Anticorrupción archiva la denuncia por la actuación del equipo de Industria con el PSOE
Rafael Méndez
Madrid
El País, 18/12/2014
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético sobre el perdón de 3.000 millones a las
eléctricas que llevó a cabo el Ministerio de Industria en 2008, con el
PSOE. Lo hace después de interrogar en secreto a una serie de exaltos
cargos de ese Ejecutivo. La fiscalía considerar que no aprobar la orden ministerial que habría devuelto a los consumidores
lo cobrado de más en los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no
supone un delito, según el archivo, fechado el 11 de diciembre.
En julio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
denunció en Anticorrupción que las eléctricas habían cobrado de más a
los consumidores y que entre 2008 y 2010 el Gobierno del PSOE dejó que
prescribiera la posibilidad de reclamación.
La denuncia no incluía ninguno de los documentos del expediente de
los CTC, creados en 1997 como compensación a las eléctricas durante la
liberalización. Esos CTC les garantizaban el pago por inversiones que
les había obligado a hacer.
En 2006, al ver que las eléctricas estaban cobrando de más, Industria
canceló el pago de los CTC pero no realizó una liquidación definitiva
para ver si habían cobrado de más. El equipo de Joan Clos, con Ignasi
Nieto como secretario general de Energía, pidió a la Abogacía del Estado
un dictamen sobre si podía reclamar ese dinero y a la vez comenzó a redactar una orden ministerial con la fórmula para ver a cuánto ascendía, según reconoció el actual ministro, José Manuel Soria, en el Congreso.
Aunque nunca se ha calculado cuánto pudieron cobrar de más, Industria
estimaba entonces que la cantidad rondaba los 3.000 millones de euros.
Esos documentos, publicados por este diario son algunos de los que el
fiscal Luis Rodríguez Sol exhibía ante los cargos que declararon como
testigos. Entre ellos estaban el ex director general de Política
Energética Jorge Sanz y al ex abogado general del Estado Joaquín de
Fuentes Bardají, entre otros.
El fiscal preguntó si habían recibido presiones de las eléctricas y
por qué pese a contar con ese dictamen y ese borrador, el equipo de
Miguel Sebastián, que entró en 2008, nunca lo publicó. Sebastián ha
afirmado que nunca le llegó el borrador de orden ministerial porque
nunca se tramitó.
El pasado 11 de diciembre, el fiscal firmó el archivo de las
diligencias secretas “tras practicar las investigaciones oportunas para
la averiguación de los hechos denunciados, por no desprenderse que
pudieran revestir caracteres de delitos”, según explica escuetamente en
un folio.
Jorge Morales de Labra, miembro de la plataforma denunciante, afirmó
ayer que no comprende el cierre de la investigación: “Con los documentos
que han sido publicados consideramos que la reclamación no prescribió
en 2010 sino en 2014, por lo que pediremos a la fiscalía que amplíe la
investigación al actual Ejecutivo”.
La Plataforma ha llevado el caso a la Comisión Europea, ya que
Bruselas autorizó los CTC como ayudas de Estado siempre que no se
superara la cantidad inicialmente fijada, algo que el Gobierno español
nunca calculó.
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