Un dibujo de lo que se dibuja no sólo en Valencia
Francesc Miralles
Valencia |
28 de
Enero de
2016
Dice un viejo chiste que en plena noche
un borracho busca sus llaves perdidas bajo la farola no porque crea
encontrarlas ahí, sino porque al menos cuenta con luz para intentarlo.
La corrupción, lo crean o no, funciona de forma muy similar: sólo
aparece en la agenda pública si la sociedad que la sufre --o se
beneficia de ella-- tiene el más mínimo interés en poner el foco y
levantar alfombras. A pesar de los tópicos sobre el vil extranjero,
Italia hizo un esfuerzo por la limpieza a principios de los 90: el
macrosumario de Mani Pulite, a cargo de un sector valiente de la
judicatura con el apoyo de los medios, hizo volar el régimen de la I
República por los aires. La Democracia Cristiana y el Partido Socialista
Italiano se disolvieron y Bettino Craxi acabó sus días en Hammamet
protegido por su compañero de la Internacional Socialista Ben Alí.
Pero
Spain is different, y como en la Esparta de Licurgo,
Leónidas y compañía el verdadero delito no es robar, sino que a uno lo
pillen con las manos en la masa. Mientras sea capaz de disimular le irá
bien y a la larga todos muertos --y amnistiados--. Mientras que en
Italia la evidencia de una red masiva de comisiones por contratos
públicos y financiación ilegal --el llamado
Tangentopoli--
llevó a una catarsis colectiva --si lo que vino después fue mejor o peor
es otro debate-- en España no ha tenido ninguna consecuencia práctica
sobre la arquitectura del sistema. Hay indicios sólidos de la existencia
de una única red estatal de sistema de adjudicaciones de obras y
contratos: las mismas constructoras cotizadas en el IBEX, el mismo
modus operandi
de fundaciones y empresas vinculadas a los partidos recibiendo
donaciones en dinero negro; una coincidencia temporal sorprendente en
los cuadernos de contabilidad entre donaciones y adjudicaciones de obra,
y hasta una tarifa tipo, el 3% del valor. Un
savoir faire
exportado con éxito a África --demandas, sobrecostes y abandono de
contratos en Argelia--, Centroamérica --sobrecostes millonarios en el
Canal de Panamá-- y el Desierto Arábigo --sorpresa, más sobrecostes de
6.000 millones en el AVE La Meca-Medina, incluidas las comisiones por su
mediación, ingresadas en Suiza, como corresponde, según informó
Interviú-- a miembros del entorno de la Corona. Siempre los mismos nombres: FCC, Ferrovial, OHL...
Hay constructoras como FCC y Ferrovial, por ejemplo, que hacen bingo:
aparecen en el caso de los sobrecostes del AVE Madrid-Barcelona, en la
trama Púnica, en Gürtel-Bárcenas, en el caso de los ERE andaluces y el
caso Palau-Convergència. Constituyen el auténtico nexo en común entre
todos los grandes sumarios de corrupción del Estado, con el que unos
investigadores que se dedicaran a seguir al dinero, como en The Wire,
armarían un gran caso. Pero Luis Bárcenas es fuerte y no habla, el
sindicalista andaluz Juan Lanzas y el prócer Fèlix Millet guardan el
mismo silencio ibérico prudente, y Jordi Pujol advierte de los riesgos
que conlleva para todo el árbol hacer caer una rama. La judicatura, por
cierto, tampoco desobedece mucho: los mayores riesgos para las
instituciones vienen de un juez de instrucción mallorquín empeñado en la
igualdad ante la ley. Cuanto más arriba, menos problemas para el poder:
milagrosamente el juez interino de la Audiencia Nacional Ruz no estimó
relación alguna entre las anotaciones en los papeles de Bárcenas y las
adjudicaciones de obra coincidentes en el tiempo.
Ante todo este cuadro, en los tres territorios más poblados del
Estado --Andalucía, la Comunidad de Madrid y Catalunya-- los tres
partidos protagonistas en los grandes sumarios de corrupción y con los
casos abiertos --PSOE, PP y Convergència-- siguen cómodamente instalados
en el poder. Los líderes políticos en el momento del esplendor de esas
grandes tramas --Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Artur Mas-- están aún
más o menos en activo, y algunos como José Antonio Griñán y Manuel
Chaves se retiraron --forzadamente-- hace apenas unos meses. Ninguno de
ellos ha sido aún ni siquiera juzgado por estos casos, la mayoría de
ellos ni tan siquiera imputado. Múltiples ministros, consejeros y
diputados relacionados con tales sumarios siguen en política activa como
si nada y más o menos jaleados por la prensa. Pero nada de esto es
demasiado relevante si se dispone de un muñeco vudú para exorcizar los
problemas y reírse como terapia: a la progresía española siempre le
queda el recurrente ¿Cuándo se jodió Valencia?
El País Valenciano, al que no sin cierta razón se compara con Italia
--aunque Valencia está hermanada con Bolonia y no con Nápoles como
algunos creen--, es el cuarto territorio más poblado del Estado, con
cinco millones de habitantes. Pero a diferencia de los tres territorios
más poblados, el partido responsable de sus grandes casos de corrupción,
el PP, ha sido desalojado del Gobierno autonómico y de casi todos los
grandes ayuntamientos. Hay muchos sumarios abiertos en relación con las
dos largas décadas de Gobierno del PP que dibujan un mapa preocupante de
hasta qué punto la corrupción se extendió en las Administraciones
autonómica, municipal y provincial valencianas. Lo que se tiende a
explicar menos son las causas por las que todo esto ha salido a la luz.
Aun así, los números hablan por sí solos. Este estudio de José Garcia
del Institute Français de Géopolitique, distribuye en un mapa las
comunidades autónomas con un mayor porcentaje de municipios afectados
por casos de corrupción, en color más oscuro.
Lo que sí es bien cierto es que mientras la oposición madrileña firmaba el Pacto de Estado por Caja Madrid, incluidas tarjetas black,
créditos en condiciones ventajosas y un ominoso pacto de silencio, la
oposición valenciana se dedicó a denunciar, investigar y querellarse en
casos en los que la Fiscalía no parecía demasiado operativa. La reciente
Operación Taula tiene mucho que ver con la denuncia, la documentación y
el seguimiento operado por Esquerra Unida del País Valencià a lo largo
de varios años al respecto. Las diferentes piezas valencianas de Gürtel
no serían posibles sin las querellas del PSPV-PSOE, que se endeudó para
hacerlas posibles; así mismo con la rama valenciana del caso Nóos. Los
casos Cooperación, EMARSA, Brugal o Taroncher no serían posibles sin la
persecución de Compromís, incluidas amenazas de muerte y otras de
carácter machista a sus diputadas, tal y como aparece en las escuchas.
En contraste, la acusación popular contra Bankia en Madrid sólo fue
posible por crowdfunding --UPyD aparte--. En Catalunya o Andalucía ni eso.
No existe tampoco un Marcos Benavent en otras latitudes ibéricas. Su rocambolesca figura es propia de un biopic digno de ser filmado por Paolo Sorrentino: la historia del pijo reconvertido en hippy,
exyonqui del dinero y otras cosas; un hombre de éxito temeroso de sus
compañeros hasta el extremo de grabar sus andanzas como protección.
Aunque tiene mucho de sobreactuación en el marco de una estrategia de
defensa, cabe remarcar que es el único gran caso de arrepentido en los
últimos años, marcados por el hermetismo. A diferencia de Jaume Matas,
que aparte de reparar el daño con sus bienes apunta que al final hacía
lo que todos, Benavent parece entender que los tiempos han cambiado y
que los jueces --y la sociedad valenciana-- desean comprar el discurso
según el cual la época de la burbuja fue una locura que no es deseable
que regrese; una sociedad deseosa de que se sepa toda la verdad, de que
“salga mierda a punta pala”, en sus propias palabras. No está claro que
el conjunto de la sociedad española, imbuida de la lógica de la
“recuperación económica”, comparta mayoritariamente este discurso.
Es natural que el país donde se fabricó el primer papel europeo y se
imprimió el primer libro de la Península Ibérica dé mucha importancia a
los libros y a los relatos. Si, además, debe su momento fundacional a un
código de leyes --los mismos Furs que hace unos días Joan Baldoví de
Compromís regalara a Felipe VI y que antaño todos los reyes de Valencia
habían de jurar para ser coronados--, es natural que entienda el poder
performativo y no sólo descriptivo del lenguaje. El nom fa la cosa
(el nombre hace la cosa) decía Joan Fuster, el intelectual y ensayista
que en los años 60 del siglo XX hubo casi que inventarse en un libro --Nosaltres els Valencians--
un país nuevo para suplir los vacíos de la postguerra, de las decenas
de miles de desaparecidos del genocidio franquista. Hacen falta
historias para llenar los vacíos, explicarse los silencios.
Por eso no es casual que un hijo de republicanos valencianos,
antifranquista él mismo y después retornado, Rafael Chirbes, haya sido
el mejor cronista --con un reconocimiento social casi póstumo en su
tierra, habiendo sido profeta en el extranjero-- del hilo argumental que
une las fosas del Cementerio General de València con Marina d’Or Ciudad
de Vacaciones Dígame. Donde unos quisieron ver una moraleja sobre la
corrupción en casa ajena, Chirbes explicó no sólo a España sino al
mundo, con precisión de viejo marxista, la postguerra, la Transición y
la democracia de estreno en términos de acumulación, de desposesión, del
olvido y el papel amnésico de la burbuja financiera. El espejo
deformado de su Crematorio sólo deja de una pieza al
constructor Rubén Bertomeu: consciente de sus actos, de sus limitaciones
y contradicciones, de cómo todo su entorno vive de y alrededor del
único capaz de mancharse las manos. Todos le desprecian o critican, pero
prefieren mirar hacia otro lado y no reconocer su corresponsabilidad,
cuánto de su bienestar proviene de las decisiones del constructor;
mirarse al espejo y comprobar cuánto de Rubén Bertomeu hay en cada uno
de ellos. El mensaje es desalentador: está en la arquitectura del
sistema mismo.
Aunque no puede decirse que en el País Valenciano se haya comprendido
excesivamente bien la obra de Rafael Chirbes, sí puede decirse que
hasta cierto punto los nuevos gobiernos, la --ciertamente raquítica pero
persistente-- sociedad civil y un sector de los medios han hecho una
apuesta clara por limpiar la basura de las décadas precedentes y
revertir algunas de sus políticas, entendiendo que la corrupción ha
tenido una relación directa con el sistema productivo e institucional.
Así se contempla en la agenda legislativa del llamado Pacte del Botànic
--suscrito entre PSPV--PSOE, Compromís y Podemos-- unida a cierta
voluntad de ruptura con el pasado e inicio de nuevas políticas,
ciertamente más presentes en algunas administraciones --incluso en
algunos departamentos-- que otros. Ello lleva a abrir debates sobre
transparencia, horarios comerciales, urbanismo, modelo escolar,
radiotelevisión pública o el papel de las diputaciones provinciales,
aunque sea tímidamente y de forma insuficiente. Algo es algo.
Paradójicamente, la adaptación televisiva de Crematorio tomó otros derroteros. Aparte de la estética kitsch
y barroca, mostraba a un villano desalmado aunque de gran personalidad,
capaz de hacer infeliz a su familia y a su entorno, sin un discurso
claro sobre sí mismo y sus motivaciones y cuyos crímenes eran castigados
al final, para gusto del espectador. Un mensaje mucho más digerible
para el público español y que dejaba a un villano claro que evitaba que
el espectador medio pudiera pensar que al final el problema son siempre
los otros. Eso representa la Valencia contemporánea para España, y
seguramente las charlotadas de Alfonso Rus sean un buen ejemplo del tipo
de villano que el público espera como chivo expiatorio mientras la
nueva política / de siempre aprueba recalificaciones urbanísticas en su
zona para atraer inversiones de millonarios de países emergentes.
La próxima vez que lean, vean u oigan burlarse de la corrupción
valenciana en su medio favorito o en una conversación de bar, miren a su
alrededor y pregúntense si en su ciudad, comunidad o país --como
prefieran-- no hay nada de eso, si no hay algo de Rubén Bertomeu en su
entorno; si realmente no hay llaveros de corrupción por el suelo o
simplemente no tienen a un Rafael Chirbes de turno a quien se le haya
ocurrido encender las farolas para poder buscar. Introspección o
caricatura. Lo dejo a su arbitrio.
