CONFLICTO LABORAL DE AUXILIARES EDUCADORES/AS, FISIOTERAPEUTAS Y OPERARIOS/AS DE SERVICIO Y COCINEROS/AS

 Publicamos el documento elaborado por el colectivo de Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas, de la Consejería de Educación, afectados actualmente por el recorte decidido en acuerdo del Consejo de gobierno de 10/10./2016

El trabajo con salario de miseria se instala de la mano del Partido Socialista.

    Desde hace tiempo todos los trabajadores/as de las administraciones públicas vienen sufriendo continuos recortes de sus derechos laborales. Esto parece no ser suficiente para nuestros dirigentes de la Consejería de Educación que aún pretenden intensificar la precarización de las condiciones laborales del colectivo de auxiliares educadores/as, fisioterapeutas, cocineos/as y operarios/as de la Consejería de Educación. 

    En el caso de  estos colectivos  los recortes de sus derechos laborales ya vienen de largo. Los AEs en las trasferencias autonómicas fueron reclasificados de un  grupo C que provenían al D. Desde 2005 AEs y fisios pierden el destino único,  pasando a estar destinados en un  Sector, es decir a ocupar una zona que comprenden varios concejo, siendo obligado a coger sus vacaciones en el mes de agosto, con el consiguiente perjuicio económico. A esto se une la supresión del concurso interno que todos los años venía realizándose al inicio de curso, con el fin de escoger destino en la zona correspondiente, una vez analizadas las necesidades de matrícula escolar.

    Los operarios han sufrido la mayor supresión de plazas hasta el momento con una amortización de 25 plazas de las cuales 23 se produjeron en la consejería de Educación. En cuatro años ya se han cargado más de 50 plazas. Esto un privatización cada vez menos encubierta  de los puestos de operarios/as y limpiadores/as 

    En este momento, y tras las distintas sentencias judiciales que tumbaron la contratación por “cúmulos de tareas” de  Aes y fisios, situación por la cual eran contratados de forma trimestral para ahorrarse el pago de vacaciones, la Consejería de Educación ha presentado, aprovechando el período vacacional de agosto, una modificación del catálogo de puestos de trabajo. En esta modificación, por una parte se suprimen 28 plazas de operarios/as de servicios y limpiadoras/es, y las plazas que se venían contratando con cúmulos de tareas de Aes,  ahora se crean a tiempo parcial con una proporcionalidad sobre la jornada completa. Es decir, que a estos trabajadores/as se les calcula una  jornada total  anual, contabilizando únicamente los días lectivos del curso escolar, y se les obliga a coger vacaciones en agosto, quedando el mes de Julio a disposición de la administración para realización de cursos, atención a menores en otros programas, etc.  De esta forma se pretende que permanezcan contratados todo el año, trabajando a jornada completa, pero con el salario reducido hasta en un 70%, resultado de prorratear en forma de descuento en el porcentaje mensual a cobrar el salario correspondiente a  los días no lectivos totales anuales . Por tanto, de este modo se puede producir unas rebajas salariales de hasta el 30% de sueldo, realizando el mismo trabajo que hasta ahora.. 

    Pero estos cálculos de jornada parcial no son fijos, sino que cambiarán por cursos e incluso durante el transcurso del mismo curso escolar. Como ejemplo podemos poner a  un AE contratado para un centro con alumnado que es usuario de comedor, puede ver reducida su parcialidad si el alumno abandona el servicio de comedor con la consiguiente disminución en su  remuneración.  

    Esta modalidad de contratación se iniciará  con estas nuevas plazas creadas que previsiblemente  serán adjudicadas a personal interino, pero en un futuro aquellas plazas que queden vacantes temporalmente, como consecuencia de excedencia, jubilación, traslado, etc, pasarán a jornada parcial, con estas mismas condicioneslaborales. 

    Y todos estos recortes se realizan con la excusa de un ínfimo ahorro  dentro de los presupuestos que maneja  la Consejería de Educación. Estaríamos hablando de poco más de 5.000 euros al mes lo que se ahorrarían con esta nueva modalidad de contratación. Con todo esto un auxiliar educador puede llegar a cobrar unos 680 euros al mes realizando las mismas tareas que sus compañeros/as en el mismo centro de trabajo. Según La Carta Social Europea, una especie convenio internacional regulador de todos los derechos laborales y sociales de los países europeos, establece que todos los empleados con salarios que estén por debajo de los 856 euros brutos se consideraran trabajadores pobres. Es decir que la Consejería de Educación está condenando a sus trabajadores/as a una situación de pobreza y exclusión social.

    Por otro lado cabe recordar que estos trabajadores prestan servicios en colegios ordinarios, o de escolarización específica, atendiendo especialmente a niños/as con dictamen de escolarización con necesidades educativas especiales (n.e.e.), derivada de algún tipo de diversidad funcional,  y abarcando ésta cualquiera de sus posibles manifestaciones: ceguera, sordera, retraso madurativo, síndrome de down,  autismo, asperger, problemas motóricos, etc, etc. Por ello están permanentemente realizando funciones de carácter educativo correspondientes a categorías superiores, recibiendo para ello formación específica anualmente impartida por el IAAP, sin que ninguna de estas funciones sean  reconocidas como educativas por parte de la Consejería de Educación,  impidiendo además sistemáticamente que este trabajo figure recogido en ningún documento oficial, con la finalidad de que se siga prestando el mismo, sin tener que pagar por  ello. Una situación esperpéntica, ya que se pretende hacer creer que a pesar de tratarse siempre de tareas de atención directa con el alumnado,  esta atención sería educativa o no, no sabemos si en  función de las personas que la presten en cada momento o simplemente se pretende presuponer que por tratarse de niños/as con n.e.e.  no existe tal posibilidad de prestar atención educativa. De esta manera,  únicamente se nos reconocen labores asistenciales ( desplazamientos, cambios de ropa y pañales y vigilancia ). Sin embargo es conocido por padres, alumnos y profesores la realidad silenciosa del trabajo que se está realizando este colectivo y que consiste además de labores asistenciales, en  elaboración y puesta en práctica de programas  de autonomías, apoyo en la integración social, control  funciones fisiológicas, y de autonomía personal y social, puesta en práctica de pautas de control de conductas disruptivas y agresivas, coordinación con los demás profesionales del centro, etc, así como apoyo en general con todo el alumnado escolarizado, ya que resulta imposible seleccionar la atención que se presta al alumnado en función de si cada alumno tiene o no algún tipo de necesidad educativa especial.

Consecuencias de estas medidas

Además de la ya reseñada reducción salarial,  la reconversión de las plazas de Aes y fisios de tiempo completo a tiempo parcial supone:

1º- Una clara discriminación entre el personal con antigüedad y el personal de nuevo ingreso o interino, ya que realizarán el mismo trabajo con una gran diferencia salarial.  2º.- Significa asimismo el fin de la movilidad laboral y promoción profesional de los trabajadores a esta categoría laboral, pues ningún trabajador podrá promocionar internamente ni trasladarse mediante a concurso a  la Consejería de Educación ya que percibiría un sueldo igual o inferior.

3º.- Supone  también la precarización del servicio de atención a la diversidad, ya que  por estar  vinculados contractualmente con la administración durante todo el año, estos trabajadores  no podrán buscar otro trabajo en los períodos no lectivos. De esta manera se puede prever fácilmente que habrá una alta movilidad en estos puestos, con el consiguiente perjuicio para estas niñas y niños  que siempre necesitan una referencia personal estable en el centro educativo, tal y como por otra parte recogen siempre los informes de evaluación.

4º.-Además de todo ello, las plazas de estructura que se vayan quedando vacantes por traslados, jubilaciones, etc, serán automáticamente reconfiguradas a tiempo parcial, con lo que en un futuro bien cercano, TODAS las plazas de Auxiliares Educadores y Fisioterapeutas SERÁN A JORNADA PARCIAL, pero a tiempo de trabajo total como hasta ahora.

Por tanto en este momento no se está demandando subida de salarios, ni mejoras en las condiciones de trabajo. Se pretende únicamente que  se conserve la mantenga la situación  actual en el régimen de contratación laboral igual para los trabajadores fijos,  interinos, o de nuevo ingreso, así como que se ponga fin de la privatización encubierta de las plazas de operarios deservicio y se reconozca la labor que estos trabajadores están realizando dentro del sistema educativo.

Comparando el presupuesto de la Consejería de Educación (730 muillones de Euros anuales), con el coste que supondría no aplicar esta medida (unos 50.000€ al año) obtenemos un porcentaje del 0,007% del mismo, lo cuál viene a desmontar cualquier intento de justificación en el sentido economicista.

Externalización del empleo público y degradación de los principios de mérito y capacidad

 La actualidad del debate sobre las consecuencias de la  privatización de los servicios públicos,  los procesos de recuperación de la gestión directa de los mismos (remunicipalizaciones etc.) y sus efectos sobre el empleo público, nos lleva reproducir aquí  un artículo especialmente revelador que ya publicamos en este blog el 1 de marzo del 2015

Externalización del empleo público y degración de los principios de mérito y capacidad

Susana Rodríguez Escanciano
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (acreditada a Cátedra de Universidad)
Universidad de León 

VER ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ 

El IVAP incluye nuestro blog en su Servicio de Documentación y Biblioteca

La página web del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) incluye un enlace al blog del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies dentro de su Servicio de Biblioteca y Publicaciones. En el apartado de "Enlaces de interés" sobre Administración Pública se integran un total de catorce enlaces a blogs de Derecho Administrativo y Gestión Pública, entre ellos el de nuestra asociación.

Para el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies la referencia que el Organismo público de selección y formación de recursos humanos del Gobierno Vasco hace a este blog como fuente de conocimiento e información, supone un indudable estímulo y el reconocimiento de que la labor divulgativa que venimos haciendo en los ochos años de existencia ha encontrado interés en ámbitos e instituciones de indudable relevancia y prestigio.

Agradecemos, por tanto, al IVAP el reconocimiento que nos dispensa y confiamos en que la información que ofrezcamos a partir de ahora pueda mantener el nivel de calidad y rigor necesarios para seguir siendo un blog de referencia en su página web.

Aunque los reconocimientos en la tierra propia resulten bastante más complicados, no descartamos que, en algún momento, el blog del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies deje de ser una referencia informativa clandestina para el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada e incorpore un enlace en su página oficial. 

NECESIDAD DE UN PROCEDIMIENTO REGLADO PARA DESIGNAR LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.

Reproducimos aquí la entrada del blog de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa sobre la necesidad de regular un procedimiento reglado para designar los miembros de los tribunales de selección de personal. Se trata de una exigencia absolutamente básica para evitar los fraudes y adulteraciones en los procedimientos selectivos del acceso al empleo público, que el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies viene defendiendo desde su constitución en el año 2008

La realización adecuada de los procesos selectivos para el ingreso en la función pública, además de la necesaria aprobación de la Oferta de Empleo Público, en condiciones que permitan la realización efectiva del derecho de acceso a la función pública –además de atender las necesidades de efectivos de la Administración para el correcto desempeño de sus funciones-, ha de contar con un conjunto de pautas de actuación que garanticen la transparencia y la seguridad jurídica del conjunto de pruebas y demás actuaciones que conforman el proceso selectivo.

Un elemento central y decisivo para el correcto desarrollo de los procesos selectivos es el establecimiento de un procedimiento reglado para designar los miembros de los Tribunales Calificadores que hayan de efectuar los procesos selectivos, reforzando la independencia y solvencia de sus miembros, de manera que su actuación se acomode plenamente a las bases de la respectiva convocatoria, con total garantía de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Esa necesidad ya fue señalada al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por parte del Justicia de Aragón, en sugerencia de fecha 6 de noviembre de 2008, a raíz de una queja planteada por esta Asociación. No obstante el tiempo transcurrido, nada se ha hecho por avanzar en el establecimiento de dicho procedimiento reglado. Más bien al contrario, como se ha podido ver en el reciente proceso selectivo para la Escala Auxiliar Administrativa, hemos llegado a contemplar cómo el Director General de la Función Pública sustituye a la totalidad de los miembros de un Tribunal Calificador, por discrepancias con los acuerdos adoptados, logrando que el nuevo Tribunal revoque lo acordado por el Tribunal precedente.

Creemos que lo sucedido hace totalmente necesario recordar la necesidad de establecer un procedimiento objetivo y reglado para designar a los miembros de los Tribunales Calificadores, corrigiendo la situación actual de absoluta discrecionalidad en dicho nombramiento, y la consiguiente capacidad de influencia sobre el desarrollo de los procesos que de tal designación puede derivarse.

Por todo ello, nos hemos dirigido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para solicitarles la adopción de iniciativas de control e impulso de la acción del Gobierno dirigidas al establecimiento de dicho procedimiento reglado para la formación de los Tribunales Calificadores de los procesos selectivos.

Se reproduce, a continuación, el contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón:

“Grupo Parlamentario Socialista

Cortes de Aragón

Palacio de la Aljafería

50071-ZARAGOZA

Zaragoza, 17 de noviembre de 2016.

Estimados señores:

Como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, deseo expresarles nuestra preocupación por una de las principales carencias que padece la Administración de la Comunidad Autónoma a la hora de desarrollar los procesos selectivos de personal derivados de las ofertas anuales de empleo público, como es la  falta de un procedimiento reglado que permita designar a los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso mediante criterios objetivos, que venga a corregir la total discrecionalidad con la que se vienen designando en la actualidad.

Con fecha 6 de noviembre de 2008, el Justicia de Aragón dirigió una sugerencia al entonces Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, al objeto de que se valorase la oportunidad de aprobar un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se acompaña una copia de dicha sugerencia.

A pesar de los años transcurridos y de los reiterados problemas padecidos en el desarrollo de los procesos selectivos –de los que es un claro ejemplo lo sucedido en las actuales pruebas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa, en las que el Director General de la Función Pública ha sustituido a los miembros del Tribunal Calificador inicial por otros, con absoluta discrecionalidad en su modo de designación-, la citada sugerencia sigue sin ser atendida por el Departamento responsable en materia de función pública.

Creemos que la transparencia, la imparcialidad y la seguridad jurídica que han de presidir el desarrollo de todo proceso selectivo ha de tener su principal manifestación en el modo de designar los componentes de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas de acceso. Consideramos que debe asegurarse la objetividad en la designación de sus componentes por parte de los responsables políticos de función pública, e impedir así un indebido control sobre el posterior desarrollo de los procesos selectivos, evitando además posibles conflictos de intereses por quienes determinan la composición de los respectivos Tribunales.

Entendemos que la Administración no puede descuidar un aspecto tan relevante en la ordenación de los procesos selectivos para el ingreso en la función pública autonómica, razón por la cual nos dirigimos a ese Grupo Parlamentario al objeto de que puedan valorar la oportunidad de impulsar algún tipo de iniciativa de control e impulso de la acción de gobierno sobre la cuestión planteada.

Agradeciendo de antemano su atención, reciban un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

Porqué los medios están perdiendo credibilidad, tanto en EEUU como en España

17 Nov 2016

Este artículo fue enviado a ‘El País’ en respuesta al artículo de su periodista Milagros Pérez Oliva titulado “La verdad y el periodismo”. Lamento que no respondieran o publicaran el artículo adjunto, y agradezco a Público que sí lo publique ahora aquí en Dominio Público

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Pompeu Fabra, y Director del JHU-UPF Public Policy Center

Milagros Pérez Oliva, periodista de El País en Catalunya y en su día defensora del lector de este periódico, escribió recientemente un interesante artículo, “La verdad y el periodismo” (13.11.16), en el que señala que “el triunfo de Donald Trump puede considerarse un fracaso del periodismo”, indicando que los medios llamados de información no han mostrado sistemáticamente las mentiras y falsedades provistas por tal señor durante la campaña que le ha conducido a la presidencia de los Estados Unidos. Pero el problema, según Pérez Oliva, es que en las ocasiones en que los medios así lo hicieron, no tuvieron el impacto que hubiera sido deseable que hubieran tenido debido a su falta de credibilidad, al ser percibidos estos medios por la población en general como instrumentos del establishment político-mediático, el mismo establishment que quería eliminar a Trump, y cuyos votantes aborrecían dichos medios. Encuentro tal observación muy acertada, y coincide con mi lectura de lo que ha estado ocurriendo en EEUU antes y durante la campaña electoral. Existe hoy un amplio sector entre las clases populares estadounidenses (y muy en particular entre la mayoría de la clase trabajadora, que es de raza blanca) que percibe a la mayoría de los medios como parte del establishment al cual rechazan, por considerarlo responsable del deterioro de su calidad de vida y bienestar. La autora podría añadir otra crítica a los medios, y es la de frivolizar la información periodística intentando presentar al candidato Trump como un payaso, sin entender que el problema era mucho más amplio y más grande que la atípica personalidad política del candidato. Los medios apenas tocaron la principal causa del éxito de este “supuesto” payaso, que era ni más ni menos que el enorme enfado de grandes sectores de las clases populares debido al gran deterioro de su bienestar y calidad de vida, resultado de las políticas públicas impuestas a la población por aquel mismo establishment político-mediático.

¿Están los medios mezclando opinión e información?

Pérez Oliva acentúa que la percepción sobre las causas de la pérdida de credibilidad de los periodistas se debe, en gran parte, a la mezcla en los escritos de dichos periodistas de opinión con información, utilizando la segunda para promover la primera, práctica realizada por los periodistas que está dañando la credibilidad de los medios. Supongo que la mayoría de la población (e incluso de la profesión periodística) estaría de acuerdo en que gran parte de la falta de credibilidad de los medios (y por lo tanto de la profesión) se debe a que los periodistas utilizan estos medios para promover su punto de vista particular, sesgando las noticias para promover (consciente o inconscientemente) su ideario personal. Y cuando no es su ideario personal, lo es el de su empresario, propietarios de los medios, situación que adquiere especial importancia en la situación actual que, como bien señala Milagros Pérez Oliva, se caracteriza por una falta de estabilidad y elevada precariedad entre los profesionales de los medios. La autocensura, después de todo, es la forma más extensa de censura. Ahora bien, fuera la causa que fuera, el hecho es que el sesgo de la información periodística provista por la gran mayoría de los medios en las últimas elecciones apareció claramente en sus reportajes de los candidatos. Y este sesgo apareció incluso con mayor intensidad en las últimas elecciones de 2015 y 2016 en España, cuando la mayoría de los medios de información, incluyendo El País, se transformaron más en medios de persuasión que de información. El sesgo anti-Podemos, por ejemplo, tanto en los editoriales como en la mayoría de las informaciones y en las páginas de opinión, fue claro.

La violación de un derecho constitucional

Este sesgo viola el derecho a la información que retóricamente aparece en la Constitución Española, y que es sistemáticamente ignorado por la gran mayoría de los medios. Hay que subrayar que la violación de tal derecho debilita la propia razón de ser de dichos medios, pues reciben toda una serie de privilegios (incluidos fiscales) por parte del Estado (sea a nivel central, autonómico o local) como contrapartida al compromiso de garantizar tal derecho, compromiso que no respetan.

Pérez Oliva subraya, con razón, la obligación que tienen los periodistas de encontrar “la verdad de los hechos y datos comprobables”, declaración hecha a periodistas en un congreso de tales profesionales. Pero es difícil que ello ocurra a no ser que haya una mayor diversidad dentro del periodismo, de manera que el que falte a la verdad pueda ser cuestionado por otro periodista con otra versión de la verdad, lo cual es de difícil realización cuando (incluso en las páginas de opinión El País, por ejemplo) sistemáticamente se excluye a ciertos autores y puntos de vista, a costa de promover a otros. En El País, las páginas de Opinión han tenido muchos más artículos críticos con Podemos (antes los tuvo con Izquierda Unida), con la visión plurinacional de España, con el derecho a decidir en Catalunya, con los méritos y deméritos del independentismo, con las políticas económicas y sociales de las izquierdas (a la izquierda del PSOE), que favorables a ellos (que han sido limitadísimos, y me consta que no es por falta de artículos que hayan recibido con visiones distintas).

Y ahí está el problema, que el buen artículo de Pérez Oliva no toca y que es de gran importancia en una sociedad como la de España, donde la diversidad de los medios es enormemente limitada. También lo es, pero en menor grado, en EEUU. Hoy España es uno de los países de la OCDE (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español) con menor diversidad y mayor sesgo en sus medios, siendo también uno de los países donde la población desconfía más de la información provista por los mayores medios de información, que son percibidos mayoritariamente como medios de persuasión (ver mi artículo “El ‘New York Times’ lleva razón: no existe pluralidad en los medios”, Público, 19.11.15). Espero que Pérez Oliva esté de acuerdo.

Crean una Asturleaks para atacar a los funcionarios que destaparon el caso GITPA

Las estrategias de manipulación de la realidad sociopolítica asturiana han  estrenado una vía, a medio camino entre lo delirante y lo mafioso: hace algunos días se creó una página web con el nombre de Asturleaks, que se anuncia como un remedo a la asturiana de la famosa Wikileaks de Julian Assange, ubicada en Singapur y que nacería “con el propósito de ofrecer información independiente, rigurosa y basada en pruebas y documentos que ofreceremos a todo aquel que quiera leerlos”

Su supuesta labor de filtración de casos de corrupción o para desvelar comportamientos políticos no éticos, ni ortodoxos, se inició con el llamado caso GITPA, también conocido como “trama del cable”, un posible desfase entre la obra facturada y la ejecutada por la empresa pública de telecomunicaciones del Principado, GITPA, en el tendido de la red de banda ancha en el occidente, que actualmente investiga el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, a instancia del Ministerio Fiscal, y sobre la que también se desarrolla en paralelo una comisión de investigación en la Junta General del Principado.

La Fiscalía, tras el informe previo emitido por dos funcionarios del Servicio de Telecomunicaciones del Principado de Asturias,  denunció a los dos anteriores directores generales de GITPA y a dos empresas que participaron en el proyecto para extender la red Asturcón, al apreciar indicios de delitos de malversación y falsedad documental al "facturarse mayor cantidad de obra de la realmente ejecutada" mediante la alteración o elaboración de certificaciones de obra, y de prevaricación "al alterarse sustancialmente el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, vulnerando el contenido de la encomienda de gestión al introducir la limitación de 15 años de duración de uso de la infraestructura construida".

Pues bien, la supuesta actividad de filtración de datos y documentos realizada hasta la fecha por esta página web denominada Asturleaks, travestida de canal de denuncia de la corrupción pública, va dirigida hasta ahora justamente en sentido contrario al que cabría esperar de la misma, a saber, a desacreditar a los funcionarios autores del informe que sirvió de base para la denuncia de la Fiscalía, atribuyéndoles supuestos errores y manipulaciones con una clara y evidente finalidad amenazadora.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies aprovecha esta operación claramente planificada de ataque y descrédito hacia funcionarios públicos que sacaron a la luz un caso de posible corrupción, para poner de manifiesto la necesidad de articular, con urgencia, un sistema completo de protección a funcionarios y personas denunciantes de hechos delictivos de corrupción, garantizando su indemnidad y la ausencia de represalias, como acaba de proponer la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en un documento de 25 propuestas contra la corrupción.

La sociedad del miedo

Artículo publicado en este mismo blog el 5 de mayo del 2013

Javier Álvarez Villa

El Caso Tuláyev, la estremecedora y emotiva  novela  del disidente soviético Víctor Serge, relata las implacables purgas del estalinismo, particularmente crueles con muchos de los viejos bolcheviques de la primera hora, aquellos que habían entregado lo mejor de su energía y entusiasmo para el triunfo de la Revolución de Octubre.

La lectura de algunos de los síntomas que anunciaban la inmediata caída en desgracia de los veteranos militantes del Partido, provoca una mezcla de asombro y congoja, tanto por la miseria moral de aquella sociedad enajenada por el miedo, como por la rutilante vigencia de muchos de ellos en la democracia de la que disfrutamos: los compañeros de trabajo bajaban la mirada y trataban fríamente al que había sido señalado por el aparato opresor como próxima víctima, los vecinos ya no se paraban a hablar con él en la escalera, los conocidos cambiaban de acera para no encontrárselo de frente.

Porque el vacío social que deparaba la sociedad estalinista a los purgados por el sistema suele ser, también hoy, en la sociedad democrática de consumo, la respuesta que los ciudadanos libres ofrecen a aquellos conciudadanos que disienten públicamente de las órdenes del poder.

Si la bestial burocracia estalinista inoculaba un miedo espeso del que parecía imposible evadirse por la amenaza cierta de una represión física implacable, la democracia de consumo ha sabido desarrollar técnicas más sofisticadas, difusas y ligeras de  temor  masivo: ahora el desgraciado no desaparece en una cárcel impenetrable como la Lubianka, pero puede ser obsequiado con la pérdida del empleo o la casa, o la de algunos pequeños privilegios concedidos o tolerados siempre a cambio del silencio (ascensos profesionales, escaqueos en la jornada laboral, trabajos clandestinos complementarios etc.)

Los voceros e ideólogos de esta democracia tan perfecta – todos, por supuesto, de pago – no paran de hablarnos de la gran maravilla de la libertad: todo el mundo puede decir hoy lo que quiera sin miedo a represalia alguna (siempre que no les insulten, ni se metan en serio con ellos, naturalmente), pero cuanto más se repite esta cantinela menos se oye protestar – hablamos de protestar cuestionando realmente el sistema, es evidente, y no de los manifestaciones de salón-

Nunca como ahora se oyó gritar tanto en los campos de fútbol. Nunca como ahora se protestó tanto contra entes abstractos e impersonales – los mercados, los corruptos etc. – y tan poco contra especuladores y corruptos concretos, con nombres y apellidos.

Porque el capitalismo de consumo ha creado su específica mercancía de la protesta inocua, aquella en la que participan los falsos izquierdistas dando voces y haciendo aspavientos, como lo hacían los beatones en misa los domingos y fiestas de guardar.

Llamamos falsos izquierdistas a aquellos individuos que se dicen solidarios con todas las luchas, eso sí, con la condición de que no les salpiquen personalmente. Por ello, cuanto más generales, abstractas y lejanas mucho mejor. Gritan y se enojan con los especuladores, los banqueros y los corruptos, pero siempre que no tengan relación directa con ellos, porque no conviene asumir riesgos personales.

Cuándo se les pide que se mojen, que den la cara contra un corrupto concreto al que conocen bien, contra algunos canallas con nombres y apellidos  que tienen muy cerca, por ejemplo en su centro de trabajo,  – sólo sea un poco, no se trata de exigir heroicidades – entonces enmudecen, tartajean, o les sale una risa nerviosa y te dicen que están muy ocupados conspirando en no se sabe que, eso sí, muy importante y clandestino, ya se verá (entonces pasa el tiempo y uno se da cuenta que de que todo era una escusa) 

Vivimos en la sociedad del miedo. Por esa razón, el cotilleo ha silenciado a la crítica, el que quisiera hablar no se atreve a hacerlo, el que habla procura no molestar, el que quiere molestar procura esconderse para que no le vean y el que dice lo que piensa encuentra las caras de cemento de los interlocutores que, por miedo, no quieren serlo.