Intervención hoy de Javier Álvarez Villa ante la Junta General del Principado, en nombre del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, en relación con la Proposición de Ley de Unidad Anticorrupción
Hace
poco más de un mes pudimos ver en Asturias, por segunda vez en dos años, el
documental 'Corrupción, el organismo nocivo', en el que se recogen
testimonios, entre otros, de funcionarios que han revelado casos de corrupción
pública en diferentes Administraciones. De sus declaraciones lo que resulta
verdaderamente perturbador, a mi juicio, no es tanto la descripción de los
tejemanejes de las tramas corruptas político – empresariales, si no la
espantosa soledad a la que el sistema, también llamado Estado de Derecho,
condenó a estos denunciantes.
"Generan
mucho miedo, tienen una mafia detrás, no te puedes imaginar cómo te complican
la vida, te quitan el trabajo, te persiguen...", dice una de estas heroicas
empleadas públicas. Ninguno de ellos recibió una de esas medallas honoríficas
que el Estado concede con tanto ceremonial a políticos y altos burócratas. Por
el contrario su recompensa fue el acoso laboral, el traslado forzoso o la enfermedad.
¿Cómo
es posible que sea este el precio que se haga pagar a los servidores públicos
que denuncian la corrupción dentro de la Administración?
Decía
Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo,
que comparecerá también aquí la próxima semana, que “la política ha hincado la rodilla ante el poder económico, y los
tecnócratas criados en los bancos se convierten con su acceso al Gobierno en
criados políticos de los mercados”. Y es que, efectivamente, se habla mucho
del giro hacia fuera de las puertas giratorias, desde los cargos políticos
hacia los consejos de administración de las
empresas privadas, pero muy poco del giro hacia adentro, de la invasión
de la
Administración Pública por los capataces del poder económico y
de la captura de los poderes públicos por poderos grupos de presión, que obtienen
desde leyes a la carta hasta la adjudicación de multimillonarios contratos de
obras públicas totalmente superfluas que solo benefician a los intereses
económicos de determinados y concretos grupos oligárquicos (en Asturias
podíamos poner varios ejemplos, desde la autovía minera hasta la ampliación del
puerto de El Musel)
Este
entramado de intereses político – económicos perfectamente fusionados es
seguramente la peor de las corrupciones: una corrupción legal, legalizada, o
institucionalizada, que supone la transferencia millonaria de rentas públicas que
se detraen de las políticas sociales a favor de las élites económicas, provocando
desigualdad, pobreza, desempleo, emigración etc.
El
virus de la corrupción se inoculó en la Administración Pública
mediante ese trasunto del neoliberalismo económico que se ha dado en llamar
Nueva Gestión Pública, aplicada con idéntica devoción por gobiernos
conservadores y socialdemócratas, cuyas técnicas son bien conocidas:
privatización de servicios públicos, desregulación de la actividad económica, desmantelamiento
de los controles administrativos, creación de un entramado de empresas públicas
a nivel estatal, autonómico y local que no sólo ha servido para la adjudicación
delictiva de contratos y mordidas, sino también como oficina de empleo para los
afines; precarización masiva del empleo público, colonización de la Administración Pública
y de los Organismo teóricamente independientes con la multiplicación de los
puestos de confianza.
¿Qué
se puede esperar de la independencia e imparcialidad de un Tribunal de Cuentas con
casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y
de sus principales representantes sindicales en una plantilla de poco más de
700 trabajadores?
¿Qué
ejemplaridad pública puede dar la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
cuando la Justicia
ha anulado su relación de puestos de trabajo por el uso ilícito de la libre designación, pero
también la oposición para los puestos de auditores y el concurso de méritos de
técnicos de auditoría por utilizar fraudulentamente la modalidad del concurso
específico?
¿
Que legitimidad ética puede tener la Administración del Principado para exigir el
cumplimiento de la legalidad a los ciudadanos y ciudadanas cuando ha sido
condenada en más de 30 sentencias firmes en apenas cinco años por abusar de los
nombramientos a dedo?
Señala
el politólogo Lapuente Giné en un artículo significativamente titulado ¿Por qué
hay tanta corrupción en España? que “la principal causa de los escándalos es el
alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales,
autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane
las elecciones”, “Las administraciones más proclives a la corrupción son
aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un
nombramiento político”
El
mismo autor, en otro artículo titulado “Corruptos de confianza” advierte de que
“Nuestras Administraciones, muy jerarquizadas, encumbran en sus vértices a
padrinos con un gran poder sobre la vida de sus subordinados. Los salarios,
condiciones laborales y perspectivas de carrera profesional de demasiados
empleados públicos dependen de sus superiores políticos. Muchos funcionarios
—incluyendo a los teóricamente más independientes, como secretarios,
interventores y tesoreros— viven atrapados entre sus obligaciones de iure
y las presiones de facto de sus mandos”
Ya
tenemos entonces la respuesta a la pregunta que formulaba al principio de mi
intervención: los servidores públicos que denuncian a cara descubierta la
corrupción dentro de la
Administración pagan un alto precio porque traicionan las
relaciones de confianza personal sobre las que se construye la cadena de mando,
rompen la ley del silencio, la omertá que les exige discreción y mirar hacia
otro lado.
Mi
experiencia como funcionario de carrera durante 25 años me dice que el
funcionario público que se mueve no sale en la foto, y aquel que denuncia a
cara descubierta se convierte en un apestado dentro de la organización o, en el
mejor de los casos, un individuo invisible al que se le hace el vacío.
La Propuesta de Ley que nos trae hoy aquí no es, indudablemente la
panacea que vaya solventar la corrupción pública en Asturias, pues serían
necesarias reformas estructuras mucho más amplias. Pero tiene una virtualidad
importante, que es la de establecer mecanismos legales para proteger
eficazmente a los empleados públicos que conozcan casos de corrupción
administrativa y quieran denunciarlos sin padecer penosas consecuencias
personales y profesionales, mediante la creación de una Oficina Virtual
Anticorrupción independiente del Gobierno y vinculada exclusivamente a la Junta General, no dependiente de
las instrucciones políticas, ni con funcionarios de confianza personal del
Gobierno al frente, como sucede con la actual Inspección General de Servicios
del Principado de Asturias.
El
25 de noviembre del 2012 la OCDE
hizo publicó un Plan de Acción contra la Corrupción uno de cuyos puntos era la
Protection of Whistleblowers”. En inglés, en
sentido estricto, el whistleblower es un denunciante dentro
de la propia organización.
El
documento de la OCDE
formula varias propuestas entre ellas, que la legislación definirá
claramente los procedimientos y establecerá los canales para facilitar la
información de actos sospechosos de corrupción , propiciando el uso protegido
de canales accesibles de denuncia.
Aunque sólo sea
por proteger a los empleados públicos frente al matonismo institucional, y ya
concluyo, creo que esta Proposición de Ley merece ser admitida a trámite y, con
las mejoras que resulten pertinentes, aprobada por la Junta General.
