9 julio, 2015 | Por en Crisis política e institucional
Se ha dado a conocer hace unos días, con
amplia repercusión en distintos medios de información, que el Tribunal
de Cuentas se ha sometido voluntariamente a una auditoría externa
siguiendo el modelo de “Revisión entre Pares” (Peer Review) que
permite fiscalizar al fiscalizador. El examen lo han realizado el
Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal y este
lunes han entregado los resultados al Presidente de la institución
española. Todavía no hemos podido leer detenidamente el texto del
Informe (que, según ha anunciado su Presidente será publicado en la
página web del Tribunal de Cuentas) los medios de información han hecho
públicas unas primeras conclusiones, en todo caso muy sumarias.
Antes de analizar estas conclusiones cabe preguntarse por la razón de
que se haya pedido este Informe. Y la respuesta la encontramos un año
antes, esto es en julio de 2014,
cuando ante el impacto que en la opinión pública tuvieron las noticias
aparecidas en el diario “El País” (sobre corruptelas en los contratos
celebrados por el Tribunal y nepotismo en los nombramientos) su
Presidente propuso en el Congreso de los Diputados someter al Tribunal
de Cuentas a una revisión, por instituciones foráneas análogas, cuyo
objeto fuera verificar la calidad del funcionamiento operativo del
Tribunal así como el cumplimiento de las normas por las que se rige.
Por tanto, por primera vez en nuestra historia, el órgano a quien se
confía la misión de velar por el buen uso de nuestros impuestos se
somete a sí mismo a un control de los procedimientos que aplica para
cumplir su función. Conviene aclarar que esta revisión de
procedimientos es una práctica habitual entre los órganos supremos de
control de distintos países. Y que esta revisión no es tampoco una
auditoría sobre las operaciones con trascendencia económica llevadas a
cabo por el Tribunal. Además hay que destacar que, precisamente por
tratarse de una revisión entre instituciones homólogas, se cuidan mucho
las formas a la hora de exponer las conclusiones, de manera que son
redactadas de forma exquisita, evitando despertar susceptibilidades de
forma innecesaria, o, dicho en plata, dejar en mal lugar a la
institución controlada.
En definitiva, unas malas prácticas denunciadas por la prensa han
servido para que el Tribunal de Cuentas se someta voluntariamente al
control de un tercero lo que, aun siendo práctica habitual en otros
países (el Tribunal de Cuentas español había efectuado una revisión
similar respecto al Tribunal de Cuentas peruano tal y como declaró su
Presidente en el Congreso) no lo era en absoluto en el caso de España,
en el que hasta ayer mismo la pregunta de quien controla al controlador
tenía una respuesta muy contundente: nadie.
Respecto a las conclusiones que se han conocido destaca la referente a
la politización del Tribunal de Cuentas. Esta conclusión coincide con
la percepción pública existente respecto a la influencia política que se
ejerce sobre los consejeros , así como respecto al abuso de los
procedimientos de libre designación.
La crítica que se hace de la politización del Tribunal resulta
especialmente interesante porque la hace el propio Tribunal de Cuentas
europeo, con toda la autoridad que se le supone, y no se puede seguir
eludiendo, como si fuera la mera opinión de unos juristas excesivamente
críticos (como ha podido ser interpretada cuando se ha realizado desde
este blog) o la de unos periodistas no especializados (cuando se ha
hecho desde la prensa).
Y eso que hay que subrayar-lo que es particularmente significativo-,
la forma o procedimientos de designación de los Consejeros del Tribunal
no estaban entre los objetivos de la revisión, que se limitaban a los
procedimientos operativos empleados por el propio Tribunal, sin
cuestionar algo en principio previo y ajeno a los mismos como es la
forma en que el Parlamento nombra a los Consejeros del supremo órgano
controlador del Estado. Aunque sin duda debió de sorprender mucho a los
miembros de los Tribunales de Cuentas europeo y portugués como se había
llevado a cabo dichos nombramientos.
No es para menos. En efecto, el nombramiento de los actuales doce
consejeros del Tribunal de Cuentas se produjo en julio de 2012 cuando
los respectivos Secretarios Generales del Partido Popular y del PSOE se
pusieron de acuerdo en renovarlo haciendo “pack” con nada menos que el
Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión
Española. En función de unos procedimientos absolutamente opacos -pues
se desconocía quien o quienes se habían postulado para tales puestos,
cuáles eran sus méritos, por qué se eligió a unos y no a otros, etc,
etc- un buen día de julio de 2012 pudimos conocer por la prensa que
ambos partidos habían consensuado los nombres de quienes iban a regir
los destinos de estas altas instituciones del Estado. Pero con la
finalidad fundamental -como se ha escrito en este blog en múltiples
ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí)- de
colocar a los próximos en sitios clave, como si este “método”, además,
fuera un saludable mecanismo de renovación democrática, dado que se
habían puesto todos de acuerdo en repartírselos.
En el informe se critica el abuso que se hace del sistema de libre
designación para cubrir los puestos directivos del Tribunal, señalando
que crea un clima de conflicto y tensión entre el personal, señalando
que esa tensión responde a las relaciones existentes entre los
funcionarios de cuerpos propios del Tribunal de Cuentas y los
funcionarios llegados desde otras instituciones.
Aunque lo realmente preocupante no sería tanto las tensiones entre
distintos cuerpos funcionariales sino el uso abusivo del sistema de
libre designación. En efecto, si partimos de la base una institución
excesivamente politizada y dónde sus funcionarios -que se suponen
desarrollan un cometido esencialmente técnico- son nombrados -y cesados-
discrecionalmente, por quienes han sido elegidos con criterios
políticos, el resultado salta a simple vista y es lo que sin duda debió
sorprender a los examinadores de nuestro máximo órgano de control.
Precisamente por esa razón las conclusiones que hemos conocido por la
prensa destacan ante todo estas dos debilidades de dicha institución. Y
sin duda aciertan. En efecto, un órgano cuya razón de ser es verificar
como nuestros políticos elegidos democráticamente gastan el dinero de
nuestros impuestos, debe mantenerse firmemente al margen de las batallas
políticas y cumplir una función esencialmente técnica, contando para
ello con el mejor capital humano (tanto a nivel de dirección como
funcionarial) del que puede dotarse. Sólo así puede cumplir la función
que justifica su propia existencia y gozar de la confianza que recibe de
la sociedad, particularmente en estos momentos tan delicados.
No obstante, justo también es reconocer al propio Tribunal de Cuentas
y especialmente a su Presidente, la iniciativa, aún forzado por las
circunstancias, de someter al Tribunal a tan cualificado examen. A la
espera estamos de poder leer el texto del Informe como de conocer las
medidas que se adoptarán para paliar las debilidades que se apuntan.
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