"El primer hombre notable que inició la corrupción en la Transición fue el rey". Entrevista con Gregorio Morán

Revista Sin Permiso

Sentarse a hablar con Gregorio Morán (Oviedo, 1947) no es tarea fácil. No porque no sea accesible, que lo es. El periodista y escritor, aunque parezca extraño, no tiene móvil y hay que contactar con él a través del correo electrónico o de su editorial, Akal, con la que acaba de reeditar su libro 'El precio de la Transición', escrito en 1991.

El texto, como el propio Morán explica en esta entrevista en eldiario.es de Carmen Moraga, ha sufrido pequeñas modificaciones en algunos pasajes que fueron objeto entonces de censura. Fundamentalmente, algunos referidos al rey Juan Carlos sobre el que Morán se muestra más que crítico.  

De hecho, avisa en el prólogo de que "el rey era el mayor operador fraudulento del país" gracias "a la impunidad que le concedía el Estado y la de su real gana. Y así siguió hasta que los suyos hubieron de cesarle porque ponía en peligro la supervivencia de la institución". 

En ese prólogo Morán también sentencia que "lo que unió de verdad a los vencedores de la Transición no fue la Constitución de 1978 sino los negocios", para añadir después, sin tapujos, que "la Transición como periodo histórico, con su Constitución de 1978, lleva funcionando 40 años para gozo y satisfacción de quienes la parieron, la amamantaron y la pusieron a trabajar, lo más pronto que consintió su edad, en una casa de lenocinio". 

La primera edición de su libro fue publicada en 1991 y ahora, casi 25 años después, se reedita con algunas correcciones. ¿Hubo censura?

Sí, evidentemente hubo censura. En la primera edición de Planeta se habían omitido cosas con referencias al rey y en esta edición se han reconstruido del todo. Yo de los párrafos desaparecidos en aquel momento no tuve noticia hasta que compulsé mi original con el texto editado. Bueno, son esas cosas que pasan.

¿Por qué vuelve a salir el libro justo ahora?

Era un libro que demandaba otra generación, gente como Podemos. El libro, después de dos ediciones, se había agotado y Akal pensó con buen criterio que éste era un buen momento, justo cuando una generación que no la vivió debate sobre aquella Transición y si debería haber una segunda Transición. Era importante sacarlo ahora de nuevo.

Usted ha sido uno de los primeros en analizar críticamente esa etapa histórica. ¿Por qué se ha tardado tanto en desmontar los mitos de la Transición?

Cuando se publicó este libro en 1991 las reacciones fueron brutales. Una de las cosas que también se ha decidido en esta reedición ha sido precisamente incluir esas reacciones de los prebostes del periodismo de entonces. Porque fueron muy duras. Hoy pienso que tenía que haber titulado el libro de una manera mucho más pedante: 'El precio y leyenda de la Transición', porque la Transición tenía una leyenda que se habían montado los mismos y escasos protagonistas y sus escribientes, según la cual en aquel año que yo escribo esto, todo el mundo era bueno. El rey era magistral en su comportamiento y el motor del cambio; Adolfo Suárez, un estratega; Santiago Carrillo era un demócrata de toda la vida; Felipe González y la socialdemocracia eran lo más parecido a Olof Palme; y Fraga no había tenido apenas nada que ver con el franquismo. Una historia en la que todos eran buenos y nos obligaron a todos a considerar que eran buenos cuando nosotros sabíamos que eso era la renuncia a un pasado y, por lo tanto, una cosa peligrosísima.

La reacciones de los medios fueron, además, muy malas. Todavía se vivía un espíritu de la Transición que se caracterizaba en que lo más importante era la libertad. Pues vamos a la libertad y olvidemos otro montón de cosas como la corrupción, aunque en la primera etapa de la Transición no tuvo demasiada importancia. Fue uno de los grandes problemas posteriores.

Secreto, consenso para no airear el pasado, y olvido son las claves de ese silencio, de esa 'omertá' pactada entre los actores de entonces que denuncia en su libro.

Sí. Es como si se reuniera un grupo de viejos tahúres y antes de comenzar la partida se prometieran unos a otros que hay temas intocables. Y así fue durante todos esos años. Y funcionó perfectamente. Cada uno de ellos fue haciendo su autobiografía particular o encargó a alguien que se la escribiera y lo llevaron con absoluta indignidad, pero lo llevaron muy bien.

¿Una gran farsa?

Sí. Una gran farsa en la cual unos fuimos meros comparsas y otros, cómplices.

Entre esos cómplices incluye a la prensa de entonces.

Por supuesto. La Transición no se hubiera podido hacer sin los elogios permanentes de la prensa. Sobre todo de los columnistas y tertulianos. Cuando publiqué el libro uno de ellos aseguró en un artículo que gente como yo no debería vivir en España porque estaba atentando a la convivencia.

¿Cree que estamos ante el inicio de una segunda Transición, como afirman Albert Rivera o Pablo Iglesias?

La Transición es un fenómeno irrepetible porque es pasar de una dictadura a una democracia. Lo que plantean Rivera y casi todos los partidos es una reforma de los esquemas creados en la Transición, aunque no tiene nada que ver con aquella etapa. Lo que pasa es que como lema es eficacísimo y la gente dice: "¡Ay, qué bonito!".

¿Hay alguna similitud entre los actores de entonces con los de ahora: Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Alberto Garzón?

Ahí es donde se ve más claramente la imposibilidad de que esto sea una segunda Transición. Entre Pablo Iglesias, Rivera, Sánchez etc., el único que se mantiene incólume desde hace no se cuantos años es Rajoy. Claro que él es registrador de la propiedad y puede estar toda la vida. No se puede decir que sea una clase nueva, solo más joven. Creo recordar que a ese chico al que los dioses no le han concedido un exceso de talento, que es Sánchez, el del PSOE, le preguntaron que qué recuerdos tenía de las primeras elecciones democráticas y dijo: "Sí, sí. Recuerdo perfectamente aquellas elecciones del 79", cuando las primeras fueron en el 77. No tiene ni zorra idea. No es que no se conozca el pasado, es que no tiene ni idea.

Como analista e historiador, ¿qué opina sobre lo que está ocurriendo en Cataluña?

Yo vivo en Barcelona y creo que ese deterioro viene de lejos. Nadie se preocupó nunca desde aquí de ver que aquello podría ser un tema muy serio. Cuestiones como la inmersión lingüística nadie le dio la importancia que Pujol le daba. Por ejemplo, la protección de la emigración magrebí en detrimento de la emigración latina era algo que veíamos todos allí y de esto nadie se preocupó aquí. A un magrebí le da lo mismo aprender castellano que catalán pero un latino no tiene por qué, ya está en su propia tierra o en tierra parecida y puede hablar el castellano perfectamente.

Y a esto se suman dos cosas al mismo tiempo gravísimas. Una, la crisis económica que castiga especialmente y de manera brutal a Cataluña, sin la ayuda prestada a los bancos, cajas etc. No solo de toda España, sino el esfuerzo que se hace por mantener las de Cataluña, que es muy importante. Y, segundo, la corrupción. Políticamente el gran salto adelante de Artur Mas de echarse a nadar o a la piscina sin agua viene dado por cómo neutralizar esos dos efectos. Solo se pueden neutralizar de una manera. Tú no puedes conseguir la amnistía si no hay una Cataluña independiente y si no se concede la amnistía estos acaban en la cárcel. Bueno, en la cárcel, cárcel, no, porque al final todos estos delincuentes de alto copete todo lo más que pasan es un fin de semana en la cárcel.

¿Y eso no es indignante?

Es absolutamente indignante. Una demostración es la corrupción de los Pujol, de la familia no queda ni uno. No sé si tienen perro o gato pero si lo tienen seguro que están también implicados en la estafa. Es una familia mafiosa. Sicilia no queda lejos y además hay una gran tradición siciliana en Cataluña.

¿Cómo ha podido haber tanto silencio durante tantos años?

Se compró todo. Empezando por los medios de comunicación. Y luego había una presión social, es decir, la hegemonía del catalanismo social y política se apagó. El PSC, a diferencia del PSOE del País Vasco, fue un partido creado después de la muerte de Franco y creado de retales de la peor especie como se demostró luego. Personajes como [Joaquim] Nadal o como [José] Montilla tienen una responsabilidad clarísima en todo lo que está ocurriendo.

Esos escándalos de corrupción han sido destapados por la prensa. ¿Cómo ve ahora a los medios de comunicación?

La prensa está peor que nunca. La existencia de la prensa digitalizada es un recurso frente a los monopolios de la prensa que cuenta de verdad. ¿Y qué prensa es la que cuenta de verdad? Evidentemente la de papel, los medios de comunicación en papel y la televisión. La prensa digitalizada posiblemente sea el futuro. Yo todavía no lo veo pero, de momento, en el presente, el poder político nunca le hace caso a un medio virtual. Es más, se necesita que un medio escrito recoja una información virtual para que ese información tenga eco.

La prensa digital ha destapado muchos casos de corrupción

Lo virtual es un recurso para nosotros, para enterarnos de lo que está pasando porque si nos fiáramos exclusivamente de lo que sale en el papel estaríamos en el país de Alicia y el país de las maravillas. Pero el futuro está muy negro. Tan negro como que todos los periódicos están hipotecados, menos lo virtual, que es barato. Pero el poder necesita a la prensa escrita y los informativos, porque es lo que da peso a una información.

¿Y por qué cree que la corrupción apenas pasa factura en España a los políticos?

La corrupción se inicia cuando los partidos descubren que son caros, carísimos. Es entonces cuando empiezan las mordidas, cuando descubren que el partido es caro y no hay fondos. Eso no quiere decir que la corrupción no existiera ya en la época de Franco. Ya existía, claro. Pero los partidos democráticos no tenían experiencia del 3% o el 5%. Y eso siempre exige que haya algún intermediario que se lleva el dinero. Y ese intermediario, como Bárcenas, dice: "Una cosa es que mis creencias sean del PP y otra cosa es que no me pueda montar yo una fortuna". Digo Barcenas y tropecientos más.

¿Cree que Rajoy está actuando con acierto ante el pulso catalán?

A mí me cuesta mucho trabajo diferenciar los aciertos y los no aciertos de Rajoy porque como es tan lento. A lo mejor mis nietos podrán descubrir si Rajoy lo ha hecho bien o lo ha hecho mal porque es como un transatlántico, va despacito, despacito. Y ahora se ha movido un poco porque si espera un poco más, se le va de las manos todo. No creo que Rajoy haya estado sembrado en el tema catalán porque no tiene ni zorra idea y porque tampoco tiene dirigentes políticos de altura en el PP catalán. El único hombre que pensaba y tenía cabeza era Vidal-Quadras, y fue una condición sine qua non que le puso Pujol a Aznar en los famosos pactos del Majestic para llegar a un acuerdo y apoyar aquella legislatura. "A este me lo sacas de allí", le dijo, y lo llevaron a Bruselas porque no había un sitio más lejos.

¿Se imagina una Cataluña independiente o es una entelequia de los soberanistas?

Es una absoluta entelequia, no me lo imagino. Hoy he oído a uno en la televisión que decía: "Esto no se lo creen ni ellos".

¿Por qué cree que hay tanto temor a afrontar una reforma de la Constitución?

Ahí hay una cosa en la que creo que Rajoy tiene razón que es que los planteamientos de reforma de la Constitución que se hacen desde Cataluña no solucionan absolutamente nada. A mí no me parece nada mal que la reformen entera pero no sé qué es lo que piden reformar. Porque nadie precisa nunca en qué consiste la reforma de la Constitución. Pero es un recurso cojonudo decir, sí, hay que reformar la Constitución. Pero reformar la Constitución no nos va a quitar la corrupción de encima y no creo tampoco que el objetivo de los que quiere cambiarla sea cuestionar la monarquía.

Precisamente en su libro se muestra muy crítico con la figura del rey Juan Carlos, durante tantos años intocable. ¿Faltan muchas cosas por conocer todavía del monarca?

¡Hombre, casi todas! El rey ha pasado de ser el motor del cambio a ser un personaje que complica la vida de todos, la de su hijo, la de su nuera, la de su mujer, y la de todos los que le rodean.

Ha llegado usted a afirmar que es un corrupto.

Sí, eso iba a decir ahora. Yo creo que el primer hombre notable que inició la corrupción en la Transición fue él. Lo he escrito y lo mantengo. Entre él y aquel manco de Lepanto que se llamaba Colón de Carvajal, que era su ayudante, y que a Dios gracias que tenía una mano nada más porque la cantidad de dinero se llevó… ¡Eso eran comisiones! Pero él tenía impunidad.

¿Felipe VI será el último rey o hay monarquía para rato?

La verdad es que yo como profeta... Me he equivocado tanto, que no me atrevo a decir qué ocurrirá. La figura de padre e hijo no son similares. No hay que olvidar una cosa, que el rey, el viejo, era un braguetas o un vainas pero a éste creo que no le van a dejar. Son dos mujeres muy diferentes y eso es muy importante. Su poder es ahora un poder simbólico.

Hay otra cosa que llama la atención en su libro y es que habla mucho de Carrillo y de la buena sintonía que mantuvo con Suárez, e incluso con Fraga, pero cita muy poco a Felipe González. ¿Fue su papel en la Transición insignificante?

Es que Felipe González, y el PSOE, en la Transición, en esos años hasta las elecciones de octubre en el 82, se mantuvo en un segundo plano. No por que él lo quisiera sino porque así se lo hacen saber los dos más interesados. El intento de pinza entre el PCE de Carrillo y Adolfo Suárez es una obviedad. Hubo un momento en el que a punto estuvieron de formar gobierno. Uno de los que se opuso a ello fue Fernando Abril Martorell. ¿Por qué gana Felipe arrolladoramente en octubre del 82? Toda la campaña fue falsa, pero si ganó fue porque no representaba nada de la Transición. No estaban complicados como Carrillo ni como Suárez. Era unos chicos que no tenían pasado. 'Su' partido nació en 1974, en Suresnes. Ahora dicen que Rivera o Pablo Iglesias llevan pocos años en la política pero poco llevaban también estos otros.

¿Qué piensa del Felipe González que defiende a Pujol o dice que Pinochet respetaba más los derechos humanos que ahora Nicolás Maduro?

El ser humano envejece por lo general mal. Y en política, muy mal. Y luego está ese principio de que uno a determinada edad se va volviendo conservador. Pero en el caso de Felipe no es solo un problema ideológico, que nunca le preocupó un comino. Es que tiene un tejido de intereses, un capital, unos amigos... Ese Felipe González convertido en esa especie de reina madre parlanchina está ahí como el gran aliado del centroderecha. También se lo han puesto muy fácil porque una vez que abandona la dirección del PSOE... Es que lo de Zapatero tuvo que ser durísimo, visto por dentro. Visto por fuera fue duro. Es un caso a analizar. Y lo de Sánchez ya debe alcanzar el delirio. Lo de este chico va a más.

Usted que conoce bien a la izquierda, ¿a qué achaca que siempre ande dividida?

Lo que más une es el poder y la izquierda siempre o casi siempre tiene el poder lejísimos. La derecha se une enseguida si hay perspectiva de poder. Ahora algunos dicen que Rajoy va a tener una crisis de poder, que se le están levantando los barones, pero se pueden ir a tomar por saco, se pueden ir a donde quieran porque si ganan las elecciones esos barones están más unidos a su jefe que a nadie. Ahora bien, si las pierden, que se prepare.

Una última pregunta. ¿Se atreve a vaticinar qué va a pasar el 20D?

¡Ay, si tuviera esa bola de cristal, sería precioso! Lo que sí pienso es que estas elecciones tienen encanto. Todos los candidatos por primera vez están acojonados porque no saben si van a estar el primero, el segundo o el tercero. Es una carrera sin ganador absoluto y por eso tiene más encanto que nunca para aquellos que no participamos en el comedero político. Y si faltaba algo en esta merdé general, pues entró Cataluña y todo se vuelve absolutamente incontrolable.

Gregorio Morán

Columnista habitual en el diario barcelonés La Vanguardia y amigo desde el principio del proyecto SinPermiso, fue un resistente político en el clandestino Partido Comunista de España bajo el franquismo. Periodista de investigación e insobornable crítico cultural, ha escrito libros imprescindibles para entender el proceso que llevó en España de la dictadura franquista a la Segunda Restauración borbónica. Su último libro: El cura y los mandarines (Madrid: Akal, 2014)

Corrupción, urbanismo y opacidad

Corrupción, urbanismo y opacidad

Tanto las reclasificaciones como las recalificaciones de suelo han llegado a superar el 1.000 % el valor anterior

 

Gerardo Roger Fernández 

El País

La insufrible cascada de escándalos de corrupción que nos viene asolando desde hace unos años podría desagregarse en dos grandes tipos casuísticos: los derivados del espurio cobro de presumibles comisiones en la contratación de las obras públicas y los ocasionados por una eventual y fraudulenta aplicación de los procesos de planeamiento urbanístico. Teniendo en cuenta la mayor sofisticación de estos últimos, pasemos a analizarlos con mayor detenimiento.

Se suele aducir frecuentemente (y con razón) que la corrupción que deviene del urbanismo trae causa de la ausencia de transparencia pública en la tramitación administrativa de los instrumentos de planeamiento. En aparente contraposición, también se señala (igualmente con razón) que los planes de urbanismo se ven sometidos a largos e intensos procedimientos de información pública y participación social para que cualquier ciudadano, ejercitando la acción pública (no es preciso que esté directamente afectado), pueda presentar cuantas sugerencias, alegaciones o recursos considere oportunos, bien en defensa de sus legítimos intereses privados, bien en defensa de los intereses generales y colectivos presuntamente vulnerados.

A este respecto, esta aparente contradicción encuentra su explicación en la opacidad que comporta la documentación que se expone por ausencia de una auténtica transparencia pública que permita a la ciudadanía conocer con claridad suficiente, las consecuencias que se derivan de las propuestas urbanísticas que integran los planes, sobre todo las económicas y las plusvalías generadas en las mismas.

En este sentido, conviene recordar que el planeamiento urbanístico produce dos grandes tipos de actuaciones: las denominadas “reclasificaciones de suelo”, consistentes en el paso del suelo rústico a urbanizable con la finalidad de que absorba el futuro crecimiento urbano, y las “recalificaciones de suelo” consistentes en el cambio de uso y/o atribución de mayor edificabilidad a un suelo preexistente que ya dispone de un uso y una edificabilidad concretas establecidas por un planeamiento anterior, modificaciones realizadas sobre la base de satisfacer presumibles demandas sobrevenidas por razones de mercado.

Contra la especulación, solo cabe la transparencia, y contra la corrupción mayor transparencia aún

Obviamente, tanto las reclasificaciones como las recalificaciones de suelo comportan normalmente un incremento del valor del suelo originario que, en ocasiones (como aconteció durante la “década prodigiosa” 1998-2007) llega a superar el 1.000 % el valor anterior, lo que genera un aluvión de plusvalías que el afortunado propietario de suelo recibe sin haber hecho nada ni invertido un euro (al menos “de manera confesable”) para merecerlo.

Pues bien, con la finalidad de acotar al máximo este fenómeno especulativo impropio, el artículo 47 de la Constitución mandata a los poderes públicos a impedir la especulación del suelo (única especulación prohibida expresamente por la Constitución), estableciendo para ello que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Consecuentemente, resulta necesario conocer las plusvalías que se derivan de los procesos de reclasificación y recalificación para poder dar una respuesta adecuada al mandato constitucional señalado.

Sin embargo, los instrumentos de planeamiento que se someten a información pública utilizan un metalenguaje técnico ininteligible para la ciudadanía. Así, las magnitudes utilizadas para identificar las consecuencias que comportan los procedimientos de reclasificación-recalificación suelen denominarse “unidades de aprovechamiento”, “urba-valorías”, “metros cuadrados del uso característico” u otras entelequias análogas y para nada se habla de las plusvalías económicas que dichas operaciones comportan, con lo que la generación de los impropios procesos especulativos y su derivada de eventuales casos de corrupción quedan emboscados, facilitándose enormemente estas lamentables e indeseables prácticas sociales.

A este respecto, nada legal impide, sino más bien al contrario, que en cada reclasificación/recalificación de suelo y durante los procedimientos de información pública se proceda a exponer los análisis coste-beneficio que comportan tanto la situación originaria del suelo como la nueva que se propone, sobre la base de un riguroso estudio de mercado avalado por una sociedad de tasación homologada por el Banco de España. Se trata de exponer al conocimiento ciudadano e institucional de manera clara e inteligible, “negro sobre blanco”, las plusvalías que estas operaciones generan, posibilitándose de esta forma la satisfacción del mandato constitucional, sino a impedir, al menos a “acotar” desde la lucidez que ofrece el conocimiento de la realidad la especulación del suelo y sobre todo, al disponerse de la información precisa, permitirá dificultar con mayor solvencia los procesos de corrupción urbanística derivados del espurio reparto sotto voce de las plusvalías generadas que en ocasiones se practica y que tanta alarma y escándalo social produce. En este sentido y como ejemplo de su factibilidad jurídica, una medida análoga a la señalada ya ha sido incorporada en la muy reciente legislación urbanística valenciana a instancias del Partido Socialista sin que su aceptabilidad generara problema alguno.

Como reflexión final, solo cabe resaltar de nuevo la necesidad de acabar con la opacidad e introducir, al máximo, “luz y taquígrafos” en los procelosos procedimientos de reclasificación y recalificación de suelo si queremos impedir, desde el rigor, la continuidad de sus malas prácticas. Contra la especulación, solo cabe la transparencia, y contra la corrupción mayor transparencia aún.

Gerardo Roger Fernández, es arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.

Estúpidos y constantes

 

 Estúpidos y constantes

En Internet no existe atención suficiente para atender al pudoroso, al introvertido, al discreto, al diamante en bruto

 

Delia Rodríguez, El País

Kurt von Hammerstein-Equord, el general rojo que se opuso a Hitler, tuvo la clarividencia y el morro de clasificar así a los seres humanos en un manual militar de los años treinta: “Divido a mis oficiales en cuatro grupos. Los inteligentes, los trabajadores, los estúpidos y los perezosos. Normalmente dos características se combinan. Algunos son inteligentes y trabajadores: su lugar es el Mando General. La mayoría son estúpidos y vagos: significan el 90% de todos los ejércitos y son adecuados para los trabajos rutinarios. Cualquiera que sea a la vez inteligente y vago está cualificado para las tareas más elevadas de liderazgo, porque posee a la vez la claridad intelectual y la compostura necesarias para las decisiones difíciles. Uno debe tener cuidado con los estúpidos y trabajadores: no se les debe confiar ninguna responsabilidad porque solo causarán problemas”.

Esta cita clásica de la cultura de oficina que lleva décadas colgada en los despachos de todo el mundo explica también una de las grandes injusticias de Internet: el triunfo de los mediocres. Es fácil que los inteligentes trabajadores y los vagos (sean o no estúpidos) pasen inadvertidos. Pero en la red no existen límites para alguien tonto y constante. El bloguero no muy dotado pero que escribe cada día hasta ser considerado un experto. El profesional que no para hasta que es conocido en todo su sector. El tuitero que comenta todo con todos hasta que su opinión acaba siendo tenida en cuenta.

Los algoritmos de las empresas de Internet imitan el algoritmo de nuestro cerebro. Facebook favorece al pesado que no para de contar su vida y al que no podemos dejar de cotillear. Google, a los medios que inundan la web de cientos de noticias idénticas cada día pero en las que no paramos de pinchar. LinkedIn, a los que hacen del networking su verdadero trabajo y que añadimos como un cromo a nuestra red. YouTube, al que es tan regular en su exhibicionismo que odiamos con fidelidad.

Nuestro cerebro está programado para premiar los estímulos constantes con la familiaridad. No hay tiempo para decidir si esa persona nos suena porque se lo merece o porque simplemente estamos hartos de ver su nombre en nuestras redes. Es el lado oscuro de la empatía, el que nos lleva a favorecer a los nuestros y temer al otro. En Internet no existe atención suficiente para atender al pudoroso, al introvertido, al discreto, al diamante en bruto, a no ser que aprendan las técnicas del trol, del exhibicionista, del narcisista, del estúpido laborioso.

Nadie sigue a Casandra si no sube un selfie cada día.

Acoso a un interventor

 


 Revista Hincapié

Están haciendo efectivas las amenazas en la campaña electoral de que me iban a hacer la vida imposible”. Fernando Urruticoechea describe así el acoso al que está siendo objeto. Es el funcionario que más casos de corrupción ha denunciado en España. Desde hace unos años es el solitario interventor del ayuntamiento de Orihuela, en el levante peninsular. Muy a su pesar se ha convertido en el ejemplo de Quijote contra la poderosa ligazón de promotores, partidos políticos y estancias judiciales que ha hecho de un sin fin de municipios españoles el califato de la corrupción. Orihuela, sin ir más lejos, es la cuna del caso Brugal.

Fernando Urruticoechea nunca ha dado su brazo a torcer. Tras escucharle, parece haber una fórmula extraña y macabra que concibo percibir: La intensidad de los ataques que describe son proporcionales a su actitud intransigente de respeto a la ley en las adjudicaciones y contratos.. “La bronca política no va conmigo”, me dice, “pero además me deben respeto institucional como titular del órgano de control del ayuntamiento, una de cuyas funciones es precisamente la de hacerles de guardaespaldas de legalidad”. 

Alguien quiere, pues, eliminar al guardaespaldas que garantiza la legalidad en los ayuntamientos. Sin testigos, no hay crimen. Es una paradoja a la que la propia realidad corrupta española ha conseguido dar la vuelta: el político que busca el atajo acusa al funcionario honesto de violar la ley.

A Fernando lo acosan noticias diarias en la prensa, amenazas de expedientes, demandas millonarias de empresas relacionadas con adjudicaciones municipales. Todas esas demandas y expedientes hasta ahora han quedado en nada. Sus informes contrarios a arbitrariedades, sus negativas al amaño, han estado siempre ajustadas a la ley. No parece ser esa la batalla, sino el desgaste. Todas esas acusaciones laminan sin duda su moral, además de la salud de Fernando, sometido a dos graves operaciones recientes que le han obligado a coger una baja de ocho meses. Su vuelta al despacho en el ayuntamiento de Orihuela el 9 de noviembre abrió una nueva batería de acusaciones y amenazas en su contra. Hasta ahora, las páginas insidiosas en la prensa o las declaraciones públicas poniendo en duda su trabajo habían salido “gratis”. En la actualidad, Fernando tramita con un abogado penalista sendas demandas contra dos concejales por delitos contra su honor.

Su día a día, al abrir a las 8.00 horas su despacho en el ayuntamiento, y conseguir salir sosegado a su hogar, no es el western entre un utópico y loco funcionario y unos políticos montaraces, como la prensa pretende presentar; tampoco el combate ascético de un protagonista del realismo mágico de la corrupción en un ayuntamiento donde el PP, por otro designio de la paradoja, ha recuperado el poder municipal. Hay algo más detrás que para el común de los mortales es difícil de alcanzar a ver. Y sin embargo, y no nos abandona la paradoja, es al común de los mortales a quien más les lamina este desmán, aunque sus ojos no lo vean y su corazón no lo sienta. Sacrificando a piezas como a este interventor, el campo vuelve a ser orégano. Pero los hechos, los simples y contundentes hechos están aquí. Del anterior equipo municipal de Orihuela, hay 7 imputados por corrupción. En el anterior municipio donde Fernando fue Interventor, Crevillent, el alcalde Augusto Asencio se enfrenta a dos presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.

“Van a por él”

Poco antes de las navidades, Fernando recibió un mensaje en su teléfono móvil: “van a por ti”. ¿Es posible pensar que algo así no llegara a suceder? El ayuntamiento de Orihuela ha dejado de estar en manos de PSOE y Verdes; tras las elecciones de mayo de 2015, el PP se ha hecho con la alcaldía. El nuevo alcalde, Emilio Bascuñana, pasó a ser conocido en toda España en los días previos a las navidades por un sorprendente decreto contra Fernando. El regidor decretaba interrumpir las vacaciones navideñas del interventor con la disculpa del trabajo pendiente, enumerando tareas que no le correspondían. El caso llegó a los tribunales, donde una juez dictaminó el derecho del interventor a sus vacaciones. La Cadena SER informaba de ello el mismo 26 de diciembre. Toda España supo de ese modo hasta qué punto el interventor Fernando Urruticoechea se haya sometido a un hostil escrutinio.

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana. Foto: orihuela.info

El de las navidades era solo el último. En los días previos Fernando recibió con alivio la desestimación de una millonaria demanda contra él. La había puesto la poderosa empresa Abornasa, adjudicataria de la recogida y tratamiento de residuos en varios municipios del Levante. A mediados de 2014, en una charla ofrecida en Sevilla, Fernando puso en solfa el lucrativo negocio de las contratas municipales de la recogida de basuras en el Levante y aseguró que el contrato de la planta de Abornasa era ilegal y que las principales, 

Abornasa, y las de los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz actuaban como un cartel.

Abornasa demandó a Fernando por delitos contra el honor. Reclamaba decenas de miles de euros. Obligó a Urruticoechea a contratar a un abogado. Los empresarios Fenoll y Ortiz se encuentran imputados en el caso Brugal, una vasta red de sobornos y tráficos de influencias en la adjudicación de los contratos de basuras en toda la vega baja de Levante. Tirando del hilo de todas las sociedades de las decenas de consejeros de Abornasa, se encuentra un consejero, cuyas iniciales son P.C.C, que ha participado en empresas en las que participa Enrique Ortiz. En el período de tramitación de la demanda, en septiembre del 2015, llegó una sentencia del Juzgado contencioso de Elche decretando la nulidad del contrato del ayuntamiento de Crevillent con la planta de basuras de Abornasa, por su ilegalidad ambiental. Finalmente, Fernando llegó a un acuerdo extrajudicial con Abornasa  pero ha tenido que hacerse cargo de la minuta de su abogado que según tarifas del Colegio de abogados le ha supuesto 13.000€.

Una batalla librada, otra en el horizonte. Desde su incorporación el 9 de noviembre, tras ocho meses de baja por dos operaciones, Fernando libra otra pelea diaria. Si consiguió librarse de un juicio, ahora pende sobre él uno en el que se libra sentencia día a día y en el que no puede defenderse. La prensa local le ha puesto en el punto de mira. El diario Información ha publicado desde el 18 de noviembre 33 “noticias” en las que Urruticoechea aparece, en boca de concejales, como responsable de las más variadas carencias. La situación ha llevado al Colegio de Secretarios Interventores de valencia y a diferentes asociaciones a salir en defensa de Urruticoechea.

El rastro del agua sucia

Registro en la sede ACUAGEST en Santiago de Compostela. Foto: abc.es

Si el negocio de las basuras ha marcado buena parte de la tramoya de la corrupción en Levante, el de la gestión del agua no lo ha sido menos. La privatización y gestión del agua es un negocio lucrativo a más no poder, en una zona como el Levante español donde ese recurso es tan escaso. Fernando se refiere a los adjudicatarios como la “bestia parda”. Como interventor en Crevillent cuvo litigios con la todopoderosa ACUAGEST. Las puertas de esta gran empresa, asociada a Agbar, parecen abiertas a políticos. El actual teniente de alcalde de Orihuela, Paco Sáez Sironi ha sido gerente de AQUAGEST durante 22 años. El que fuera portavoz y hombre fuerte del grupo municipal del PP y apartado tras su imputación, David Costa Botella, ocupa ahora cargo en Hidraqua, el nuevo nombre comercial de Aquagest en Alicante, tras la difusión del caso Pokemon de la mafia del agua en galaicia y Asturias.

Para Acuagest, Orihuela es una plaza importante. El intransigente actuar conforme a la ley de un interventor, puede ser un estorbo. Gerentes políticos o políticos gerentes tienen en Fernando Urruticoechea un obstáculo a salvar. Acuagest es conocida por su modo de salvar obstáculos de esta naturaleza. La juez Pilar de Lara instruye desde un juzgado en Lugo una causa contra esta empresa, a la que denomina como mafiosa tras organizar una red de amaños, sobornos y acoso a funcionarios en los contratos municipales del agua en Galicia, Asturias y Cataluña.

A las 8.00 horas de la mañana en una Orihuela que se asemeja más a la Vetusta moral de Clarín, Fernando ha abierto su despacho en el ayuntamiento sin saber qué se encontrará hoy. En las cafeterías adyacentes la gente se desayuna con la prensa llena de noticias sobre nuevos concejales detenidos por amaños.

De la Serna y Arístegui: comisionistas de una empresa asturiana

De la Serna y Arístegui buscaban otro 'pelotazo' de tres millones en Panamá
El Mundo 18/01/2016

El tándem Gustavo de Arístegui/Pedro Gómez de la Serna no le hacía ascos a nada a la hora de conseguir comisiones. Como ha publicado este diario, lo mismo intermediaba en el mercado de los medicamentos genéricos en Dubai, que cobraba comisiones por tonelada de cemento vendida en el Congo, que se llevaba un pico porque una firma española construyera una carretera en Moldavia.

Pero, fundamentalmente, los grandes negocios los realizó en dos países: Argelia, en el epicentro de lo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, la Udef y la Audiencia Nacional; y Panamá.

En el país centroamericano, el ex embajador Arístegui y el aún diputado Gómez de la Serna, de baja en el PP y por ello en el Grupo Mixto en el Congreso, llegaron a negociar hasta dos pelotazos por valor, en su conjunto, de hasta tres millones de euros, sin que se sepa hasta el momento, en el curso de la investigación, cuánto dinero pudieron llegar a cobrar. Todo ello por intermediar en la obtención por parte de dos empresas españolas, Elecnor y Contratas Iglesias, de varios contratos para la construcción de hospitales.

En agosto de 2009 Arístegui, que era en ese momento diputado y portavoz del PP en la comisión de Exteriores, y De la Serna, que en ese momento no ostentaba cargo político tras ocupar diversas responsabilidades en gobiernos del PP, firman un acuerdo denominado de agencia con la firma asturiana Contratas Iglesias.

Fue uno de los primeros clientes de Voltar Lassen, la marca registrada por los dos políticos (el nombre, curiosidad, procedía de un sueño del diplomático, según le contaba éste a quien preguntaba). Según el documento, en poder de este diario, se comprometían a buscarle negocio a Contratas Iglesias en este país, y a «presentar al personal de la empresa a los clientes potenciales tanto en el GOBIERNO como en empresas PÚBLICAS y PRIVADAS», con las mayúsculas que se reproducen aquí. Es decir, se comprometían a hacer lobby en favor de la sociedad asturiana.

Arístegui y De la Serna, según el contrato, cobrarían 8.000 euros mensuales a Contratas Iglesias por hacer gestiones, y después «entre un 2,5 y un 5%» de comisión de las obras que se consiguieran, habitualmente carísimas infraestructuras.

La situación iba a dar sus frutos rápidamente para Arístegui y De la Serna, quienes poco después, en noviembre de 2009, firmaban una ampliación del acuerdo con Contratas Iglesias por el que, ante el primer viaje a Panamá de los directivos de la firma asturiana, cedían sus derechos a otra empresa, Río Celeste, para que les acompañara en su búsqueda de negocio en el país.

En el papel, Arístegui y De la Serna subían un poco la comisión que se llevarían en caso de lograr trabajo, dejándola entre el 3,5% y el 5%, y además marcaban el territorio como suyo en exclusiva: todos los contratos obtenidos por la empresa en la República de Panamá estarán sujetos a la retribución fijada. Es decir, aunque Contratas Iglesias consiga un negocio sin la ayuda de Arístegui y De la Serna, estos cobrarán su parte.

Río Celeste era la sociedad de un personaje que, según comentó De la Serna a este diario, «se le acercó a Gustavo [de Arístegui] un día tomando una cerveza»: se llamaba Juan Gestoso, era «un empresario con muchos años de experiencia en Panamá». Con el tiempo, Gestoso tendría problemas con los dos políticos y, según una grabación realizada a De la Serna y publicada por este diario, «casi llega a pegarse» con Arístegui en un Corte Inglés de Madrid.

Se desprende de las grabaciones que Gestoso dejó a los dos políticos fuera de algún negocio y éstos tuvieron que aceptarlo para «no perder el cliente»: esto es, la empresa española captada por ellos y derivada a Gestoso, que finalmente, igualas aparte, se quedaría con la comisión verdaderamente golosa: la de la obra.

En definitiva, según la denuncia en Anticorrupción, Contratas Iglesias habría conseguido gracias a la mediación primero, de Voltar Lassen y, después, de la firma de Gestoso, obra pública en la construcción de cuatro centros hospitalarios en el país centroamericano, por valor de unos 40 millones de dólares.

Parecido trance pasaron los dos comisionistas con la empresa de matriz vasca Elecnor, investigada por el juez José de la Mata. La firma acordó que los dos políticos le ayudarían, primero a través de Karistia (Arístegui) y luego con Scardovi (De la Serna) a abrir negocio en Panamá, pero finalmente éstos derivaron la actividad a Gestoso en 2012.

Elecnor consiguió un buen contrato en Panamá: la ampliación y rehabilitación del hospital público Dr. Rafael Hernández, en la provincia de Chiriquí. La obra, aún en curso según la web del Gobierno panameño, está presupuestada en 113 millones de dólares, y Elecnor la realiza en UTE con Acciona, en una relación de 35%-65%, lo que probablemente determina la comisión a cobrar.

En las grabaciones en poder de la Fiscalía Anticorrupción, De la Serna menciona algunos viajes a Panamá. En concreto, uno en el que, asegura a un colaborador, le han invitado a participar en actos por el aniversario de la Constitución del país. El diputado le dice en ese momento a su socio que va a aprovechar para pasar por «el ministerio y decirles» que un intermediario con el que ha trabajado «es un hijo de puta».

Cobraban comisiones incluso sin hacer nada

La trama del ex embajador Gustavo de Arístegui y el actual diputado del Grupo Mixto (y antes del PP) Pedro Gómez de la Serna pactó comisiones incluso sin tener que ganárselas. Una de las cláusulas que habitualmente imponían en sus contratos de lobbistas a las empresas que tenían por clientes incluía una lista de países en los que la empresa (el cliente) tenía que pagarles incluso si no eran ellos quienes le conseguían un contrato. Algo así como pagar el pizzo por trabajar en el territorio de Voltar Lassen o, lo que es lo mismo, la marca bajo la que operaban los dos históricos miembros del Partido Popular. En uno de los contratos que ya están investigándose en la Audiencia Nacional, firmado en 2010 con el Grupo Obras Especiales Proyectos e Infraestructuras SL, se explica con más claridad cómo funcionaba este sistema. Se establece en un anexo una lista de países «abiertos» y otra de «cerrados». Estos últimos se consideran como la zona de influencia de los conseguidores y por tanto la empresa que firma el contrato de agencia con ellos se compromete a pagarles su comisión incluso si consiguiese algún contrato en esos países por su cuenta. La duración de esta cláusula de exlusividad era de cinco años prorrogables a 10. «Dicho pacto supone que en los países con exclusividad la empresa únicamente podrá obtener contratos sujetos al presente acuerdo de colaboración, y en consecuencia, todos los contratos obtenidos por la empresa en los países cerrados estarán sujetos a la retribución fijada en la cláusula sexta del presente contrato», dice el contrato con esta compañía. Y la cláusula sexta fija una comisión de entre el 2,5 y el 5,5% para el lobby. En un anexo al contrato se incluye esa lista de países abiertos y cerrados, aunque por otra parte se deja claro que todos los que no estén en la lista de «cerrados se consideran abiertos. Los lugares donde Arístegui y De la Serna pactaban la exclusividad eran: Guinea Ecuatorial, congo Brazzaville, Georgia, Armenia, Azerbayán, Irak, Irán, Jordania, Siria y Camerún. En cambio, los países abiertos de este contrato eran: Argelia, Marruecos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Colombia, Perú, Chile, México, Guatemala, Honduras y Panamá.

La estructura de las Consejerías se infló en los últimos 10 años con 153 jefaturas nuevas de altos funcionarios

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha comparado la relación de puestos de trabajo del año 2004 del  personal funcionario adscrito a las Consejerías del Principado de Asturias (ver aquí), con la relación de puestos de trabajo actualmente vigente, aprobada en el mes de junio del año 2014 (ver aquí), constatando que se ha producido una hipertrofia en los puestos singularizados con los niveles retributivos más altos (del nivel 26 al nivel 30), que se corresponden con jefaturas de servicio y puestos asimilados (coordinadores, asesores, letrados etc.)

En concreto, en el año 2004  había un total de 241 puestos clasificados dentro de ese intervalo de niveles, cifra que aumentó a 395 en el año 2014. Llama la atención el incremento de 37 puestos de nivel 28, correspondientes fundamentalmente a jefaturas de servicio, con una retribución bruta anual de 50.041,46 euros; y de 110 puestos de nivel 26, debida a la creación de una nuevo tipo de puestos singularizados sin encaje legal  alguno en la Ley 8/91 de organización de la Administración del Principado de Asturias, denominados "coordinadores" y "asesores", con una retribución bruta anual de 45.508,40 euros.

El coste total de los 153 nuevos puestos de jefatura o asimilados supera los siete millones de euros anuales.

Consejerías	Jefaturas y puestos de  nivel 30	Jefaturas y puestos de nivel 28	Jefaturas y puestos de nivel 27	Jefaturas y puestos de nivel 26	Total
2004	7	122	18	94	241
2014	7	159	24	204	394
Aumento	0	37	6	110	153

Esta hipertrofia de la estructura administrativa en los puestos funcionariales de mayor rango no se debe a nuevas necesidades objetivas en la prestación de los servicios públicos que justificasen este aumento exponencial del entramado orgánico. Antes bien, es la prueba de que  el Gobierno Principado de Asturias ha practicado una política de incremento salarial en favor de un grupo minoritario de funcionarios públicos mediante la creación de puestos de jefatura o asimilados  y el incremento de los niveles retributivos de los existentes, todos ellos asignados a dedo mediante el sistema de libre designación.

Un situación de privilegio que contrasta con la congelación salarial y la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido en estos últimos diez años la gran mayoría de los empleados públicos, que no se han visto agraciados por esta política clientelista de reparto de la masa salarial.

Todos estos datos se sustraen al debate parlamentario en la Junta General del Principado en la medida en la que el Informe de Personal que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Principado omite toda referencia a la evolución de las relaciones de puestos de trabajo, limitándose a reflejar una información totalmente engañosa e inútil sobre la plantilla de empleados públicos, que no refleja el reparto real de la masa salarial por puestos y grupos y, sobre todo, que oculta  la secuencia de las relaciones de puestos de trabajo en los últimos años.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies quiere denunciar ante la opinión pública la realidad y las consecuencias de esta política de "clasismo salarial", no solo por lo que comporta de privilegio de una minoría y de agravio injustificable para una mayoría de empleados públicos, si no también en cuanto que va dirigida a erosionar las condiciones de imparcialidad de los altos funcionarios de la Administración del Principado mediante una política de intercambio de beneficios salariales a cambio de fidelidad personal

Desmemoria histórica

Xuan Xosé Sánchez Vicente

LNE  6/01/2016

Como saben ustedes, el Gobierno asturiano no ha conseguido apoyos suficientes para aprobar el presupuesto de 2016, por lo que para la gestión de la Administración ha entrado en prórroga el presupuesto de 2015.

Naturalmente, el Gobierno ha señalado algunas actuaciones o proyectos que quedan de momento o definitivamente en suspenso, tales las relativas a oposiciones para profesores o a la devolución del 25% de la paga extra de la que en el 2012 se privó a los funcionarios.

Es sobre esta última cuestión sobre la que merece la pena realizar algún comentario. Es notorio que la eliminación de dicha paga por el Gobierno del PP provocó continuadas manifestaciones públicas de protesta, aun después de que, en los últimos tiempos, se viniese devolviendo parcialmente. Es más, constituye, en la memoria de la práctica universalidad de los funcionarios un agravio permanente y, yo diría, indesarraigable.

Ahora bien es sorprendente que un acto mucho más grave para los bolsillos de los funcionarios, la eliminación en el 2010 por Zapatero del 5% (por término medio) de todos los sueldos de los funcionarios (¡para toda la vida, año tras año!), ni haya sido objeto de réplica social ni haya quedado grabado en la conscienciade los empleados públicos.

Es, simplemente, como si nunca hubiera pasado.

No hace falta que les explique a ustedes las razones de esa desmemoria histórica tan sorprendente.

Una parte de la explicación reside en la configuración de la emocionalidad político-social de la población, pero la otra, la más importante, tiene su causa en los grupos y organizaciones que son capaces de movilizar selectivamente la opinión pública: lo hacen en una dirección, y no en otra. Y, como en esto, son capaces de convertir en invisible un daño grave y permanente y, al tiempo, conseguir sacar vívidas llamas hasta de los últimos rescoldos de un fuego.

El Derecho del Trabajo y el empleo público

Un excelente análisis de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo sobre la aplicación del Derecho Laboral al empleo público en El Derecho del Trabajo y el empleo público. En especial, reflexiones sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las aportaciones del magistrado Manuel Ramón Alarcón, de Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (VER DOCUMENTO COMPLETO AQUÍ)

Ramal de Navia, 14 millones pal Furacu

En el número 42 de la revista Atlántica XXII::

Un proyecto en vía muerta, el que ideó el expresidente Vicente Álvarez Areces para que una empresa privada, ENCE, sacara desde Navia y por tren la pasta de celulosa y diera así carga al puerto ampliado de El Musel, situado en Gijón, a más de cien kilómetros de distancia, y que ha costado ya unos 14 millones de euros y dejado una profunda herida en la citada localidad asturiana, es el tema de portada del nuevo número de ATLÁNTICA XXII, el 42, desde hoy viernes en los quioscos.

El reportaje, firmado por la periodista Patricia del Gallo y con fotografías de Sergio López, establece conexiones con el Caso Pokémon que investiga la jueza de Lugo Pilar de Lara y ocupa las primeras páginas de la revista, a las que sigue un análisis sobre las razones de los incontables incendios que asolaron a Asturias a finales del pasado año y sus posibles soluciones a cargo del periodista y bombero forestal Quique Faes. La sección de Información se completa con otros dos reportajes sobre las dificultades para desmontar la herencia recibida en los Ayuntamientos de Oviedo, Llanes y Cudillero tras soportar un régimen de casi un cuarto de siglo a manos de un único partido, escrito por el periodista Pablo Batalla, y sobre el fenómeno Ada Colau, la exitosa alcaldesa de Barcelona, realizado por Steven Forti, historiador e investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa.

Con la “Galería de hetedoroxos/as”, en la que Miguel Rojo entrevista a Paco García Pérez, se inicia la sección de Opinión, que cuenta en este número con las firmas de Santiago Alba Rico, Beatriz Rodríguez Viado, Miguel Rojo, Diego Díaz, Pelayo Fueyo y Mariano Antolín Rato.

Afondando, por su parte, incluye una entrevista al economista portugués Francisco Louça, exdirigente del Bloco de Esquerda, realizada por Diego Díaz, un reportaje con fotografías de Javier Bauluz sobre los refugiados utilizados como moneda de cambio por los Gobiernos europeos a cargo de la periodista Patricia Simón  y una denuncia sobre la desinversión en investigación en el Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias (ITMA) realizada por Elena Plaza. También se abordan otros asuntos relacionados con las consecuencias políticas del terrorismo islamista en París o los últimos mineros del Reino Unido, realizados in situ por las periodistas Lucía Menéndez y Rita Álvarez Tudela. Entre los temas históricos tratados están la falsa interpretación otorgada a la fiesta de los exconxuraos de Llanera, cuestionada por el periodista Aladino F. Pachón, y la modificación de bustos regios como símbolo del cambio político ya desde 1868, analizada por el historiador Sergio Sánchez Collantes. La sección se completa con un artículo humorístico sobre el tertuliano Francisco Marhuenda escrito por Paco Abril y un reportaje del periodista David Artime sobre El Ceares, el equipo de tercera división gijonés, referente popular frente al gran negocio futbolero.

En cuanto a Cultures, que se abre con la página artística firmada por el dúo Laramascoto, contiene una entrevista realizada por Carlos Barral al músico Rodrigo Cuevas, que participará en el concierto solidario con ATLÁNTICA XXII, un artículo sobre los discos y sellos underground firmado por Rafa Balbuena y una entrevista al escritor Marcelino Iglesias a cargo de Benigno Delmiro. Las colaboraciones habituales de Natalia Fernández Díaz-Cabal, Milio Rodríguez Cueto, Maxi Rodríguez y la Tira de Alberto Cimadevilla y Adolfo Manzano cierran el nuevo número.

La revista se vende en quioscos y librerías de toda Asturias, y en Madrid en la librería Traficantes de Sueños. Los suscriptores la reciben en sus domicilios o centros de trabajo, en Oviedo con reparto directo.

Los privilegios del oligopolio eléctrico

Público.es
Ignacio Mártil
Catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de econoNuestra

Durante casi toda la legislatura que acaba de finalizar, hemos oído en repetidas ocasiones por parte de los responsables del Ministerio de Industria que una de las principales razones causantes del encarecimiento del recibo de la luz eran las primas a las energías renovables, razonamiento que he desmontado en un artículo publicado en este blog. Sin embargo, en ningún momento hemos tenido la menor noticia de las generosísimas subvenciones que recibe la producción de energía basada en combustibles fósiles. Será casualidad, pero la práctica totalidad de las centrales basadas en esas fuentes pertenecen a las cinco grandes compañías eléctricas nacionales que, a efectos prácticos, funcionan como un auténtico oligopolio. En este artículo analizaré con detalle cuáles son esas subvenciones. Y si no quieren llamarlo subvenciones, llámenlo privilegios.

Las cinco grandes compañías del sector eléctrico. Agrupan alrededor del 90% de las ventas a clientes finales y alrededor del 60% de las ventas en el mercado mayorista.

Uno de las características de las centrales térmicas que utilizan como combustible, gas, carbón o uranio es que el precio al que venden la energía producida es fuertemente dependiente de las grandes inversiones realizadas en la instalación (nuclear sobre todo), así como del coste de adquisición del combustible (gas o carbón), que está sujeto a infinidad de variables, no todas de orden económico y que escapan por completo al control y a la capacidad de influencia de las empresas productoras. De ahí que el inversor necesite garantías de recuperación de su inversión a lo largo de la vida útil de la central y que esas garantías no estén vinculadas únicamente al precio al que pueda vender la energía producida, si no que se asegure mediante otros ingresos. Como la energía es un activo imprescindible para el crecimiento económico de cualquier país, los gobiernos, sean del color que sean, tratan de asegurar a las empresas implicadas la recuperación de su inversión. Hasta aquí, todo lógico y razonable.

El problema surge cuando los inversores son pocos y muy poderosos y funcionan como un oligopolio, que es el caso de numerosos países europeos, entre ellos el nuestro. Entonces, muchos gobiernos se pliegan a sus intereses y confunden intereses nacionales con empresariales. La forma habitual de velar por los intereses de las grandes corporaciones del sector eléctrico es retribuir muy generosamente a estas mediante conceptos que, siendo necesarios para el buen funcionamiento del sistema eléctrico, no se justifican por las cuantías que reciben, enormes en ocasiones, ni por el oscurantismo con el que algunos responsables políticos tratan de disimular sus decisiones de favorecerlas.

Analizo a continuación los conceptos mediante los que se retribuyen las energías basadas en combustibles fósiles y en uranio. Puesto que estos conceptos han cambiado a lo largo del tiempo, dividiré el artículo en dos partes. En la primera analizo aquellos mediante los que se retribuyen en la actualidad; en la segunda, los que se utilizaron para el mismo fin en el pasado. Como era de esperar, esas retribuciones las pagamos los usuarios en el recibo de la luz. Con objeto de clarificarlo todo lo posible, indico en que parte del recibo repercute cada uno de los conceptos analizados, ya sea en el precio de la energía, ya en los conocidos como costes regulados.

1. Subvenciones en la actualidad; crónica clarificadora de una realidad oscura

Servicios de ajuste del sistema. Algunas centrales de gas y carbón, por su singular ubicación geográfica, son requeridas en ocasiones por el operador del sistema, Red Eléctrica, para producir cantidades de energía no previstas inicialmente en el mercado mayorista. Debido a esa excepcionalidad, esas centrales cobran por la electricidad un precio muy superior al fijado por el mercado. La diferencia entre uno y otro llega a ser habitualmente del doble, aunque con picos que multiplican el valor del mercado por un factor 30. Dependiendo del mes del año, este concepto encarece el precio de la electricidad entre un 5% y un 20%.

Pagos por capacidad. Las centrales de gas y carbón obtienen una remuneración extra por el mero hecho de existir, y esto se justifica aduciendo que saber que existe esa disponibilidad introduce seguridad en el mercado. Esto ocurre en un sistema como el nuestro, que tiene un exceso de capacidad instalada de más del doble de la necesaria en los picos de demanda. El asunto llega hasta el extremo de que en 2014, hasta un total de 13 centrales de ciclo combinado, con un total de 5.900 MW de potencia, ¡funcionaron cero horas!. Este concepto repercute en un incremento del precio de la electricidad. En un recibo medio, suponen unos 50 € al año.

Servicio de Interrumpibilidad. De lo más peculiar y digno de la “Marca España”. Según consta en la página web de Red Eléctrica de España, “La interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda que aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la gran industria”. 

Como es algo confuso, lo traduzco: es un servicio que se presta a la gran industria que es gran consumidora de energía (papeleras, cementeras, RENFE). Cuando hay una fuerte demanda de energía en el sistema y para evitar posibles cortes de suministro a los pequeños consumidores, se obliga a esas grandes industrias a reducir su consumo a cambio de una compensación económica, compensación que corre a cargo, como no, de los consumidores. El asunto tendría alguna lógica si el sistema no pudiera dar respuesta a la demanda, pero carece por completo de ella habida cuenta de que, como ya he dicho en el punto anterior, nuestro sistema eléctrico está sobredimensionado; de hecho, no se hace uso de este servicio desde 2009, pero sí se paga por él ya que supuso 550 millones de euros en 2014. Hasta el año 2014, el coste se repercutía en los costes regulados, desde enero de 2015, en el precio de la electricidad.

Costes extra peninsulares. Las centrales eléctricas situadas en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla llevan aparejados costes de explotación mayores que las peninsulares. Para mantener el principio de equidad, que se traduce en una tarifa eléctrica única para todos los consumidores independientemente de su lugar de residencia, el precio que pagan los consumidores insulares es igual que el satisfecho por los peninsulares, con lo que el sobrecoste por la generación extra peninsular se reparta entre todos por igual, algo de sentido común por otra parte. Lo que sucede es que en este concepto nos ahorraríamos una buena cantidad si se fomentaran las energías renovables en las islas, pues es un hecho que allí, la energía eólica y la solar fotovoltaica son más baratas que las convencionales. Los costes por este concepto son variables también de un año a otro, pero se sitúan alrededor de los 1.500 millones de euros por año. Se repercuten en los costes regulados.

Retribución al carbón nacional. Con objeto de mantener abiertas las cuencas mineras del noroeste de España, el precio al que se paga el carbón que alimenta los 11.5000 MW de potencia instalada que usan este combustible está subvencionado, pues de otra forma el carbón de importación, más barato que el de las cuencas mineras, haría que estas tuvieran que cerrar. Esta es una de las pocas subvenciones de las que la ciudadanía tiene noticias, aunque no por la claridad de los responsables políticos, sino por las protestas periódicas del sector. Representa alrededor del 15% del total de la energía producida y esa subvención encarece el precio de la electricidad.

Déficit de tarifa. El rey de las subvenciones encubiertas a las grandes corporaciones eléctricas. Solo la explicación de su origen y situación actual sería motivo de una enciclopedia. En este mismo blog he publicado un artículo explicándolo.

2. Subvenciones en el pasado, crónica verdadera de una historia  mentirosa

Costes de Transición a la Competencia (CTC). Con anterioridad a la liberalización del mercado eléctrico, las empresas productoras de energía tenían reconocidos unos derechos de cobro que aseguraban la recuperación de las inversiones realizadas en las diversas instalaciones. Tras la liberalización del mercado en 1997 y al no estar satisfechos en su totalidad esos derechos, se decidió introducir un concepto que asegurara la recuperación de la inversión en un escenario que, en teoría, sería de libre competencia. Inicialmente se fijaron en 5.95 pesetas/kWh (0,036 €/kWh). La diferencia entre lo que se reconoció inicialmente y lo recibido en la práctica se sitúa en 3.600 millones de euros, nuevamente pagado por el bolsillo de los consumidores. En la actualidad este concepto ya está liquidado, pero el litigio por ese sobrecoste se ha reactivado hace pocos meses. Jorge Fabra, ex consejero de la CNE y ex presidente de Red Eléctrica declaró el pasado mes de julio que los beneficios recibidos a lo largo de décadas por parte de las centrales nucleares mediante los CTC son los principales responsables del déficit de tarifa del sistema eléctrico.

Moratoria nuclear. En 1984, el gobierno del PSOE decidió cancelar la instalación de nuevas centrales nucleares, así como impedir la entrada en funcionamiento de las que en ese momento estaban en diferentes fases de construcción. Para compensar a las empresas implicadas por las inversiones ya realizadas, se diseñó un procedimiento para indemnizarlas en años sucesivos hasta 2020, período acortado posteriormente hasta 2015. El pasado día 26 de octubre hemos acabado de pagar el último “recibo” de la moratoria nuclear. La realidad es que, más de treinta años después, aún no sabemos cuánto hemos pagado realmente por este concepto, ya que la información accesible es confusa y oscura, como tantos otros detalles del sistema eléctrico; hay estudios que cifran las cantidades pagadas por los consumidores hasta la fecha en 9.000 millones de euros, cuando las cantidades originalmente fijadas superaban ligeramente 4.000 millones de euros.

Gestión de residuos radiactivos. El uranio, una vez que se ha fisionado en una central nuclear, deja como producto de la reacción unos residuos que son radiactivos y que deben ser almacenados con seguridad en los denominados cementerios nucleares. Ese proceso conlleva unos costes que los consumidores hemos pagado hasta el año 2005 en su integridad y hasta 2010 parcialmente. A partir de 2010, son las empresas propietarias de las centrales las que se hacen cargo de los mismos, pero como la vida de las centrales está próxima a su fin, resulta que los consumidores hemos sufragado estos gastos durante la mayor parte de la vida útil de las centrales. Esos costes han supuesto entre 60 y 100 millones de euros cada año.

3. Unas brevísimas conclusiones

Es imprescindible que los futuros gobernantes salidos de las urnas el 20-D introduzcan algo de luz en esta desoladora oscuridad. Es obvio que obtener energía es muy costoso y muchos de los gastos que acarrea su obtención son imprescindibles para el correcto funcionamiento del sistema, pero los ciudadanos nos merecemos saber qué cuesta y por qué cuesta eso. En definitiva, nos merecemos claridad y transparencia.