El
Conceyu por Otra Función Pública n´Asturias quiere manifestar su solidaridad
con el equipo editorial y la redacción de Atlántica XXII ante la sentencia de la Audiencia Provincial
de Oviedo que condena a la revista a pagar 6.000 euros a un conocido
sindicalista de UGT por publicar un reportaje en el que se incluyen hechos y
datos de interés general, dada la relevancia pública del personaje, que no han
sido expresamente declarados como falsos.
Desde
el primer número publicado en marzo del 2009, hasta ahora, la revista Atlántica
XXII se ha mostrado como un medio de comunicación que defiende con firmeza la
regeneración democrática, denunciando sin tregua cualquier abuso de poder o práctica
corrupta, ya proceda del poder político en sus diferentes variantes, ya de grupos
económicos influyentes o de aparatos sindicales enquistados en redes
clientelares. Y lo ha hecho con rigor informativo y sin sectarismos, como
prueba la pluralidad y diversidad de temas, artículos y entrevistas que han
aparecido en los diferentes números en sus siete años largos de vida.
La independencia económica de Atlántica XXII, que sobrevive gracias a las cuotas de sus socios y al éxito de ventas de sus números bimensuales, ha hecho posible un milagro editorial en Asturias: un medio de comunicación implacable con la corrupción y el clientelismo, en todas sus facetas (política, económica, burocrática, sindical, mediática), que publica atendiendo exclusivamente al interés informativo de los lectores, sin el condicionante de tener que respetar los intereses económico - políticos de su dueño o de sus anunciantes.
De
ahí que suscribamos las palabras de su director cuando afirma que sentencias
como la de la Audiencia Provincial
de Oviedo son “una amenaza a las libertades de información, expresión y opinión,
además de un incentivo a la autocensura, tan extendida en la profesión periodística
como la corrupción en la vida pública”
Por
todo ello, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies anima a los lectores
de Atlántica XXII y a los asturianos y asturianas que creen que no puede haber
democracia sin medios de comunicación independientes y críticos con el poder, a
participar en la campaña de ayuda económica para sufragar los gastos del
recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo frente a la sentencia
de la Audiencia Provincial
de Oviedo ( ver aquí)
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