Segismundo Álvarez Royo-Villanova 20 MAY 2015, EL PAIS
De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las
noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala
municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión
Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y
de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté
analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los
tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de
imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil
cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más
cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al
medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a
asolar las subvenciones y la contratación pública.
Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que
modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y
la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos
de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos
mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido,
cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron
que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la
realización de la voluntad popular, que ellos representaban.
Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de
Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían
encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los
municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus
competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y
sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron
concentrando en el alcalde.
Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo
en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como
siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los
Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la
competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido
parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como
no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario
municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de
confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los
expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir
informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por
intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la
luz—, el político apunta siempre al funcionario.
Muchos alcaldes, sin controles previos internos
ni supervisión efectiva han acometido obras y proyectos innecesarios o
absurdos
Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes,
convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que
dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión
supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o
absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas
desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el
espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema
no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de
Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de
las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una
modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen
devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a
que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal.
También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los
procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de
actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.
El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues
la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los
tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y
juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que
un control profesional e independiente no es solo una garantía para el
interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no
es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada
que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar
atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro
derecho de voto en las próximas municipales, teniendo en cuenta lo que
cada partido dice y hace en relación con la corrupción.
Segismundo Álvarez Royo-Villanova es jurista.
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