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viernes, 5 de agosto de 2016

Qué son los medios de comunicación

Juan Pedro Masdemont — ATTAC Andalucía

En general los análisis sobre los medios de comunicación adolecen de una grave ausencia de sentido crítico. La independencia y la pluralidad del sistema mediático suelen aceptarse sin discusión. Ciertamente existen otras líneas de análisis con perspectiva crítica: éstas suelen centrarse en qué se dice en los medios, cómo se dice, o quién forma sus audiencias y los efectos que producen en ellas. Pero realmente hay pocos estudios que se centren en qué son los medios de comunicación hoy en día, lo que nos permite entender mucho mejor el por qué los medios funcionan de la manera en que lo hacen. En las ciencias sociales hay una escuela de estudio que se ocupa de esta cuestión y que es bastante desconocida: la Economía Política de la Comunicación.

Los medios son ante todo grandes empresas que se mueven en un sistema capitalista. La integración de los medios en el sistema de mercado es hoy total y absoluta, tras el impulso definitivo que recibió en los años ochenta del siglo pasado mediante la aplicación de las políticas neoliberales en el sector y la paulatina desaparición de las normas que limitaban la concentración de la propiedad y el control por parte de compañías ajenas a la comunicación. La banca, los inversores institucionales, las grandes empresas y grandes fortunas se han ido haciendo con la propiedad de los grupos de comunicación. Es más, los grandes medios, como compañías que son, también se diversifican e invierten en otros sectores económicos, participando del entramado de capital que domina la economía mundial. E igualmente ocurre a nivel personal con los miembros de sus consejos de administración, ejecutivos empresariales y bancarios que repiten en otros muchos consejos.

A través de compras, ventas, fusiones de empresas, etc., hemos llegado a un panorama en el que un puñado de conglomerados mediáticos domina el mercado mundial de la información y la comunicación. Se estima que en la actualidad seis grandes compañías controlan más de la mitad del sector a nivel mundial (Time-Warner, Viacom, News Corporation, Comcast, Disney y Bertelsmann). Un escalón más abajo se encuentran otros grandes grupos mediáticos como Pearson, Sony, o los que dominan la estructura mediática en España, algunos de ellos curiosamente sin tener su origen aquí (lo que por otra parte tampoco dice mucho, pues como multinacionales que son tienen sus propietarios y sus clientes repartidos por el mundo). La televisión española tiene en este momento, sin contar a RTVE, únicamente dos dueños: Mediaset, el grupo de Silvio Berlusconi (Telecinco, Cuatro, La Siete, Energy…), y Planeta, del marqués José Manuel Lara Bosch (Antena3, La Sexta, Neox, Nova, Nitro… también la enorme editorial homónima, en radio Onda Cero, y el periódico La Razón). En prensa, radio y demás encontramos también a Prisa (El País, Cadena Ser, la plataforma Digital+ …), que pertenece desde finales de 2010 al fondo de inversión Liberty Adquisition Holdings; Unidad Editorial (editora de El Mundo y Marca entre otros), que es propiedad del grupo italiano Rizzoli Corriere della Sera; Vocento (ABC y varios periódicos regionales y locales), participada por varias familias históricas españolas como los Ybarra y los Luca de Tena junto con, entre otros, el BBVA; o el Grupo Intereconomía (La Gaceta, IntereconomíaTV) del empresario Julio Ariza Irigoyen junto a otros grandes empresarios y financieros.

Hay que resaltar también la importancia de la publicidad. Cuando la comunicación empezó a industrializarse en la segunda mitad del siglo XIX, con el consiguiente aumento de los costes de producción, comenzó a quedar claro que los periódicos sin publicidad no eran económicamente viables. Los anunciantes son la principal y determinante (casi única en realidad) fuente de ingresos de los medios masivos. Uno de los académicos pioneros en el análisis de la comunicación desde la Economía Política, Dallas Smythe, consideró que la función de los medios es crear bloques de audiencias para venderlos a los anunciantes, asegurando de este modo la propensión al consumo. Por lo que es primordial no disgustarlos con los contenidos y las informaciones que se ofrecen, pues lo lógico es que rechacen publicitarse en medios ideológicamente enfrentados a ellos, o que consideren perjudiciales para sus intereses. ¿Y quiénes son los mayores anunciantes? Pues la banca y las grandes empresas.

Una vez enmarcadas adecuadamente dentro del contexto socioeconómico en el que operan, se puede entender cuál es el objetivo principal de las empresas mediáticas: favorecer los intereses de sus dueños y anunciantes. Por un lado, evidentemente, la principal consigna a seguir es centrarse intensivamente en la rentabilidad. En ese sentido funcionan igual que el resto de grandes empresas: obtener los mayores beneficios económicos con el menor gasto posible. Por otro lado, los medios de comunicación tienen un valor especial e incalculable: distribuyen la información entre la población, y aún más, educan, transmiten valores, creencias y códigos de comportamiento. Quien controla los medios de masas controla la distribución de mensajes e ideas. Se puede decir que tienen, además de rentabilidad económica, una rentabilidad ideológica. En manos de las grandes compañías los medios reproducen la visión del mundo que encaja con los intereses de sus amos, educan en los valores del llamado “libre mercado”, una denominación errónea a la vista de la estructura y el funcionamiento de los diferentes sectores económicos, entre ellos por supuesto el mediático: si fuera libre cada uno de los miles de periódicos, revistas, emisoras de radio y de televisión, editoriales, etc., que existen tendría un dueño, con lo que habría miles de dueños individuales y se podría abarcar todo el espectro de ideas políticas y sociales para distribuirlo entre la población, y al ser empresas más pequeñas podrían entrar nuevos empresarios en el mercado con ideas nuevas. Hablamos de los valores de un sistema capitalista cuya dinámica sólo puede favorecer el poder de las grandes empresas y fortunas, el gigantismo empresarial, el oligopolio, la concentración de la riqueza en pocas manos. Eso que autores de referencia como Ignacio Ramonet han denominado pensamiento único.

Las grandes empresas son las vacas sagradas de los medios. Sus conductas ilegales suelen ser ocultadas a la opinión pública: explotación laboral, daños medioambientales, evasión fiscal, manipulación de precios… En el clima mediático se convierten en las campeonas de la “marca España”. Las páginas de las secciones de economía consisten principalmente en propaganda de las grandes compañías en forma de boletines de prensa que se publican sin cambios importantes o bien textualmente: tal compañía ha obtenido tantos miles de millones de beneficios, superando al año anterior, gracias a su diversificación… Todos los días aparecen las cotizaciones del mercado de valores, aunque el porcentaje de hogares que juega en bolsa sea mínimo (sólo lo hacen los más adinerados). El IBEX-35 es para los medios el principal indicador de la marcha de la economía, cuando en realidad sólo lo es de la marcha de estas grandes empresas, que como mencionamos antes de españolas tienen muy poco, al igual que muy poco aportan a nuestra economía, más bien la arruinan defraudando y evadiendo capitales o destruyendo empleo.

Mención aparte merecen en estos tiempos la banca y los inversores financieros. Además de por ser accionistas y grandes anunciantes, los bancos controlan a las empresas mediáticas a través de la deuda. Éstas deben negociar con ellos para conseguir créditos, y como el resto de la sociedad suelen tener grandes deudas. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria en el Estado español los medios convirtieron la causa en consecuencia: la crisis fue la causante de que las empresas inmobiliarias y la banca quebraran, cuando fue todo lo contrario, fue causada por ellos. No se observa análisis crítico alguno en las informaciones sobre los rescates de las entidades financieras y las colosales inyecciones de dinero público, o sobre la relación de estas entidades con los paraísos fiscales, a los que mantiene y explota para beneficio de sus más adinerados clientes (mafias incluidas) y del suyo propio. Mientras se silencia la especulación financiera con la deuda pública, los alimentos, la energía, etc., apenas se publica algún breve artículo con la manipulación de los índices de referencia para créditos como el Euríbor y el Líbor, y en el asunto de las preferentes y otros productos financieros colocados con mentiras a millones de pequeños clientes y ahorradores y que les han llevado a la ruina, nunca aparecen las palabras fraude o estafa, sino que es una cuestión de productos complejos.

Así que la culpa de todo está en el excesivo gasto público. Esa es la idea que defiende la inmensa mayoría de columnistas y tertulianos de los grandes medios. Sin importar que los datos desmientan absolutamente tal afirmación, defienden como inevitables los durísimos recortes a los servicios públicos y la terrible pérdida de derechos económicos y sociales en la que estamos sumidos. La aparente amnesia sobre el origen del déficit y la deuda pública en el rescate al sistema financiero es orwelliana: sólo sin memoria se puede justificar la destrucción de la sanidad, la educación y las pensiones públicas. Y por supuesto, el empleo: parece que el concepto pleno empleo ha desaparecido de la memoria colectiva. En cambio las reformas laborales que se ceban en las condiciones y salarios de los trabajadores y facilitan su despido, y que aumentan aún más el desempleo, son necesarias para dinamizar la economía. En fin, sólo hay un grupo que se beneficia de todas estas políticas: el del capital, el de los bancos, grandes empresas y fortunas, ésos “mercados” a los que hay que calmar. Los dueños de los medios.

Habrá quien argumente que las recientes revelaciones sobre corrupción en el partido gobernante del Estado español prueban la independencia mediática. Pero recordemos que la vaca sagrada es el poder económico, no la clase política. Los medios, habitualmente, necesitan establecer buenas relaciones con los partidos de gobierno pues requieren legislaciones favorables en su sector, autorizaciones, concesiones de licencias… Pero si consideran que el gobierno va a perjudicar sus intereses no dudarán en atacarle. Y seguramente en estos momentos los grupos que poseen los dos diarios de referencia a nivel estatal consideren que la situación actual del Partido Popular y su creciente impopularidad pueden tener efectos políticos imprevisibles y muy negativos para sus intereses económicos. Además resulta muy revelador que las tintas se carguen sobre el tesorero del partido y los altos cargos implicados, mientras pasa casi desapercibido el hecho principal, es decir, que son grandes empresas las que financian ilegalmente al partido gobernante para recibir sus favores y sus contratos públicos.

También suele argumentarse que la honestidad y la profesionalidad de los periodistas sirven de barrera contra las maniobras de los propietarios. Esto es bastante ingenuo. Se cuentan por miles los casos de despidos y traslados de periodistas y directores de medios que han ido en su trabajo contra los intereses de sus propietarios. Y es muy extraño que una compañía nombre como director a alguien al que consideran contrario a sus deseos. De nuevo resultan reveladores los continuos ERES y la degradación de las condiciones laborales en las principales empresas de medios. La excusa que aparece de forma apabullante en los propios medios es su supuesta crisis debida al desarrollo de las nuevas tecnologías que están acabando con los formatos tradicionales y produciendo pérdidas enormes. Pero esta idea no se sostiene, los datos de los ingresos en los grupos mediáticos españoles desde el año 2007 hasta la actualidad muestran cierta disminución (y no en todos los casos, al Grupo Planeta le ha ido muy bien), pero hablamos de ingresos de cientos o miles de millones de euros anuales, nada tan dramático como para justificar los decenas de miles de despidos en los últimos años. Lo que está pasando tiene mucho más que ver con la dinámica normal de las grandes empresas, con ganar más gastando menos. Y además sirve para disciplinar a los periodistas, que reciben el mensaje claro de que para salvarse del despido es mejor que sigan la línea adecuada y se autocensuren si así se requiere.

Hay que reconocer que no todos y todas las periodistas se someten a este funcionamiento. Estamos viendo ejemplos de nuevos medios que, de forma modesta y utilizando fundamentalmente internet y las nuevas tecnologías, se abren paso añadiendo pluralidad ideológica, retrospectiva y análisis contextualizado al conjunto del sistema. Algunos de ellos fundados por periodistas y trabajadores despedidos hace poco por algún gran medio. Pero como diría el profesor Ben Bagdikian, es bastante difícil que la mayoría de la sociedad escuche estas voces minoritarias en el estruendo producido por los grandes medios. La lucha existe y está ahí, pero es sin duda desigual. La situación sólo podrá cambiar cuando exista la voluntad política de acabar con el carácter de negocio que tienen en estos momentos la información y la comunicación, con el dominio privado sobre un bien que es público (o común), un derecho humano.

Notas
(1) Para profundizar en ese proceso, véase Edward S. Herman y Robert W. McChesney, Los medios globales: los nuevos misioneros del capitalismo corporativo, Editorial Cátedra, Madrid, 1999.
(2) Recomendamos dos trabajos de referencia: el de Noam Chomsky y Edward S. Herman, Los guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas, Crítica, Barcelona, 2009; y el de Ben H. Bagdikian, El monopolio de los medios de difusión, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
(3) Dos estupendos trabajos recientes sobre los grupos mediáticos a nivel mundial y estatal son: Ramón Reig, Los dueños del periodismo: claves de la estructura mediática mundial y de España, Editorial Gedisa, Barcelona, 2011; y Pascual Serrano, Traficantes de información: la historia oculta de los grupos de comunicación españoles, Editorial Foca, Barcelona, 2012. En el blog La mirada del mendigo se puede encontrar una fantástica infografía que explica de manera sencilla la distribución de la propiedad mediática en el Estado español (http://esmola.wordpress.com/2012/07/09/los-duenos-de-la-informacion-ii/)
(4) La trayectoria reciente del grupo Prisa es un ejemplo perfecto. Siendo una empresa en quiebra, que llegó a alcanzar una deuda de 5.000 millones de euros, fue comprada a pesar de ello por un fondo de inversión. Y en 2014 tres importantes bancos, el Santander, Caixabank y HSBC, tendrán el 20% del capital del grupo tras canjear deuda que mantenía con ellos por acciones (Periodista Digital, 18 de julio de 2012:http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2012/07/18/mongolia-propiedad-medios-banca-capital-prisa-vocento-planeta-unidad-editorial.shtml). ¿Por qué apoyar así a una empresa en quiebra? Seguramente porque les interesa controlar al grupo con el mayor periódico del Estado y la emisora de radio con más audiencia.
(5) Ignacio Ramonet, “Pensamiento único y nuevos amos del mundo”, en Cómo nos venden la moto, Editorial Icaria, Barcelona, 2005.
(7) Varios países de América Latina con gobiernos más o menos de izquierda, como Argentina, Bolivia y Ecuador están aprobando en los últimos años leyes de comunicación que marcan un camino posible para democratizar el ámbito mediático y acabar con el dominio del sector privado sobre el mismo. En particular la ley recientemente aprobada en Ecuador avanza de manera muy importante hacia este objetivo; por supuesto los propietarios de medios y organizaciones empresariales, tanto de allí como internacionales, han atacado furiosamente esta ley asegurando que acaba con la libertad de expresión. Para conocer su contenido recomendamos este artículo de Pascual Serrano (eldiario.es, 29 de junio de 2013: http://www.eldiario.es/zonacritica/Ecuador-Ley-Organica-Comunicacion-presentaran_6_148095194.html).

miércoles, 3 de agosto de 2016

La meritocracia es un bien escaso en España


lamarea.com

La periodista Eva Belmonte desgrana en ‘Españopoly’ las estrechas relaciones de poder la clase polícia y empresarial y la importancia de haber estudiado en el Colegio del Pilar de Madrid.



¿Quién manda en España? La periodista Eva Belmonte lleva años obsesionada con esta pregunta. Para ello, a diario desgrana el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su blog elboenuestrodecadadía.com. Belmonte dirige proyectos en la Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que lucha por una sociedad más transparente y que ha colaborado en la edición de Españopoly (Ariel). En el libro, Belmonte hace un minucioso recuento de las relaciones de poder entre la clase política, empresarial y mediática que domina las estructuras en este país desde la Transición.
¿Quiénes y cómo son los jugadores de Españopoly?
Son hombres, son viejos, muchos han ido al mismo colegio y mantienen un entramado de asociaciones y fundaciones varias, como el Foro Puente Áreo o la Asociación Española de la Competitividad, que tiene como patrono al rey. Son en su inmensa mayoría hombres porque las empresas familiares suelen heredarlas los hijos varones.
¿Y cómo se entra en este club?
Hay varias vías. Puedes nacer en una familia con apellido ilustre, puedes ir a un colegio donde te mezclas con los hijos de estas familias como es el Pilar de Madrid, o puedes ascender a través de las filas de un partido político sin molestar a nadie. Claro que también hay gente que ha salido de la nada y ha llegado a hacer algo muy grande.
En el libro se nombra la impresionante cantidad de empresarios y políticos que estudiaron en el Colegio del Pilar en Madrid, como José María Aznar, Juan Miguel Villar Mir o Luis María Anson. ¿Sigue siendo el principal centro de formación de élites?
Sigue igual. Lo que pasa es que ahora las escuelas de negocios tienen un peso importante. Los nuevos líderes, los herederos, han estudiado fuera, en EEUU o Londres, donde han ido a escuelas de negocios. Se está creando un segundo núcleo en la educación. Hasta ahora sólo lo era el Pilar.
¿En estos centros de élite es más importante lo que te enseñan o los compañeros de clase que conoces?
Depende. Podemos pensar que en el Pilar tienen una educación estupenda y por eso de allí salen tantos ministros, pero no parece que sea un centro que destaque tanto por su calidad frente a otros. Por eso parece importante la red de contactos que se forja allí.
Como cuenta en el libro, también hay casos de gente que viene de orígenes humildes y se ha ganado una gran fortuna, como Amancio Ortega, que empezó con una pequeña tienda de textil para crear Inditex. ¿Al margen de las élites, funciona la meritocracia en España?
Muy poco. Todo el mundo cita siempre el ejemplo de Amancio Ortega porque no tenemos muchos más. Muchos grandes empresarios en este país han tenido un cargo público antes. Muchos empresarios que salieron durante la Transición habían tenido cargos públicos durante la época franquista. La meritocracia es un bien escaso en España, especialmente en lo privado pero también en lo público porque las estructuras de los partidos políticos son muy cerradas. El que crea conflicto es expulsado en seguida, incluso en los nuevos partidos. Al final triunfa el que menos molesta.
¿Para hacer negocios hace falta tener buenos contactos con la política?
Eso depende mucho del sector. En energía dependes mucho de los que hacen las leyes, también en la banca y los medios de comunicación. En construcción sin la obra pública no pasas de tener cinco empleados.
Cita ejemplos de periodistas que están vinculados a estas mismas élites, como Juan Luis Cebrián y Luis María Anson. ¿Es preocupante?
Sí. Los vínculos son preocupantes. Luis de Guindos, por ejemplo, estuvo en el consejo de administración de Unidad Editorial, que edita El Mundo, antes de ser ministro. En el de Prisa también hay expolíticos. Los medios dependen mucho de las ayudas públicas. La Junta de Andalucía paga a El País por repartir el periódico en los colegios públicos. Y luego está la publicidad institucional que no reparte siempre siguiendo criterios de audiencia. Ahora, en el debate sobre la reforma de la propiedad intelectual el Gobierno tiene un único interlocutor, que es la Asociación de Medios, donde sólo están los grandes de pago.
En el epílogo es muy crítica con la Ley de Transparencia y otras medidas que ha tomado el Gobierno en estas materia. ¿Por qué considera que son insuficientes?
Primero, porque no se considera el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental como hacen otros países. Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber qué hace el gobierno que hemos elegido con nuestro dinero. Se trata de una ley básica, ni siquiera es una ley orgánica. Luego la Ley de Transparencia tiene una lista tan larga y tan bestia de excepciones, como los “intereses comerciales”, donde entra lo que tú quieras que entre. Está en vigor desde septiembre y yo aún no he visto una buena respuesta a una solicitud de información.
¿Lo ha intentado también?
Todo el tiempo, tanto solicitudes propias como preguntas de los ciudadanos que mandamos a través de Civio. Hay algunas respuestas, pero muy pocas. Incluso sobre temas que ya han sido publicados a veces no dan respuesta. La ley es muy mala.
¿Dado que en otros países la transparencia funciona mejor, hay alguna explicación cultural a la reticencia en la clase política española?
Algo hay. En los países anglosajones, los ciudadanos tienen más claro que estos señores trabajan para mí, así que tengo derecho a saber qué están haciendo. Y los políticos allí saben que los casos de corrupción se van a penalizar y les pasan factura. En España a ningún gobierno le ha derrumbado un caso de corrupción. Aquí no te hace perder votos de forma clara. Eso tiene que ver con la división en dos bandos donde una acusación de corrupción es percibida por ambos lados como un ataque exterior. Así que hay una parte cultural y hace falta pedagogía para explicarlo. Yo creo que las leyes pueden cambiar la cultura. Lo hemos visto con la ley antitabaco. ¿Quién se hubiera imaginado que los españoles serían capaces de dejar de fumar en los bares? También el carnet de puntos ha reducido drásticamente el número de gente que bebe y conduce.
¿Qué esperanza le dan los nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos que prometen cambiar estos defectos?
En términos de transparencia, Podemos está haciendo un ejercicio importante. Ciudadanos menos, tardan muchísimo en publicar su presupuesto. Habrá que ver qué pasa, pero yo no me fío de nadie hasta verlo. Me preocupa que en Podemos, si lleva un tiempo en el poder, veremos las mismas estructuras de relaciones previas, en su caso del ámbito de la universidad.
¿Cuáles deberían ser las primeras medidas en materia de transparencia del futuro gobierno?
Publicar las agendas de los altos cargos públicos para ver con quién se reúnen durante un proceso legislativo. Luego, hay que tomarse más en serio la Ley de Transparencia y dotarla de recursos. Y se deben abrir las instituciones y que más gente pueda participar en el proceso legislativo. Ahora, las leyes se publican una vez que está aprobado el proyecto ley.
¿Y el indulto?
Habría que eliminarlo. Yo entiendo que el indulto tiene sentido cuando las reformas penales no llegan a tiempo para determinados casos. En cualquier caso tiene que ser el poder judicial que los decida, como el Tribunal Supremo, pero no el gobierno.

miércoles, 27 de julio de 2016

Es falso que el puesto de gerente del HUCA se convoque por concurso



Hoy miércoles 27 de julio vuelven a publicarse noticias sobre la nueva convocatoria para cubrir el puesto de Gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en las que se indica que se hace por “concurso”. Esta afirmación es falsa porque el sistema utilizado es el de “libre designación” y no el de “concurso de méritos” y genera confusión en la opinión pública, pues se quiere dar a entender que necesariamente se elegirá al candidato con mayores méritos cuando la “libre designación" (comúnmente conocida como nombramiento a dedo) ofrece un amplio margen de discrecionalidad a la hora de escoger entre los aspirantes al puesto.

Las diferencias entre el sistema de provisión por concurso de méritos y el de libre designación son sustanciales. Citaremos dos particularmente relevantes para entender el asunto que nos ocupa:
-         En el concurso la convocatoria va acompañada de un baremo de los méritos que se toman en consideración, de tal manera que la valoración de los mismos es objetiva y no deja margen a la discrecionalidad en la elección del candidato que resulte más idóneo. Por el contrario, en la convocatoria por libre designación no es necesario que figure baremo alguno – como se puede comprobar leyendo la referida al puesto de Gerente -, pues el Órgano competente para decidir puede apreciar discrecionalmente la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
-         Mientras que el concurso no puede dejarse desierto si existe algún candidato que alcance la puntuación mínima exigida en la convocatoria, esa posibilidad sí cabe en las convocatorias por libre designación, aunque existan candidatos perfectamente cualificados para el desempeño del puesto. Ello explica que las autoridades sanitarias asturianas hayan decidido no nombrar a ninguno de los trece aspirantes al puesto de Gerente del HUCA, dejando desierta la anterior convocatoria, a pesar de que, por lo que se conoce, algunos de ellos tenían currículos profesionales que les hacían perfectamente idóneos para ello.
   
      La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2010, que adjuntamos (ver aquí), explica muy bien estas diferencias entre uno  y otro sistema de provisión de puestos.
   
     El Gobierno de D. Javier Fernández convocó el puesto de gerente del HUCA por libre designación y como ninguno de los trece candidatos presentados eran de su gusto, se acogió a la posibilidad legal de dejar desierta la convocatoria, lo que no hubiera sido posible si se hubiera convocado un concurso de méritos.
    
     Por tanto, el Gobierno del Principado ha actuado con total coherencia: quería y quiere nombrar al Gerente del HUCA con criterios de discrecionalidad y no mediante un baremo objetivo de méritos, por lo que realiza una nueva convocatoria, también por libre designación, por supuesto, en la que, ahora sí, pueda presentarse un candidato o candidata que le resulte cómodo.

La historia de la convocatoria del puesto de Gerente del HUCA es muy distinta a la que hasta ahora se nos ha contado. En el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies confiamos en que aun se está a tiempo de contar la verdad. Los ciudadanos y ciudadanas de Asturias lo merecen.

domingo, 24 de julio de 2016

Oferta de empleo no sanitario

Jesús González Palomares (Avilés)
Uno, que no tiene estudios superiores, intenta descifrar dentro de su contexto, uno de los párrafos del informe que acompaña a la propuesta de ampliación de empleo público para el Principado de Asturias en 2016. Dice así: Asimismo, la determinación del número de puestos a ofertar por cada escala viene determinada por la ponderación de la incidencia porcentual que representa el valor numérico de los puestos adscritos respectivamente a los mismos sobre el total de efectivos dotacionales totales. Aunque el mencionado informe no está hecho para que lo entienda el común de los mortales, el tema no es baladí, ya que intenta explicar el porqué de la raquítica oferta de empleo público de 2016. Jergas aparte, y en lo concerniente a la Consejería de Sanidad a la cual pertenezco, he de decir que dicha oferta es, siendo comedidos en el leguaje, una tomadura de pelo. Proponen un total de 522 plazas de nuevo ingreso, de las que 333 corresponden a facultativos especialistas, médicos de familia, de urgencias y pediatras, las 189 restantes deben repartirse entre las categorías estatutarias que, en base al abstruso informe, deben convocarse. Sin duda, el colectivo médico ocupa el eje central del sistema sanitario y la carencia de algunos especialistas repercute directamente en las listas de espera y en la calidad asistencial, pero ¿sería posible un sistema sanitario sin auxiliares, celadores, administrativos, cocineros, matronas, fisioterapeutas, enfermeras, personal de oficio o técnicos especialistas? La respuesta es obvia, pero la falta o el incumplimiento de acuerdos y la nefasta política de empleo público llevada a cabo por la Administración regional han hecho posible que desde 2002, fecha del traspaso de competencias en materia sanitaria al Principado, éste no haya convocado ni una sola plaza a concurso-oposición libre de las categorías no sanitarias. El cero absoluto. Las comparaciones con otras comunidades son vergonzantes. Como es vergonzante que la oferta pública de empleo de 2008 esté sin resolver en todas las profesiones con dotación de plazas a convocar, para las que había incluso fechas de publicación. Como vergonzante es que estemos hablando de dos ofertas de empleo en 14 años, resueltas sólo parcialmente. Las explicaciones con las que la Administración intenta justificar esta situación se basan en los cálculos de la tasa de reposición de profesionales y en informes jurídicos de sentencias en otras comunidades autónomas, es decir, que la culpa no la tienen ellos, sino las rígidas normativas que en Asturias han impedido convocar empleo público no sanitario, cuando en el resto del territorio español se han desarrollado múltiples procesos selectivos en prácticamente todas las categorías. Esta manera de actuar ha provocado la huida de profesionales a otros servicios de salud, buscando la estabilidad y el desarrollo profesional a los que no tienen acceso en el Principado, y al que pocos regresan una vez establecidos, como se pudo comprobar en el último concurso de traslados, en el que se ocuparon apenas la mitad de las plazas, y no precisamente por la profusión de las convocatorias. Está claro que si seguimos disparándonos en los pies no podremos avanzar, a no ser que la estrategia de nuestros gobernantes sea esa, buscando a corto o medio plazo la privatización de servicios sanitarios y el fin de la igualdad, mérito y capacidad como modelo de acceso a la función pública. No obstante, para cualquier aclaración, les recomiendo que estén atentos a la próxima publicación en el B.O.P.A. de esta oferta de empleo para 2016 y que la lean en compañía de un jurista especializado y un eminente matemático, que puedan descifrar los motivos por los que nuestro Gobierno regional es incapaz de dar respuesta a la carencia de profesionales en la sanidad asturiana.

Jesús M. Glez. Palomares
Delegado SICEPA /SAIF Área Sanitaria III, Avilés

jueves, 21 de julio de 2016

El Gobierno del Principado debe dar todos los datos sobre la Oferta de Empleo Público



El Gobierno asturiano acaba de anunciar la aprobación de una Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2016 de 1.037 plazas, de las que 777 estarían destinadas al Servicio de Salud (SESPA) y 260 al resto de sectores de la Administración autonómica.

Según manifiesta la consejera de Hacienda, Sra. Carcedo, “el Principado oferta así el mayor número de plazas que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, en función de la tasa de reposición fijada para los distintos ámbitos y sectores”

Sin embargo, el Gobierno asturiano no hace públicos los datos mínimos imprescindibles para acreditar la veracidad de sus afirmaciones, pues para ello debería dar a conocer los datos utilizados para el cálculo de la tasa de reposición en cada uno de los sectores de la Administración Pública del Principado de Asturias.

Recordamos que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (ver aquí) permite en su artículo 20 una tasa de reposición de hasta el 100 por 100 entre otros, en los sectores de la sanidad y el educativo, y para actividades con un contenido tan amplio como son el “control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y el control de la asignación eficiente de los recursos públicos” o “el asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos”.

A la vista de esta regulación legal, resulta incuestionable que el Gobierno del Principado podía haber incorporado a la OEP un número elevado de puestos actualmente vacantes con funciones de asesoramiento jurídico, económico, contable, de control de subvenciones o vinculados a la gestión de los recursos públicos de la Comunidad Autónoma, y no lo ha hecho.

Por poner un ejemplo que resulta clarificador, no consta la incorporación a la OEP de plazas del Cuerpo Superior de Administradores, que es el cuerpo que tiene atribuidas funciones de gestión, inspección, asesoramiento jurídico y control de nivel superior en el Principado de Asturias, a pesar del elevado número de puestos vacantes dentro de dicho Cuerpo. De esta forma, se mantiene deliberadamente la situación de precariedad de una parte relevante de la plantilla, impidiendo a quienes actualmente ocupan los puestos en situación de interinidad y al resto de aspirantes el acceso a esos puestos con carácter fijo, mediante  pruebas libres en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

A la luz de lo expuesto, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que la información ofrecida por el Gobierno del Principado de Asturias sobre la OEP del año 2016 es opaca y resulta manifiestamente insuficiente para poder valorar el alcance real del número de puestos aprobados en relación con los que resultaría legalmente posible incorporar en aplicación de la tasa de reposición vigente.

Por ello, instamos al Gobierno del Sr. Javier Fernández ha hacer públicos los datos, todos los datos. Luz y taquígrafos.

viernes, 8 de julio de 2016

Exigimos rigor informativo sobre la convocatoria del puesto de Gerente del HUCA



El reciente anuncio por parte de los responsables políticos de la sanidad asturiana de que dejarán desierta la convocatoria del puesto de Gerente del Área Sanitaria IV (Oviedo) del SESPA, que comporta la Gerencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ha ido acompañado de una sucesión de noticias al respecto en algunos de los principales medios de comunicación asturianos que, a nuestro juicio, carecen del rigor exigible para que una información pueda reputarse como veraz y para que no genere confusión en la opinión pública.

De entrada, en estas noticias se afirma que el SESPA había convocado en el mes de mayo un concurso para la provisión del puesto de Gerente del HUCA, que quedó desierto a pesar de que se habían presentado trece candidatos. Esta información es manifiestamente errónea, pues la convocatoria del puesto en cuestión no fue por el sistema de concurso de méritos sino por el de “libre designación” (lo que, coloquialmente se conoce como nombramiento a dedo).  La simple lectura de la base primera de la convocatoria publicada en el BOPA de 4 de mayo de 2016 despeja cualquier duda, incluso para quienes no sean expertos en la materia: se convoca por el procedimiento de libre designación para su provisión el puesto de Gerente del Área Sanitaria IV (Oviedo)

Las diferencias entre el sistema de provisión por concurso de méritos y el de libre designación son sustanciales. Citaremos dos particularmente relevantes para entender el asunto que nos ocupa:
-         En el concurso la convocatoria va acompañada de un baremo de los méritos que se toman en consideración, de tal manera que la valoración de los mismos es objetiva y no deja margen a la discrecionalidad en la elección del candidato que resulte más idóneo. Por el contrario, en la convocatoria por libre designación no es necesario que figure baremo alguno – como se puede comprobar leyendo la referida al puesto de Gerente -, pues el Órgano competente para decidir puede apreciar discrecionalmente la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
-         Mientras que el concurso no puede dejarse desierto si existe algún candidato que alcance la puntuación mínima exigida en la convocatoria, esa posibilidad sí cabe en las convocatorias por libre designación, aunque existan candidatos perfectamente cualificados para el desempeño del puesto. Ello explica que las autoridades sanitarias asturianas hayan decidido no nombrar a ninguno de los trece aspirantes al puesto de Gerente del HUCA, a pesar de que, por lo que se conoce, algunos de ellos tenían currículos profesionales que les hacían perfectamente idóneos para ello.

Pero algunos de los principales medios asturianos de comunicación se han empecinado en los últimos días en mantener y profundizar la información errónea, cuando atribuyen al Gobierno del Principado la decisión de cambiar el procedimiento de provisión del puesto de Gerente del HUCA después de declararlo desierto, de tal manera que el mismo pasaría a ser nombrado por libre designación en lugar de por concurso. Obviamente, este cambio de criterio imputado al Gobierno de D. Javier Fernández es falso: las autoridades sanitarias asturianas convocaron el puesto de gerente del HUCA por libre designación y como ninguno de los trece candidatos presentados eran de su gusto, se acogió a la posibilidad legal de dejar desierta la convocatoria, lo que no hubiera sido posible si se hubiera convocado un concurso de méritos.

En contra de lo que se dice en la prensa asturiana, el Gobierno del Principado ha actuado con total coherencia: quería y quiere nombrar al Gerente del HUCA con criterios de discrecionalidad y no de objetividad, por lo que realizará una nueva convocatoria, también por libre designación por supuesto, en la que, ahora sí, pueda presentarse un candidato o candidata que le resulte cómodo.

La historia de la convocatoria del puesto de Gerente del HUCA es muy distinta a la que hasta ahora se nos ha contado. En el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies confiamos en que aun se está a tiempo de contar la verdad. Los ciudadanos y ciudadanas de Asturias lo merecen.






sábado, 2 de julio de 2016

Un libro incómodo para el Instituto Adolfo Posada




Javier Álvarez Villa

Hace ahora dos años publiqué un libro en el que demuestro el papel central que juega la burocracia pública en el funcionamiento del capitalismo clientelista del presente, articulado sobre el intercambio de favores entre el poder político y el poder económico.

La burocracia, lejos de ser el poder neutral e imparcial con el que soñaba Max Weber, se acerca más –particularmente, la elite de burócratas – a la concepción marxista de clase. El mecanismo de la “cooptación”, es decir, del control de los accesos a ese elite burocrática selecta por parte de los integrantes de la misma, para evitar incorporaciones poco complacientes con sus intereses corporativos y la proliferación de puestos de libre designación o nombrados a dedo, son procedimientos que refuerzan el poder de los burócratas y su alianza clientelista con la casta política.

En el intercambio de favores entre la clase o casta política y el poder económico  – regulaciones legales a la carta, subvenciones, recalificaciones urbanísticas, contratos etc., a cambio de apoyo mediático, financiero, publicitario etc. -, la burocracia juega un papel principal, asesorando y seleccionado los mecanismos legales adecuados para que las transacciones pactadas puedan llegar a buen puerto.

El Botín de la Función Pública. Una aproximación al clientelismo laboral en la Administración asturiana, no es un libro dirigido a funcionarios o a entendidos en gestión pública, sino más bien a todos aquellos que quieran comprender las claves que explican la estructura del poder en la sociedad actual y, sobre todo, a los que aspiran a cambiar las reglas del juego. Por ello, hasta ahora solo habrá interesado a un grupo selecto de defensores del orden y a unos pocos rebeldes enterados.

Siendo este el propósito del libro, decidí que debía difundirse gratuitamente en la red. No pretendía vender unas decenas de ejemplares y caer en el olvido a los pocos días, sino ofrecer a los activistas políticos de hoy, de mañana y de las próximas generaciones, una herramienta útil para comprender la realidad y actuar en consecuencia. Por eso, a diferencia de la gran mayoría de los libros que ahora se publican, este irá ganando interés y lectores con el tiempo.

En el plano teórico, El Botín de la Función Pública es deudor de las aportaciones de varios maestros. En este plano me he limitado a hacer las conexiones pertinentes y a sacar algunas conclusiones que permiten identificar las características esenciales del entramado político - económico dominante, presupuesto para trazar líneas de acción para combatirlo en serio.

De otra parte, el libro es pionero en cuanto aborda una parte sustancial de la historia política asturiana de los tres últimas décadas, desde la preautonomía hasta el final del arecismo (año 2011), en concreto, aquella que tiene que ver con la densa trama de relaciones político – burocráticas que se han ido tejiendo desde aquella temprana fecha y que sirven de soporte estructural a ese “cableado” clientelar por el que discurren las relaciones socioeconómicas de la comunidad asturiana. Saca a la luz lo que había estado convenientemente tapado.

Dos años después de su publicación el libro solo ha cosechado silencio. Era, indudablemente, lo esperado por el autor, pues todos los críticos que podían decir algo debían darse necesariamente por aludidos: el régimen clientelar asturiano no ha dejado a ningún experto sin su premio. Tengo que reconocer que han sido muy pocos los comentarios recibidos, pero algunos, como el del interventor Fernando Urruticoechea, un luchador insobornable frente a la corrupción administrativa, que lo califica de trabajo "intelectualmente emocionante", me han confirmado en que no he dado palos de ciego.

Una excepción reciente a este mutismo demuestra el funcionamiento de corte siciliano de la clase político – burocrática asturiana: el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada acaba de valorar positivamente el libro, obligado por la amenaza judicial.

En el año 2015 la Consejería de Hacienda y Sector Público publicó unas normas para la valoración de méritos por publicaciones a efectos de la llamada “carrera horizontal” de los funcionarios públicos del Principado. Aunque no tengo ningún interés profesional en esta falsa carrera a la que desprecio, pues no es otra cosa que una pequeña ración de alpiste que se reparte para anestesiar a una mayoría de empleados públicos, mientras la minoría selecta cobra lo más gordo por otras vías, decidí presentar El Botín de la Función Pública a la convocatoria. Era una evidente provocación, pues aunque el libro cumplía con todos los requisitos de la normativa, no dejaba precisamente en buen lugar a esa “carrera profesional” en la que ahora participaba.

La solicitud se registró el 30 de abril del 2015 y el Instituto Adolfo Posada disponía de tres meses para resolver sobre la misma. Transcurrió ampliamente el plazo regulado sin respuesta alguna, por lo que solicité de ese Instituto el certificado acreditativo del silencio y de los efectos del mismo, así como la identificación de la autoridad y del personal bajo cuya responsabilidad se tramitaba el procedimiento.

Aunque la ley obligaba al Instituto Adolfo Posada a emitir el certificado en el plazo de quince días, nuevamente guardó silencio y fue acumulando irregularidades administrativas que, seguramente, serán tenidas muy en cuenta a la hora de valorar la conducta profesional de sus responsables.

El 16 de marzo de este año 2016 dirigí un nuevo escrito al Instituto Adolfo Posada en el que solicito la ejecución del acto firme por silencio administrativo consistente en la valoración con cuatro puntos del libro El Botín de la Función Pública. Aproximación al clientelismo laboral en la Administración asturiana, a efectos de la carrera horizontal del solicitante aplicada al año de su publicación, con expresa advertencia de que de no hacerlo en el plazo de un mes, formularía recurso contencioso – administrativo al amparo del artículo 29.2 de la Ley Jurisdiccional.

El mes transcurrió placenteramente sin noticias del Instituto Adolfo Posada, donde parecía que los papeles que yo firmaba estaban escritos en una lengua indescifrable, por lo que el 19 de abril presenté Demanda ante el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo de Oviedo, que fue turnada al Juzgado nº 5. Algún temor ancestral removió entonces el cerebro de los responsables político – burocráticos del Adolfo Posada pues el 5 de mayo recibí la notificación de la resolución dictada por el Director de ese Organismo –hoy ya dimitido, según se dice, por jubilación  – en la que se valora el libro de mi autoría con una puntuación de cuatro puntos.

El Director del Instituto Adolfo Posada y sus acólitos habían descubierto las claves para entender el significado de los escritos que les había dirigido justo en el momento en el que el Juzgado les reclamaba el expediente administrativo. La satisfacción extraprocesal de mi pretensión después de interpuesto el recurso contencioso – administrativo dio por terminado el proceso judicial por Auto de 2 de junio.

El Botín de la Función Pública vale cuatro puntos para el Instituto Adolfo Posada, en una carrera funcionarial sobre la que, entre otras muchas cosas, dice: “En esa carrera alocada por la implantación de la “carrera profesional” y por la extensión propagandística de la mentira, el Gobierno del presidente Areces tomó la delantera, de forma fulgurante, a todos los poderes públicos del Estado, llegando al primero a una meta colocada justo en el despeñadero y convirtiéndose en el campeón absoluto de la incompetencia”