Una vez leído el Borrador de
Decreto entregado por la Dirección General de la Función Pública del Principado a las organizaciones sindicales con representación en la
Junta de Personal Funcionario, en el que se regulan los sectores y subsectores
a los que se asignan los puestos a través de la relación de puestos de trabajo,
el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que es ilegal y que,
además, tiene trampa.
Es ilegal porque restringe la
regulación contenida en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de Función Pública del
Principado de Asturias, en el siguiente sentido: en este artículo se señala
“que cualesquiera que sean los méritos específicos que se delimiten, estos
deberán guardar relación con alguno o
algunos de los sectores, u otras subdivisiones a los que sean asignados los
puestos a través de las relaciones de puestos de trabajo. A los efectos de lo
dispuesto en este artículo, el sector o
sectores u otras subdivisiones al que sea asignado cada puesto de trabajo
vendrá determinado por el objeto u objetos sobre los que incida la actividad
desarrollada en el mismo”
Como se observa con la simple
lectura del artículo transcrito, la Ley
permite asignar cada puesto de trabajo a uno o varios sectores u otras subdivisiones.
Sin embargo, el Borrador de Decreto, en su artículo 5.1, dispone
que los puestos de trabajo serán asignados, a través de la relación de puestos
de trabajo, a un sector y a uno o varios subsectores (los subsectores, solo
pueden ser, por lógica, partes de un sector)
Es decir, en contra de lo que
dispone la Ley, que permite asignar un puesto a uno o a varios sectores, y
recortando ilegalmente el contenido de la misma, el Borrador de Decreto solo
permite asignar un puesto a un solo sector. Ello, además de ilegal, supone recortar enormemente las posibilidades
de valoración de los méritos específicos de los participantes en el concurso,
como consecuencia lógica de la adscripción del puesto a un único sector, y no a
dos , tres o más, si sus funciones así lo permiten ( el sector denominado
Administración general contiene funciones transversales a la mayoría de los
puestos de trabajo asignados a cuerpos de administración general)
Pero, además, el Borrador, tal y
como está configurado es una trampa, pues la definición de los sectores,
compartimentados prácticamente por materias que se corresponden con Consejerías
o parte de ellas, producirá el efecto perverso de favorecer claramente en los
concursos a los funcionarios que ya ocupan los puestos en comisión de
servicios, recortando gravemente las posibilidades de concurrencia real y
efectiva, es decir, de obtener puestos en consejerías distintas a aquella en las que el aspirante está
destinado, sobre todo si se tiene en cuenta que la puntuación por méritos
específicos puede llegar al 40 por 100 del total.
El Borrador de Decreto hace
alusión a la polivalencia potencial de los conocimientos y destrezas
adquiridos, pero cuando a la Dirección General de Función Pública le interesa,
incluye en la relación de puestos de trabajo códigos de exclusión de
determinados cuerpos y escalas, o los cierra injustificadamente a determinado
tipo de titulaciones, para asegurarse el nombramiento del funcionario o
funcionario de su cuerda.
Finalmente, la propuesta
trasladada por la Dirección General de Función Pública los sindicatos de que
para los puestos de nivel igual o mayor al 26 la convocatoria pueda
determinar la presentación de memoria, entrevista o realización de pruebas, es
una “libre designación encubierta”. Los que perdieron la guerra de la libre
designación de puestos de coordinadores y jefes de servicios pretende
resarcirse ahora colocando a los libres designados en los mismos puestos con la
lectura de una memoria o la realización de una entrevista. Una burla en toda
regla.
La Dirección General de la Función Pública del Principado parece pensar, como el circunspecto político de una reciente viñeta de El Roto, que sus ilegalidades se deben a errores de las leyes, por lo que procederá a cambiarlas.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies anuncia que emprenderá las medidas judiciales oportunas si se consuma una normativa que parece, más bien, una burda maniobra para seguir mangoneando los concurso de méritos.
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