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La empresa no aportaba «ni siquiera el papel», en un acuerdo por el que «proporcionaba mano de obra barata» para un servicio «esencial»
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La justicia condena al Ayuntamiento por cesión ilegal del personal de la centralita de Bomberos
El personal de la centralita de emergencias del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento (Bomberos) «presta un servicio básico y
esencial de la entidad local», el Ayuntamiento, «para la comunidad». Lo
dice la magistrada María de los Ángeles Andrés, titular del Juzgado de
lo Social Número 3 de los de Oviedo. También dice que lo hacía a través
de una clara «cesión ilegal de trabajadores», en la que una empresa CEE
Sertel, vinculada a la ONCE, se limitaba «a proporcionar mano de obra
barata» al Ayuntamiento y nada más. «Ni siquiera el papel», resume la
magistrada en la sentencia que acaba de reconocer su derecho a
incorporarse a la plantilla municipal como personal laboral indefinido,
«en iguales condiciones y con idénticos derechos que un trabajador de la
entidad local destinado en puesto de trabajo similar». Lo de las
condiciones no es baladí. Los trabajadores, algunos con 20 años de
antigüedad, cobran según el convenio de los 'call centers' salarios por
39 horas semanales que no llegan a los 16.000 euros anuales, para la
«coordinadora».
La sentencia destaca que ni el Ayuntamiento conocía a las teóricas
supervisoras del contrato, que, de hecho, trabajaban en Madrid; que la
empresa tampoco formaba al personal -lo hacían entre ellos mismos-, y
que CEE Sertel les escribió varios correos para preguntarles cuáles eran
sus funciones, qué medios y aplicaciones usaban, que tipo de llamadas
atendían y qué protocolo seguían.
La jueza es especialmente crítica con una contrata para la que «no
encuentra justificación técnica», pues «toda la infraestructura del
servicio la aporta» la administración y en el que los trabajadores han
hecho tareas al margen del contrato por indicación de mandos
municipales. Entre ellas y de forma llamativa, «el control de accesos»
al edificio de Seguridad Ciudadana.
La demanda, interpuesta con el respaldo de la CSI, se suma a la larga
serie de pleitos que han acabado por 'llenar' la plantilla municipal de
personal laboral indefinido no fijo. Una categoría que con la reciente y
se supone que transitoria, si el Principado saca adelante el consorcio
prometido, entrada del personal de las escuelas infantiles pasa de los
150 trabajadores, por apenas 650 funcionarios en activo. Su futuro no
está claro. Algunos sindicatos proponen su funcionarización; otros que
sus plazas salgan a oferta de empleo público. El descontrol con el
personal de las subcontratas motivó un duro informe de Abogacía en el
que responsabilizaba a los jefes de cada servicio del cumplimiento de
una serie de normas para evitar su entrada por la puerta de atrás en el
Ayuntamiento.
Firmas y acoso negado
Ninguna se cumplía en el caso del personal de Sertel. El equipo de
gobierno incluyó el servicio y su personal en el pliego del polémico
contrato de Modernización en un intento postrero de reconducir la
situación. La empresa mantiene también el contrato de atención
telefónica de la centralita municipal.
En noviembre, un grupo de 58 bomberos firmó un escrito dirigido al
alcalde en el que pedía que mediase para poner fin al acoso que sufrían
las trabajadoras de la centralita por parte de los jefes de Bomberos y
Policía Local, que según el escrito, las responsabilizaban del mal
funcionamiento de la centralita desde su traslado a las dependencias
policiales. El Ayuntamiento abrió una investigación que concluyó que no
existían tal acoso y que las relaciones con las trabajadores entraban
dentro de la normalidad. Salvo en el orden jurídico laboral, claro.
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