Alberto Marcos Vallaure |
Asturbulla, 27-01-2015 |
No existe planificación alguna a medio o largo plazo y el proceso de evaluación es totalmente opaco e inconsistente
En pleno apogeo del último mantra de moda, el cambio de modelo productivo, Asturias cumple su sexto año consecutivo sin desarrollar un verdadero Plan Regional de Ciencia. Con un sector primario en claro retroceso y un sector industrial pesado en constante amenaza de deslocalización, cualquiera podría pensar que la única apuesta posible de futuro a largo plazo sería la de aprovechar la oportunidad que ofrece ser región prioritaria en fondos FEDER para invertir en la constitución de un sistema de investigación robusto que, aunque de dimensiones modestas, sea capaz de generar conocimiento de calidad y ser un polo de atracción de un sector empresarial innovador. Pero no. El último plan regional de ciencia desarrollado data del período 2006-2009 y desde entonces no ha habido más que prórrogas anuales del mismo o la continuación de los instrumentos propios de un plan, pero sin la necesaria estructuración de objetivos concretos a medio o a largo plazo. Para ser precisos, existe sobre el papel un Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2013-17 que parece encontrarse, como el film de Coppola, "lost in traslation". En primera instancia, un ciudadano de a pie podría pensar que en los tiempos que corren invertir en ciencia es un lujo que no podemos permitirnos. Aunque todo es relativo, a pesar de los ingentes recursos empleados en la construcción de infraestructuras —muchas de ellas sobredimensionadas o incompletas (y por tanto ahora inabordables) después de cientos de millones de euros gastados— no parece haber existido voluntad alguna de realizar un plan de futuro, ni siquiera una mínima estrategia que definiera exactamente, o incluso grosso modo, cual debería ser el modelo productivo de Asturias en años venideros. Este análisis, de alguna forma espontáneo, también obviaría que España, como miembro de la Unión Europea, contribuye con el impuesto de españoles y asturianos a la financiación de la investigación transnacional europea y que, por tanto, sin un sistema sólido de investigación nunca podremos obtener el retorno de esa generosa inversión con la que ayudamos a que otros países empleen e incorporen a nuestros jóvenes en sus sistemas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación). Como muestra de esta falta de ideas y estrategias, el Prinicipado, después de cinco años ha sacado una única convocatoria de ayudas a grupos de investigación que desarrollan su actividad en la región, anticipando por tanto la aplicación de la herramienta a la propia definición de una estrategia en un nuevo Plan Regional de Ciencia, desde hace varios años en permanente estado de revisión y preparación. Los programas de ayudas a la investigación se diseñan como instrumentos para conseguir un fin, que en nuestro caso debería de ser un objetivo a medio o largo plazo. La ausencia de previsión se ilustra por el simple hecho de que esta convocatoria es única, no tiene ninguna periodicidad establecida y de hecho coincide con la duración del tímido Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2017. No existe planificación alguna a medio o largo plazo. La convocatoria se hace pública el pasado setiembre y se resuelve el 26 de diciembre, haciendo administrativamente imposible el gasto asignado al año 2014. Para agravar la situación, el proceso de evaluación adoptado ha sido totalmente opaco (lo único que se conoce es la no intervención de agencias de evaluación tales como la ANEP) e inconsistente (a juzgar por la arbitraria agrupación de disciplinas, por ejemplo, las ciencias naturales con las humanidades o las ingenierías con las ciencias de la vida). Además, se infravaloran las ideas contenidas en los proyectos con independencia de su procedencia o disciplina, limitándose a asignar un mísero 20% de la calificación final al proyecto a desarrollar. Este criterio se contrapone con los requisitos exigidos en el mundo anglosajón, donde las ideas están netamente por encima de los méritos de los concursantes, favoreciendo así —curiosamente— lo que otros sistemas más estructurados y avanzados como el británico evitan a toda costa: el reforzamiento de grupos con excesivo arraigo local. En la convocatoria asturiana únicamente se puntúa la producción científica hecha en Asturias por los miembros de un grupo local, excluyendo la realizada en colaboración con otros grupos no asentados en la región. Si en el sistema británico, por poner un ejemplo, se supedita una parte de la financiación de la universidad a la productividad realizada con grupos externos a la propia institución, lo que se atisba en Asturias es justamente lo contrario. En conclusión, un baremo de puntos diseñado para favorecer la endogamia y la continuidad en instituciones de la región castiga doblemente al sector más joven, que ni ha tenido tiempo de desarrollar una trayectoria establecida ni oportunidades para llevarla a cabo. Con ello, la sangría demográfica del sector joven asturiano se fomenta también desde las instituciones. Esta política interesada previene tanto el retorno del talento asturiano, como la incorporación de talento y sangre nueva necesaria para la renovación y mejora del sistema. En el último programa marco de la Comisión Europea, Horizonte 2020, se pone especial énfasis en favorecer globalmente la comunicación entre el sector público de investigación con el sector industrial, esto es la I con la i. El traslado de estas políticas transnacionales a nivel regional muestra la ausencia total de análisis. Las políticas europeas están diseñadas para orientar sistemas robustos de investigación hacia el sector industrial que ya invierte en i. Muchos de los países contribuyentes netos dedican a I+i porcentajes del PIB nada despreciables, una media del 2 %, con el objetivo de alcanzar el 3 %. Estos países con sistemas fuertes de investigación, disponen de numerosas instituciones en posiciones envidiables en el ranking de universidades que les permite compaginar ambos aspectos: la I con la i. Ni España, ni Asturias, cumple ninguno de los requisitos de partida de la mayor parte de los países fuertes de la Unión: ni dedica suficiente proporción del PIB a la I+i, ni dispone de instituciones públicas bien financiadas (véase el lamentable estado del CSIC o de nuestras universidades, al borde de la quiebra financiera y de recursos humanos). Desplazar la financiación del sistema público de investigación —ya débil de por sí — por motivos tanto presupuestarios como estructurales hacia un sector industrial que no dedica el esfuerzo necesario en i solo nos puede llevar al desastre. No se debe confundir investigación (I) con innovación (i), como hacen los gestores de nuestros fondos públicos. Exigir innovación a una institución fundamentalmente dedicada a la generación de conocimiento, como es el caso de la única universidad de la que dispone Asturias, la Universidad de Oviedo, es un error de concepto. Por citar a una consagrada investigadora asturiana: ¿todavía es necesario recordar la puesta en valor de la ciencia básica que tan machaconamente realiza la Profesora Margarita Salas cada vez que se la interpela? Aunque en el caso de las ingenierías la innovación sea una exigencia adecuada y recomendable con vistas a favorecer la colaboración con el sector industrial, no lo es tanto para el resto de la Universidad, a la que obviamente se le debería de exigir una investigación de calidad, incluso fijando objetivos a medio plazo realistas, concretos y adecuados a las capacidades del sistema, y que sea ambiciosa en la recuperación del terreno perdido estos años. Para poder competir con los países de nuestro entorno por los fondos europeos destinados a la investigación, a los que contribuimos todos los españoles y asturianos, es indispensable hacerlo en igualdad de condiciones, algo que no ocurre en la actualidad. Asturias apenas dedicó el 0,93 % del PIB regional en 2011 y el 0,89 % en 2012 a la I+D —probablemente, sería más correcto decir I+i—, un porcentaje pírrico en términos absolutos, que no se ve favorecido por la escasa cultura científica de la sociedad española y asturiana, comenzando por la de la clase política y terminando por la empresa, que tampoco realiza el mismo esfuerzo de inversión en términos globales que sus homólogos europeos. ¿Qué sería de la convergencia económica europea de las regiones menos favorecidas con el resto sin la existencia de los fondos FEDER, que tanto dinero han dejado en Asturias? ¿Podríamos converger sin los fondos que hemos recibido durante tantos años? Entonces, ¿por qué se exige a la comunidad científica asturiana que converja si partimos de una situación que en términos de financiación y de estructura es más propia del siglo XIX? En relación con la ciencia, Asturias necesita un cambio completo de las estrategias de los responsables de la vida política, aunque habida cuenta de su demostrada incapacidad para negociar entre todos los grupos políticos un plan de ciencia serio y concreto con la vista puesta en el futuro de la región, es posible que esto no sea suficiente. Si bien es positiva la noticia publicada estos días en la prensa asturiana relativa a la firma por parte del gobierno actual de un acuerdo de financiación plurianual para la Universidad de Oviedo, también conviene recordar que se trata de tan solo 10 millones de euros en cinco años, apenas el 5 % del presupuesto anual de la Universidad de Oviedo, cifra muy alejada de los cuantiosos y continuos sobrecostes en infraestructuras a los que estamos acostumbrados. Una partida escasa que una vez más sigue sin venir acompañada por una estrategia de futuro para la ciencia en Asturias y para el desarrollo en su conjunto de una sociedad basada en el conocimiento. Para terminar, tal vez no resulte ocioso recordar las palabras pronunciadas por Jovellanos a la altura de 1794 en la oración inaugural del Real Instituto Asturiano, relativas a los objetivos a conseguir: “somos llamados al estudio de la naturaleza no para satisfacer nuestro orgullo, sino para socorrer nuestra miseria”. Atravesamos ciertamente tiempos muy recios, pero tengan por seguro que no más que aquellos. Alberto Marcos Vallaure es Profesor Emérito y ex-Rector de la Universidad de Oviedo. |
Frente al clientelismu y la manipulación política, otra Función Pública n´Asturies Ye Posible. El día 5 de noviembre del 2008 se constituyó el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA), como asociación abierta a todos los trabajadores pertenecientes a las diferentes Administraciones Públicas existentes en Asturies. COFPA es una asociación al servicio del interés general y no un grupo corporativo, ni una central sindical. cofpas@gmail.com
sábado, 31 de enero de 2015
Asturias 2015: sin estrategia regional en ciencia
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