Doble rasero y dos soluciones
distintas para la devolución de la paga extra a los empleados públicos.
Mientras que la Junta General del Principado devolverá a sus trabajadores el importe de la paga
extra suprimida en dos pagos, uno en diciembre de este año y el otro en enero
del año 2016, según el acuerdo que hoy publica el BOPA (ver aquí), el Gobierno del Principado de
Asturias, con la complicidad de todos los sindicatos firmantes del Acuerdo
aprobado por la Mesa General de Negociación,
devolverá dicha extra en tres tramos: uno en diciembre, otro en enero del 2016
y el tercero en enero de 2017 (ver acuerdo aquí)
La paradoja del caso es que la Junta General del Principado podría aprobar una Ley de Presupuestos para 2016 que discrimine a los empleados públicos del Principado, dándoles un peor trato que a los propios trabajadores de la Junta.
La Administración ha metido un
nuevo gol a los pactistas sindicatos presentes en la Mesa General de
Negociación de la Administración del Principado de Asturias, al lograr que
éstos acordasen el aplazamiento del reembolso de la paga extraordinaria de
verano de 2012, sustraída a los funcionarios a través de los recortes
introducidos en la legislación estatal.
El Acuerdo firmado el pasado 31
de octubre, denominado “de establecimiento del calendario de devolución de las
cantidades pendientes correspondientes a la supresión de la paga extraordinaria
de diciembre de 2012”,
lo han suscrito los sindicatos CCOO, FSES, UGT, SAIF y CSIF
Con esta firma- innecesaria de
otra parte, ya que la Comunidad Autónoma podría acordar unilateralmente el pago
aplazado de la paga extra de 2012-, los
sindicatos firmantes, a la vez que suministran total impunidad a Función
Pública para efectuar la demora de la devolución, se quitan la careta y
demuestran lo grotesco de su situación: critican hacia afuera los recortes
apoyando una supuesta oposición de izquierdas frente a una derecha que
presentan como culpable de debilitar y demoler los servicios públicos y,
simultáneamente, no tienen inconveniente alguno en poner su firma en acuerdos que posponen,
hasta el 2017, los efectos económicos de la devolución de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012 robada a los funcionarios a quienes teóricamente representan.
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