Lleva razón don Maximino

Artículo de miembros de COFPA publicado en el Diario la Nueva España

LA NUEVA ESPAÑA del día 5 de junio se hacía eco de que la Asociación del Cuerpo Superior de Administradores del Principado se había dirigido a la totalidad de los miembros del Gobierno para expresar su rechazo a la vulneración de la legalidad en la provisión de los cargos de secretarios generales técnicos y directores generales, por cuanto, si bien la ley vigente en la Administración asturiana da preferencia al efecto a los funcionarios de los cuerpos superiores, el Gobierno del Principado está obviando esta obligación legal sin justificar adecuadamente los motivos. Según la noticia periodística, el escrito lo firma el presidente de la asociación, don Maximino Fernández García.
Sin duda, don Maximino conoce bien este asunto, porque ocupó puestos de alto cargo o de confianza política desde 1982 hasta el fin de la pasada legislatura (verano de 2007), entre otros, los de secretario general técnico, director del Instituto de Administración Pública Adolfo Posada y jefe del secretariado del Gobierno. Como la exigencia ilegal a la que alude el escrito que ahora dirige al Gobierno del Principado fue establecida ya en una ley de 1991 (ley 8/1991, de 30 de julio) y desde entonces han sido muchos los nombramientos de altos cargos por parte del Consejo de Gobierno que vulneraron dicha norma, designando a personas que no eran funcionarios sin motivación alguna para ello, y teniendo en cuenta que todos esos acuerdos debían pasar preceptiva y previamente por la comisión de secretarios técnicos de la que formaba parte don Maximino, está claro que sabe muy bien de lo que habla.
Pero tratando de legalidad y de objetividad en la gestión del empleo público y de garantía de las condiciones de imparcialidad en el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios, también resultaría muy conveniente exigir trasparencia en la composición de los tribunales de selección de personal y en el cumplimiento de la legalidad para que los nombramientos digitales tengan un carácter excepcional o para que los concursos de méritos sean convocados en los plazos legalmente establecidos, cortando así con las comisiones de servicio irregulares. Con todo ello se posibilitaría el inicio de una carrera profesional objetiva y no sometida al control político.
El hecho denunciado por la asociación del Cuerpo Superior de Administradores es cierto, pero se trata de una pequeña parte del problema, de una gota de agua dentro del océano de irregularidades que dan vida a una administración esencial clientelar, construida por el poder político con la colaboración activa de algunos funcionarios de élite.

Javier Álvarez Villa,Silvino Cordero Pando yXurde Blanco Puente,funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias