Según portavoces anónimos del
Gobierno del Principado de los que se hace eco la prensa de hoy, el Consejo de
Gobierno se reunió el día 13 de agosto y, entre otros asuntos, aprobó la
estructura orgánica de las ocho nuevas consejerías.
Sin embargo, en la página web de la Administracióndel Principado de Asturias, dentro del apartado de información sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, no figura ninguna referencia a acuerdos de
fecha 13 de agosto y, en flagrante contradicción con la versión oficial, sí se hace mención a los acuerdos de 14 de agosto, entre
los que se señala la aprobación “de la nueva estructura del Ejecutivo
autonómico, que tendrá ocho consejerías, dos viceconsejerías y 38 direcciones
generales”
¿A qué se debe este empecinamiento del Gobierno del
Principado en mantener una información pública que, según sus propias fuentes,
no es cierta?
La misma noticia de prensa indica que “la reunión del jueves 13 se convocó en la jornada precedente para las diez de la mañana del día siguiente en un documento firmado por el consejero de Presidencia y secretario del Consejo, Guillermo Martínez, en el que consta el orden del día del encuentro”. De haber realizado la convocatoria el secretario sería manifiestamente ilegal, pues debería efectuarla necesariamente el Presidente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 26.1 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Con el fin de clarificar todos
estos puntos oscuros y teniendo en cuenta que las actas de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas son documentos públicos, como ha señalado
el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en sentencia nº 2/2011, de 20 de septiembre de 2011,
el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha solicitado en el día de hoy al Consejo de Gobierno del Principado copia de las actas de los Consejos de Gobierno celebrados los días 13 y 14 de agosto delaño en curso ( ver aquí)
Ni la aprobación de la estructura
orgánica de las consejerías del Principado es un asunto de trámite, ni la
transparencia en la información pública a los ciudadanos y ciudadanas puede
tomarse tan a la ligera para hacer públicos unos datos y sostener, al mismo tiempo,
que no son ciertos. Un poco de seriedad.
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