Ataque al Estado del Bienestar

NICOLÁS ABANCÉNS

El País, 26-07-2011

Según el actual presidente de la patronal CEOE, hay que acabar con el "funcionario incumplidor y prepotente". En esa perogrullada estamos todos de acuerdo, de la misma forma que, supongo, lo estaremos en acabar con el político incumplidor y prepotente, con el empresario incumplidor y prepotente, con el empleado privado incumplidor y prepotente.

Quien esto escribe lleva casi 30 años de su vida trabajando como funcionario y parece que ha tenido una enorme suerte, pues de entre todos aquellos con los que ha trabajado solo a una insignificante parte se le podrían aplicar los calificativos expresados por el señor Rosell. De sus palabras se deduce que si los funcionarios son prepotentes e incumplidores, la función pública también lo es. Solución: acabar con ella, privatizando la mayoría de los servicios públicos. Este continuo y denodado ataque a la función pública, es un ataque claro al Estado de bienestar.

Cuando se ataca a estos trabajadores, lo que realmente se está atacando es la sanidad y educación públicas, los servicios sociales y asistenciales, la seguridad alimentaria y tantos otros servicios que garantizan que podamos ejercer los derechos que constitucionalmente tenemos reconocidos.

COFPA PIDE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE BLANQUEO DE LAS ILEGALIDADES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ASTURIANA

COFPA PIDE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE BLANQUEO DE LAS ILEGALIDADES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ASTURIANA

El discurso de investidura del nuevo Presidente del Principado contiene algunas referencias esperanzadoras sobre un cambio de rumbo en la gestión política de la Función Pública asturiana.  Álvarez – Cascos se comprometió a implantar un sistema de empleo público que responda a criterios de eficacia, objetividad, transparencia e imparcialidad, garantizando sistemas de acceso ajustados a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, la generalización del concurso de méritos como procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo y la realización de manera efectiva del derecho a una carrera profesional objetiva.

Son palabras que suenan bien y que constituyen una condición imprescindible para que la dirección de la Administración Pública se efectúe conforme al principio de legalidad y a los intereses generales de los asturianos y asturianas.

Pero una cosa son las buenas palabras y otra los hechos, y la credibilidad política debe demostrarse ajustando estos últimos a las declaraciones de intenciones. A este respecto, el flamante Presidente asturiano tiene una oportunidad inmejorable que no debería desaprovechar, para demostrar que lo dijo va realmente en serio: elevar a la Junta General del Principado, por la vía de urgencia, un proyecto de ley de artículo único para la derogación de la Ley 14/2010, de 28 de diciembre, aprobada por el Gobierno saliente con el único fin de blanquear la larga ristra de ilegalidades declaradas por la Justicia asturiana, evitando el cumplimiento efectivo de las sentencias: concursos de méritos con criterios de valoración subjetivos y “ad personam”, abuso de los nombramientos por libre designación, uso fraudulento de los nombramientos en comisión de servicios etc.

El Gobierno entrante está obligado a ofrecer una respuesta rápida e inequívoca por coherencia política, si tal y como manifestó su Presidente, otra Función Pública debe ser posible en Asturias. La derogación inmediata de la ley de blanqueo y el cumplimiento escrupuloso de las resoluciones judiciales son el punto obligado de partida.

Uviéu, 18 de xunetu de 2011

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA)

COFPA PIDE LA DEROGACIÓN DE LA LLEI DE BLANQUÉU DE LES ILLEGALIDAES NA FUNCIÓN PÚBLICA ASTURIANA

El discursu d´investidura del nuevu Presidente del Principáu contién delles referencies esperanzadores sobre un cambéu d'aldu na xestión política de la Función Pública asturiana. Álvarez – Cascos comprometiose a sofitar un sistema d'empléu públicu que respuenda a criterios d'eficacia, oxetividá, tresparencia ya imparcialidá, garantizando sistemes d'accesu sofitáos nos principios constitucionales d'igualdá, méritu y capacidá, la xeneralización del concursu de méritos como procedimientu ordinariu de provisión de puestos de trabayu y la realización de manera efectiva del derechu a una carrera profesional oxetiva.

Son palabres que suenen bien y que constitúin una condición imprescindible pa que la direición de l'Alministración Pública seya acordies cola llegalidá y co los intereses xenerales de los asturianos y asturianes.

Pero una cosa son les bones palabres y otra los fechos, y la credibilidá política tien de demostrase colos fechos y non con declaraciones d'intenciones. A esti respectu, el flamante Presidente asturianu tien una oportunidá inmeyorable que nun tendría d'esbardiar, pa demostrar que lo que dixo va realmente en serio: alzar a la Xunta Xeneral del Principáu, pela vía d'urxencia, un proyectu de llei d'artículu únicu pa la derogación de la Llei 14/2010, de 28 d'avientu, aprobada pol Gobiernu saliente col únicu fin de blanquiar la llarga riestra d'illegalidaes declaraes pola Xusticia asturiana, evitando'l cumplimientu efectivu de les sentencies: concursos de méritos con criterios de valoración suxetivos y “ad personam”, abusu de los nomamientos por llibre designación, usu fraudulentu de los nomamientos en comisión de servicios etc.

El Gobiernu entrante ta obligáu a ufiertar una respuesta rápida ya inequívoca per coherencia política, si tal que manifestó'l so Presidente, otra Función Pública tien de ser posible n'Asturies. La derogación inmediata de la llei de blanquéu y el cumplimientu dafechu de los resolvimientos xudiciales son el puntu obligáu de partida.

Uviéu, 18 de xunetu de 2011

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA)

El derecho de petición comprende la propuesta de creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación

Los compañeros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa nos acaban de trasladar la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de junio de 2011, que otorga el amparo solicitado por esa asociación, reconociéndole su derecho de petición (art. 29.1 de la CE) en orden a la creación de una comisión parlamentaria especial de estudio sobre criterios de conducta pública aplicables al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como para la creación de una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer la situación y funcionamiento de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.

Estas peticiones habían sido inadmitidas a trámite por la Mesa de las Cortes de Aragón, con base en la "falta de legitimación" de una asociación para formular una solicitud de esas características.

Ahora el Tribunal Constitucional declara que tal proceder es contrario  a la Constitución pues vacía de contenido la cobertura que ofrece el artículo 29.1, "que en ese espacio parlamentario únicamente puede perseguir la interrelación de los peticionarios con sus representantes, haciéndoles llegar una iniciativa una queja o una sugerencia o, como en esta ocasión sucede en los escritos de la Asociación recurrente...una propuesta de actuación - creación de Comisiones parlamentarias - que pretende estimular la iniciativa de quienes son competentes para ello, los Diputados o los Grupos Parlamentarios..." (fundamento jurídico 6)

En consecuencia con lo expuesto, el TC acaba concluyendo que "el ejercicio del referido derecho fundamental no puede quedar sujeto, en el seno de la Cámara, a un control de oportunidad por parte de la Mesa, ni puede resultar condicionado por el hecho de que los peticionarios no tengan competencia para decidir o participar directamente en el procedimiento parlamentario, pues lo que realizan es una propuesta de intervención dirigida a los órganos parlamentarios que eventualmente pudieran llevarla a cabo, y que debe ser, por ello, debidamente encauzada a sus destinatarios" (fundamento jurídico 6)

Se trata de una sentencia con un importante alcance, especialmente por lo que se refiere a las iniciativas que puedan impulsar asociaciones de ciudadanos -y, también, personas físicas a título individual - instando a los parlamentos y asambleas legislativas la constitución de comisiones especiales de estudio o de investigación sobre cualquier asunto de interés general. A partir de ahora, tales iniciativas ya no podrán ser archivadas de plano por la Mesa de la cámara, negando legitimación a los peticionarios, si no que deberá dar traslado de las mismas a los grupos parlamentarios para su debate y consideración.

Un relevante avance para la democracia participativa frente a la partitocracia dominante, del que esparamos hacer uso prontamente en Asturias.

Felicitamos sinceramente por ello a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

TEXTO COMPLETO

La operación "Marea" apunta hacia la financiación de los partidos políticos

 

El nº 15 de la revista asturiana de información y pensamiento Atlántica XXII dedica un extenso artículo a la financiación de los grandes partidos que se intuye en las escuchas telefónicas del "Caso Marea", el más grave de corrupción en la historia democrática de Asturias, con especial incidencia sobre las ramificaciones políticas y funcionariales de la presunta trama.

Sumario

Editorial | Cascos y el viento de la indignación

Información y opinión
La “Marea” llega a la financiación de los partidos. Jaime Santos, Xuan Cándano y Elena Plaza.
PP y PSOE se atrincheran ante Cascos. Redacción.
Gabino de Lorenzo invierte en Veracruz, según la prensa mexicana. Ëlfegos Riveros
Los astilleros a pique. Bernardo Solís.
Medios enteramente al servicio del poder. Alfredo Grimaldos.
Galería de heterodoxos/as | Antón Saavedra.
Opinión | Juan Cueto, Santiago Alba Rico, Faustino F. Álvarez, Ricardo Menéndez Salmón, Berta Piñán y Rafael S. Avello.

Afondando
Dossier | La indignación del 15-M. Daniel Ripa, Holm-Detlev Köhler y Aquilina Fueyo.
Helenismo y actualidad. José Luis García Rúa.
Kropotkin: el príncipe del anarquismo. David Rivas.
El hombre cooperativo. Paco Puche.
El amigo de los indios de Amazonía. Manuel García Noriega y T.S. Norio.
La primavera democrática de Marruecos. Laura Casielles.
¿Coeducar o segregar? Carlos Lomas.

Cultures
Entrevista a Leo Bassi. Blanca M.García.
El genio humilde de Pascal Comelade. Aurelio Argel.
El negocio de las esculturas en Oviedo. Luis Feás.
Entrevista al arqueólogo Ángel Villa. Elena Plaza.
Jovellanos sigue vivo. Juan Luis Suárez Granda.
Crónicas desde el olvido | Facundo de la Viña. Por Natalia Fernández.
El ‹casting› de Milio Rodríguez Cueto | María Antonia F. Felgueroso.
El Teatro precario de Maxi Rodríguez.
De los lectores
La tira de Alberto Cimadevilla y Adolfo Manzano.
Ilustraciones | Alberto Cimadevilla y Javier Marinas.
Fotografías | María Arce, Eloy Alonso, Mario Rojas, Irma Collín, Paco Paredes y Xosé Martínez.
Página artística | Maite Centol.

Diseño y maquetación: Amelia Celaya

COFPA exige una investigación independiente de los procesos de selección y traslados de personal en la sanidad asturiana

En las últimas semanas se han ido sucediendo informaciones sobre graves irregularidades imputadas a los Tribunales que juzgan las pruebas de acceso a varias especialidades del Servicio de Salud (SESPA).

Primero, se conoció que el concurso – oposición de la especialidad de rehabilitación tuvo que ser paralizado por la filtración de casos prácticos por parte de un miembro del tribunal. A los pocos días, varios aspirantes a las plazas de la especialidad de medicina interna denunciaron la existencia de intereses personales en, al menos, uno de los miembros del tribunal, que contaminaban la objetividad del proceso selectivo. Por último, y de momento, un grupo de opositores de la especialidad de medicina intensiva recurre el procedimiento selectivo por la existencia filtraciones de varias preguntas a algunos aspirantes.

Previamente a estas denuncias, también ha habido reclamaciones por irregularidades en el proceso de traslados ligado a la Oferta Pública de Empleo (OPE). Así, por ejemplo, en la especialidad de farmacia hospitalaria, 2 de las 3 plazas que quedaron vacantes en los traslados se han judicializado por irregularidades, estando ya resuelto uno de los procesos judiciales a favor de la demandante (el otro aún está pendiente de juicio), lo que ha supuesto un gasto extra a la Administración asturiana para compensar económicamente la diferencia de sueldo a la persona que durante el año que duró el trámite judicial tendría que haber ocupado el puesto, mientras fue desempeñado por otra persona sin mediar convocatoria pública.

Para rematar este caos la Administración autonómica ha anunciado la suspensión de las convocatorias del resto de especialidades, decisión que afecta a Medicina de Familia y 14 especialidades más, manteniendo la situación de inestabilidad e incertidumbre en la que se encuentran los profesionales de la sanidad.

Tal acumulación de denuncias que afectan a procesos distintos y en tan corto espacio de tiempo, no puede ser casual. Por el contrario, provoca una alarmante impresión de falta de imparcialidad de los órganos de selección en los procedimientos de acceso a la sanidad pública asturiana, que pone en tela de juicio no sólo el derecho fundamental de los opositores a acceder a los puestos de trabajo del SESPA en condiciones de igualdad, sino también la garantía de la calidad del servicio sanitario asturiano, que se vería seriamente dañada si se selecciona a enchufados con influencias y no a los profesionales con más méritos y capacidades.

En el documento titulado 30 medidas para la regeneración de la Administración Pública asturiana, esta asociación propone como primera medida la siguiente:
1. Los miembros de los tribunales de selección se elegirán por sorteo. Los empleados públicos de libre designación no podrán formar parte de los órganos de selección.
Con esta medida se pretende garantizar la independencia de los órganos de selección del poder político, actualmente en entredicho al reservarse aquél la designación discrecional de la totalidad de sus integrantes, con la posibilidad de incluir al personal de confianza – libre designación - sin limitación alguna.
Se trataría deextender a la totalidad del empleo público un sistema que ya viene aplicándose en el ámbito sectorial de la educación.

La medida propuesta y otras complementarias son decisiones urgentes y absolutamente imprescindibles para garantizar la limpieza y transparencia de los procesos de acceso al empleo público en Asturias, a la vista de las graves y reiteradas denuncias sobre el funcionamiento de los tribunales que juzgan las pruebas de acceso a las plazas del SESPA.

En todo caso, esa gravedad y reiteración obliga a los poderes públicos asturianos a poner en marcha un proceso de investigación independiente que, más allá de examinar las irregularidades cometidas en las pruebas concretas denunciadas, analice el funcionamiento actual de los procedimientos de acceso al empleo público en Asturias – sistemas de nombramiento de los tribunales, garantías de anonimato de las pruebas selectivas, reclamación y defensa de los aspirantes etc. – e impulse los cambios normativos y de gestión necesarios.

Esta Asociación considera que, con independencia de las actuaciones judiciales que puedan plantearse, ese análisis e investigación debe desarrollarse necesariamente en el seno de la Junta General del Principado de Asturias y a tal efecto formulará la correspondiente petición ante la Asamblea legislativa asturiana.

Uviéu, 28 de junio del 2011
La Xunta Directiva del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA)

COFPA esixe una investigación independiente de los procesos de selección y tresllaos de personal na sanidá asturiana

Nes últimes selmanes fuéronse asocediendo informaciones sobre graves irregularidaes imputaes a los Tribunales que xulguen les pruebes d'accesu a delles especialidaes del Serviciu de Salú (SESPA).

Primero, conocióse que'l concursu – oposición de la especialidá de rehabilitación tuvo que ser paralizáu pola filtración de casos prácticos per parte d'un miembru del tribunal. A los pocos díes, dellos aspirantes a les places de la especialidá de medicina interna denunciaron la esistencia d'intereses personales en, polo menos, unu de los miembros del tribunal, que contaminaben la oxetividá del procesu selectivu. A lo último, y pel momentu, un grupu d'opositores de la especialidá de medicina intensiva recurre'l procedimientu selectivu pola esistencia de filtraciones de delles entrugues a dellos aspirantes.

Primeramente a estes denuncies, tamién hubo reclamaciones por irregularidaes nel procesu de tresllaos amestáu a la Ufierta Pública d'Empléu (OPE). Asina, por casu, na especialidá de farmacia hospitalaria, 2 de les 3 places que quedaron vacantes nos tresllaos xudicializáronse por irregularidaes, tando yá resueltu unu de los procesos xudiciales a favor de la demandante (l'otru entá ta pendiente de xuiciu), lo que supunxo un gastu estra a l'Alministración asturiana pa compensar económicamente la diferencia de sueldu a la persona que tendría qu'ocupar el puestu pol l'añu que duró'l trámite xudicial , mientres foi desempeñáu por otra persona ensin mediar convocatoria pública.

Pa rematar esti caos l'Alministración autonómica anunció la suspensión de les convocatories del restu d'especialidaes, decisión qu'afecta a Medicina de Familia y 14 especialidaes más, calteniendo la situación d'inestabilidá ya incertidume na que s'atopen los profesionales de la sanidá.

Tal montonera de denuncies qu'afecten a procesos distintos y en tan curtiu espaciu de tiempu, nun puede ser casual. Otra manera, provoca una alarmante impresión de falta d'imparcialidá de los órganos de selección nos procedimientos d'accesu a la sanidá pública asturiana, que pon en tela de xuiciu non yá solo el derechu fundamental de los opositores a aportar a los puestos de trabayu del SESPA en condiciones d´igualdá, sinón tamién la garantía de la calidá del serviciu sanitariu asturianu, que se vería seriamente estropiada si s´escueye a enchufaos con influencies y non a los profesionales con más méritos y capacidaes.

Nel documentu tituláu 30 midíes pa la rexeneración de l'Alministración Pública asturiana, esta asociación propón como primer midida la siguiente:
1. Los miembros de los tribunales de selección van escoyese por sortéu. Los emplegaos públicos de llibre designación nun van poder formar parte de los órganos de selección.
Con esta midida pretende garantizase la independencia de los órganos de selección del poder políticu, anguaño n'entredichu al acutar aquél la designación discrecional de la totalidá de los sos integrantes, cola posibilidá d'incluyir al personal de llibre designación - ensin llimitación dalguna -.
Trataríase d´extender a la totalidá del empléu públicu un sistema que yá vien aplicándose nel ámbitu sectorial de la educación.

La midida propuesta y otres complementaries son decisiones urxentes y absolutamente imprescindibles pa garantizar la llimpieza y tresparencia de los procesos d'accesu al empléu públicu n'Asturies, a la vista de les graves y repitíes denuncies sobre'l funcionamientu de los tribunales que xulguen les pruebes d'accesu a les places del SESPA.

Sía que non, esa gravedá y reiteración obliga a los poderes públicos asturianos a poner en marcha un procesu d'investigación independiente que, más allá d'esaminar les irregularidaes cometíes nes pruebes concretes denunciaes, analice'l funcionamientu actual de los procedimientos d'accesu al empléu públicu n'Asturies – sistemes de nomamientu de los tribunales, garantíes d'anonimatu de les pruebes selectives, reclamación y defensa de los aspirantes etc. – ya impulse los cambeos normativos y de xestión necesarios.

Esta Asociación considera que, con independencia de les actuaciones xudiciales que puedan plantegase, esi analís ya investigación tien de desenvolvese necesariamente nel senu de la Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies y con esi envís va formular el correspondiente pidimientu ante l'Asamblea llexislativa asturiana.

Uviéu, 28 de xunu del 2011
La Xunta Directiva del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA)

PLAN DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

30 MEDIDAS PARA LA REGENERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASTURIANA
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

6. La Inspección General de Servicios y la Intervención General desarrollarán conjuntamente un Plan de control de la ejecución de la contratación pública, mediante inspecciones programadas.
El fin de esta medida es asegurar el recto cumplimiento de los contratos, comprobando de manera sistemática que las obras, mobiliario, actividades y servicios efectivamente prestados por los contratistas se ajustan a lo estipulado en los contratos. Este control por medio de inspectores ajenos a las unidades administrativas de las que dependen las prestaciones contractuales, permitirá advertir las posibles deficiencias, incumplimientos o irregularidades, adoptando con rapidez y eficacia las medidas correctoras pertinentes.

Democracia bloqueada

Gerardo Pisarello y Jaume Asens, juristas
Revista Sin Permiso

El intento de bloqueo del Parlament de Catalunya ha generado una fulminante condena por parte de la mayoría de la clase política y un cierto desconcierto entre muchos de los que simpatizaban con el movimiento del 15-M. El president Artur Mas no ha tardado en señalar que los indignados han atravesado una “línea roja” y que al coaccionar a diputados escogidos por millones de personas han dejado expedito el camino para el uso de la fuerza contra ellos. Esta lectura de los hechos, apuntalada por imágenes de desórdenes y del propio Mas llegando en helicóptero al Parlament, ha encontrado una acogida favorable en buena parte de la prensa. Sin embargo, encierra algunas falacias que el propio contexto político y económico obliga a cuestionar.

Lo primero que habría que recordar es que la sesión del miércoles del Parlament no era una sesión cualquiera. En ella se aprobaron los presupuestos socialmente más regresivos desde tiempos del franquismo. Esto comporta graves restricciones a derechos básicos de las personas como el derecho a la educación o a la salud. Y no se trata de una medida aislada. Antes de promover estos recortes, el gobierno de CiU anunció la supresión del impuesto de sucesiones y limitaciones drásticas en derechos especialmente sensibles para los más vulnerables, como el derecho a la vivienda o a la atención social. Todo ello a través de procedimientos expeditivos y de dudoso encaje jurídico como la ley ómnibus o como el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Financieras. La mayoría de estas propuestas fueron presentadas como hechos consumados, es decir, como medidas que se aprobarían sí o sí porque venían impuestas por los mercados.

No hace falta ser un exaltado para advertir que un Gobierno y un Parlamento que restringen de manera sistemática derechos constitucionales y estatutarios, que lo hacen valiéndose de normas que no garantizan una discusión amplia sobre su alcance, y que para hacerlo invocan el mandato de los mercados, expresan una concepción bastante pobre del principio democrático. Sólo si se considera que esta complicidad o rendición de los poderes públicos frente a un puñado de intereses privados es normal, puede la protesta de los indignados considerarse anormal o excesiva. De lo contrario, habrá que admitir que, más que impedir “el funcionamiento normal” de un parlamento, que es lo que prohíbe el artículo 494 del Código Penal, lo que estas movilizaciones pretenden es denunciar el intento de desvirtuar su función natural. O dicho de otra manera, de evitar que los parlamentos, cruzando “líneas rojas” inadmisibles, se conviertan en simple caja de resonancia de intereses minoritarios de mercado.

Esta lectura podría considerarse caprichosa si no fuera porque protestas como la del miércoles están creciendo en toda Europa y probablemente se multiplicarán, de no cambiar las cosas. En Atenas, en Lisboa y en otras ciudades, los acampados frente a las sedes políticas no son dos mil o tres mil. Son decenas de miles de personas a las que el voto cada cuatro años no les permite cuestionar decisiones que no han consentido y que afectan fuertemente sus vidas. Cuando se dice que no son representativos, se olvida que en las propias elecciones son legión los que votan en blanco o se abstienen. Y se olvida también que incluso los votos recibidos por los partidos que apoyan los ajustes pueden querer decir muchas cosas: rechazo de otros partidos, opción por el mal menor, etcétera. Nada, en realidad, autoriza a interpretarlos como un cheque en blanco para recortar derechos esenciales, reforzar privilegios privados e implementar políticas que a veces ni siquiera constaban en sus programas electorales.

En países como Islandia, Eslovenia o Italia, la ciudadanía ha podido al menos pronunciarse en referendos sobre muchos de estos asuntos. Y al hacerlo, ha mostrado que cuando se afectan derechos básicos, la coincidencia entre mayoría electoral y mayoría social no puede darse por descontada. En el caso español, los ajustes tienen lugar con un 20% de paro –más de un 40% juvenil– decenas de miles de familias desalojadas por impago de hipotecas y otras tantas expuestas a una sanidad y a una educación de calidad cada vez peor. Y sin embargo, se están produciendo a libro cerrado, prácticamente sin discusión, en el marco de una democracia incapaz de abrirse a la participación directa de la ciudadanía en la definición de las alternativas a la crisis.

Si se parte de aquí, lo que sorprende, más allá de los insultos y forcejeos aislados del miércoles, es la paciencia y la capacidad de auto contención de la población. El propio movimiento del 15-M ha dado muestras de una firme vocación pacífica al condenar rápidamente unos actos minoritarios, cuya violencia es a todas luces menor a la ejercida por la policía en plaza Catalunya o a la que suponen los despidos y desalojos masivos. En este contexto, presentar el intento de bloqueo simbólico del Parlament como un “caos” o un acto “totalitario” resulta un despropósito. Más bien, debería verse como un desesperado intento de desbloquear una democracia secuestrada por intereses para los que el debate y la participación popular cuentan muy poco.

Gerardo Pisarello, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso, es profesor de derechos constitucional en la Universidad de Barcelona. Jaume Asens es un abogado muy próximo a los movimientos sociales ciudadanos. Ambos juristas son miembros del Observatori DESC e impulsores de la querella contra las agencias privadas de calificación del riego.