El día 1 de noviembre el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies daba a conocer la enmienda transaccional (ver aquí) con la que los grupos parlamentarios del PSOE y de Cs pretendían privatizar la gestión de los procedimientos administrativos de declaración responsable, atribuyendo las funciones de informe, certificación e inspección a las Cámaras de Comercio y a los Colegios Profesionales, pero también, a cualquier tipo de entidad privada habilitada a tal efecto, arrinconando con ello a los funcionarios públicos, que quedaban situados en una posición manifiestamente residual.
La denuncia, a la que se sumaron varias organizaciones sindicales, parece haber hecho algún efecto, porque ahora esa pretensión se mantiene, pero suavizando su alcance. Una nueva enmienda emanada del grupo Cs y apoyada por el PSOE (ver aquí), permite recurrir a las Cámaras de Comercio y a los Colegios Profesionales para desarrollar las funciones de comprobación, control e inspección en los procedimientos de declaración responsables, entre ellos, los que sustituyen a la licencia urbanística hasta ahora vigente.
De este modo, ambos grupos parlamentarios dan cobertura legal al ofrecimiento que las Cámaras de Oviedo, Gijón y Avilés hicieron al Principado ya en el mes de abril, para gestionar los fondos europeos, con la coartada de que ellos podían contratar al personal necesario para ello sin las trabas y dificultades que encontraba la Administración Pública.
Y es aquí donde se encuentra el meollo de la cuestión de todo este montaje legal para externalizar el ejercicio de las funciones administrativas relacionadas con la tramitación de las declaraciones responsables: las Cámaras de Comercio contratan a su personal como les viene en gana, es decir, como empresas privadas, si ninguna obligación de respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.
Por tanto, con la encomienda de las funciones de comprobación, control e inspección a las Cámaras de Comercio y a los Colegios Profesionales, se estará encargando el ejercicio de funciones materialmente públicas a personas contratadas sin ninguna garantía de formación y solvencia técnica, pero sobre todo y fundamentalmente, sin ninguna garantía de imparcialidad y de objetividad porque carecerán de los mecanismos de protección de los que legalmente gozan los funcionarios públicos frente a injerencias y presiones internas y externas. De ahí la gravedad que tiene este proceso de privatización del ejercicio de funciones públicas, en ámbitos tan sensibles como puede ser el del urbanismo.
El artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que, en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
A nuestro juicio, la medida aprobada hoy con el voto de los grupos del PSOE y Cs vulnera esta reserva legal, en cuanto que las funciones de inspección y comprobación en procedimientos de naturaleza urbanística y otros similares, suponen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, y ello corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, por su especial estatus de imparcialidad y objetividad.
La implantación de la declaración responsable en diferentes ámbitos de la actuación administrativa, entre ellos, el de las obras menores, es imprescindible y necesaria, en cuanto que, como ha señalado la mejor doctrina, se trata de incorporar "técnicas de intervención administrativa que posibiliten a la vez la máxima agilidad de la actuación administrativa y favorezcan el dinamismo económico y social, al tiempo que se trata de evitar que el principio de simplificación administrativa entre en colisión con otros principios o valores jurídicos (la seguridad y la gestión de riesgos, la protección ambiental etc.)" (ver aquí, página 4)
Ahora bien, esta finalidad "solo se puede alcanzar si la Administración local cuenta con servicios de inspección y control con capacidad suficiente para asumir las funciones de comprobación, inspección y sanción en el ámbito del que se trate".
Y la línea política y legal que impulsa el Gobierno del Principado de Asturias va justamente en sentido contrario: desmantelamiento de los controles públicos por parte de los funcionarios y externalización de las inspecciones con personal laboral contratado a dedo.
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