El
número de altos cargos previsto en el proyecto de presupuestos generales del
Principado para el año 2017 asciende a 82. Ello supone que el número de altos cargos establecido
en los vigentes presupuestos generales, que asciende a 72 – año 2015 – se
incrementaría en 10 nuevos puestos de naturaleza política.
Así
se recoge en la página 26 del Informe de Personal, en la que aparece el cuadro resumen de la dotación de personal del
Principado de Asturias, con los datos comparados de los años 2015 y 2017. Este
aumento contrasta con la evolución de la plantilla reflejada para el 2017, que
supone una disminución neta de 9 plazas respecto a la del año 2015.
Además, el Informe de personal omite toda referencia a los Organismos y entes públicos
sometidos a régimen de contabilidad privada – 5 Fundaciones, más el IDEPA y el
Consorcio de Transportes – y las 15 empresas públicas que figuran en los
Presupuestos. Nada hay en el Informe de Personal sobre el gasto de personal de
cada una de estas 22 entidades, ninguna información sobre sus plantillas.
Materia oscura.
Si
en el presupuesto de explotación de cada una de las empresas públicas figura
obligatoriamente la partida de Gastos de personal – a título de ejemplos, más
de 8 millones de euros en ITVASA (Inspección Técnica de Vehículos), más de un
millón y medio de euros en VIPASA (Viviendas del Principado de Asturias) o más
de tres millones de euros en SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de
Asturias) -, ¿por qué motivos el Informe de Personal no ofrece ninguna
explicación sobres estos gastos, es decir, sobre las
plantillas de personal que tienen esos 22 entes, empresas y fundaciones
y la distribución del gasto entre esos puestos?
En
la época de la transparencia, cuando todo el mundo quiere tener su propia
ley, la información imprescindible para
valorar el gasto de personal del sector público asturiano, especialmente
asociado, por otra parte, a prácticas de clientelismo laboral, se guarda en una caja fuerte.
Por
lo que se refiere a las explicaciones sobre la distribución del gasto, el Informe de Personal dedica al análisis de las plantillas 96 de sus 121 páginas.
Pero esta información tiene un valor muy escaso o inútil, para conocer el
reparto de la masa salarial, porque en la Administración Pública
lo que realmente existen son puestos de trabajo y no plazas de plantilla. Es
decir, lo que realmente hay son puestos base y puestos singularizados –
jefaturas, coordinadores, asesores, directores etc.- y esta información no
figura por ningún lado en el Informe, con la única salvedad de unos pocos casos
– véase el SESPA (Servicio de Salud) o en el del personal docente (donde se
desglosan los puestos de inspectores, catedráticos etc), aunque se omite toda
referencia a las retribuciones percibidas por cada una de estas categorías.
Para
conocer con certeza como se ha distribuido realmente la masa salarial entre los
diferentes grupos de empleados públicos habría que disponer de la secuencia de
las relaciones de puestos de trabajo de los últimos años.
Si
se dispusiera de ella se observaría, seguramente, como han ido aumentando significativamente
los puestos de trabajo singularizados adscritos al grupo A – titulados
superiores -.
Como
la masa salarial se ha mantenido prácticamente estancada parece lógico concluir
que esta especie de hipertrofia de directores, jefes, asesores, coordinadores
etc., sin soporte objetivo para su creación, ha sido posible mediante una
transferencia salarial de abajo a arriba, desde los grupos más bajos – con
menores sueldos – hacia los superiores. Puro clasismo salarial.
Pero
el Informe de Personal también resulta engañoso en lo que se refiere al reparto
del gasto de personal en función del tipo de vinculación laboral o funcionarial con la Administración
(altos cargos, personal eventual, funcionario, laboral, estatutario o temporal)
Así,
por lo que se refiere al personal temporal, el Informe de Personal se limita a
señalar que el gasto asciende al 6,93 por ciento del gasto total. Ahora bien,
esta cifra no responde realmente a la realidad de gasto del personal temporal
existente en el la
Administración del Principado, porque, según se reconoce en
el Informe (página 16) en esta se cifra se incluye fundamentalmente, aparte de alguna
puntual contratación o nombramiento por acumulación de tareas, al personal
temporal docente pata atender las necesidades coyunturales de profesorado en el
correspondiente curso escolar, sobre todo de educación primaria y secundaria:
Por tanto, el coste del personal temporal que ocupa plazas estructurales de
plantilla – miles de trabajadores públicos, sin duda – no está incluido en esta
cifra.
En
todo caso, el Informe de Personal omite toda referencia al número de
trabajadores temporales, distribución por Consejerías y demás organismos
Si
tenemos en cuenta que el personal temporal de la Comunidad Autónoma
puede acercarse al 20 por 100 del personal total, a falta de datos oficiales
que lo desmientan, ello nos lleva a concluir que se está utilizando la
precarización del empleo público de forma deliberada para disponer de mano de
obra barata.
De
este modo se discrimina a los interinos y al personal temporal en general
doblemente: por un lado, se les condena a una precarización casi perpetua,
impidiéndoles acceder a un puesto fijo al congelar o minimizar al máximo la
oferta de empleo público; y, por otro, se les paga menos que a los empleados
fijos, aún desempeñando trabajos idénticos.
Ello
nos lleva a concluir que en Asturias el peor empleador es la Administración
A
mayor abundamiento, el proyecto de ley de Presupuestos introduce una
discriminación salarial añadida entre el personal interino de larga duración,
pues mientras reconoce el derecho a cobrar el complemento de carrera
profesional a los docentes interinos de larga duración, mantiene la exclusión
para el resto de interinos de la Administración asturiana.
Pero
el proyecto de ley de Presupuestos también castiga a los trabajadores públicos
fijos, para los que mantiene la supresión del derecho al abono de la cantidad
correspondiente a la segunda categoría de la carrera profesional horizontal.
El
sistema de carrera horizontal que en el año 2007, a pocos días de la
celebración de las elecciones autonómicas, había que implantar con urgencia,
aunque no existiera cobertura legal que lo avalara, porque serviría para
motivar a los empleados públicos y permitir que se estabilizarán en un puesto
de trabajo, sin obligarles a cambiar de puesto para obtener mejoras
retributivas, todo ello, mediante una progresión de categoría cada cierto
números de años, sigue suspendido “manu militari” y hasta nuevo aviso. Lo que
antes se decía utilizar para motivar a
los empleados públicos ahora se suprime para desmotivarlos.
Mientras
tanto, se mantiene prácticamente intacta la partida de cerca de un millón de
euros para cursos de formación del Instituto Adolfo Posada.
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