Con la aprobación de las leyes de
Empleo Público y de Calidad Ambiental el Gobierno del Sr. Barbón completa “in extremis” las iniciativas legislativas que ha conseguido
sacar adelante en la presente legislatura en esa “guerra contra la burocracia”
en la que dice estar embarcado.
Pero la estrategia seguida hasta
ahora resulta, cuando menos, desconcertante y, en todo caso, desarticulada,
incongruente y con fines eminentemente clientelares.
La burocracia del Principado de
Asturias tiene tres vertientes íntimamente relacionadas e interconectadas, que
deben reformarse si no se quiere que los fines u objetivos que se
persiguen -una Administración más ágil, eficaz y rápida en las
respuestas a las necesidades de los ciudadanos- queden
irremisiblemente dañados:
1. La organización
administrativa, es decir, el modo en el que se estructuran y se relacionan
entre sí las diferentes unidades orgánicas para servir a los intereses y objetivos
de servicio público para cuyo fin se crea y mantiene.
2. Los procedimientos
administrativos, es decir, los cauces formales a través de los cuales la
Administración asturiana da respuesta a las solicitudes de los
ciudadanos y a las actuaciones que deben tramitarse de oficio por
iniciativa de la propia Administración.
3. El personal, los
empleados públicos que trabajan en los diferentes servicios y unidades
administrativas cuya dirección ha de estar presidida por principios de
profesionalidad y neutralidad política, de cara a garantizar una gestión
eficaz, transparente y adecuada a la legalidad.
El actual Gobierno del Principado
ha puesto en marcha iniciativas en los tres apartados descritos, si bien
manifiestamente desconectadas entre sí y con un estado de tramitación dispar,
que va a influir muy negativamente sobre los objetivos que se pretenden
alcanzar.
Dicho de otro modo, no existe una
coordinación temporal e interconectada entre los proyectos legales necesarios
para sacar adelante una reforma de conjunto que resulte congruente:
-Por lo que se refiere a la
reforma de la organización administrativa, el Gobierno del Sr. Barbón ha
impulsado el Anteproyecto de Ley del Sector Público, con el que pretende
"actualizar, racionalizar y sistematizar la regulación existente en la
materia, dada la gran variedad y dispersión de normas que afectan a los
distintos organismos, entes y sociedades que conforman aquél".
Ese anteproyecto se encuentra en una fase muy incipiente de desarrollo. Hasta la fecha ha sido objeto de una consulta pública previa en la que el Gobierno asturiano reconoce que la regulación vigente está obsoleta.
Es sobre esta regulación vieja y
desfasada, concretada en una Ley del año 1991, sobre la que el Conceyu
por Otra Función Pública ha señalado en un comunicado reciente, que propicia
una organización administrativa rígida e inflexible, que no da respuestas
eficaces a demandas de primera necesidad, económicas y/o sociales.
A nuestro juicio, la reforma de
la organización administrativa debería de haber sido la prioridad del Gobierno
o, cuando menos, haberse culminado en paralelo a la reforma de los
procedimientos administrativo y del régimen del empleo público.
Como no se ha hecho así y
la misma va muy retrasada, todas las modificaciones que se implementen en
cuanto a los procedimientos administrativos o a la regulación de la actividad
profesional de los trabajadores públicos, va a estar lastrada por la
organización administrativa ineficiente y obsoleta existente, como reconoce el
propio Gobierno. Organización obsoleta y ineficiente cuya punta del iceberg es la degradación en el período postpandemia de los servicios
públicos más esenciales: prestaciones sanitarias (Sanidad) , prestaciones sociales (Servicios Sociales) y educación.
-En cuanto a los procedimientos
administrativos, la reforma efectuada por el Gobierno del Principado,
publicitada a bombo y platillo como ejemplo de “lucha contra la
burocracia”, a través de la Ley de Medidas urgentes de diciembre de 2021
es muy parcial y limitada fundamentalmente a los ámbitos del urbanismo y el
medio ambiente, con el fin explícito de eliminar controles y facilitar el
desenvolvimiento de determinados sectores económicos.
Ahora bien, se echa en falta una
visión más amplia, que aborde un estudio global de racionalización de todos los
procedimientos administrativos del Principado de Asturias, que detecte los
cuellos de botella existentes, las duplicidades, solapamientos y trámites
redundantes, de tal manera que permita una verdadera desburocratización de la
actuación administrativa de la Administración del Principado con una
perspectiva de conjunto y no de meros parches como los introducidos por la Ley
de Medidas Urgentes.
- Finalmente, en cuanto la
reforma del régimen del Empleo público, no vemos por ninguna parte, porque el
Gobierno tampoco lo explica, dónde están esas modificaciones concretas que
introduce la nueva ley, que producirán los cambios positivos.
¿Cuáles son? ¿ En qué consisten?
¿A qué expertos de reconocido prestigio ha consultado el Gobierno del
Principado sobre la articulación de esas medidas y las virtualidades que puedan
tener en la mejora del rendimiento de los empleados públicos y en un más eficiente
funcionamiento de la Administración? Lo desconocemos.
Todo parece haberse centrado en
la implantación de un nuevo complemento de productividad, como elemento
retributivo por el cumplimiento de objetivos, que gratificará a los
trabajadores con mayor rendimiento.
Lo que no dice el Gobierno es que ya está pagando un complemento salarial con ese fin desde el año 2011. En efecto, el Reglamento que regula la carrera profesional en el Principado de Asturias, del año 2011, obliga en su artículo 33.1 b) a evaluar la productividad de los empleados públicos, dentro de los conceptos que determina el pago del complemento de carrera horizontal:
¿Ha hecho alguna evaluación
el Gobierno del Principado sobre los resultados que ha tenido el pago de este
complemento desde su implantación, en orden a una mejora de las prestaciones de
los empleados públicos?
No nos consta ninguno. Lo que sí sabemos es que ha incrementado el aparato burocrático dedicado a esos fines, con el consiguiente incremento del gasto público superfluo, a la vez que lanzaba a los empleados públicos a una alocada carrera de “cursillistas” para obtener los puntos necesarios para el cobro del complemento salarial. Un verdadero disparate, se mire por donde se mire, pagado con cargo a los presupuestos generales del Principado.
Un desatino teniendo en cuenta los pocos recursos
humanos empleados en áreas tan esenciales y sensibles para la mejora de la
Administración como la Selección de Personal o la propia Dirección General de
Función Pública, empantanada en procesos de selección atrasados sine die, de
concursos de traslados atrasados periódicamente o de concursos de méritos cuyas
convocatorias se posponen durante décadas incumpliendo flagrantemente la
normativa aplicable.
Si a ello añadimos la nueva superestructura de subdirectores nombrados a dedo, figura incluida con la nueva Ley con el fin de contentar a una elite funcionarial que demanda mejores sueldos y más capacidad de influencia reforzando las relaciones clientelares con el poder político, el resultado es una nueva Ley de Empleo Público que refuerza los intereses corporativos, aumenta la politización de la función pública asturiana y consolidada el modelo de gestión esclerotizado actualmente vigente. Además de aumentar la burocracia con un nuevo escalafón de agraciados.
Una Ley del Empleo Público que ha
sido aprobada con los apoyos parlamentarios de Ciudadanos, partido de ideología
liberal, e Izquierda Unida, en el polo político opuesto, con concepciones
antagónicas sobre el alcance y funcionamiento del sector público, sólo puede
ser un engendro.
Un verdadero desastre.
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