Fernando Luengo,
Revista Sin Permiso
24/04/2016
Los Estados y los espacios políticos han sido colonizados por
las oligarquías. Un proceso de largo aliento, perfectamente visible
antes del estallido de la economía basada en la deuda (repárese, por
ejemplo, en la privilegiada posición del capital en materia de
fiscalidad), pero que en los años de crisis ha alcanzado proporciones
desconocidas.
Las políticas aplicadas desde la troika y los gobiernos comunitarios han respondido de manera obscena a los designios de los poderosos. A pesar de la retórica de la austeridad y pese a los recortes introducidos en los capítulos social y productivo, en los años de crisis, el gasto de las administraciones públicas ha seguido una marcada tendencia alcista. Hay que destacar en este sentido –sobre todo porque el discurso del poder lo oculta o lo ignora-, el crecimiento del gasto debido a la captura del Estado, un asalto en toda regla, por los grupos económicos, que se ha materializado, sobre todo, en los rescates con fondos públicos a los bancos y a los grandes deudores y acreedores.
Hemos podido comprobar y padecer, como nunca antes, que las connivencias entre las elites políticas y económicas –puertas giratorias o espacios compartidos- es plena. La imagen icónica sobre la que pretendían sustentarse el proyecto comunitario y los estados de bienestar –el estado como mediador y las instituciones como puente de los intereses enfrentados de las diferentes clases sociales- se ha desvanecido.
¿Reivindicar más estado, menos estado? No es esa la cuestión, cuando la recomposición oligárquica de las relaciones de poder implica al mismo tiempo más y menos estado; más gasto público para sanear los balances bancarios, menos gasto público para sostener las políticas de igualdad.
Con todo, revestido de una nueva legitimidad, tenemos que reivindicar con claridad el papel del estado, que es lo mismo que decir el papel de lo público, como un decisivo actor del cambio necesario. La intervención del Estado es crucial para superar la crisis y, más en general, en el proceso de transformación y renovación de la economía española, una intervención que desborda los tradicionales enfoques de demanda keynesianos, basados en el componente contra cíclico del gasto público.
No puede ser de otra manera ante la envergadura de los desafíos sociales y ecológicos que hay que enfrentar. Movilizar recursos para corregir la fractura social, que ha alcanzado cotas históricas, comprometerse con políticas de igualdad en materia de salud, educación, ingreso y género (por citar algunos ejemplos muy destacados), mejorar la posición de los débiles y excluidos. Todo ello requiere, inevitablemente, del concurso del sector público. Igualmente, para detener la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas, y para activar políticas encaminadas a la sostenibilidad de los procesos económicos resulta crucial que imperen criterios públicos y políticos. Considero, en fin, que la intervención del estado es central para invertir la lógica del “todo privado”, bajo el pretexto de que la asignación de recursos desde lo público es, por definición, más ineficiente. Reivindico la legitimidad de lo colectivo y lo social.
La nueva legitimidad del Estado y de las instituciones que lo componen reside en que se habiliten, en los diferentes niveles donde opera la administración pública, mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas. Pero esto no es suficiente. En paralelo, resulta imprescindible que se abran y consoliden espacios donde la ciudadanía pueda expresarse, organizarse y defender sus intereses. Se trata, en este sentido, de ir mucho más allá de las consultas electorales periódicas, que las elites utilizan para legitimar políticas contra la mayoría social, aplicando a menudo programas que nada tienen que ver con los sometidos a votación en las elecciones.
Una ciudanía politizada, activa y comprometida. Esta es la llave maestra que nos permitirá vencer las resistencias de las oligarquías y abrir las puertas a un nuevo escenario económico y político. Pero, además, en ese proceso participativo, que es necesario impulsar con determinación, la ciudadanía se construye y se reconoce como actor político. Es necesario que el pueblo esté vivo y activo, empoderado y organizado, tenga voz propia y vele directamente por sus intereses, en definitiva ejerza la soberanía y la democracia de forma participativa y cotidiana, no sólo confiando su opción electoral periódicamente en unos comicios. Esto, y no otra cosa, es construir pueblo en términos de proyecto político.
La crisis económica y política, y las propias transformaciones, fracturas y límites del capitalismo, hacen que emerja un amplio grupo de “damnificados” cuyos intereses coinciden hasta cierto punto y que, en determinadas condiciones, podrían confluir en la misma agenda política. La problemática compartida tiene que ver sobre todo con la corrupción, el engaño y la estafa de una clase política profundamente endogámica y conservadora. También concita un amplio consenso el rechazo ante el enriquecimiento desmedido e injustificado de una minoría que no se lo merece, pues, siendo los principales causantes de la crisis, se han aprovechado de la misma para reforzar posiciones y privilegios, y la percepción de una persistente degradación de las condiciones de vida de una parte de las clases medias, en las que un amplio sector de la población se reconoce o al que quisiera acceder. Y, desde luego, en el proceso de pérdida de rentas y derechos de las clases trabajadoras, que ven como sectores enteros de las mismas se ven abocadas a un drástico empobrecimiento, pese a tener empleo, a la precarización o a la pura marginación por no acceder a puesto de trabajo alguno. Asimismo, este amplio grupo social podría tener intereses comunes, aunque no sean conscientes de los mismos, derivados del agravamiento de la problemática medioambiental.
Tan sólo se trata de algunos ejemplos, a los que se podrían añadir otros significativos, que apuntan en la dirección de una amplia transversalidad, sin que por ello debamos caer en el simplista lema de “somos el 99%”, que ni se corresponde con la realidad de la estructuración social, ni con el impacto, asimismo diverso, que ha tenido la crisis sobre diferentes sectores de la población.
Las políticas aplicadas desde la troika y los gobiernos comunitarios han respondido de manera obscena a los designios de los poderosos. A pesar de la retórica de la austeridad y pese a los recortes introducidos en los capítulos social y productivo, en los años de crisis, el gasto de las administraciones públicas ha seguido una marcada tendencia alcista. Hay que destacar en este sentido –sobre todo porque el discurso del poder lo oculta o lo ignora-, el crecimiento del gasto debido a la captura del Estado, un asalto en toda regla, por los grupos económicos, que se ha materializado, sobre todo, en los rescates con fondos públicos a los bancos y a los grandes deudores y acreedores.
Hemos podido comprobar y padecer, como nunca antes, que las connivencias entre las elites políticas y económicas –puertas giratorias o espacios compartidos- es plena. La imagen icónica sobre la que pretendían sustentarse el proyecto comunitario y los estados de bienestar –el estado como mediador y las instituciones como puente de los intereses enfrentados de las diferentes clases sociales- se ha desvanecido.
¿Reivindicar más estado, menos estado? No es esa la cuestión, cuando la recomposición oligárquica de las relaciones de poder implica al mismo tiempo más y menos estado; más gasto público para sanear los balances bancarios, menos gasto público para sostener las políticas de igualdad.
Con todo, revestido de una nueva legitimidad, tenemos que reivindicar con claridad el papel del estado, que es lo mismo que decir el papel de lo público, como un decisivo actor del cambio necesario. La intervención del Estado es crucial para superar la crisis y, más en general, en el proceso de transformación y renovación de la economía española, una intervención que desborda los tradicionales enfoques de demanda keynesianos, basados en el componente contra cíclico del gasto público.
No puede ser de otra manera ante la envergadura de los desafíos sociales y ecológicos que hay que enfrentar. Movilizar recursos para corregir la fractura social, que ha alcanzado cotas históricas, comprometerse con políticas de igualdad en materia de salud, educación, ingreso y género (por citar algunos ejemplos muy destacados), mejorar la posición de los débiles y excluidos. Todo ello requiere, inevitablemente, del concurso del sector público. Igualmente, para detener la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas, y para activar políticas encaminadas a la sostenibilidad de los procesos económicos resulta crucial que imperen criterios públicos y políticos. Considero, en fin, que la intervención del estado es central para invertir la lógica del “todo privado”, bajo el pretexto de que la asignación de recursos desde lo público es, por definición, más ineficiente. Reivindico la legitimidad de lo colectivo y lo social.
La nueva legitimidad del Estado y de las instituciones que lo componen reside en que se habiliten, en los diferentes niveles donde opera la administración pública, mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas. Pero esto no es suficiente. En paralelo, resulta imprescindible que se abran y consoliden espacios donde la ciudadanía pueda expresarse, organizarse y defender sus intereses. Se trata, en este sentido, de ir mucho más allá de las consultas electorales periódicas, que las elites utilizan para legitimar políticas contra la mayoría social, aplicando a menudo programas que nada tienen que ver con los sometidos a votación en las elecciones.
Una ciudanía politizada, activa y comprometida. Esta es la llave maestra que nos permitirá vencer las resistencias de las oligarquías y abrir las puertas a un nuevo escenario económico y político. Pero, además, en ese proceso participativo, que es necesario impulsar con determinación, la ciudadanía se construye y se reconoce como actor político. Es necesario que el pueblo esté vivo y activo, empoderado y organizado, tenga voz propia y vele directamente por sus intereses, en definitiva ejerza la soberanía y la democracia de forma participativa y cotidiana, no sólo confiando su opción electoral periódicamente en unos comicios. Esto, y no otra cosa, es construir pueblo en términos de proyecto político.
La crisis económica y política, y las propias transformaciones, fracturas y límites del capitalismo, hacen que emerja un amplio grupo de “damnificados” cuyos intereses coinciden hasta cierto punto y que, en determinadas condiciones, podrían confluir en la misma agenda política. La problemática compartida tiene que ver sobre todo con la corrupción, el engaño y la estafa de una clase política profundamente endogámica y conservadora. También concita un amplio consenso el rechazo ante el enriquecimiento desmedido e injustificado de una minoría que no se lo merece, pues, siendo los principales causantes de la crisis, se han aprovechado de la misma para reforzar posiciones y privilegios, y la percepción de una persistente degradación de las condiciones de vida de una parte de las clases medias, en las que un amplio sector de la población se reconoce o al que quisiera acceder. Y, desde luego, en el proceso de pérdida de rentas y derechos de las clases trabajadoras, que ven como sectores enteros de las mismas se ven abocadas a un drástico empobrecimiento, pese a tener empleo, a la precarización o a la pura marginación por no acceder a puesto de trabajo alguno. Asimismo, este amplio grupo social podría tener intereses comunes, aunque no sean conscientes de los mismos, derivados del agravamiento de la problemática medioambiental.
Tan sólo se trata de algunos ejemplos, a los que se podrían añadir otros significativos, que apuntan en la dirección de una amplia transversalidad, sin que por ello debamos caer en el simplista lema de “somos el 99%”, que ni se corresponde con la realidad de la estructuración social, ni con el impacto, asimismo diverso, que ha tenido la crisis sobre diferentes sectores de la población.
Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de
Madrid, miembro de econoNuestra y del Consejo Ciudadano Autonómico de
Madrid de Podemos
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