Comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias

En el día de hoy Javier Álvarez Villa, en representación del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, compareció en la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General del Principado de Asturias para hablar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Principado, con la siguiente intervención:

El informe de Personal que acompaña al proyecto de Ley de Presupuestos con el objeto de explicar los Gastos de Personal, tiene unos llamativos agujeros negros, que distorsionan las posibilidades de comprensión de este Capítulo.

Así, en primer lugar, se omite toda referencia a los Organismos y entes públicos sometidos a régimen de contabilidad privada – 5 Fundaciones, más el IDEPA y el Consorcio de Transportes – y las 15 empresas públicas que figuran en los Presupuestos. Nada hay en el Informe de Personal sobre el gasto de personal de cada una de estas 22 entidades, ninguna información sobre sus plantillas. Materia oscura.

Por lo que se refiere a las explicaciones sobre la distribución del gasto, el Informe de Personal dedica al análisis de las plantillas de personal 92 de sus 117 páginas. Pero esta información desglosada sobre las plantillas aporta muy poca información y, sobre todo, inútil, sobre el reparto de la masa salarial, porque en la Administración Pública lo que realmente existen son puestos de trabajo y no plazas de plantilla. Es decir, lo que realmente hay son puestos base y puestos singularizados – jefaturas, coordinadores, asesores, directores etc.- y esta información no figura por ningún lado en el Informe.

Para conocer con certeza como se ha distribuido realmente la masa salarial entre los diferentes grupos de empleados públicos habría que disponer de la secuencia de las relaciones de puestos de trabajo de los últimos años.

Si se dispusiera de ella se observaría, seguramente, como han ido aumentando los puestos de trabajo singularizados adscritos al grupo A – titulados superiores -

Como la masa salarial se ha mantenido prácticamente estancada parece lógico concluir que esta especie de hipertrofia de asesores, coordinadores etc., sin soporte objetivo para su creación, ha sido posible mediante una transferencia salarial de abajo a arriba, desde los grupos más bajos – con menores sueldos – hacia los superiores. Clasismo salarial.

Por lo que se refiere al personal temporal, el Informe de Personal se limita a señalar que el gasto asciende al 6,40 por ciento del gasto total, pero omite toda referencia al número de trabajadores temporales, distribución por Consejerías y demás organismos etc.

Si tomamos los datos de las últimas Encuestas de Población Activa veremos que el personal temporal puede suponer entre el 15 y el 20 por 100 del personal de la Comunidad Autónoma. Ello supone que este 15 /20 por ciento percibe sólo 6,40 por ciento del total de la masa salarial, lo que nos lleva a concluir que se está utilizando la precarización del empleo público de forma deliberada para disponer de mano de obra barata.

De este modo se discrimina a los interinos y al personal temporal en general doblemente: por un lado, se les condena a una precarización casi perpetua, impidiéndoles acceder a un puesto fijo al congelar o minimizar al máximo la oferta de empleo público; y, por otro, se les paga menos que a los empleados fijos, aún desempeñando trabajos idénticos.

En este sentido, el artículo 24.1 del proyecto de ley de Presupuestos consagra esta discriminación salarial, señalando que los funcionarios interinos no podrán percibir el complemento de carrera o de incentivo profesional, ni cualquier otro vinculado a los funcionarios de carrera; en contra de la Directiva 1999/70/, sobre trabajo temporal, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de las sentencias que ya están empezando a dictar los juzgados asturianos.

Pero el proyecto de ley de Presupuestos también castiga a los trabajadores públicos fijos, a los que se suprime el derecho al abono de la cantidad correspondiente a la segunda categoría de la carrera profesional horizontal.

El sistema de carrera horizontal que en el año 2007, a pocos días de la celebración de las elecciones autonómicas, había que implantar con urgencia, aunque no existiera cobertura legal que lo avalara, porque serviría para motivar a los empleados públicos y permitir que se estabilizarán en un puesto de trabajo, sin obligarles a cambiar de puesto para obtener mejoras retributivas, todo ello, mediante una progresión de categoría cada cierto números de años, ahora se suspende “manu militari” y hasta nuevo aviso. Lo que antes se se decía utilizar para motivar a los empleados públicos ahora se suprime para desmotivarlos.

Mientras tanto, se mantiene prácticamente intacta la partida de cerca de un millón de euros para cursos de formación del Instituto Adolfo Posada. Pero si el cursillismo desmedido que alentó la implantación de la carrera profesional horizontal, para obtener puntos para progresar de categoría, ahora debería desinflarse con la suspensión de dicha carrera, ¿a cuento de qué se mantiene intacto entonces la partida presupuestaria para cursos de formación?

Finalmente y para acabar, lo que tampoco mengua es el número del personal de confianza política o personal eventual, que aumenta de 90 a 91, 48 adscritos a la Junta General del Principado.

A nuestro juicio, se trata de un número excesivo e injustificado, no porque los diputados y diputadas y los cargos políticos no deban tener personal técnico que les asesore en le desempeño de sus funciones parlamentarias o de gobierno, si no porque consideramos que una buena parte de las funciones que desempeñan deben quedan reservadas a empleados públicos, elegidos en procedimientos de selección libres y en igualdad de oportunidades, porque son materialmente funciones propias de empleados públicos.

Por ello la asociación a la que represento ha interpuesto un recurso contencioso – administrativo frente la relación de puestos de trabajo de personal eventual de la Junta General del Principado, pues consideramos que incurre en un claro fraude de ley.

Gracias.