que profesionalice a quienes la integran. Que la transforme en una carrera del mérito, y no del amiguismo.
A esto el Principado, cuyas relaciones laborales se están deteriorando peligrosamente, parece poco predispuesto. Le interesan más otros apaños, como no tener a los mejores empleados sino a los más dóciles, fomentando de manera exagerada los cargos de libre designación y las jefaturas a dedo. Si en algo contribuye a cambiar por fin este estado de cosas, bienvenida sea la sentencia.
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