Centro de formación de Fucomi en San Martín del Rey Aurelio. Foto / Fernando Rodríguez.
Carlos Mier / Periodista.
Atlántica XXII
Hubo un tiempo en el que el lema ‘Fucomi: Fuma, Cobra y Mira’ fue trending
topic mucho antes de que existiera Twitter y que las pintadas en las
paredes dejaran de reflejar el sentir social. Sin embargo, más allá de la
sempiterna discusión sobre la utilidad de uno de los instrumentos clave en la
formación laboral de los jóvenes de las cuencas mineras, una cosa parece clara:
el proceso de desmantelamiento de la gran escuela-taller es un hecho
constatable.
Atrás quedan los días en los que la Fundación de las Comarcas Mineras -cuyo Patronato
rector está formado por representantes del Principado, del Ministerio de
Trabajo, del SOMA, de CCOO y de Hunosa- recibía subvenciones anuales cercanas
al millón de euros y organizaba e impartía infinidad de cursos de formación. En
2013, Fucomi ha recibido unos escuetos 150.000 euros, después de un recorte
brutal -mucho menos acusado en el resto de fundaciones dependientes del
Principado- y su futuro a medio plazo parece estar escrito en el epitafio de
una lápida.
Además, en diciembre de 2013, dentro de un ‘plan de viabilidad’ del
Principado, se despidió de manera sorprendente al gerente de la entidad, Jorge
Suárez -muy crítico con los recortes del Gobierno autonómico-, para, un mes
después -y a pesar de que el presidente de la entidad, el consejero de
Economía Graciano Torre, anunció que no habría más despidos- enseñar la puerta
de salida a otros cuatro empleados. Todos ellos “casualmente sin ninguna
vinculación política o sindical”, según una fuente muy próxima a la entidad y
conocedora de la situación interna. Todos han ganado en los juzgados sus
demandas por despido improcedente.
De esta manera, Fucomi se ha convertido en un “instrumento hueco para dar
cuatro cursillos”, ya que se ha destituido al responsable de orientación y al
de inserción, a pesar de que la fundación consiguió autorización por parte del
Ministerio de Empleo para operar como Agencia de Colocación, obteniendo en la
presentación del proyecto la quinta mejor nota de valoración a nivel nacional.
De los siete trabajadores que se han quedado, hay parentescos para todos los
gustos, según ha podido conocer este medio de fuentes fiables. Raquel Camporro
es la actual directora de formación. Está emparentada con Antonio Hevia, ex
líder de CCOO, y cobra un sueldo bruto de 52.000 euros al año. Con el mismo
sueldo que Camporro sigue trabajando el director de administración, Antonio
Álvarez, yerno de Antonio Arnedo, sindicalista muy próximo a Villa, secretario
general de técnicos y cuadros del SOMA y miembro de su comisión ejecutiva
durante más de diez años. El hijo de éste, Eusebio Arnedo, fue el primer
gerente de Fucomi.
También continúa ligado a la empresa Paulino Gutiérrez. Trabaja de contable
y es hermano de Avelino Gutiérrez, miembro de la comisión ejecutiva del SOMA.
Tiene un sueldo de 30.444 euros brutos al año. Adoración Fernández,
administrativa, es familiar de José Manuel Vega, muy próximo al SOMA y antiguo
director del IFR (hoy IDEPA). Su sueldo anual asciende a 22.132 euros. El
técnico Laudelino Rozada es cuñado de Jesús Ángel Sierra, quien fuera
secretario general de la agrupación socialista de Langreo. Cobra 31.848 euros
brutos al año. Y por último María Eloína Uría, hija de Joaquín Uría, destacado
miembro de CCOO, ex alcalde de Morcín y uno de los encerrados en el Pozo
Barredo, es administrativa y cobraba unos 22.000. Ahora no llega a los 12.000
trabajando a media jornada.
Su padre niega que la haya “enchufado” y asegura que solo se movió para que
pudiera participar en la prueba de selección. Y añade que le contaron que la
contratación de su hija provocó una bronca de José Ángel Fernández Villa a un
jefe de formación de Hunosa. Joaquín Uría no niega que los sindicatos mineros,
incluida CCOO, hayan colocado a los suyos en todo tipo de empresas. “En época
de los chamizos fue evidente y todo el mundo sabe que La Camocha era un coladero”,
afirma.
También pasó por Fucomi el hijo de José Ángel Fernández Villa, Rolando
Fernández, como coordinador de un par de centros ocupacionales, antes de
recalar en la
Fundación Fasad, dependiente del Principado, y en el
geriátrico del Montepío.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 36, ENERO DE 2015
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