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jueves, 30 de agosto de 2018

¿Antropoceno? Más bien ‘Capitaloceno’. Entrevista


Jason W. Moore 

En el debate de la crisis ecológica global, se habla cada vez más del Antropoceno, término resultante de la combinación de las palabras griegas “anthropos” (humano) y “kainos” (nuevo). Este concepto se refiere a la escala global del impacto de la actividad humana en la composición y funcionamiento del “sistema de la tierra”. En su versión más común, la idea del Antropoceno se basa principalmente en consideraciones ecológicas. Esto apunta especialmente a la extinción acelerada de un mayor número de especies, la progresiva reducción de la disponibilidad de combustibles fósiles y el aumento de emisiones de gases de invernadero, incluidos el dióxido de carbono y el metano. Aunque se trata de un fenómeno muy reciente a escala geológica, ha quedado ya bien establecido que la actividad antrópica (es decir, de origen humano) es causa directa de estos fenómenos y ha influido profundamente en las transformaciones del medio ambiente a escala global.
La perspectiva de una “ecología-mundo”, desarrollada por Jason W. Moore, no discute parte alguna de este cuadro desde un punto de vista descriptivo; logra, sin embargo, captar algunos otros aspectos que también están respaldados por algunos datos indiscutibles. El sociólogo norteamericano critica el relato “antropocénico” porque se centra sólo en los efectos de la degradación ecológica. De este modo, se está en realidad descuidando el análisis de las causas de ese deterioro, lo que hace por tanto más difícil identificar a los responsables de la crisis ecológica y buscar soluciones políticas al problema. Por el contrario, debemos ir a la raíz del asunto, reconociendo que el capitalismo, si bien no tiene disposiciones para ser un sistema respetuoso con el medio ambiente, es en sí mismo, inevitablemente, un sistema ecológico.
Visto en este contexto, puede tomarse el impulso hacia la insostenibilidad ambiental por parte del capitalismo como algo ya inherente en la organización del trabajo que apunta a la acumulación ilimitada. Gracias a esta oportuna puesta al día de este concepto contemporáneo, el juego de herramientas teóricas está demostrando su continuada pertinencia, señalando que la coacción forzada del trabajo (tanto humano como no humano), subordinada al imperativo del beneficio a cualquier precio      —y por tanto de la acumulación ilimitada —es lo que está provocando la ruptura del equilibrio del ecosistema. No hablamos entonces del Antropoceno, sino más bien del “Capitaloceno”.
Nos encontramos con Moore en Ragusa [Sicilia], donde Salvo Torre, profesor de la Universidad de Catania, ha organizado un seminario intensivo sobre “ecología-mundo” y la actual crisis global crisis, programado para antes del congreso de Nápoles el 9 de junio con el título “Ecologie politiche del presente”, que incluirá también a otros especialistas académicos también implicados en la investigación de cuestiones de ecología política y conflictos socio-ecológicos. Conversan con Moore Gennaro Avallone (Universidad de Salerno) y Emanuele Leonardi (Universidad de Coimbra).

De acuerdo con su perspectiva, trabajo y naturaleza son dos caras de la misma moneda, sobre todo si se considera la necesidad capitalista de producir grandes cantidades de bienes a un coste cada vez menor. ¿Cómo se constituye la relación, entonces, entre naturaleza barata y trabajo barato?
Mi punto de partida es la consciencia de que el capitalismo no es sólo una práctica de explotación económica del trabajo, sino también —y de modo más fundamental — una forma histórica de dominación que se extiende al trabajo doméstico, el trabajo servil y el trabajo que implica a la naturaleza. En este sentido, el capital siempre tiene necesidad de producir naturaleza barata, con el fin de relanzar continuamente el proceso de acumulación. Esta palabra, “barata”, no se refiere solo a su bajo coste. Debería entenderse más bien como una estrategia abarcadora, en la que la reducción del precio queda subordinada a un deterioro más general, en términos de una dignidad y respeto “menores” asignados a los sujetos dominados: las mujeres, los pueblos colonizados y el medio ambiente. De acuerdo con este punto de vista, el trabajo barato es el único elemento de una  naturaleza que se ve sometida a violencia por el capital, y en la que debería pensarse tanto en términos de una dinámica económica dirigida a rebajar los costes salariales, es decir, el coste, así como el valor, de la mano de obra, así como en términos de un proyecto de expansión del trabajo no remunerado, el cual, aunque se haya vuelto invisible, se produce en el terreno de la reproducción humana.
En su libro sostiene que en la actual situación económica el capitalismo ha agotado su propia capacidad de producir naturaleza barata. ¿De dónde proviene esta convicción?     
Cada ciclo de acumulación de riqueza ha requerido de al menos cuatro elementos baratos. Estos llamados “cuatro baratos”, que se reducen a los bienes necesarios para la acumulación de riqueza, han sido la mano de obra, los alimentos, la energía y las materias primas. Cada una de las grandes olas de acumulación de riqueza a escala global se ha desarrollado basándose en amplias reconstrucciones de la “ecología-mundo”, que se han centrado en las revoluciones agrícolas. El momento presente es el último en una larga historia de limitaciones y crisis a las que se ha enfrentado el capital. Sin embargo, creo que hoy las condiciones que pueden reproducir esta suerte de proceso ya no están presentes, primordialmente a causa del cambio climático, que tiene el efecto de aumentar los costes y reducir la disponibilidad de cada uno de estos elementos. La naturaleza nos está pasando la factura, y exige el pago de lo que hemos ido extrayendo de ella durante siglos.  
Un flagrante ejemplo reciente de esto lo constituye el coste progresivamente más elevado de la agricultura, tanto en términos de energía como de biología. El consumo de reservas a escala planetaria es tan elevado que, para 2050, las cosechas que se planten rendirán considerablemente por debajo de cualquier expectativa probable del mercado alimentario global. 
Su campo de investigación tiene una dimensión militante explícita. ¿Cuáles son los principales instrumentos de movilización que ofrece esta perspectiva de la “ecología-mundo”?
Mi esperanza es que esta investigación teórica pueda proporcionar conocimientos útiles para los movimientos sociales de todo el mundo que luchan no sólo contra los efectos sino contra las causas de raíz del cambio climático. Naomi Klein ha recurrido a un término muy apropiado, “Blocadia” para referirse a esta zona de conflicto transnacional e itinerante que incluye y vincula en común luchas sindicales, movimientos ecológicos por la justicia climática y movimientos populares de extraordinaria potencia como Black Lives Matter [movimiento norteamericano contra la violencia policial que se ceba en la población negra], Idle No More [movilizaciones de protesta de pueblos aborígenes canadienses] y Standing Rock [nombre de la reserva de los sioux de Dakota centro de las protestas por el paso de oleoductos a través de sus tierras]. Creo que es hora de hacerse la pregunta de cómo podemos construir una contra-hegemonía post-capitalista, lo que podría contrarrestar de modo eficaz las desastrosas políticas medioambientales impuestas por el neoliberalismo.
En el libro que escribí junto a Raj Patel, A History of the World in Seven Cheap Things [Historia del mundo a través de siete cosas baratas] (en italiano Una storia del mondo a buon mercato, publicado por Feltrinelli), tratamos de mostrar algunas indicaciones para alcanzar esta meta y hablamos acerca de la ecología de las reparaciones, que incluye compensaciones monetarias por la deuda ecológica, pero que, por supuesto, no se reducen a eso. Sobre todo, identificamos diferentes formas de redistribución de riqueza —tanto sociales como medioambientales — igualmente indispensables, así como la reinvención del trabajo más allá de su forma asalariada.   
Al fin y al cabo, ¿quién ha dicho que el trabajo no debería ser otra cosa que un trajín diario y no una alegre forma de compartir? En este punto, es importante ser claro: la revolución ecológica resulta absolutamente incompatible con la llamada “ética del trabajo”, que además no es otra cosa que una dolorosa herencia del colonialismo.
En resumen, no discutimos que se requieren trabajo duro y esfuerzos para producir lo que se necesita para el bienestar social, pero pedimos que el trabajo se haga, en la medida de lo posible, más pleno de sentido y agradable. Por encima de todo,     tenemos la esperanza de que las luchas de las y los trabajadores puedan cambiar radicalmente la actual relación perversa entre trabajo, vida y juego, que el capitalismo está imponiendo violentamente.
enseña Historia del Mundo y Ecología-Mundo en el Departamento de Sociología de la Universidad de Binghamton (Nueva York). Es coordinador del World-Ecology Research Network.

martes, 28 de agosto de 2018

La tiranía de la televisión. Connivencia entre los medios de comunicación y el poder




Transcripción de la conferencia impartida el 28 de junio de 2005 en el Casal Pere Quart de Sabadell, en el marco del ciclo “Televisió, política i poder ”, organizado por el Ayuntamientoi de Sabadel y la Lliga dels Drets dels Pobles

Hoy en día es indispensable y necesario –y se ha vuelto una exigencia casi social- el hecho de interrogarse sobre la articulación entre información, comunicación y poder. ¿En qué medida es posible una articulación? ¿Cómo funcionan estos dos conceptos, la información y el poder? ¿Cómo están articulados hoy? Sobre todo cuando decimos hoy, estamos hablando de un período que se caracteriza esencialmente por lo que llamamos globalización liberal. La globalización es la característica dominante de nuestro tiempo, como en otras épocas hubo fenómenos históricos importantes. 

Entre 1939 y 1945 lo más importante del mundo fue la II Guerra Mundial (de la cual este año se celebra el 60 aniversario de su final). Actualmente, lo más importante es la globalización liberal. En el marco de esta globalización, ¿qué papel juega la información y, más ampliamente, la comunicación, en el seno de la cual interviene este medio del cual hablamos hoy –la televisión-, pero que hoy día ya está dejando de ser el medio dominante en la medida en que habría que articularlo con internet? No cabe duda de que, hoy en día, hay una serie de indicios que nos muestran que, en las sociedades democráticas, los medios de comunicación no están funcionando. Y no están funcionando hasta tal punto que la sociedad, los países democráticos están reclamando que funcionen mejor. 

Algunos teóricos indican que, en la actualidad, uno de los problemas principales que tiene la democracia es el mal funcionamiento de los medios de comunicación y de información. Durante mucho tiempo se pensó que los medios eran una forma de hacer avanzar la democracia. Se pensó que los medios de comunicación (la prensa escrita, la radio, la televisión) permitían precisamente una expresión de lo que podríamos calificar de característica principal de la democracia, que es la libertad de expresión (o la libertad de opinión). Esta libertad, cuanto más se expresaba en los medios de comunicación, más significaba que estábamos en un sistema que admitía esa libertad sin trabas. Nos estamos dando cuenta ahora que el mal funcionamiento de los medios indica que algo no funciona en la democracia. Es decir, primero porque se plantea una cuestión sencilla que es ¿a quien pertenecen los medios?. Después plantea otras: ¿tienen los dueños de los medios los mismos intereses que los ciudadanos de una sociedad democrática? ¿O tienen unos intereses particulares? Cuando los medios que pertenecen a tales dueños defienden tal o cual valor, tal o cual idea, ¿será ello beneficioso para el conjunto de la sociedad o para los dueños de los medios? En estos últimos tiempos se han producido una serie de disfunciones mediáticas que indican que los medios son, hoy por hoy, “el problema” de la democracia. 

También tiene otros problemas como la persistencia de las desigualdades que, evidentemente, constituye la prueba de que no todo el mundo es igual y de que no todos los votos son los mismos y de que hay demasiados excluidos en nuestras sociedades. Los medios, como institución, han defraudado y están defraudando a los ciudadanos y tienen un comportamiento que no corresponde a lo que son y sienten los ciudadanos y a los propios intereses de los ciudadanos. Podemos tomar, por ejemplo, lo que ocurrido en Estados Unidos en vísperas de la guerra de Irak. Esta guerra se decide porque el gobierno de estados Unidos, apoyándose en una serie de informes, algunos de ellos procurados por servicios de inteligencia europeos (mayormente británicos, pero no sólo ellos, también italianos), afirma que el régimen de Saddam Hussein posee armas de destrucción masiva. 

Era una afirmación que, en principio, tenía la fuerza de intimidación de ser expresada por el presidente de los EUA, por el vicepresidente (Dick Cheney) y por el ministro de Defensa (Donald Rumsfeld). La opinión pública internacional podía partir del principio que semejantes autoridades a escala internacional no podían avanzar una idea falsa, que algo de verdad habría en esto. Recuerden cuál era la tesis principal para argumentar la necesidad de hacer esa guerra. Decían que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva (químicas, biológicas) y que estaba a punto de dotarse de armas nucleares y, por consiguiente, constituía un peligro no sólo para la región sino para la seguridad de los Estados Unidos. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ese estado podía poner esas armas de destrucción masiva en manos de algunos grupos capaces de golpear a Estados Unidos. El segundo argumento para hacer la guerra es que estaba establecido en que había una relación entre el régimen de Saddam Hussein y los autores del atentado del 11 de septiembre. 

Decían que, en definitiva, Saddam Hussein era el autor indirecto de los atentados en razón de sus relaciones con la organización Al-Qaeda. Cuando el gobierno de los EUA afirma eso, ¿cuál es el comportamiento de los medios de comunicación? ¿Cuál es el comportamiento de la prensa seria norteamericana, de la televisión y de las emisiones más serias de la CBS como Sixty minutes, que tienen una credibilidad importante? Esos medios de comunicación ¿se interrogan sobre esas afirmaciones, investigan sobre la realidad de esas informaciones? Periódicos tan serios y con fama mundial como el New York Times o el Washington Post (en particular el Washington Post había sacado a la luz el Watergate y podíamos como ciudadanos serios y críticos hacerle confianza), no sólo confirmaron lo que decía el gobierno de los Estados Unidos sino que publicaron una serie de artículos confirmando que los argumentos y afirmaciones del gobierno eran más que ciertos. Pero hoy sabemos que esas armas nunca existieron. Hoy sabemos que nunca hubo relaciones entre el régimen de Saddam Hussein y AlQaeda. Hoy sabemos que esa guerra se hizo en nombre de argumentos falsos que convencieron a la opinión pública norteamericana porque todos los medios lo repitieron. Y en el momento de empezar la guerra, el 20 de marzo de 2003, entre el 65 y el 70 por ciento de la  opinión pública norteamericana apoya a su gobierno en su decisión de invadir aunque no tenga la autorización de Naciones Unidas, aunque decida llevar a cabo una aventura militar fuera de la legalidad internacional. Esta adhesión de la opinión pública es consecuencia del apoyo de los medios de comunicación y esos medios de comunicación se equivocaron masivamente. 

Los medios de comunicación no jugaron el papel que nosotros tenemos el derecho de esperar: que nos digan la verdad, que nos den elementos que nos permitan juzgar. ¿Lo que dice el gobierno es cierto o es falso? Nosotros tenemos que confiar en los medios de comunicación para recoger elementos que nos permitan juzgar. Si los propios medios de comunicación se alinean con una posición que se va a revelar errónea por parte de este gobierno, evidentemente no tenemos elementos de juicio. Eso sin tener en cuenta lo que sucedió después, al iniciarse la guerra, como el asunto de la soldado Lynch, como todas las mentiras que se ha ido diciendo sobre lo que está sucediendo allí. 

Podríamos poner otro ejemplo de fracaso, de desastre mediático. Este es uno de los más que se han producido en los últimos años, pero podríamos hablar del 11 de marzo aquí en España, donde vemos como un presidente del gobierno llama directamente a los responsables de los principales medios para afirmar que él sabe quien ha cometido este atentado y para que estos medios reproduzcan quien ha cometido este atentado en la versión del presidente del gobierno. Cuando su propio ministro del interior –en los medios dominantesestá también dando una versión que se va a revelar falsa de esos atentados. Unos atentados que traumatizan a la sociedad española, de la misma manera que los atentados del 11 de septiembre traumatizaron a la sociedad norteamericana. Vemos que pocos medios consiguen resistirse a este tipo de manipulación. Pocos medios serios resisten al argumento de autoridad de que el presidente del gobierno diga, según él, quién es el autor de atentado. Por eso, en los primeros días, muchos medios de comunicación van a afirmar que es ETA el autor del atentado cuando ya hay indicios de que no puede ser y de que se trata de un atentado de carácter islamista radical, más o menos ligado a Al-Qaeda. En toda esta historia, vemos como un gobierno trata de imponer lo que llamaríamos una “verdad oficial”, lo que antes, en los países autoritarios, se llamaba la “verdad oficial”. Existe la “verdad oficial” y la “verdad real”. Lo sucedido en España el 11 de marzo aporta una segunda lección. La primera es que aquí, como en otras partes, los medios de comunicación están ligados al poder o a intereses económicos muy ligados al poder y no tienen suficiente distancia crítica. Pero hay una segunda lección que podemos sacar de la experiencia española –que es bastante inaugural a escala internacional y que, en cierta medida, corresponde a que hay un sentimiento en las sociedades democráticas de que los medios no funcionan y de que eso es un problema-. 

Frente a esa verdad oficial que los grandes canales públicos -expresión del gobierno- van a repetir sobre la versión oficial de los atentados del 11 de marzo, la sociedad empieza a reaccionar con un sentimiento crítico y empieza a autoinformarse, con una especie de guerrilla mediática frente a los cañonazos mediáticos dominantes de los grandes medios. Con instrumentos muy ligeros  (mensajes a través de los teléfonos móviles, el correo electrónico), la gente empieza a avisarse de que hay otros medios que están dando otra versión sobre ese crimen y, por consiguiente, se produce lo que podríamos llamar la primera insurrección mediática en una sociedad moderna. En esta insurrección, una parte importante de la sociedad no acepta la versión oficial y, alertándose a sí misma, propone buscar la verdad de otra manera y de encontrarla y además eso se va a traducir en una sanción electoral contra un equipo político que trataba de imponer una versión que no se correspondía con la realidad. Esta situación que se da en España es muy particular, porque encontramos tres ingredientes que no siempre coinciden y que tienen que ver con el tiempo. El tiempo del acontecimiento (11 de marzo), el tiempo mediático (toda la cobertura que se va a hacer instantáneamente) y el tiempo electoral (que hace que simultáneamente se produce el acontecimiento, el eco mediático y la sociedad que interviene muy rápidamente). La tercera lección, que demuestra que algo no funciona en los medios, es lo que ha pasado en Francia con el referéndum. ¿Qué ha ocurrido en Francia, desde el punto de vista mediático, con el referéndum? Desde este punto de vista, todos los grandes medios de comunicación franceses (televisiones, radio, periódicos) estuvieron machacando durante meses que si no se votaba que sí, sería una catástrofe. Estuvieron aterrorizando a los ciudadanos, en nombre del interés superior que, según los editorialistas y los periodistas, era lo que necesitaba el país. Todo el establishment político, los grandes partidos y los grandes dirigentes, con la ayuda de todos los grandes dirigentes europeos, que vinieron a repetirle a la gente que debían votar sí. Teóricamente, en un referéndum se puede votar de dos maneras: sí o no. Y hasta puede uno abstenerse. 

Pero ahí se difundió la idea de que sólo se podía votar sí. ¿Y qué hizo la gente? El 60 por ciento votó que no. ¿Qué demuestra eso? Pues que la gente no sigue lo que le dicen los medios. Los medios no tienen tanta influencia en la sociedad como a veces creemos nosotros mismos que somos críticos. En Francia, si la sociedad hubiese votado en proporción a lo que los medios dominantes dijeron o al tiempo en sí que se dio durante la campaña, se hubiera obtenido un 80 por ciento a favor del sí y el 20 por ciento a favor del no. Hoy en día, en nuestras sociedades, cada vez hay más desconfianza en relación con los medios. Algo no está funcionando en los medios de comunicación. Y esto, evidentemente, es importante porque durante mucho tiempo, en nuestras sociedades, a los medios de comunicación se les llamó “el cuarto poder”. Se decía que el cuarto poder podía propiciar el perfeccionamiento del funcionamiento democrático. La expresión del cuarto poder se inventó en Francia, aunque luego la van a usar los norteamericanos en relación con la prensa. Pero se inventa en Francia, en un momento particular, cuando se produce en Caso Dreyfuss. Alfred Dreyfuss era un oficial del ejército francés, en tiempos de la Tercera República, al cual se acusó de ser espía a favor de Alemania. A ese hombre se le encontró un documento comprometedor, fue juzgado, degradado y retirado del Ejército y se le condenó a cadena perpetua en un penal en Cayenne, en la Guyana francesa. A ello se le dio una enorme publicidad y Francia se dividió en dos ante este caso. Unos decían que Dreyfuss era víctima de una injusticia y los hostiles decían que había encontrado su merecido. En este debate surgió un elemento muy importante, que fue la intervención de un gran escritor muy popular e implicado socialmente, que se llamaba Émile Zola. Él escribe en toda la primera plana de un periódico muy importante un artículo titulado “J’accuse”, en el que demuestra que Dreyfuss no ha sido condenado por una cuestión de espionaje que nunca se demostró (cuando se le volvió a juzgar se pudo comprobar), sino que se le había juzgado únicamente porque era judío. 

El ejército, vieja institución francesa, no soportaba que los judíos pudieran progresar y era una manifestación del antisemitismo moderno. El caso se pudo revisar, Dreyfuss regresó y se le restablecieron sus derechos. Ahí surgió, por una parte, la figura del intelectual (Zola) en el sentido en que lo entendemos ahora. Y surge el cuarto poder. Esto es importante entenderlo: el cuarto poder sólo tiene significado en un marco democrático. En un marco dictatorial no puede haber cuarto poder porque todo lo determina la dictadura. No hay prensa libre. Hay una prensa tolerada, más o menos domesticada o servil, pero no hay prensa libre y no puede haber cuarto poder. Todo está funcionando mal. 

El cuarto poder tiene sentido en un marco democrático por la razón siguiente: un régimen puede ser democrático y, sin embargo, puede cometer injusticias. No es una contradicción. En el siglo XXI, nosotros consideramos que la democracia es el régimen menos imperfecto, pero aunque es así, puede tener imperfecciones. Y pueden ser imperfecciones graves. Una democracia funciona sobre el principio de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es el poder de la asamblea en el que representantes del pueblo soberano hacen las leyes. En una democracia, se pueden hacer leyes inicuas, leyes que podrían calificarse de criminales. Por ejemplo, en Estados Unidos es la democracia moderna más vieja tuvo durante siglos leyes democráticas que permitían la esclavitud o que permitían la discriminación racial. En muchos estados existía un apartheid legal hasta finales de los años sesenta. No hace tanto tiempo. Recientemente han podido ver el caso de un hombre del KuKlux-Klan que fue juzgado por un crimen admitido sin que fuese condenado. En un país democrático puede haber leyes criminales. 

En Francia e Inglaterra –países de tradición democrática- también ha habido leyes que han permitido la colonización, leyes que consideraban a unos pueblos inferiores a otros, cosas que hoy en día nos escandalizan. De la misma manera, en muchos países, el ejecutivo puede llevar a cabo acciones contra tal o cual minoría o sector de la población que pueden ser escandalosas, aunque sea un ejecutivo democrático. El poder judicial, cuando es realmente independiente del poder político, también puede cometer injusticias. Todo el mundo sabe que se puede condenar a inocentes o se puede declarar inocente a alguien culpable, como este hombre del Ku-Klux-Klan que fue juzgado inocente cuando había participado en el asesinato de tres defensores de los derechos cívicos.  Si estamos en democracia y si los poderes tradicionales se equivocan, ¿quién los puede corregir? Si estamos en dictadura, podemos decir: “¡Ah! ¡Si estuviéramos en democracia, esto no ocurriría!”. 

Pero estando ya en democracia, no hay un régimen que sea más democrático que el democrático. Entonces, quien lo puede corregir es la prensa. Es quien puede decir: esta ley es inicua, esta persona es inocente, etcétera. ¿Y quién lo puede demostrar? Los medios de comunicación. De ahí surge la idea del cuarto poder. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Durante mucho tiempo hemos creído en el cuarto poder y hemos creído que una democracia se perfecciona con un cuarto poder que defiende un cierto número de valores. No sólo ligados a la democracia, sino también valores ligados a la ética, a una concepción del vivir en común. Por consiguiente podríamos pensar que esta concepción cívica del periodismo o de la información permitía corregir y ayudaba a perfeccionar la democracia. 

Pero, ¿qué he dicho al principio de esta charla? Que en el caso de la guerra en Irak, la prensa estadounidense no nos dijo que lo que decía el señor Bush era falso. La prensa no advirtió: “¡Cuidado, que nos están llevando a una guerra sin razón!”. Saddam Hussein era un dictador. ¿Pero es que en esa región sólo había un dictador? Hay una dictadura en Arabia Saudí, en Egipto, en Jordania, etcétera. En muchos países hay dictaduras. ¿Por qué hacer la guerra en ese país y en ese momento? Porque tenía armas de destrucción masiva, decían. Pero luego se vio que no las tenían. ¿Por qué la prensa no nos dijo que no las tenían? No jugó su papel de “cuarto poder”. Actualmente, estamos viendo que la prensa no funciona con el mismo diapasón que la sociedad y que, por otra parte, no refleja forzosamente los intereses de los ciudadanos. ¿Por qué razón el cuarto poder está fracasando? Una de las razones tiene que ver con la globalización, con este fenómeno que yo describía al principio. ¿Qué es la globalización? Esencialmente, es una dinámica económica. 

Podríamos resumirlo diciendo que es la segunda revolución capitalista. Un fenómeno en el que el poder político está supeditado al poder económico, a escala internacional. La política no ha perdido el poder pero, hoy en día, tiene que negociar con fuerzas económicas globales, mundiales y también con instituciones económicas (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio...) que fijan reglas que todos los gobiernos deben obedecer. Por consiguiente, el poder económico está por encima del poder político. En el seno del poder económico está el poder financiero que es más importante que el propio poder económico de tipo industrial tradicional. Eso quiere decir que los actores de la globalización no son los estados, que hasta ahora habían sido los actores de la dinámica política. ¿Quiénes son los actores importantes en el seno de la globalización? 

Pues son los grandes grupos económicos, las grandes empresas mundiales o los grandes fondos monetarios, que son los que están en el área del sector financiero. Y entre los grupos empresariales dominantes están los grupos mediáticos que, evidentemente, hoy día son actores centrales de la globalización. ¿Y qué forma e intereses  tienen estos grupos? Ya no tienen la característica que pudieron tener en otro momento. Por ejemplo, cuando tratamos de explicar la relación entre la información y el poder (en los institutos, en la facultad de periodismo), hay una película que sirve de modelo y que tiene como fondo central esta articulación entre el poder de la prensa y el poder político. Se trata de Ciudadano Kane, una película que Orson Welles filmó en 1941. Ciudadano Kane cuenta la historia de un señor muy rico, que posee una serie de periódicos y que con ellos quiere manipular las elecciones –hasta él mismo se presenta a ellas y vemos a su amante que canta y a la cual él quiere transformarla en la Callas de su época. Es una película bastante genial, por otra parte. Es decir, que con el poder de la prensa se puede hacer lo que se quiere en un país. Eso era lo que podía suceder en 1941, aunque tampoco tanto. Como saben ustedes, el modelo de Welles para su Ciudadano Kane fue el magnate de la prensa William Randolph Hearst. Era el dueño de muchos periódicos al final del siglo XIX y fue el que provocó la entrada en guerra de los Estados Unidos contra España en la Guerra de Cuba. Hearst mandó a uno de sus periodistas que era dibujante para que hiciera ilustraciones sobre la barbarie española en Cuba. Este señor se estuvo paseando por La Habana y no veía nada. 

Le mandó un telegrama a Hearst diciéndole: “Aquí no veo nada y voy a regresar” y Hearst contestó: “Usted quédese y mándeme ilustraciones, que yo le mando la guerra”. Y efectivamente, la presión sobre el presidente William McKinley hizo que se desencadenara la guerra. Pero este es un universo de finales del siglo XIX. Hoy en día, alguien que poseyese algunos medios de prensa escrita en un sólo país (como era el caso de Ciudadano Kane) no sería un gran grupo mediático. ¿Qué es un gran grupo mediático ahora? Es el que ha aprovechado la revolución digital. El hecho de que la comunicación sea prensa escrita, radio o televisión, funciona con la misma tecnología: la digital. Antes de la revolución digital, las máquinas de comunicar estaban especializadas. Es decir que sólo servían o bien para el texto, o para el sonido o para la imagen. Por ejemplo, yo les estoy hablando a través de un micrófono (un aparato que se inventó a finales de los años veinte) y por aquí sólo puede entrar sonido, no se puede ni una imagen ni un texto. Antes, los periodistas trabajaban con máquinas de escribir, porque sólo servían para eso: para escribir. No se podía meter un sonido. Los teléfonos de baquelita de antes sólo servían para el sonido. Es decir, las máquinas estaban especializadas y las industrias también: eran de texto, de sonido o de la imagen. Mientras que hoy, cualquier máquina de comunicar posee los tres. En cualquier teléfono hay una pantalla donde hay imagen, sonido, texto. En el ordenador hay imagen, sonido, texto: puedo escuchar discos, puedo ver vídeos, puedo ver películas. 

Todo está junto. Lo que hace que, hoy en día, en la industria mediática puedan cohabitar tres esferas que antes estaban muy separadas: la de la información (prensa escrita, radio, televisión e Internet), la de la publicidad (propaganda, mercadeo, etcétera) y toda la cultura de masas (cine, televisión, edición, tiras cómicas, música…). Estas tres áreas están ahora concentradas y una gran empresa mediática hace de todo y lo utiliza todo. Hoy en día, el equivalente de Ciudadano Kane sería Rupert Murdoch, el patrón de News Corporation, que posee decenas de canales de televisión de todo tipo, en todos los continentes; que posee decenas de periódicos en todos los continentes; que posee decenas de radios, editoriales, productoras de televisión y de cine. Lo que hay que entender es que la comunicación (la transmisión de mensajes) es una materia prima estratégica. Las grandes industrias son industrias de la información. De igual manera que, a finales del siglo XIX, las grandes industrias eran del carbón y del acero y que, en los años cincuenta, las grandes industrias eran las del automóvil, hoy las grandes industrias son las de la información y la comunicación. Es un sector estratégico de la economía. Por consiguiente, vemos como los actores de este sector estratégico (los de la telefonía, la informática, la electricidad) están viniendo al sector de la comunicación. Antes, los periódicos (de hecho, la información en general) pertenecían a pequeñas empresas familiares (aunque eso sigue existiendo, pero cada día más amenazados si no se integran en grupos). 

Ahora vemos que, a escala planetaria, la dinámica dominante es la aparición de grandes grupos que, evidentemente, tienen una estrategia muy ligada a los intereses de la globalización y son muy favorables a esa concepción neoliberal de la economía. Este tipo de funcionamiento económico hace que hoy, en la información, encontremos los mismos criterios que en otra parte: profesiones muy precarizadas, una productividad muy exigente con respecto a los periodistas, una proletarización muy acelerada de la profesión periodística. Vemos como la industria de la producción de información está sometida a criterios que aparecen en otros sectores de la economía. ¿Cuál es la consecuencia? Muchos periodistas no tienen ni el tiempo, ni los medios, ni la tranquilidad de espíritu para poder hacer las encuestas necesarias. Además, en estos grandes grupos mediáticos, hemos visto llegar industriales de otros sectores y con otras intenciones. Antes se ha mencionado a dos grupos mediáticos franceses: Dassault (que fabrica los aviones militares Mirage) y Lagardère (que fabrica los misiles franceses Matra). Dos industriales del armamento capitanean los dos grupos mediáticos más importantes de Francia. 

En televisión, el grupo mediático más importante en Francia es Bouygues, propietario de la cadena de televisión TF1. Es un empresario de la construcción en obra pública. No procede del sector de la información. Se invierte aquí desde sectores muy diferentes por esa razón que he dicho antes: que la información, en el sentido amplio de la palabra, es una industria estratégica que tiene una rentabilidad en muchos aspectos (económica, ideológica y política). Hablando de rentabilidad política, tomemos en ejemplo de Italia. En este país hay una persona que empieza a hacer fortuna en la construcción, haciendo edificios en las nuevas barriadas de las ciudades industriales del norte de Europa. Este señor se llama Silvio Berlusconi y consigue una fortuna importante. En estas barriadas, él vende los pisos pero se reserva dos cosas: los supermercados y los canales de televisión locales por cable. Esto hace  que todas las personas que viven en esas barriadas sólo pueden consumir en los supermercados del señor Berlusconi y también, evidentemente, van a estar interesados por la televisión por cable que él les vende, a bajo precio, en el momento en que la RAI está empezando a perder el monopolio. Así empieza Berlusconi a constituir su fortuna y a construir su imperio mediático (teniendo, además, la primera empresa de publicidad del país). Berlusconi se transforma en la primera fortuna de Italia y una de las primeras fortunas de Europa. Con ello adquiere un poder mediático considerable. Tiene cadenas de televisión, de radio, periódicos, editoriales (como Mondadori) y, una vez que tiene el poder económico y el mediático, ¿qué hace? Se presenta a las elecciones y las gana. Berlusconi es la demostración de que, hoy en día, el poder mediático está articulado con el poder económico y que esa articulación permite la adquisición del poder político. En el Líbano, hace unas semanas asesinaron a Rafik Hariri, que había sido primer ministro del país. ¿Cómo llegó Hariri a primer ministro? Con la reconstrucción del Líbano adquirió una fortuna colosal, con esta fortuna adquirió el primer grupo mediático del Líbano y con todo ello fue elegido democráticamente primer ministro del país. Actualmente, aunque todavía existen medios de resistencia -que aún mantienen una exigencia cívica- y a pesar de que en el seno del periodismo hay muchos profesionales muy conscientes de esta derivación, la tendencia dominante es que los medios están cada vez más bajo la influencia de unos grupos y que éstos están obedeciendo a una lógica que es la de la rentabilidad y la de la articulación con los poderes dominantes. Sobre la cuestión del comercio de la información quisiera decir una cosa que, aunque a veces se intuye, no se expresa concretamente. ¿En qué consiste el negocio de la información? Todos pensamos que el negocio de la información consiste en vender información a la gente. Yo vendo una información y usted paga por adquirirla. 

Evidentemente, eso no funciona así. Hoy en día, el comercio de la información funciona de la siguiente manera: yo no vendo información a la gente, sino que yo vendo gente a los anunciantes. Y como vendo gente a los anunciantes, necesito que la gente sea el mayor número posible. Lo cual quiere decir que la información que yo voy a dar a la gente va a ser muy fácil, muy sencilla, muy digerible, muy sensacionalista, muy espectacular. Porque cuanto más sencilla, primitiva y maniquea sea esta información, más gente la podrá consumir. Cuanto más espectacular y sensacional sea, más gente estará interesada en ella. Eso es lo que hace Rupert Murdoch en Inglaterra. Entonces, cuando haya mucha gente pendiente de mi información, lo que no debo hacer es crear obstáculos entre la información y la gente. Ni obstáculos de conocimiento ni de saber ni de dinero. Por eso, actualmente, la información se regala: han aparecido los periódicos gratuitos. Aún quedan algunos periódicos que resisten y que son gratuitos de otra manera, pero todo el mundo sabe que existen Metro, 20 minutos, etcétera. Además, en la radio y en la televisión, la información es gratuita. Evidentemente, lo que está tratando de hacer esta información es que haya, sin el mínimo obstáculo posible, el mayor número de gente pendiente de ella, para poder “vender” esta gente a los anunciantes. Lo que venden los dueños de los medios es a nosotros. Nosotros somos lo que es vendido y cuando consumimos la información, en ese momento, nos están vendiendo. Este tipo de relación es extremadamente perversa porque si yo, que soy el patrón de una empresa periodística, voy a dar esta información gratuitamente (porque mi objetivo es que haya el máximo de gente), ustedes entienden que si voy a regalar esta información no voy a gastar mucho dinero para producirla. ¿Para qué me voy a gastar millones produciendo esta información? Voy a tratar de producirla al menor coste posible porque la voy a regalar, y eso no tiene valor. Lo que tiene que tener es algunos ingredientes, de todo tipo, que tengan seducción, para que el número de gente atraída por esa información sea el mayor. De esa manera, vemos como, poco a poco, la información se está degradando y cada vez es más difícil encontrar un medio (de prensa escrita, de radio, de televisión…) que sea suficientemente exigente para decirle a tres o cuatro periodistas (como en la época del Watergate): “Pónganse ustedes a investigar, que nosotros costeamos su investigación, cueste lo que cueste y dure lo que dure”. Eso ya no lo hace nadie porque eso tiene un coste demasiado elevado y, además, esta información prácticamente se va a regalar. Nosotros, la sociedad, estamos recibiendo una especie de escoria –que pretende ser información- pero que en la mayoría de los casos no es más que una información muy barata. No todos los medios actúan igual. Afortunadamente, en todos los países hay algunos medios que son más exigentes y periodistas muy competentes, pero la tendencia general es esa. 

Sin embargo, en estos momentos, no podemos afirmar que la prensa de pago resistirá a la prensa gratuita, con esta perversión que les he señalado y que es que la prensa gratuita no va a poder ofrecer información de calidad. Estamos en una situación paradójica. Hoy en día disponemos de mecanismos tecnológicos extremadamente sofisticados. Nunca ha habido tanta posibilidad tecnológica para informar de manera satisfactoria (disponemos de satélites, de capacidad de captar toda clase de información rápidamente, con teléfonos que hacen fotografías y filman y eso se puede enviar a gran velocidad mediante un ordenador…). Por consiguiente, tenemos una tecnología extremadamente sofisticada y perfeccionada y con un número de fuentes de información que se ha multiplicado, lo cual demuestra que la libertad de expresión es total. Hay sobreabundancia de información y, sin embargo, constatamos que la información no funciona. Disponemos de una maquinaria muy sofisticada, de una variedad muy grande, pero, en realidad, los medios no están cumpliendo. Cuando se produce algo serio, o no lo ven, o no lo saben, o lo explican mal. Por ejemplo, sobre la ocupación de Irak, ¿cuál fue la información más importante? Que había torturas en la cárcel de Abu Grahib, cosa gravísima, no sólo por las torturas sino porque el país que practicaba esas torturas, nos había dicho que una de las razones de la intervención en Irak era eliminar un gobierno dictatorial que practicaba la tortura. 

Evidentemente, hay una contradicción. Si se va a establecer un régimen que respeta los derechos humanos practicando la tortura, hay una “pequeña” contradicción. Pero, esas imágenes de Abu Grahib, ¿las sacaron los periodistas? Había miles de ellos en Irak. Pues no. Fueron los propios soldados. O sea, que ante las mismas barbas de miles de periodistas se estaba practicando la tortura desde hacía más de un año y no lo sabían. Toda esta maquinaria tan sofisticada, no funciona y cada vez que ocurre un gran acontecimiento nos damos cuenta de ello. De ahí viene nuestra insatisfacción como ciudadanos, de que está ocurriendo con la información, lo que ha ocurrido con la alimentación. No tiene nada que ver, pero, curiosamente, se parece. En materia de alimentación -durante mucho tiempo- en nuestras sociedades ricas, opulentas y democráticas, dominó la penuria, la escasez. En épocas difíciles hubo racionamiento. Y, de repente, a partir de los años sesenta, entramos en una sociedad de consumo (con la revolución agraria, etcétera) en que la alimentación se hizo abundante. Y ahora, globalmente, en los países desarrollados no podemos decir que la gente se muera de hambre (puede haber casos, pero no es la tónica dominante). Hay hambre en el mundo, pero no en los países desarrollados. Hemos pasado de una época en la que había hambre, en que la gente enfermaba (tuberculosis, anemias…) porque no se comía suficientemente, a una sociedad en la cual la alimentación es sobreabundante. 

Pero, ¿qué ocurre con esta alimentación sobreabundante? Ocurre que está contaminada, está llena de pesticidas, de aditivos. Por consumir esta alimentación tenemos otra clase de enfermedades: obesidad, problemas cardiovasculares, cáncer, etcétera. Sin olvidar la enfermedad de las vacas locas o la fiebre aviar, etcétera. O sea, que esta alimentación tan abundante nos está matando. ¿Y qué es lo que estamos reclamando ahora con respecto a la alimentación? Estamos reclamando un cambio en la manera de alimentarnos. Muchas personas están dispuestas a pagar un poquito más para tener una alimentación sin pesticidas o que la carne que comen no proceda de vacas locas. Queremos una alimentación orgánicos y cuando los compramos, vemos si contienen OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y no queremos, prestamos cada vez más atención a lo que comemos porque sabemos que el problema no es comer o no comer. El dilema es: comer con garantías de que esa comida no nos va a hacer daño o comer sin esas garantías. Con la información está sucediendo lo mismo. 

En España, hemos pasado de una dictadura sin información (o con una información bajo estricto control), a esta situación actual (que es característica de todas las sociedades democráticas) que es la sobreabundancia de información. Nos damos cuenta de que disponemos de mucha información, pero que está contaminada, con muchas mentiras, con muchos silencios y cosas que se ocultan. Una información que, en realidad, nos está desinformando y no nos está ayudando a entender lo que sucede. Me doy cuenta de que dispongo de una información que no sólo no me ayuda sino que, a veces, me engaña. Entonces, ¿qué es lo que estamos reclamando, sin saberlo? Pues  estamos reclamando una información orgánica. Quiero tener la posibilidad de ir a un quiosco, igual que voy a una tienda de productos orgánicos, y decir: “Quiero un periódico orgánico, sin mentiras, sin engaños, que diga la verdad, etcétera”. Por ahora no puedo hacerlo, porque no existe. 

Pero, en realidad, eso es lo que estamos reclamando, porque cada uno de nosotros sabe que de la calidad de la información depende la calidad de la democracia, y eso es de capital importancia y por ello que estamos tan preocupados. Muchas gracias por su atención. 


domingo, 26 de agosto de 2018

Opositar a empresario


En España, Bill Gates o Mark Zuckerberg serían notarios. O abogados del Estado. Porque, en nuestro país, el gran trampolín social son los cuerpos de la Administración.
En pocas democracias una oposición abre tantas puertas. Primero, las puertas correderas que dan acceso al poder político. En otros países, se intenta preservar la neutralidad de los altos funcionarios poniéndoles barreras, formales e informales, que dificulten el salto a la política. Pero aquí, en lugar de obstaculizar, facilitamos el tránsito de la función pública a la política. Desde la Transición (y no digamos antes), la proporción de ministros y cargos de confianza que han sido funcionarios es muy elevada.
Los altos funcionarios usan también con frecuencia las puertas giratorias que conducen al sector privado. En un estudio para ESADEgeo, Maximilian Gebhardt y Ángel Saz-Carranza comparan la composición de los consejos de administración, y comités de dirección, de las empresas del IBEX 35 con las de su equivalente alemán, el DAX 30. Mientras solo un 6,3% de los consejeros alemanes ha ocupado previamente un cargo en el sector público, en las empresas españolas ese porcentaje es del 30,3%. Algo paralelo ocurre en los comités de dirección. Hay cinco veces más ex altos cargos públicos en las grandes empresas españolas que en las alemanas. Y la mayoría de ellos son funcionarios de los grandes cuerpos, sobre todo abogados del Estado.
Los políticos que se pasan al sector privado copan las portadas de los medios. Pero debemos ser conscientes de que, además de la politización, lo que caracteriza la relación público-privada en España es la funcionarización. A la sombra de los partidos, y en su momento de Franco, han crecido en nuestro país unos cuerpos administrativos que acumulan poder político y económico.
Sí, la entrada en ese exclusivo club está reservada a quienes superan unas duras oposiciones. Pero el diseño anticuado de las pruebas favorece a las familias con recursos para mantener a hijos veinteañeros preparándose los exámenes durante años.
Y la oposición se gana para hacer una carrera pública, no política ni negocios. @VictorLapuente

lunes, 20 de agosto de 2018

¡A privatizar, a privatizar! La desposesión pública y las privatizaciones en la era capitalista neoliberal






En la evolución de las últimas décadas del sistema capitalista, se ha producido una reestructuración en la que se ha consolidado un proceso de desposesión de cualquier bien público y de cualquier actividad o servicio desarrollado por el sector público, mediante el cual el capitalismo se ha reforzado en su capacidad explotadora de la población. En el transcurso de este proceso se truncaron algunos equilibrios precarios que habían conseguido los sectores populares en la pugna entre el capital y el trabajo, que se habían logrado gracias a la capacidad de negociación que procuraban los amplios niveles de organización y de movilización de la clase obrera.

En ese proceso de desposesión pública se han producido también unas políticas privatizadoras muy concentradas a favor de grandes grupos económicos, que les ha permitido controlar los resortes más importantes de la economía de los países, incluyendo los mecanismos de reproducción social. La privatización, argumentó Arundhati Roy respecto al caso indio, involucra “la transferencia de activos públicos productivos del Estado a compañías privadas. Los activos productivos incluyen recursos naturales: tierra, bosques, agua, aire. Estos son los activos que el Estado mantiene en fideicomiso para el pueblo que representa… Arrancárselos y venderlos como valores a compañías privadas es un proceso de bárbaro desposeimiento en una escala que no tiene paralelo en la historia”.1 De ese modo se contribuyó a la consolidación en el estado español del poder sobresaliente de unas cuantas empresas monopolistas, entre las cuales destacan en estos momentos los grandes grupos financieros que controlan mayoritariamente la actual fase del capitalismo.

Mientras tanto, y en paralelo, se ha reforzado la connivencia de los poderes económicos con los principales grupos políticos con capacidad de acceder al gobierno, para asegurar el control sobre el proceso político, hasta el punto de vaciar de contenidos sociales y participativos las democracias por la subordinación de los gobiernos que han legislado siguiendo los dictados del neoliberalismo. Como resultado de esta nueva frontera expansiva de dominio del capital sobre la población, se han reforzado los mecanismos de explotación del capitalismo y a la vez se ha producido una pérdida considerable de los derechos de la ciudadanía y de las conquistas de ciertos niveles de bienestar que se habían logrado después de décadas de luchas sociales. Es por todo ello que algunos autores califican esta fase de avance del capitalismo como una contrarrevolución neoliberal.
La desposesión del sector público y el avance de las privatizaciones en el contexto de la reestructuración del capitalismo

A partir de la generalización de las políticas neoliberales, iniciadas a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado por los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, con el objetivo de recuperar las tasas de ganancia capitalista y de romper los equilibrios distributivos que se habían logrado en buena medida gracias al poder de los trabajadores organizados, los gobiernos se dedicaron a eliminar la mayor cantidad posible de regulaciones públicas y a ampliar las privatizaciones de los sectores públicos. Este proceso fue muy relevante en el caso de algunos países europeos, porque los sectores públicos tenían un cierto grado de importancia y unos antecedentes históricos lejanos, aunque el ejemplo pionero de privatización del sector público es el chileno, iniciado a principios de los años setenta bajo la dictadura del general Pinochet.

El caso más conocido en el auge privatizador es el británico, que se ha considerado el paradigma del máximo avance del neoliberalismo en detrimento del poder social de los trabajadores, además de ser el que ha afectado a más sectores y a todo tipo de servicios públicos (sólo superado por Nueva Zelanda). En cambio, el ejemplo francés constituye otra forma de actuación porque muestra una importante peculiaridad que consiste en la preservación de algunos servicios públicos (generalmente los considerados monopolios naturales) en manos de empresas públicas. En medio de ambos modelos se sitúan el resto de países europeos, otros miembros de la OCDE, y muchos otros países que se lanzaron a la fiebre privatizadora entre los años ochenta y noventa del siglo pasado (entre ellos los que habían formado el bloque soviético y la antigua Europa del Este).2

Hay que aclarar que en todos los países europeos la ciudadanía no ha podido ejercer un control sobre la producción, la gestión y los rendimientos de éste sector público, ya que estaba incorporado a las estructuras del capitalismo vigente en todos ellos. No obstante, la presencia de un cierto grado de sector público, y sobre todo en aquellos casos en que la organización y la movilización del movimiento obrero eran relevantes, pudo servir como espacio de negociación de algunas mejoras en la pugna distributiva entre el capital y el trabajo. Por otro lado, la presencia de un importante sector público organizado y dirigido desde instancias públicas también ha servido para proporcionar aquellos servicios públicos necesarios para la reproducción social, evitando que fueran explotados de forma privada. Por último, el sector público gestionado desde los gobiernos también ha sido utilizado a menudo como fuente de ingresos tributarios que luego se podían redistribuir de forma progresiva en beneficio de la población.

En definitiva, aunque estaban insertos en estructuras capitalistas con todas las consecuencias que ello implica, en cierto modo los sectores públicos no sólo cumplían una función productora y proveedora, sino que podían contribuir a paliar algunas desigualdades inherentes al sistema capitalista. En estas condiciones se asentaron los fundamentos de lo que se llamó el pacto social keynesiano, que ha modulado los estados del bienestar que se institucionalizaron fundamentalmente en las sociedades capitalistas europeas. Por ello, a medida que se ha consolidado la desposesión del sector público en estos países, se ha ido avanzando también en la liquidación del estado del bienestar (un proceso que explicaremos con más detalle en otro capítulo). En este sentido, aunque las mejoras para las clases populares en ese momento pudieran ser limitadas, ante los resultados brutales de la ofensiva neoliberal posterior puede entenderse que existan algunos motivos nostálgicos en el recuerdo de esos tiempos, a los que se les ha llamado la época dorada del estado del bienestar.

De todos modos, es muy importante recordar que el avance del neoliberalismo no sólo ha tenido consecuencias por la desposesión de unos medios de producción y de unos servicios que habían sido públicos, sino que ha afectado también fundamentalmente a la correlación de fuerzas de los trabajadores frente al capital. Con las privatizaciones y las reestructuraciones productivas que luego se fueron introduciendo sucesivamente, ha habido una continuidad de transformaciones empresariales, incluyendo cierres y despidos, que han permitido al capital aprovechar todo el proceso para devaluar en lo posible los salarios y las condiciones laborales.

En consecuencia, contando también con la ayuda de las políticas gubernamentales y de las desregulaciones públicas, que favorecieron la extensión de toda clase de prácticas contra los trabajadores, como la ampliación sin límites de la contratación temporal y parcial o el abaratamiento del despido, las empresas han podido ampliar las rebajas salariales y profundizar en la precarización de las condiciones de trabajo a lo largo de todos estos años.
La variante española

Respecto al Estado español, aunque el sector público nunca llegó a alcanzar el nivel de desarrollo y de diversificación que en otros países europeos respecto a las actividades productivas, se puede decir que fue importante en algunos sectores estratégicos de la industria y también en la minería. La mayoría de las empresas se agrupaban en el ente público llamado Instituto Nacional de Industria (INI), y los casos más conocidos son Seat (automóviles), Enasa (camiones), Astilleros Españoles, o Repsol y Campsa (petróleo y derivados). También en algunos servicios públicos básicos y estratégicos la presencia de las empresas públicas era importante (desde el agua y la electricidad, hasta la banca y las cajas de ahorro), y en algunos casos incluso era la única opción: Telefónica (telefonía), Renfe (ferrocarril), o Iberia (líneas aéreas).

Como ya se ha mencionado anteriormente, este sector público escapaba totalmente al control de la ciudadanía y estaba inserto en la estructura económica capitalista que imperaba en el Estado español, pero por otro lado constituía un espacio de concurrencia y conflicto entre el capital y el trabajo, en el que se desarrollaron algunas capacidades de organización obrera que promovieron movilizaciones sociales que permitieron negociar mejoras salariales y de condiciones de trabajo en su momento.

De todos modos, con el tiempo también llegaron al Estado español los ecos de las políticas privatizadoras y desreguladoras que propagaron los modelos neoliberales. Además, la incorporación a esa ola neoliberal coincidió en el Estado español con el inicio del proceso de integración a la entonces CEE, que se convirtió en uno de los objetivos políticos prioritarios de los nuevos gobiernos democráticos. El momento y el modo en que se produjo esa integración tuvieron consecuencias muy severas en la transformación de los sectores productivos españoles, con una afectación especial en la pérdida de capacidades productivas en la industria y también en la agricultura. En definitiva, la confluencia de ambos procesos (desregulaciones/ privatizaciones y transformaciones productivas por la integración en Europa) tuvo implicaciones importantes en la remodelación de las bases de acumulación del capitalismo español a finales de los años ochenta.3

En ese contexto y con esos antecedentes, a partir de la década de los años noventa se aceleró en el Estado español el proceso de privatizaciones de empresas anteriormente estatales, que contribuyeron a ampliar la base de acumulación para la creación de las empresas multinacionales españolas más relevantes, además con el agravante de que desde entonces todas son privadas. La participación activa del poder político fue determinante para que el proceso culminara con éxito en beneficio de los grupos empresariales favorecidos, porque los sucesivos gobiernos españoles apoyaron activamente esta causa promocionando el crecimiento de grandes empresas en sectores que se consideraron estratégicos (agua, electricidad, gas, petróleo, banca, transportes, telecomunicaciones…).4

En estas circunstancias se fraguaron los fundamentos de la reconversión del capitalismo español, que de nuevo se ha basado principalmente en la captura de rentas mediante el control privilegiado de los resortes del Estado, y que ha tenido claras consecuencias por la complicidad de intereses entre los partidos de gobierno y los empresarios que han seguido dominando el juego económico en el Estado. También explicaremos más adelante el entramado de las alianzas público-privadas y otras consecuencias como la corrupción política y las denominadas “puertas giratorias”.

Este apoyo gubernamental a la creación de grandes monopolios empresariales privados se llevó a cabo mediante una selección controlada de fusiones y adquisiciones, una calculada protección de su posición privilegiada en el mercado interno, y a la vez firmando acuerdos bilaterales con otros países con la intención de facilitar la inversión en el exterior para favorecer su dimensión estratégica global. No hay que olvidar que varias de esas empresas habían sido públicas, y que mediante los procesos de privatización controlada (utilizando lo que se llamó la acción de oro), junto a otras intervenciones durante el proceso de liberalización del marco regulador, los gobiernos españoles dispusieron de un margen de maniobra que aplicaron para ayudar a ese crecimiento empresarial concentrado monopólicamente y a la expansión internacional de esas empresas multinacionales, fundamentalmente en América Latina.5 La mayoría de estas grandes empresas públicas privatizadas han constituido la base o han contribuido a la ampliación de los grupos empresariales que se han acabado denominando como ‘los campeones nacionales’, que están formados por aquellas empresas hoy privadas de gran proyección internacional, como Telefónica, Repsol, FCC, Sacyr, Banco Santander, BBVA y otras.
La mercantilización de la reproducción social en el estado español: los servicios básicos, la vivienda y la captura del ahorro

En medio de este proceso de transformación productiva y de las bases de acumulación del capitalismo que acabamos de describir, se fue ampliando la desposesión a través del aumento de la mercantilización y de la explotación privada de los servicios y de las actividades que utilizan los ciudadanos de forma cotidiana para su reproducción social. En el caso español, en el supuesto de que aún no hubieran sido privatizados por cualquiera de las administraciones públicas que tuvieran competencias sobre alguno de estos servicios o actividades, a partir de los años ochenta y noventa el proceso de entrega a la explotación privada se aceleró aumentando así el campo del negocio capitalista sobre todas ellas.

Además, en el Estado español y en otros países crecieron en forma paralela algunas grandes corporaciones empresariales, que con la complicidad de los gobiernos se han apropiado del control oligopólico de los suministros y de las actividades en beneficio de sus intereses. Esto ha ocurrido fundamentalmente en aquellos servicios que por su naturaleza tienden a constituirse en monopolios naturales, por ejemplo el agua, el gas o la electricidad, y en ese momento se constituyeron corporaciones como Agbar, Endesa, Iberdrola o Gas Natural.

También se ha producido esa gran concentración en otros sectores donde la competencia empresarial se supone que debería ser mayor (como por ejemplo la banca, las telecomunicaciones o los seguros), y en cambio e igualmente crecieron grandes corporaciones como Banco Santander, BBVA, La Caixa, Telefónica, etc. En definitiva, todo ello ha ocurrido porque ese proceso ha estado controlado por grandes lobbies empresariales que mantienen contactos muy importantes con el poder político para influir en las políticas reguladoras. Estos grandes grupos son los que también han estado participando activamente en las alianzas público-privadas y también los que han propiciado la extensión de las denominadas puertas giratorias, como más adelante explicaremos.

La gama de actividades que tradicionalmente han sido dejadas en manos exclusivas de la explotación privada no paró de crecer y diversificarse. Entre ellas ha destacado el excepcional incremento de la explotación capitalista de otras necesidades básicas humanas, como la vivienda, que se siguió potenciando como una mercancía más,6 o la aplicación de diversos mecanismos para capturar privadamente el ahorro de los ciudadanos, dos ejemplos que han sido particularmente nefastos en el Estado español.

De ese modo se fomentó en la población lo que los teóricos del thatcherismo llamaron la creación de una sociedad de propietarios, contribuyendo de esa manera a generar una subordinación de la población al capitalismo dominante, que se basaba en la complicidad en algunos casos y en la docilidad obligada en la mayoría de los otros, porque los trabajadores adquirían unos compromisos de pagos hipotecarios que les hacían vulnerables frente a la presión del capital sobre la condiciones salariales y laborales. La misma filosofía individualista también se ha aplicado a la previsión social para la gestión del riesgo de las personas –pensiones, sanidad, atacando así los principios que propugnan que esas previsiones sean organizadas de forma colectiva y bajo control público.

Tanto con la vivienda como con el ahorro las regulaciones públicas se pusieron al servicio de la explotación privada capitalista para su mayor beneficio, como ocurrió con las políticas de liberalización total del suelo y las desgravaciones fiscales para la compra de viviendas, cuya construcción y venta se dejaron fundamentalmente en manos de promotores privados, mientras que la construcción de vivienda pública se limitó a unas escasísimas promociones. Los gobiernos de turno renunciaron a legislar sobre el régimen de vivienda desde una perspectiva de servicio público y se liberalizó también el mercado del alquiler, con la consecuencia de unos precios disparados que alimentaron la especulación privada.

Aunque las políticas de vivienda en el Estado español en las últimas décadas han apostado fundamentalmente por el régimen de propiedad en detrimento del alquiler, y además ha preponderado la promoción privada por encima de la pública, en los años recientes este mecanismo se ha exacerbado en demasía con políticas como la de liberalización total del suelo del año 1998, parcialmente revisada en 2007 (pero manteniendo aún muchos principios liberalizadores). Bajo este manto regulador se disparó aún más en el Estado español la construcción de vivienda libre, cuyo parque pasó de 18,5 millones en el año 2001 a casi 22 millones en el año 2007 (una vivienda por cada dos habitantes). Mientras tanto, la construcción de viviendas protegidas continuó estancada y en toda la última década la cantidad de viviendas protegidas en el Estado español no pasó del 11% del parque de vivienda total.

En cuanto a la política de vivienda en alquiler, desde que se liberalizó a principios de los años noventa y se dejó a merced de los precios de mercado, ha consistido prácticamente en un mero apéndice de tránsito hacia la propiedad, que sólo beneficia a éste último régimen de tenencia. Además, como no ha existido ningún interés público por fomentar el alquiler y mucho menos legislar cualquier medida de apoyo a los inquilinos, incluso las rebajas fiscales que se han efectuado sólo han tenido en cuenta el interés de los propietarios en su calidad de inversores. Por todo ello, en el país la proporción de vivienda en alquiler respecto a la vivienda en propiedad no ha llegado a superar el 10% en los tiempos recientes.

La legislación hipotecaria en el Estado español viene de muchas décadas atrás, pero las regulaciones más recientes, especialmente la del año 2000, introdujeron novedades trascendentales que influyeron en la implosión de la burbuja del crédito que se generó en paralelo a la burbuja inmobiliaria. La más importante fue la ampliación de las garantías hipotecarias a todos los bienes de la persona que adquiría un préstamo, de modo que se facilitó romper una barrera de prudencia ante el riesgo que hasta el momento asumían los bancos acreedores, ya que en caso de impago se quedaban con la vivienda y podían seguir reclamando la deuda restante. Todo ello, sumado al dinero barato proporcionado por las políticas continuadas de bajos tipos de interés, contribuyó al encadenamiento de una construcción desmesurada de viviendas que se colocaban con gran facilidad entre la población merced a la expansión del crédito y al fomento de una sociedad de propietarios. De ese modo, a través de una necesidad como la vivienda se propagó un mecanismo extraordinario de desposesión y a la vez de captura del ahorro de la población.

Mientras se dejaba en manos del negocio privado una necesidad básica como es la vivienda, con las regulaciones bancarias sobre hipotecas se facilitó el incremento del crédito a los particulares y se fomentó la conversión de la vivienda en uno de los principales focos de inversión del ahorro ciudadano, junto a los fondos de pensiones. En este caso los gobiernos españoles también favorecieron al sector financiero con facilidades fiscales y otras acciones antipopulares, como el recorte de las pensiones, para promover el desarrollo creciente del negocio de los planes de pensiones privados mediante los llamados “fondos privados de ahorro colectivo”.

En el caso de los fondos privados de pensiones, que analizamos más en detalle en otro capítulo sobre la liquidación del estado del bienestar, se ha seguido la misma lógica de desposesión y de captura del ahorro, atacando en esta ocasión otra necesidad humana como es asegurar una vejez con algunas garantías de bienestar. Para ello se ha producido un entramado de intereses entre el capital financiero y los gobiernos de turno, que son los que han facilitado las regulaciones que han favorecido a sus beneficios.

Finalmente, también hemos visto cómo han actuado los gobiernos, y en particular el español, ante la mayor estafa contra la ciudadanía que se ha producido en los tiempos recientes, que ha sido muy importante por las grandes cuantías implicadas en el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera. En este caso también hay que destacar otro elemento importante del pillaje, porque en el momento en que estallaron ambas burbujas los gobiernos acudieron a socorrer con dinero público la situación fallida de los promotores inmobiliarios, de los bancos y de las cajas de ahorro.

Con el beneplácito de la troika formada por el FMI, la CE y el BCE, que son los que vigilan por los resultados del plan de rescate a la banca española avalado por el gobierno, en el caso del Estado español este procedimiento se ha efectuado mediante la creación de dos organismos dotados con capital público. Uno es la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), más conocido como el banco malo, donde se han transferido los bienes inmobiliarios de los bancos quebrados, y el otro es el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob), a través del cual se han recapitalizado las entidades financieras fallidas, para volverlas solventes antes de malvenderlas de nuevo a los bancos.

También el gobierno español ha procurado facilidades fiscales a los bancos “considerados todavía solventes” (es decir, La Caixa, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, o Banco Popular) por el Banco de España y el BCE, para que a costa del erario público se pudieran recapitalizar hasta alcanzar los nuevos grados de solvencia que actualmente exigen los estándares internacionales. Luego, desde el BCE se abrió durante un tiempo una línea de crédito barato para los bancos españoles, prácticamente al 0%, que al no estar condicionada obligatoriamente a la facilitación de crédito a las familias y a las empresas, les ha permitido utilizarla especulando con la deuda pública, obteniendo así pingües beneficios para reforzar sus cuentas de resultados.

Se ha asistido también a la privatización y conversión en bancos de prácticamente todas las cajas de ahorro, con el argumento de regular la concurrencia competitiva en el negocio financiero. Pero posteriormente, cuando la mayoría de cajas reconvertidas en bancos entraron en pérdidas, causadas por una desastrosa gestión y la corrupción, se impulsó y facilitó el paso de estas entidades a formar parte de los bancos más importantes del país, realmente a precio de saldo. Una operación muy hábil: se eliminaban competidores importantes –las cajas absorbían depósitos que suponían la mitad del ahorro de la población– y se proporcionaba a los grandes bancos la exclusiva en el negocio financiero del país. Ignorando las posibilidades de haber salvado realmente a algunas cajas que no estaban en situación tan desesperada.

La conclusión del manejo gubernamental de la crisis especulativa inmobiliaria y bancaria, nos muestra que en vez de utilizar esa intervención para transformar los activos rescatados en bienes públicos al servicio de la comunidad, por ejemplo creando una banca pública y un parque de vivienda social, lo que ha ocurrido es que una vez socializadas las pérdidas de esas empresas a costa de los impuestos de todos los ciudadanos, se han vuelto a entregar al sector privado en unas condiciones muy ventajosas para que continúe con su explotación. En el Estado español ha ocurrido con la venta de las antiguas cajas de ahorro y de los bancos rescatados, que acabamos de señalar. En el caso de las promociones inmobiliarias, lo más frecuente ha sido venderlas mediante paquetes accionariales a fondos de inversión extranjeros, en la mayoría de los casos con unos descuentos extraordinarios respecto al valor contable declarado en el momento en que se produjo la quiebra.

Asimismo, los ciudadanos afectados por los impagos de las hipotecas no sólo no recibieron ninguna atención y ayuda por parte de las autoridades sino que han sido víctimas de un expolio brutal, pues además de ser desahuciados de sus casas han tenido que cargar de por vida con las deudas contraídas. Además, se ha comprobado cómo los gobiernos se mostraban reticentes a la hora de sancionar las prácticas abusivas de los bancos, como ha ocurrido con las cláusulas hipotecarias que obligaban a firmar a los clientes para frenar la bajada de los tipos variables de interés en el supuesto de que cayeran los índices establecidos por el mercado (las llamadas cláusulas suelo). En cambio, los gobiernos han puesto muchos obstáculos para evitar que se pudiera legislar sobre la dación en pago y tampoco han hecho ningún esfuerzo para implementar alguna regulación que frenara los embargos y los desahucios.
Las alianzas público-privadas consolidan el proceso de la desposesión pública y del control del proceso político

Junto a la explotación de todos los servicios y de las actividades hasta ahora mencionados, otro modo de desposesión del sector público que han podido desarrollar las empresas capitalistas se ha producido mediante los llamados mecanismos de colaboración público-privada, que se han empleado con frecuencia en la gestión de servicios públicos aún no privatizados del todo (como el transporte público), y también en las inversiones en infraestructuras públicas (especialmente los ferrocarriles, las autopistas, los puertos, los aeropuertos, los embalses, las canalizaciones de regadíos, las redes de interconexión de energía, las redes de telecomunicaciones, las redes de transporte urbano, etc.).

Pero además, los grandes grupos empresariales privados han ejercido una notoria influencia a su favor puesto que han logrado orientar las prioridades sectoriales de la inversión pública en todos los países, llegando a determinar los planes estratégicos de actuación y los mecanismos concursales de las administraciones públicas, que luego ponían en práctica los gobiernos de turno. Como ya se ha aludido reiteradamente, en este proceso de desposesión se ha favorecido a las empresas privadas facilitándoles el control económico del servicio, a menudo con carácter monopólico, pero además colmándolas con toda clase de privilegios políticos frente a la ciudadanía, a la que cada vez más se le han limitado los derechos. Una forma muy común ha sido mediante las concesiones favorables al capital en todos aquellos servicios cuyas tarifas aún tienen algún tipo de regulación pública, como ocurre con el agua, la luz, el gas, o los precios de los transportes públicos y los peajes de autopistas.

La presión de los lobbies empresariales siempre ha conseguido que los poderes públicos atendieran antes sus intereses y sus demandas de beneficios que las necesidades de los usuarios. Un claro ejemplo es todo el embrollo del déficit tarifario eléctrico en el Estado español, que en esencia no es más que un trasvase diferido de capital hacia las empresas a costa de las facturas que pagarán los usuarios a lo largo de los años.7 Con las regulaciones favorables de los gobiernos a las empresas eléctricas, éstas han consolidado unos derechos adquiridos sobre los consumidores, hasta el punto de que se permiten el lujo de utilizarlos como garantías de futuras ganancias y así obtienen financiamiento de los bancos, contribuyendo de esa forma a la consolidación de la financiarización de la economía.

Otro trato de favor se ha producido mediante la aceptación por los gobiernos de los sobrecostes desmesurados cobrados por las empresas privadas en la realización de los proyectos públicos. Este mecanismo se ha utilizado frecuentemente para ganar concursos mediante pujas infravaloradas, para luego ir incrementando las ganancias a través de ampliaciones de presupuesto aceptadas por los gobernantes de turno. Con este sistema tanto los agentes corruptores como los corrompidos se han enriquecido escandalosamente, tal como se está viendo actualmente.

Igualmente se ha permitido la fijación de cláusulas ventajistas en los contratos de las colaboraciones público-privadas, según las cuales las empresas privadas se han asegurado retornos de la inversión en el caso de que el negocio sufriera algún percance y no llegara a funcionar, o no proporcionara las ganancias previstas (como ha ocurrido en el Estado español con el rescate de las autopistas con poco tráfico, con el reconocimiento del déficit tarifario eléctrico o con la indemnización por proyectos fallidos tipo Castor).

Una muestra más del futuro de la desposesión a través de las alianzas público-privadas para las inversiones en infraestructuras se está gestando en torno al denominado Plan Juncker de la UE, donde se fía la captura privada de los fondos públicos nuevamente a través de la financiarización del proceso. El mecanismo consiste en implicar una inversión relativamente baja del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en torno a los 5.000 millones de euros, junto a una garantía ofrecida por los estados miembros por un valor de 16.000 millones de euros, con la intención de movilizar inversiones financieras en paquetes de bonos que se estiman en 300.000 millones de euros.

La otra parte del plan es que la mayoría de las inversiones propuestas se refieren casi exclusivamente a infraestructuras viarias, además de interconexiones eléctricas y de telecomunicaciones, donde las empresas privadas esperan recuperar lo invertido con los pagos de los ciudadanos a través de los futuros peajes y de las facturas por los suministros de electricidad o telefonía. Obviamente, las garantías de pago sobre esos bonos las ofrecen los estados, que son los que en última instancia se harían cargo de las deudas de las empresas en el caso de que las inversiones no llegaran a fructificar (más o menos como ha ocurrido con el proyecto Castor ya mencionado).

La falta de espacio no permite analizar otros mecanismos de desposesión pública por la vía de las alianzas público-privadas, pero al menos conviene mencionarlos. Un ejemplo es el de la industria armamentística (donde hay presencia empresarial pública y privada), que está dotando de material a los ejércitos de tierra, la marina y la aviación según unos planes estratégicos y de gestión pública que son absolutamente opacos y se desarrollan al margen del control de la ciudadanía. Igual ocurre con el caso de la industria farmacéutica (toda privada), que está inundando de productos a un sistema sanitario absolutamente orientado al uso abusivo de medicamentos. Otra cuestión son los ordenamientos territoriales medioambientales, que son políticas que regulan sobre espacios públicos o sobre el uso privado de bienes públicos ambientales, que muy a menudo se ejecutan en beneficio del sector privado. Dos ejemplos extremos de ello son la legislación de costas y la de urbanización en parajes naturales que deberían ser protegidos, que habitualmente ha favorecido a las grandes empresas dedicadas a la construcción de complejos residenciales vacacionales, de equipamientos turísticos y también especialmente de viviendas de segunda residencia.

Evidentemente, para que todo este amplio proceso de desposesión pública, de privatizaciones y de avance del capitalismo monopolista haya sido posible sin apenas trabas políticas, es necesaria la subordinación del poder político al poder económico tal como ocurre en el sistema capitalista. De este modo, en particular en el caso del Estado español, se ha expandido una modalidad de capitalismo que de nuevo se basa principalmente en la captura de rentas mediante el control privilegiado de los resortes del Estado, donde las empresas compensan las ayudas de los gobiernos de turno mediante la financiación de los partidos políticos (con sus graves secuelas en el aumento de la corrupción). También se ha generalizado la colocación de dirigentes políticos próximos a los gobiernos de turno en los consejos de administración de las empresas favorecidas por los concursos públicos y por las concesiones reguladoras (lo que comúnmente conocemos como las puertas giratorias).
A. Roy, Power Politics. Cambridge, MA: South End Press, 2001. []
Un análisis sobre la evolución de las privatizaciones en el contexto del avance del neoliberalismo se puede ver en el documento de Joaquim Vergés, Resultados y consecuencias de las privatizaciones de empresas públicas. Una perspectiva internacional. UAB, Octubre 2014. []
Ver al respecto Miren Etxezarreta (coordinadora), La reestructuración del capitalismo en el Estado español, 1970-1990, Icaria-FUHEM, 1991. []
Para más detalle consultar en Taifa, Informe 8. La estrategia del capital, 2011; y el documento de Joaquim Vergés Privatización de empresas públicas y liberalización, UAB, abril 2010. []
Pablo Toral, “The Foreign Direct Investments of Spanish Multinational Enterprises in Latin America, 1989-2005”, Journal of Latin American Studies, no 40, 2008, pp. 513-544. []
Para más detalle, consúltese Taifa, Informe 5. Auge y crisis de la vivienda en el Estado español. []
En otro capítulo de este informe se analiza más en detalle la desposesión por el expolio energético.