Corporativismo y populismo

Josep Ramoneda, en El País

La deliberación es un componente esencial de la política democrática, difícilmente compatible con la exaltación y con los estados emocionales de la opinión pública. En este país hay una tendencia creciente a actuar a golpe de acontecimiento, que es lo más contrario al razonamiento democrático. Hay un crimen execrable, inmediatamente el Gobierno o la oposición propone endurecer el Código Penal; hay una decisión judicial que no gusta, siempre aparece alguien para exigir que se cambien las leyes. Por este camino, acontecimiento tras acontecimiento, España se va convirtiendo en un país altamente represivo, con un crecimiento imparable de la población penitenciaria.
El Consejo General del Poder Judicial castiga como falta leve una negligencia del juez Tirado que la opinión pública considera merecedora de la calificación de grave. Bajo el empuje del impacto emocional del asesinato de la niña Mari Luz, cometido por el beneficiario de la negligencia judicial, la decisión del gobierno de los jueces ha servido para dar visibilidad a algunos de los vicios de la democracia española.
En primer lugar, la dificultad de legitimarse, es decir, de adquirir aureola de autoridad y responsabilidad, que tienen algunas instituciones clave del sistema español. El caso Mari Luz era el estreno de un Consejo del Poder Judicial que nació incorporando todos los estigmas de la politización partidista, pero que en sus primeras manifestaciones parecía asumir que no se podía seguir por la vía del traslado de la confrontación política al seno de las instituciones judiciales. La sanción al juez Tirado ha dividido el voto en dos frentes: los jueces y los demás (abogados y fiscales). Otra vez la sospecha de parcialidad: ayer la política, hoy el corporativismo.
En segundo lugar, el oportunismo populista de la política española. Apenas conocida la decisión, el ministro de Justicia anuncia que va a cambiar la ley. La calificación de falta grave está prevista en la legislación, han sido los miembros del consejo los que han considerado que la falta era leve. ¿Culpa de la ley o culpa de los jueces? Si es la ley la que ha fallado, no acusen de corporativismo a los jueces. Y si la ley estaba bien, ¿por qué cambiarla?
En tercer lugar, la tendencia político-mediática a crear tornados en la opinión pública a partir de determinados acontecimientos. Yo también pienso que los jueces han sido impropiamente condescendientes con su colega. Pero ello no impide situar las cosas en sus justos términos. Hay en España 1.700.000 ejecuciones retrasadas. La del juez Tirado era una de éstas. Por probabilidad estadística seguro que hay más de un retraso que afecta a personas capaces de reincidencia grave. Y, sin embargo, hasta que uno de estos delincuentes cometa algún crimen nadie se acordará de estos casos. El juez Tirado es culpable de una negligencia en la transmisión de una sentencia. Pero no del asesinato de Mari Luz. En vez de anunciar reformas legislativas, quizás sería más eficaz que el ministro Bermejo hiciera lo que esté de su mano para que las sentencias pendientes se tramiten. Y que el Consejo tomará decisiones en todos aquellos casos en que hubiera negligencia manifiesta, en vez de esperar que una nueva tragedia vuelva a calentar los ánimos y a sacar el debate fuera del clima necesario para la deliberación democrática.
Hay problemas reales en la justicia que hacen que los ciudadanos no reciban un servicio con la calidad exigible. Hay deficiencias objetivas e intereses corporativistas, como en todas partes. En una carrera, la judicial, en que los conservadores son mayoría no es extraño que la confrontación se intensifique con un Gobierno socialista en el poder. En España se ha optado por un sistema en que la independencia del poder judicial no se ciñe sólo al ámbito de la jurisdicción, que culmina en el Tribunal Supremo. Parte de la gestión de la justicia recae en manos de los jueces, a través del Consejo General del Poder Judicial, unido por la cúspide con el Supremo. Lo cual es, a menudo, un factor de confusión y merecería una reflexión sin presiones ni urgencias.
Pero, por encima de todo, los distintos rebotes del caso Mari Luz me parecen síntomas de algo muy preocupante: la conversión de nuestra democracia en una democracia corporativa -en que los gremios y las grandes compañías pesan de modo determinante sobre la política- y populista -que es la huida hacia delante de los gobernantes ante el poder corporativo. En este país todavía es necesario repetir que en una democracia representativa los estados emocionales de la ciudadanía no pueden condicionar las leyes. Si se siguiera este camino no tardaríamos en ser uno de los Estados más represivos.