Uno de los representantes sindicales responsables del desaguisado que han cometido con la llamada carrera profesional el Gobierno del Principado y los sindicatos domesticados ha dicho más o menos que había que correr a gorrazos a los sindicatos que habían denunciado el acuerdo. Hace más o menos cuatro años, el Ayuntamiento de Gijón sufrió un varapalo similar, cuando los juzgados, a denuncia de un sindicato de funcionarios minoritario, anularon varios concursos oposición que debían haberse convocado como oposición.
En aquella ocasión el sindicalista de turno dijo que no era ético que se hubiera hecho la denuncia. La única respuesta que tienen los sindicatos más oficialistas que mayoritarios, cuando se les descubre un chanchullo, es el insulto, la descalificación gratuita, lo mismo que haría cualquier dictador. Pese a que el juzgado entonces anuló las pruebas mediante las que accedieron al funcionariado un buen número de ciudadanos de forma ilegal, nada se ha sabido desde entonces de lo que ocurrió con ellos, aunque me temo que de una u otra forma el fallo judicial se haya soslayado, que para eso está la pléyade de asesores que pagamos entre todos, y todos los que entraron por la puerta de atrás tengan sus puestos consolidados.
Ahora la idea es que ocurra lo mismo, que el tiempo pase y la tormenta amaine. Y es fácil que de una u otra manera se tape el tema y las cosas continúen como si no hubiera ocurrido nada. Pero no puede ser así, no podemos consentir estos abusos. En primer lugar, hay que correr, no a gorrazos, sino con las leyes y los votos en la mano a quienes consideran que no son éticos los que denuncian una ilegalidad municipal y a quienes dicen que hay que castigar a quienes denuncian otra ilegalidad, esta vez autonómica.
Esta vez, la broma nos ha costado cincuenta y dos millones de euros que hemos pagado entre todos y que, insisto, los juzgados han dicho que no teníamos que pagar. Cincuenta y dos millones de momento, porque hay varios miles de funcionarios que no se adhirieron a la carrera famosa y ahora están en su pleno derecho de reclamar las mismas cantidades que cobraron quienes sí lo hicieron.
Una regla de tres nos dice que esta reclamación nos va a costar entre quince y veinte millones más. Siendo importantísima la cifra de la que estamos hablando, lo más grave es que sigan en sus puestos los responsables de esta ilegalidad y que, lejos de reconocerla e irse, se limiten a aguantar el chaparrón y a justificarla con argumentos que en algunos casos son un reconocimiento implícito de algo aún más grave que lo anulado por los juzgados.
Las declaraciones de la consejera Migoya en las que reconoce que eran conscientes de la poca consistencia jurídica de la medida acordada dejan en el aire un cierto olor a prevaricación. Tampoco está lejos de esta figura no recurrir la sentencia para que los funcionarios no tengan que devolver los importes recibidos. Se ha tomado una decisión a sabiendas de que era «poco consistente jurídicamente», ahora se toma otra no tanto para que no se devuelva el dinero como para no empeorar la situación de quienes adoptaron la primera. Mientras tanto el presidente Areces, ¿qué pasa con el presidente Areces? Se supone que él es el principal responsable de las medidas que tome su Gobierno.
Él fue quien puso más énfasis en la defensa de la carrera profesional, y ahora estamos esperando sus explicaciones. Las esperamos ahora, no cuando el tiempo haya dulcificado las cosas. En poco más de un año los asturianos hemos tenido que hacer frente al sobrecoste del HUCA, del puerto de El Musel y ahora a este de la famosa carrera, en total cerca de cuatrocientos millones de euros, demasiado dinero para una economía en crisis como la asturiana, demasiado dinero para que no haya ningún responsable, para que corramos un tupido velo y lo bendigamos en unas próximas elecciones con nuestro voto. Hace falta savia nueva en las instituciones asturianas, hace falta una renovación democrática a fondo, casi una catarsis.
El problema es que los tres partidos que dicen representarnos tienen las mismas caras desde hace muchos años. ¿Será preciso que el voto en blanco gane unas elecciones para que se den cuenta de que ya nadie cree en ellos?
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