El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en sentencia de 7 de noviembre, que se acaba de notificar a los recurrentes, miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, declara nulo el sistema de nombramiento por libre designación ( a dedo) de los letrados del Servicio Jurídico del Principado y del Servicio Jurídico del Servicio de Salud (SESPA). En concreto, en 13 puestos de letrado del Servicio Jurídico del Principado y en 6 puestos de letrado del SESPA.
La sentencia afirma, como ya lo hicieron con anterioridad otras relativas a Jefes de Servicio, asesores, interventores etc.-, que no concurren en los puestos de letrado del Principado ningún elemento o circunstancia de especial responsabilidad y confianza que justifique el uso del sistema de nombramiento excepcional por libre designación, en lugar del normal del concurso de méritos.
De esta forma, el TSJA declara ilegal, por contraria a Derecho, la relación de puestos de trabajo aprobada por el Gobierno Areces el 20 de junio de 2011, en los estertores de su mandato, como herencia envenenada - pero muy sintomática - del sistema clientelista de carrera profesional consolidado bajo su mandato.
Se trata de la sexta sentencia consecutiva ganada por miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies por la utilización abusiva y manifiestamente ilegal del procedimiento de nombramiento a dedo de funcionarios en puestos de ascenso en la carrera profesional. El resultado de este reiterado y continuo fraude de ley bate los más nefastos récords conocidos en materia de Función Pública: todas las relaciones de puestos de trabajo aprobadas desde el año 2007 por el Gobierno del Principado han sido anuladas por la Justicia.
La situación sigue manteniéndose, en la actualidad, con el Gobierno de Javier Fernández, que ha decidido acudir a las mismas vías de escape de la legalidad y de huida hacia adelante que caracterizaron la gestión de la exconsejera Migoya, recurriendo ante el Tribunal Supremo la última de las sentencias condenatorias del abuso de libre designación, en concreto la fechada el 10 de octubre de 2012, que - paradójicamente - anulaba una RPT aprobada por el Gobierno de Cascos.
Es indudable que son muy poderosas las razones que impulsan al actual Gobierno autonómico a seguir la senda marcada por sus predecesores, hasta el punto de que puede decirse que lo que se está jugando aquí, con la perpetuación abusiva del sistema de nombramientos a dedo, es el control partidista de la Administración Pública, de naturaleza claramente caciquil y, por ende, la propia existencia de una Administración Pública verdaderamente democrática en su funcionamiento, imparcial y al servicio exclusivo de los intereses generales de los asturianos y asturianas.
Llama poderosamente la atención la hipocresía o doble moral que sobre este asunto crucial viene desplegando el PSOE - partido que sustenta al Gobierno del Sr. Fernández -, que en Asturias defiende, en clara rebeldía frente a la Justicia, el recurso abusivo a los nombramientos a dedo, mientras que en las Comunidades Autónomas en las que figura en la oposición plantea iniciativas legislativas para poner coto a este sistema clientelista. La última de ellas, en la vecina comunidad de Castilla y León, en la que el PSOE acaba de presentar una iniciativa para limitar por ley los puestos de libre designación.
Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies entendemos que esta especie de fuga fraudulenta permanente de las decisiones judiciales, financiada con dinero de los asturianos, debe tener fin. Por ello, estudiamos ya el ejercicio de acciones en vía penal.
Pues enhorabuena por la sentencia, pero creo que además de otro brindis al sol (volverá a no ejecutarse) será de las últimas que podáis recurrir por vosotros mismos teniendo en cuanta el nuevo recorte de derechos a los funcionarios en cuanto a este derecho de la Ley 10/2012.
ResponderEliminarhttp://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
Hacéis bien en recurrir en lo sucesivo al orden penal (al menos ahí aún no hay tasas).
Por cierto, ¿procederá aquí la petición de amparo a la defensora del pueblo? (ya sé que no va a hacer nada, pero en fin). Lo digo porque en la exposición de motivos dice que no cobrará para equipararnos al orden social, pero que yo sepa, en ese orden, al menos en primera instancia los trabajadores pueden recurrir por sí mismos y no se precisa de procurador.
De los sindicatos en general no esperéis apoyo, que la medida les viene bien (hará que la gente se tenga que afiliar para acceder a sus abogados).