Una cuestión recurrente cada año. Nombramientos de altos funcionarios más trufados de politización y nepotismo que de mérito y capacidad. Escasa transparencia y malas prácticas abundan en los concursos de méritos y en los nombramientos por libre designación.
En la Administración General del Estado se han jubilado funcionarios de gran competencia profesional y experiencia. Ante la escasa oferta de empleo público,las vacantes se cubren con interinos. Las urgencias en la plantilla se atienden con comisiones de servicio. Después se convoca la plaza definitiva a la medida del candidato de confianza que ya desempeña el puesto.
La confianza es el ingrediente básico en las convocatorias por libre designación, coto de la discrecionalidad. El mérito y la capacidad son secundarios. La competencia profesional y la experiencia dejan paso a la arbitrariedad y el favor personal (o el ajuste de cuentas). Los nombramientos se basan en la afinidad personal o política, a veces en la amistad o familia.
Contra los deseos del poder hay poco que hacer. La práctica se extiende por la Administración Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Algunos funcionarios hablan de la «bala de plata» de los altos cargos, de su «opción preferencial» a los suculentos puestos en empresas públicas, en embajadas y en organismos en el exterior. Luis de Guindos ha repartido premios y puertas rotatorias para sus colaboradores más próximos antes de la llegada del nuevo ministro Román Escolano quien a su vez procede de un destino privilegiado al que renuncia ahora. Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública nada se hace para poner coto y orden a los nombramientos por libre designación.
Los perjudicados poco pueden hacer, no impugnan los nombramientos, hay miedo a represalias. Más vale resignarse, esperar mejores tiempos. Es poco probable que los tribunales les den la razón y en tal caso la Administración eludirá el cumplimiento de las sentencias.
El resultado es la desprofesionalización de la Administración, la colonización por la clase política de los puestos directivos. Los funcionarios quedan al servicio del Gobierno de turno más que del Estado. Como en los países con servicios públicos menos avanzados.
Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Los controles administrativos establecidos no funcionan cuando el personal de confianza tolera y no impide tramas y expedientes que han acabado en una grave corrupción o en una ineficaz asignación de los recursos públicos. La libre designación es la piedra angular de la corrupción.
La libre designación no debe ser discrecionalidad ni arbitrariedad. No puede escapar al control judicial garante de los principios constitucionales de mérito y capacidad de los directivos públicos. Garantía de imparcialidad, neutralidad y objetividad para los funcionarios. Y para los ciudadanos que merecen tener los mejores funcionarios.
Rosalía Villoria es secretaria del sector de la Administración General del Estado, Federación Servicios Públicos UGT Madrid.
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