Así se desprende de los datos del
Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas
elaborado por el Ministerio de Hacienda, que en su edición de julio de 2010
reflejaba un total de 62.205 empleados públicos en el Principado de Asturias (ver aquí, pag.25), cifra que baja a 57.689 en la última edición del Boletín correspondiente al mes de julio del 2014, publicada el pasado mes de diciembre (ver aquí, pag. 32)
Estos datos suponen que en los
últimos cuatro años el empleo público habría disminuido en Asturias casi un 8
por 100. En todo caso, la reducción real es sensiblemente mayor, si se tiene
en cuenta que el Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda no recoge datos
de los siguientes colectivos:
-
Personal al servicio de los Órganos independientes de la Administración de las Comunidades Autónomas (Consejo Consultivo, Sindicatura etc.)
- Personal de Entidades Públicas Empresariales y
Organismos Públicos con régimen especifico de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local
equivalentes a los organismos públicos de la Administración General
del Estado.
- Personal de empresas públicas, fundaciones, mutuas,
consorcios y sector público no administrativo de las Administraciones Públicas.
- Personal en formación y prácticas, reserva, segunda
actividad, o cualquier otra situación que no sea la de servicio activo.
- Personal laboral con contratos de duración inferior a 6
meses de las distintas Administraciones, excepto de la Administración Local
Por Administraciones Públicas
llama especialmente la atención el drástico recorte de personal sufrido por la Administración
Local – Ayuntamientos – que pasó de 11.748 efectivos en julio
de 2010 a
9.777 en julio de 2014, es decir, prácticamente un 17 por ciento menos en
apenas cuatro años.
Esta considerable reducción del
empleo público, producto de las políticas de recorte de gasto mediante
congelaciones de la oferta de empleo público, reducidas tasas de reposición de
efectivos y práctica supresión de las sustituciones, ha provocado un alarmante
deterioro de la calidad de los servicios públicos: desmantelamiento de la red
local de servicios sociales, crecimiento exponencial de las listas de espera
sanitarias, hacinamiento escolar, agravamiento de la lentitud judicial etc.
La sociedad asturiana está pagando
las políticas austericidas de recorte del gasto público con el desmantelamiento
del Estado del Bienestar. Hay que recordar que sin empleados públicos
suficientes, con estabilidad laboral, bien formados y
adecuadamente motivados, no pueden existir servicios públicos universales y de
calidad, que garanticen la justicia y la cohesión social.
El recorte indiscriminado del
empleo público no es un problema corporativo de los trabajadores públicos, sino
una grave gangrena social que ya está dañando seriamente las condiciones necesarias para
la vida digna de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias.
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