Doble vara de
medir sobre los derechos laborales de los empleados públicos.
La Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Oviedo acordó el 20 de noviembre (VER ACUERDO AQUÏ),
reconocer a sus empleados públicos el derecho a disfrutar los días
adicionales de libre disposición consolidados o devengados hasta el 15
de julio de 2012 (fecha de la entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento a la competitividad) con efectos del año 2014, éste incluido.
De este modo, el Ayuntamiento de Oviedo asume la interpretación judicial realizada en sentencia firme de 24 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 6 de Bilbao (ver aquí),
en la que se conidera que "la modificación de los artículos 48 y 50 del
EBEP, en virtud del RDL 20/2012 no puede aplicarse con carácter
retroactivo, por lo que no puede afectar a aquellos trabajadores que
habiendo cumplido 15 años de servicio o más hubieran causado derecho a
disfrutar de los días de vacaciones que les correspondieren de
conformidad con la legislación anteriormente aplicable al RDL 20/2012"
Se
trata de un acuerdo que restituye un derecho adquirido por los
empleados públicos del Ayuntamiento de Oviedo, siguiendo una loable
interpretación jurídica favorable a los derechos de los trabajadores
avalada por una sentencia judicial firme. Con ello, según recoge el
acuerdo de dicho Ayuntamiento, se evita al conjunto de los empleados
públicos municipales tener que acudir a los tribunales para que se les
reconozca este derecho.
En
el polo opuesto, el Gobierno del Principado de Asturias se niega
a reconocer a sus trabajadores el derecho a disfrutar los días adicionales
de libre disposición consolidados o devengados hasta el 15 de julio de
2012, desplegando además una estrategia jurídica, ordenada desde las
instancias rectoras de la Función Pública, de oponerse frontalmente a las
reclamaciones judiciales planteadas por los empleados públicos del
Principado.
Sin perjuicio de que la política de personal del Ayuntamiento de Oviedo, en su conjunto, no sea precisamente un ejemplo de transparencia y respeto a la legalidad, la gran paradoja
de este caso es que un Gobierno situado en la derecha política como el
del Ayuntamiento de Oviedo, adopta una resolución que restaura y
reconoce derechos laborales adquiridos por sus empleados públicos y un
Gobierno que dice situarse en la izquierda política como es el del Gobierno del Principado, recorta y anula esos derechos.
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