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Ignacio Mártil
Catedrático de Electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de econoNuestra
Durante casi toda la legislatura que acaba
de finalizar, hemos oído en repetidas ocasiones por parte de los
responsables del Ministerio de Industria que una de las principales
razones causantes del encarecimiento del recibo de la luz eran las
primas a las energías renovables, razonamiento que he desmontado en
un artículo publicado en este blog.
Sin embargo, en ningún momento hemos tenido la menor noticia de las
generosísimas subvenciones que recibe la producción de energía basada en
combustibles fósiles. Será casualidad, pero la práctica totalidad de
las centrales basadas en esas fuentes pertenecen a las cinco grandes
compañías eléctricas nacionales que, a efectos prácticos, funcionan como
un auténtico oligopolio. En este artículo analizaré con detalle cuáles
son esas subvenciones. Y si no quieren llamarlo subvenciones, llámenlo
privilegios.
Las cinco grandes compañías del sector eléctrico. Agrupan alrededor
del 90% de las ventas a clientes finales y alrededor del 60% de las
ventas en el mercado mayorista.
Uno de las características de las centrales térmicas que utilizan
como combustible, gas, carbón o uranio es que el precio al que venden la
energía producida es fuertemente dependiente de las grandes inversiones
realizadas en la instalación (nuclear sobre todo), así como del coste
de adquisición del combustible (gas o carbón), que está sujeto a
infinidad de variables, no todas de orden económico y que escapan por
completo al control y a la capacidad de influencia de las empresas
productoras. De ahí que el inversor necesite garantías de recuperación
de su inversión a lo largo de la vida útil de la central y que esas
garantías no estén vinculadas únicamente al precio al que pueda vender
la energía producida, si no que se asegure mediante otros ingresos. Como
la energía es un activo imprescindible para el crecimiento económico de
cualquier país, los gobiernos, sean del color que sean, tratan de
asegurar a las empresas implicadas la recuperación de su inversión.
Hasta aquí, todo lógico y razonable.
El problema surge cuando los inversores son pocos y muy poderosos y
funcionan como un oligopolio, que es el caso de numerosos países
europeos, entre ellos el nuestro. Entonces, muchos gobiernos se pliegan a
sus intereses y confunden intereses nacionales con empresariales. La
forma habitual de velar por los intereses de las grandes corporaciones
del sector eléctrico es retribuir muy generosamente a estas mediante
conceptos que, siendo necesarios para el buen funcionamiento del sistema
eléctrico, no se justifican por las cuantías que reciben, enormes en
ocasiones, ni por el oscurantismo con el que algunos responsables
políticos tratan de disimular sus decisiones de favorecerlas.
Analizo a continuación los conceptos mediante los que se retribuyen
las energías basadas en combustibles fósiles y en uranio. Puesto que
estos conceptos han cambiado a lo largo del tiempo, dividiré el artículo
en dos partes. En la primera analizo aquellos mediante los que se
retribuyen en la actualidad; en la segunda, los que se utilizaron para
el mismo fin en el pasado. Como era de esperar, esas retribuciones las
pagamos los usuarios en el recibo de la luz. Con objeto de clarificarlo
todo lo posible, indico en que parte del recibo repercute cada uno de
los conceptos analizados, ya sea en el precio de la energía, ya en los
conocidos como costes regulados.
1. Subvenciones en la actualidad; crónica clarificadora de una realidad oscura
Servicios de ajuste del sistema.
Algunas centrales de gas y carbón, por su singular ubicación
geográfica, son requeridas en ocasiones por el operador del sistema, Red
Eléctrica, para producir cantidades de energía no previstas
inicialmente en el mercado mayorista. Debido a esa excepcionalidad, esas
centrales cobran por la electricidad un precio muy superior al fijado
por el mercado. La diferencia entre uno y otro llega a ser habitualmente
del doble, aunque con picos que multiplican el valor del mercado por un
factor 30. Dependiendo del mes del año, este concepto encarece el
precio de la electricidad entre un 5% y un 20%.
Pagos por capacidad. Las
centrales de gas y carbón obtienen una remuneración extra por el mero
hecho de existir, y esto se justifica aduciendo que saber que existe esa
disponibilidad introduce seguridad en el mercado. Esto ocurre en un
sistema como el nuestro, que tiene
un exceso de capacidad instalada de más del doble de la necesaria en los picos de demanda.
El asunto llega hasta el extremo de que en 2014, hasta un total de 13
centrales de ciclo combinado, con un total de 5.900 MW de potencia, ¡
funcionaron cero horas!. Este concepto repercute en un incremento del precio de la electricidad. En un recibo medio, suponen unos 50 € al año.
Servicio de Interrumpibilidad. De lo más peculiar y digno de la “Marca España”. Según consta en la
página web de Red Eléctrica de España,
“La
interrumpibilidad es una herramienta de gestión de la demanda que
aporta flexibilidad y respuesta rápida para la operación del sistema
ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda. Este
servicio se activa en respuesta a una orden de reducción de potencia
dada por Red Eléctrica a los grandes consumidores que sean proveedores
de este servicio, principalmente, la gran industria”.
Como es algo confuso, lo traduzco: es un
servicio que se presta a la gran industria que es gran consumidora de
energía (papeleras, cementeras, RENFE). Cuando hay una fuerte demanda de
energía en el sistema y para evitar posibles cortes de suministro a los
pequeños consumidores, se obliga a esas grandes industrias a reducir su
consumo a cambio de una compensación económica, compensación que corre a
cargo, como no, de los consumidores. El asunto tendría alguna lógica si
el sistema no pudiera dar respuesta a la demanda, pero carece por
completo de ella habida cuenta de que, como ya he dicho en el punto
anterior, nuestro sistema eléctrico está sobredimensionado; de hecho, no
se hace uso de este servicio desde 2009, pero sí se paga por él ya que
supuso 550 millones de euros en 2014. Hasta el año 2014, el coste se
repercutía en los costes regulados, desde enero de 2015, en el precio de
la electricidad.
Costes extra peninsulares.
Las centrales eléctricas situadas en Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla llevan aparejados costes de explotación mayores que las
peninsulares. Para mantener el principio de equidad, que se traduce en
una tarifa eléctrica única para todos los consumidores
independientemente de su lugar de residencia, el precio que pagan los
consumidores insulares es igual que el satisfecho por los peninsulares,
con lo que el sobrecoste por la generación extra peninsular se reparta
entre todos por igual, algo de sentido común por otra parte. Lo que
sucede es que en este concepto nos ahorraríamos una buena cantidad si se
fomentaran las energías renovables en las islas, pues es un hecho que
allí, la energía eólica y la solar fotovoltaica son más baratas que las
convencionales. Los costes por este concepto son variables también de un
año a otro, pero se sitúan alrededor de los 1.500 millones de euros por
año. Se repercuten en los costes regulados.
Retribución al carbón nacional.
Con objeto de mantener abiertas las cuencas mineras del noroeste de
España, el precio al que se paga el carbón que alimenta los 11.5000 MW
de potencia instalada que usan este combustible está subvencionado, pues
de otra forma el carbón de importación, más barato que el de las
cuencas mineras, haría que estas tuvieran que cerrar. Esta es una de las
pocas subvenciones de las que la ciudadanía tiene noticias, aunque no
por la claridad de los responsables políticos, sino por las protestas
periódicas del sector. Representa alrededor del 15% del total de la
energía producida y esa subvención encarece el precio de la
electricidad.
Déficit de tarifa. El rey
de las subvenciones encubiertas a las grandes corporaciones eléctricas.
Solo la explicación de su origen y situación actual sería motivo de una
enciclopedia. En este mismo blog he publicado
un artículo explicándolo.
2. Subvenciones en el pasado, crónica verdadera de una historia mentirosa
Costes de Transición a la Competencia (CTC).
Con anterioridad a la liberalización del mercado eléctrico, las
empresas productoras de energía tenían reconocidos unos derechos de
cobro que aseguraban la recuperación de las inversiones realizadas en
las diversas instalaciones. Tras la liberalización del mercado en 1997 y
al no estar satisfechos en su totalidad esos derechos, se decidió
introducir un concepto que asegurara la recuperación de la inversión en
un escenario que, en teoría, sería de libre competencia. Inicialmente se
fijaron en
5.95 pesetas/kWh (0,036 €/kWh). La diferencia entre lo que se reconoció inicialmente y lo recibido en la práctica se sitúa en
3.600 millones de euros,
nuevamente pagado por el bolsillo de los consumidores. En la actualidad
este concepto ya está liquidado, pero el litigio por ese sobrecoste
se ha reactivado hace pocos meses. Jorge Fabra, ex consejero de la CNE y ex presidente de Red Eléctrica
declaró el pasado mes de julio
que los beneficios recibidos a lo largo de décadas por parte de las
centrales nucleares mediante los CTC son los principales responsables
del déficit de tarifa del sistema eléctrico.
Moratoria nuclear. En
1984, el gobierno del PSOE decidió cancelar la instalación de nuevas
centrales nucleares, así como impedir la entrada en funcionamiento de
las que en ese momento estaban en diferentes fases de construcción. Para
compensar a las empresas implicadas por las inversiones ya realizadas,
se diseñó un procedimiento para indemnizarlas en años sucesivos hasta
2020, período acortado posteriormente hasta 2015.
El pasado día 26 de octubre
hemos acabado de pagar el último “recibo” de la moratoria nuclear. La
realidad es que, más de treinta años después, aún no sabemos cuánto
hemos pagado realmente por este concepto, ya que la información
accesible es confusa y oscura, como tantos otros detalles del sistema
eléctrico; hay estudios que cifran las cantidades pagadas por los
consumidores hasta la fecha en
9.000 millones de euros, cuando las cantidades originalmente fijadas superaban ligeramente 4.000 millones de euros.
Gestión de residuos radiactivos.
El uranio, una vez que se ha fisionado en una central nuclear, deja
como producto de la reacción unos residuos que son radiactivos y que
deben ser almacenados con seguridad en los denominados cementerios
nucleares. Ese proceso conlleva unos costes que los consumidores hemos
pagado hasta el año 2005 en su integridad y hasta 2010 parcialmente. A
partir de 2010, son las empresas propietarias de las centrales las que
se hacen cargo de los mismos, pero como la vida de las centrales está
próxima a su fin, resulta que los consumidores hemos sufragado estos
gastos durante la mayor parte de la vida útil de las centrales. Esos
costes han supuesto entre 60 y 100 millones de euros cada año.
3. Unas brevísimas conclusiones
Es imprescindible que los futuros gobernantes salidos de las urnas el
20-D introduzcan algo de luz en esta desoladora oscuridad. Es obvio que
obtener energía es muy costoso y muchos de los gastos que acarrea su
obtención son imprescindibles para el correcto funcionamiento del
sistema, pero los ciudadanos nos merecemos saber qué cuesta y por qué
cuesta eso. En definitiva, nos merecemos claridad y transparencia.
