El País, 26-07-2011
Según el actual presidente de la patronal CEOE, hay que acabar con el "funcionario incumplidor y prepotente". En esa perogrullada estamos todos de acuerdo, de la misma forma que, supongo, lo estaremos en acabar con el político incumplidor y prepotente, con el empresario incumplidor y prepotente, con el empleado privado incumplidor y prepotente.
Quien esto escribe lleva casi 30 años de su vida trabajando como funcionario y parece que ha tenido una enorme suerte, pues de entre todos aquellos con los que ha trabajado solo a una insignificante parte se le podrían aplicar los calificativos expresados por el señor Rosell. De sus palabras se deduce que si los funcionarios son prepotentes e incumplidores, la función pública también lo es. Solución: acabar con ella, privatizando la mayoría de los servicios públicos. Este continuo y denodado ataque a la función pública, es un ataque claro al Estado de bienestar.
Cuando se ataca a estos trabajadores, lo que realmente se está atacando es la sanidad y educación públicas, los servicios sociales y asistenciales, la seguridad alimentaria y tantos otros servicios que garantizan que podamos ejercer los derechos que constitucionalmente tenemos reconocidos.
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