Miguel Ángel Torres Morato
Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas
Ignacio Góngora Zurro
Interventor y Auditor del Estado
-
- Los autores analizan el fenómeno de las prácticas ilegales en la contratación pública, los sistemas de control y prevención, y la figura de la responsabilidad contable, que da lugar a la obligación de indemnizar a quien realiza dolosamente una gestión ilegal o gravemente negligente de los fondos públicos.
I.
INTRODUCCIÓN
Existe unanimidad en la doctrina sobre la relevancia y trascendencia
de la contratación en el sector público, con independencia del punto de
vista que se adopte en el estudio de la materia.
El informe sobre análisis de la contratación pública en España,
elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de
fecha 5 de febrero de 2015, evidencia que nos encontramos ante el ámbito
más importante de actuación económica de las diferentes
Administraciones Públicas, con incidencia clave en los procesos
productivos, en la competencia y en los fenómenos de corrupción.
El citado informe indica que: «En términos cuantitativos, la
contratación pública en los países desarrollados excede del 15% del
Producto Interior Bruto (PIB), situándose en el caso español en
aproximadamente el 18,5% del PIB. Es decir, alrededor de 194.000
millones de euros anuales o más de 4.100 euros anuales per cápita.
Cualitativamente, la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad
pública, el transporte y prácticamente cualquier otro aspecto de la
realidad económica diaria se ve afectado profundamente por qué, cómo,
cuánto, cuándo y por quién se aprovisiona de bienes y servicios el
sector público, en todas sus dimensiones territoriales y formas
jurídicas».
En términos de gasto, prosigue el referido informe, «Se estima que
en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones
medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En
España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB
anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año».
La contratación pública representa el 40 % del gasto público.
En este sentido, la Decisión (UE) 2017/1984 del Consejo, de 8 de
agosto de 2016, por la que formula una advertencia a España para que
adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit que se considera
necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo,
establece en su artículo 1.6 (LA LEY 22310/2016) que «España
establecerá un marco coherente que garantice la transparencia y la
coordinación de la política de contratación pública de todas las
entidades y autoridades de contratación a fin de garantizar la
eficiencia económica y una elevada competencia. Dicho marco debe incluir
mecanismos adecuados de control a priori y a posteriori para la
contratación pública a fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento
de la normativa».
La incidencia de la contratación no se limita al equilibrio presupuestario
La incidencia de la contratación no se limita al equilibrio
presupuestario, sino que extiende sus efectos a la problemática que
entraña su regulación jurídica y al amplio fenómeno de la corrupción, lo
que implica una afectación grave del sistema institucional y de los
partidos políticos (1) .
El artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LA LEY 17734/2017)
(en adelante LCSP), consagra el principio de integridad. Dicho texto
legal habla de corrupción, delito, colusión y prácticas ilegales en los artículos 64 (LA LEY 17734/2017), 69.2 (LA LEY 17734/2017), 150 (LA LEY 17734/2017), 226.4 (LA LEY 17734/2017), 326 (LA LEY 17734/2017), 332.1 (LA LEY 17734/2017), 332.6 (LA LEY 17734/2017) y 7 (LA LEY 17734/2017), y 332.2ª (LA LEY 17734/2017).
El preámbulo de la LCSP (LA LEY 17734/2017) indica que «dentro
del Libro I se introduce una norma especial relativa a la lucha contra
la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, mediante la
cual se impone a los órganos de contratación la obligación de tomar
medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la
corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los
conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de
licitación. En línea con las medidas para luchar contra la corrupción,
se hace una nueva regulación de las prohibiciones de contratar que
aumenta los casos de prohibición modificando la competencia, el
procedimiento y los efectos de una declaración de este tipo, al tiempo
que transpone las denominadas por las Directivas Comunitarias como
"medidas de autocorrección", de manera que determinadas prohibiciones de
contratar bien no se declararán o bien no se aplicarán, según el caso,
cuando la empresa hubiera adoptado medidas de cumplimiento destinadas a
reparar los daños causados por su conducta ilícita, en las condiciones
que se regulan en esta Ley».
En el libro IV se regulan tres órganos colegiados a nivel estatal con
el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza,
que establecen las Directivas Comunitarias, y de combatir las
irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación
pública.
Así, tenemos la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado,
designada como punto de referencia para la cooperación con la Comisión
Europea. Se le atribuye la obligación de remitir los informes que
establecen las Directivas Comunitarias. Asimismo, continúa siendo el
órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación
pública del sector público estatal.
Se crea, en el seno de la Junta Consultiva, el denominado Comité de Cooperación
en materia de contratación pública, a fin de articular un espacio de
coordinación y cooperación en áreas de acción común con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales, así como para elaborar la
propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública.
Igualmente, se constituye la Oficina de Supervisión de la Contratación,
también a nivel estatal, con plena independencia orgánica y funcional,
integrada por un Presidente y cuatro vocales que gozan de la condición
de independientes e inamovibles, que debe rendir cuentas anualmente a
las Cortes Generales y al Tribunal de Cuentas sobre sus actuaciones.
La Oficina está facultada para dar traslado a la Fiscalía u órganos
judiciales o administrativos competentes de hechos de los que tenga
conocimiento y sean constitutivos de delito o infracción. Es el órgano
competente para la aprobación de la citada Estrategia Nacional.
Por otra parte, debe indicarse que el control de la contratación se
enmarca en el control del gasto público. En palabras de PORRAS GÓMEZ (2) , «El
control del gasto público ha constituido históricamente una expresión
de la soberanía popular, permitiendo a la sociedad ejercer su control
sobre una dimensión central del poder político. De ahí su significación
en la historia del Estado constitucional y su configuración como un
requisito indispensable para la propia existencia de un Estado de
Derecho, adquiriendo una particular relevancia en el Estado social
contemporáneo».
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