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miércoles, 19 de abril de 2017

El ciclo político del agua: caudales turbulentos

 <p>La torre Agbar, en Barcelona.</p>


Análisis de un sector fundamental del Estado de bienestar, con especial atención a Cataluña, donde convergen un alto grado de privatización en la gestión y la presencia de Agbar, una de las grandes compañías dedicadas al negocio
 Martín Alonso Zarza / Fernando Urruticoechea Basozabal 

El curso del agua es un indicador de buena parte de las patologías de la vida política. Llama la atención la preocupación que la corrupción suscita en las encuestas y la falta de una respuesta proporcional a ella. Tres elementos ayudan a explicar esta esquizofrenia. El primero es la insuficiente respuesta institucional, en parte porque la misma corrupción no recibe el tratamiento que merece en el Código Penal, donde los delitos de cuello blanco son habitualmente low cost. El segundo remite al paradigma económico vigente: la corrupción es virtualmente un efecto colateral de la trinidad neoliberal (desregulación, liberalización, privatización), como el too big to fail o la desigualdad. Por último, la corrupción es percibida generalmente como un delito sin víctimas; la externalización resulta tan exitosa que ni siquiera los perjudicados perciben cabalmente los costes, y por tanto no los ponen en la balanza a la hora de votar. El recorrido por el curso del agua permite iluminar de forma concreta algunos de estos fenómenos.    
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Los pilares del Estado de bienestar se han convertido en objetivo de la bulimia financiera tras el colapso de la burbuja inmobiliaria. Buen ejemplo de ello es el desplazamiento en esa dirección del interés de las constructoras. Así, no es casualidad que Aqualia, la filial de gestión de agua de FCC, sea uno de los sectores más lucrativos de la constructora matriz (144 millones en 2016): aunque la actividad de la filial supone un 17% de las ventas, aporta el 28% del Ebitda, frente al 28% y el 7% de la construcción (El País, Negocios, 19/03/2017). ACS creó EMAFESA y SOCAMEX desde su filial Urbaser para ocuparse del ciclo integral del agua. Por su parte, Acciona se hace cargo de la explotación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) tras su privatización por el gobierno en funciones de Artur Mas a finales de 2012 en una operación en absoluto transparente que ha anulado el TSJC. Es llamativo que el sector del agua, en sus diferentes tramos, haya acabado en numerosas ocasiones en los tribunales, aunque, por las razones que veremos, a menudo sin graves consecuencias.


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