Los expertos detectan «falta de control» del dinero de los grupos parlamentarios

Juristas y politólogos critican la posibilidad que brinda la ley para que los partidos se beneficien de las asignaciones de sus representantes

La Nueva España, 12.01.2013 | 

Los expertos detectan «falta de control» del dinero de los grupos parlamentarios

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Oviedo, Álvaro FAES
«Falta de control», «perversión de la ley», destino inadecuado del dinero y «confusión» entre el grupo parlamentario y el partido al que representa. Así diagnostican los expertos la posible dedicación a la financiación de las formaciones políticas de parte de las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios para su funcionamiento en el día a día de la Cámara en la que han obtenido representación. En la Junta General del Principado, los cinco grupos perciben por este concepto 2,79 millones de euros al año, al margen de las retribuciones de los diputados y de los trabajadores eventuales, los conocidos asesores.

La financiación de los partidos políticos en España está en entredicho. El caso de Unió Democrática de Cataluña (UDC) y la asunción por su parte de haber conseguido fondos por una vía ilegal (desvío de ayudas para formación) aviva el debate sobre la integridad de la clase política española, señalada en una de las últimas encuestas del CIS como una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos. Los partidos ya asumen su alejamiento de la población como una de sus principales asignaturas pendientes, pero entre que la resuelven y no, las polémicas brotan a cada esquina. La denuncia del colectivo Democracia Real Ya contra 63 diputados con residencia en Madrid, pero que perciben las ayudas para el alojamiento, y el melón que el Partido Popular ha abierto en Castilla-La Mancha, donde ha retirado el sueldo a los parlamentarios, son otros de los desafíos a los que se enfrentan los políticos españoles.

En Asturias, los sindicatos denunciaron la subida del gasto de la Junta General para este año respecto al de 2011 (el anterior presupuesto aprobado), de 6,33 a 6,98 millones de euros al año, y esto llevó a los grupos parlamentarios (salvo el PP) a justificarlo por el aumento de diputados liberados y el mayor número de grupos en la Cámara tras las sucesivas apariciones de Foro y de UPyD. Esos casi siete millones se distribuyen en tres grandes apartados: salario de los diputados (2,35 millones); las retribuciones de personal eventual del gabinete, es decir, asesores y auxiliares, significan una partida que se lleva 1,84 millones y, por último, las asignaciones a los grupos parlamentarios (2,79 millones) que deben destinarse al funcionamiento de los mismos en el día a día de la Cámara.

Con el gasto del personal eventual ya cubierto por uno de los epígrafes, y también la mayor parte de los comunes (teléfono, electricidad, mobiliario...), generalmente a cargo de las respectivas Cámaras, las dudas recaen sobre el apartado de las asignaciones a los grupos parlamentarios. Así lo manifiestan los expertos consultados por este periódico que, si bien subrayan la ley prevé dedicar una parte a los partidos, señalan la inconveniencia de que un dinero público destinado al funcionamiento de un grupo parlamentario termine ayudando a la financiación de las formaciones políticas.

«Es una perversión de la ley, que consiente que tenga ese destino», considera Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. «Es necesario que haya dinero para el grupo parlamentario. Lo que no sé es si esas cantidades van al partido o el partido se ahorra un dinero pagando salarios que tendría que asumir si no tuviera representación. En todo caso, la justificación para que haya financiación para los grupos es para su funcionamiento. Si va a las arcas de los partidos es señal de que esa cantidad es excesiva», añade Bastida, que rechaza recortes tajantes en los salarios de los parlamentarios. «Hay que dignificar la función del diputado. Eso es una cosa, y otra financiar el partido».

El destino final de las asignaciones y su cuantía es una preocupación común entre los expertos consultados, como así lo manifiesta el catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Huergo. «Las asignaciones a los grupos deberían quedar en los grupos. Si pueden dedicarlo al partido es que sobra. Es obvio que cada cosa debe ser para su finalidad. En algunos partidos los diputados entregan parte de su sueldo. Eso está bien, siempre que sea transparente, pero habiendo una vía directa de financiación pública de los partidos y luego una asignación para gastos, debería quedar en eso, en gastos parlamentarios».

El politólogo Óscar Buznego señala a los partidos como protagonistas de una «confusión» entre el grupo parlamentario y la propia formación. «Falta de claridad», dice, motivada por una circunstancia. «Ellos mismos establecen las asignaciones, la pescadilla que se muerde la cola». Igual que la ley expone cómo debe ser la financiación de los partidos, Buznego echa de menos «una regulación equivalente respecto a los grupos parlamentarios». Y aclara. «El grupo tiene unas funciones en la sociedad, y los partidos, otras».

Para Miguel Ángel Presno, profesor titular de Derecho Constitucional, el problema va más allá. «La ley prevé que los ingresos del grupo pueden revertir en el partido. El problema es que han venido utilizando también el dinero de las entidades locales e incluso el que reciben del Parlamento europeo, me consta que es así. Es una distorsión del dinero institucional, que debe dedicarse al funcionamiento del grupo y no al servicio de un partido». El profesor es partidario de que las formaciones reciban financiación pública, pero señala como un problema «la falta de control, como así lo dicen los informes del Tribunal de Cuentas». No entiende que este órgano actúe «con cuatro o cinco años de retraso» y tampoco que la legislación exprese que, en caso de irregularidades, «pueda» sancionar. «Debería decir que sancionará», lamenta Presno, partidario de «suprimir las subvenciones a los grupos parlamentarios».