Severino Espina Fernández
En el cuarto trimestre de 2022, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el número total de empleados en el sector público en el conjunto del territorio nacional fue de 3.526.200 personas; de ellas, 1.064.300 bajo contrato o régimen de servicio temporal.
Ello supone un 30,2 %, lo que en términos generales significa que 1 de cada 3 empleados en el sector público es temporal.
La tasa de temporalidad en el sector público duplica actualmente la del sector privado, que apenas alcanza el 15 % (un 14,8 % según el INE).
Los planes y procesos de estabilización de plantillas, además, no sólo no están contribuyendo a eliminar la escandalosa tasa de temporalidad en la Administración, sino que a consecuencia del generoso plazo para su ejecución (hasta finales de 2024) han contribuido a crear un tapón en cuanto a la eliminación de este lastre, consiguiendo incrementar exponencialmente dicha temporalidad, básicamente por dos motivos: por un lado, porque las plazas convocadas y anunciadas a bombo y platillo en este proceso -fruto de la improvisación legislativa y que origina graves desigualdades entre el conjunto de empleados públicos ocasionando también serios problemas de seguridad jurídica- constituyen sólo una mínima parte de las plazas que deberían ofertarse para cubrir el desmantelamiento de los servicios públicos llevado a cabo en los últimos 10 años mediante la congelación y supresión de empleos.
De otra parte, por la propia naturaleza del proceso, toda vez que las Administraciones están congelando o reduciendo a su mínima expresión las ofertas públicas de empleo que no estén vinculadas a los procesos de estabilización cuyo plazo legal de ejecución finaliza en 2024.
Mientras tanto, las necesidades estructurales siguen cubriéndose con personal temporal y la bola de la temporalidad en la Administración –que, sin asomo de vergüenza, exige al sector privado acabar con los contratos temporales- sigue hinchándose.
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