blog El Gerente De Mediado, 11/12/2020
El
7 de agosto enviamos una carta a Lancet instando
a la realización de una evaluación externa independiente de la
gestión de la pandemia COVID-19 en España. La carta tuvo amplia
repercusión en medios de comunicación y tuvo una acogida
mayoritariamente favorable, pese a lo cual el Ministerio de Sanidad
español no se dio por aludido. En el mes de setiembre publicamos una
segunda carta en Lancet
Public Health en
la que continuábamos urgiendo al gobierno central y al de las
comunidades autónomas a realizar la evaluación a la mayor brevedad
posible. A resultas de ello, una representación de los autores de
ambos textos pudo reunirse con el Ministro y la Secretaria de Estado
dos meses después de la publicación de la primera carta, donde el
Ministerio se comprometió a elaborar un marco para la evaluación en
el plazo de un mes, no sin antes manifestar su malestar por la
publicación de la primara carta. Han tardado dos meses en elaborar
dicho documento que aún está en fase de borrador;
en éste no existe un compromiso firme ni que a sea realmente una
evaluación independiente, ni a que se realice pronto, puesto que se
establece que el informe final podría estar disponible a
los cuatro meses “aproximadamente”
de que se constituya el grupo de planificación y coordinación de la
evaluación, aún por designar; incluso no se descarta que la
supuesta evaluación se realice una vez finalizada la pandemia,
cuando los muertos sean ya definitivos. En definitiva, y en el mejor
de los casos, no se dispondría de la evaluación hasta el verano del
2021, fecha en la que (con las optimistas previsiones sobre
vacunación del señor Illa) la pandemia probablemente haya
acabado.
Los
más comprensivos a la postura del gobierno, argumentarán que es
razonable su retraso al estar en pleno segundo pico, momento en el
que las prioridades son otras. Argumento que podría aceptarse si no
fuera porque cuando se propuso no había comenzado la segunda ola,
además de que si la evaluación es realmente independiente no
debería suponer sobrecarga alguna para el Ministerio.
La
razón última posiblemente sea otra. L a resistencia del gobierno
actual a rendir cuentas (ese gobierno que iba a ser radicalmente
diferente de los anteriores), es más que evidente. El Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano oficial que vela por
el cumplimiento de la ley de transparencia desde 2015, llegó
a afirmar recientemente que
el Ministerio de Sanidad está “dificultando la adecuada protección
y garantía del derecho constitucional a acceder a la información
pública”. Ni responde a la ciudadanía en modo alguno, ni lo hace
a organismos oficiales como el propio CTBG: de 17 resoluciones
emitidas por el citado organismo respecto a peticiones al Ministerio
de Sanidad, 15 recibieron silencio administrativo, y en una de las
restantes se limitó a enviar un enlace cuya información no
correspondía a la información solicitada. Entre las preguntas no
respondidas se encuentran la solicitud de información sobre la
propia pandemia, ni las actas de las supuestas reuniones de expertos,
expertos que por supuesto siguen siendo desconocidos. La tendencia a
hacer caso omiso a cuanta demanda de información se solicite no es
coyuntural: la declaración del estado de alarma llevó implícita la
congelación de la ley de transparencia hasta el mes de junio,
momento en que la mayor parte de las peticiones de información
previamente realizadas fueron ignoradas.
El
señor Illa, ministro de Sanidad es un profundo ignorante en salud y
sanidad, pero un consumado artista de la política. ”Ni palabra
mala ni hecho bueno” decía mi abuela, dicho que refleja bien su
comportamiento: nunca pierde la compostura, siempre “parece”
comprender los argumentos de su interlocutor, y tomar nota de sus
consideraciones pero en la práctica se comporta como el global de
los políticos de este país: practicando un moderno despotismo
ilustrado, en el que afirman con vehemencia trabajar por el pueblo,
pero despreciando absolutamente sus opiniones y demandas.
No
se va a realizar ninguna evaluación independiente, entre otras
razones porque ningún gobierno español va a permitir que el
resultado de ésta pudiera poner en cuestión, ni siquiera
mínimamente, sus decisiones. Nunca se ha hecho y, probablemente,
nunca se vaya a hacer: España no dispone de órganos realmente
independientes del poder político de turno (la mejor muestra es la
justicia) ni de instrumentos que permitan conocer a la ciudadanía el
desempeño de su gobierno. Pero tampoco existe voluntad de que esto
cambie: el respaldo obtenido en las urnas sirve de patente de corso
para poder gobernar a sus respectivos antojos, sin rendir cuentas en
momento alguno. Para el presidente del gobierno actual, sus
comparecencias ante la prensa son la mejor rendición de cuentas que
pueda existir.
España
es el país de la OCDE con peores resultados globales en salud y
economía: a pesar de la continua limitación de derechos
individuales y colectivos a los que se somete a la población
española estamos situados en un “envidiable” noveno puesto en el
total de personas infectadas pese a ser un país de menos de 50
millones de habitantes; Pero donde las cifras son de escalofrío es
en número de muertes: noveno también en cifras absolutas, quinto en
muertes por millón, cuarto en exceso total de muertes en este año,
y tercero en exceso de muertes por millón de habitantes. Un “gran”
resultado pese a limitar en todo lo posible la vida social y
económica, decisiones que han producido el mayor impacto en la
economía de toda la Unión Europea, con una previsión de caída del
PIB mayor del 12%.
Algunos
países tuvieron buenos resultados en la primera oleada, y malos en
la segunda o viceversa; España siempre ha estado en ambas olas en
los peores lugares. Las residencias siguen siendo el primer lugar de
muerte, la Atención Primaria o las UCIs están colapsadas, y la
culpa es de la irresponsabilidad de la gente, como si la “gente”
en España fuera mucho más irresponsable que en Alemania, Noruega o
Australia. Como se ve no hay motivo de preocupación, ni necesidad
urgente de realizar evaluación alguna.
La ingenuidad ha sido creer que una evaluación de esta importancia podría realizarse con la colaboración de los gobiernos españoles.
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