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martes, 1 de octubre de 2019

Las empresas y fundaciones públicas del Principado siguen ocultando sus relaciones de puestos de trabajo


El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies denunciaba en el mes de mayo que las empresas y fundaciones que integran el sector público del Principado de Asturias incumplían la obligación de hacer públicas las relaciones de puestos de trabajo, los catálogos de puestos o documentos equivalentes referidos a su personal, con indicación de los centros directivos u órganos a los que se encuentran adscritos, y sus retribuciones anuales, impuesta por el artículo 6.2 c) de la Ley asturiana de Transparencia.

Señalábamos entonces y repetimos ahora, que los sucesivos Gobiernos del Principado se habían cuidado bien de mantener oculta la información sobre las plantillas de los llamados “chiringuitos” y que esta opacidad había contribuido, junto a otras circunstancias concomitantes – especialmente, la falta de objetividad de los sistemas de acceso y la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad - , a consolidar la afirmación de que el sector público empresarial y fundacional vinculado a la Administración del Principado está dominado por el enchufismo político – sindical y el clientelismo laboral.

En nuestra denuncia del pasado mes de mayo solo encontramos a dos fundaciones públicas que cumplieran esta obligación legal: FYCIT (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología) y FFES (Fundación para el Fomento de la Economía Social)

De entonces acá los avances han sido escasos: la Sociedad Regional de RecaudaciónLaboral Centro de Arte y SADEI publican la plantilla y las retribuciones en su páginas web.

La Sociedad Regional de Promoción, Asturex, Gispasa, la Fundación Niemeyer, Fundación Universidad de Oviedo y SASEC  publican los puestos de trabajo bajo diferentes fórmulas, pero omiten su retribuciones anuales.

El resto de empresas públicas y fundaciones (VIPASA, SERPA, RTPA, SOGEPSA, FAEDIS, FASAD, etc) continúan incumpliendo la legalidad en materia de transparencia.

Esta insumisión legal solo es posible con el consentimiento expreso de las Consejerías que ejercen la tutela de estas empresas y fundaciones y participan en sus órganos de gobierno, y goza de total impunidad ante la imposibilidad de instruir expedientes sancionadores.

Como la Ley de Transparencia atribuye la instrucción de estos expedientes a la, hasta ahora, fantasmagórica Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, la comisión de las infracciones previstas en la Ley sale completamente gratis a sus responsables. ¡Menuda comedia de transparencia!





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