La falta de transparencia en aspectos cruciales como la financiación y la propiedad repercuten en la escasa confianza que los ciudadanos tienen en la prensa
La crisis de los medios de comunicación lleva camino de asimilarse a la del teatro, ese género con una mala salud de hierro que lleva agonizando –en teoría– al menos desde el estreno de La venganza de Don Mendo. No es que no exista, por supuesto (al menos la de los medios). Es más, si hay alguna discrepancia de análisis sobre el estado actual del sector en España es sobre el número de crisis que soporta. Son graves, desde luego, la laboral (no solo el paro, sino una precariedad que roza la servidumbre de la gleba) y la económica. Pero como alivio de la primera, por primera vez en la Historia, o desde el estreno de La venganza… nunca hubo tantas empresas, o proyectos periodísticos, creadas por profesionales, lo que compensa –o es consecuencia– que nunca hubo tan pocos editores profesionales gestionando los medios. O en realidad, tan pocos editores, dada la enorme concentración existente. Y como consuelo de la segunda, tenemos la ventaja de que, al contrario de otros sectores afectados por los cambios tecnológicos o los signos de los tiempos, nuestro “producto” sigue teniendo demanda.
Aunque roce la frivolidad jerarquizar las miserias, el deterioro en los aspectos profesionales es incluso más grave que en los económicos, porque no son coyunturales, y ya existían en tiempos de vacas gordas. Es bien sabido que los periodistas, después de los políticos, y a la par de los miembros de la judicatura, son las profesiones que más han caído en picado en la apreciación social desde que se puede opinar. No creo que haga falta detallar las razones de la caída en desgracia de la clase política, y en cuanto a la justicia, además de sus propios méritos para el descrédito, de su paso por ella siempre sale descontenta una de las partes, cuando no las dos. Pero ¿a qué se debe la pérdida de confianza en los medios o en sus profesionales?
Paradójicamente, la sociedad española tiene unos estándares nórdicos de valoración de la importancia de los medios de comunicación, según el Pew Research Center. Lo malo es que la confianza en ellos se sitúa en la parte sur, y no solo en lo geográfico. Incluso, al igual que en Suecia y Dinamarca, no hay apenas diferencia en la apreciación entre el público de derechas y el de izquierdas, mientras hay un abismo entre la confianza de quienes mantienen posiciones populistas (26%) y aquellos que no (51%).
Al tiempo, seis de cada diez españoles, según el PRC, piensa que los medios no informan de manera equilibrada, un porcentaje únicamente superado en Grecia, y similar al de El Líbano, Corea del Sur o Chile.
Esa desconfianza hace que las fuentes informativas en las que beben los españoles difieran bastante de las del europeo medio. Aquí también se puede hablar de dieta mediterránea, porque solo en España e Italia Google y Facebook compiten con los medios tradicionales, y en los tres países del sur de Europa es donde la audiencia de los medios públicos es menor, al menos en el análisis que hacía el PRC en 2017.
Los españoles no solo no se fían de sus medios: los acusan de echar leña al fuego. Según el barómetro del CIS de octubre de 2018, el 13,6% de los encuestados atribuían la crispación política a los medios/los periodistas (a los políticos el 52,3%, pero a los siguientes chivos expiatorios de la lista, empresarios y poderes económicos, solo los acusaba el 2,5%).
En resumen, el espectáculo de ilusionismo que practican los medios mainstream y buena parte de los organismos profesionales, que con una mano agitan la bandera de la libertad de expresión y sacan la pancarta contra la crisis el día del patrón, mientras con la otra ejecutan, más o menos en la oscuridad, maniobras para ejercer su influencia o proteger sus negocios, funciona relativamente. Pero de momento, esa parece ser la única estrategia realmente existente. The show must go on.
¿Hay alternativas? Claro. La primera, e inmediata, es la derogación de la Ley Mordaza, responsable, en buena aunque no en única medida, de que en el Mapa de la Libertad de Prensa en 2019 de Reporteros sin Fronteras, España ocupe el puesto 29 de 180 países. Es la mitad de la zona amarilla, calificada como “satisfactoria”, que no lo es tanto si tenemos en cuenta que están delante no solo Portugal (12), sino los menos obvios Jamaica (8), Costa Rica (10), Estonia (11), Surinam (20), Samoa (22), Namibia (23), Cabo Verde (25) y Ghana (27). La vieja Ley Mordaza y la nueva, la Digital. Es paradójica la coexistencia de esa ley con la resolución de Bruselas que insta a “proteger la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión en las artes contemporáneas, promoviendo la creación de obras de arte que den voz a las preocupaciones sociales, alienten el debate crítico e inspiren una contranarrativa”.
Las demás medidas deberían ser el resultado de un debate entre las partes interesadas, siempre que a las partes no les interese únicamente dejar las cosas como están, o practicar el gatopardismo, esa actitud que la aristocracia siciliana aprendió sin duda durante la dominación española. Hay una serie de recomendaciones, considerandos y normas que han venido elaborando distintas instancias europeas los últimos años, y cuya aplicación en España ha sido como si tocasen el tambor. Las conclusiones del Grupo de Alto Nivel (HLG) sobre Pluralismo y Libertad de los Medios de Comunicación, de la Comisión Europea, de enero de 2013; las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en el entorno digital (febrero de 2014) o la resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la UE. 0
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