El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) presidido por Carlos Dívar.
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El Tribunal de Cuentas realiza observaciones críticas en la fiscalización del órgano
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El Consejo defendió la 'estricta legalidad' de su actuación
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'Es un requisito ineludible' motivar las adjudicaciones, lo que no se hizo
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Detecta una ausencia de documentos que expliquen la necesidad del gasto
El Mundo
Inexistencia de manuales que garanticen el cumplimiento de la
normativa reguladora de la contratación pública; falta de previsión de
los contratos, que ha conducido a prácticas inadecuadas; ausencia de
motivación de las adjudicaciones; falta de control en la ejecución...
Toda una enmienda a la totalidad de la gestión del CGPJ, cuestión que
deja en pañales las observaciones en torno al "elevado importe" y "excesiva discrecionalidad" de los gastos de viajes y de representación del anterior Consejo, ya corregida con una regulación más dura.
El Tribunal de Cuentas decidió inspeccionar las cuentas del Consejo
General del Poder Judicial tras el escándalo de los gastos de viajes del
ex presidente de la institución Carlos Dívar,
que fue sometido por el propio órgano fiscalizador a un procedimiento
de responsabilidad contable. El asunto se archivó en noviembre del
pasado año, después de que Dívar reintegrara cerca de 3.000 euros correspondientes a los ocho únicos viajes en los que el Tribunal de Cuentas apreció una ausencia total de justificación.
Mandato controvertido
Las observaciones que el informe de fiscalización realiza respecto a
los gastos de viaje y a los fondos destinados a atenciones protocolarias
y representativas se han visto muy mitigadas, porque tanto el anterior
Consejo -en junio de 2012- como, sobre todo, el actual -nada más empezar
su mandato- introdujeron modificaciones normativas relevantes que ahora
obligan al presidente, Carlos Lesmes, a los vocales y otros cargos del CGPJ a especificar la razón del gasto. El actual Consejo ha aplicado, además, a sus cuentas niveles de transparencia desconocidos en cualquier otra institución pública.
"Este Tribunal de Cuentas considera muy adecuadas esas
modificaciones", señala el informe, aprobado a finales del pasado julio.
El órgano fiscalizador, que ciñe a 2010 el examen de la actividad
económico-financiera del CGPJ, deja constancia, no obstante, de la
"insuficiente regulación" que antes había de esos gastos -"no privativa
del CGPJ"- y de su "excesivo grado de discrecionalidad".
Al Tribunal de Cuentas le llamaron la atención, además, los "importes tan elevados" dedicados a atenciones protocolarias y representativas (523.400 euros,
de los cuales 91.722 fueron liquidados por los altos cargos del
Consejo) y a gastos relacionados con los viajes (583.257 euros en
desplazamientos, alojamiento y manutención).
Respecto a los gastos de representación, el informe indica que, pese a
que en 2010 ya existía un formulario en el que se pedía una "breve
descripción del motivo" del gasto, solo dos vocales lo cumplimentaron en
todos los casos y otros dos consejeros en la mitad de ellos. Los 15
restantes (uno de ellos no gastó nada) "se limitaron a realizar indicaciones genéricas tales como 'reunión de trabajo' o 'comida de trabajo',
sin concretar el objeto de dichas reuniones o los participantes". La
interventora del CGPJ no puso pega alguna, destaca el Tribunal de
Cuentas.
Semana caribeña
El informe atribuye el cuantioso importe de los gastos de viaje
"principalmente" al hecho de que 14 de los miembros del anterior Consejo
tenían su residencia familiar fuera de Madrid. Este tipo de
desplazamientos "se realizó en períodos que abarcaban el fin de semana y
días previos y posteriores, indicándose que, al ser vocales
territoriales, tenían reuniones de carácter oficial en la localidad de
su residencia familiar los viernes o los lunes". Las cantidades anuales empleadas en desplazamientos a la vivienda familiar "oscilaron entre 3.700 euros y cerca de 20.000".
Tanto en viajes oficiales como a la residencia familiar, los desplazamientos en tren o avión "fueron en clase club, preferente o business", constata. Ello se produjo en un año, 2010, en el que España estaba ya inmersa en una grave crisis.
El Tribunal de Cuentas reclamó la documentación relacionada con una
muestra aleatoria de viajes oficiales de los miembros del anterior
Consejo. Aunque sólo dos de ellos aportaron la documentación
acreditativa de las reuniones y actos a los que asistieron, "las
comunicaciones recibidas del presidente y los vocales y otras
informaciones ponen de manifiesto que, aun cuando en contados viajes
pudiera llegar a cuestionarse que algún gasto derivara de obligaciones
propias de la función de alto cargo, no hay elementos de juicio que
permitan afirmar que las comisiones de servicio llevadas a cabo no hayan
cumplido ese requisito".
Las observaciones más críticas se refieren a la gestión de la contratación.
Pese a que el CGPJ dedicó a este capítulo buena parte de las
alegaciones que presentó al anteproyecto de informe, expresando su
discrepancia con las apreciaciones de los fiscalizadores y defendiendo
la "estricta legalidad" de su actuación, el Tribunal de Cuentas no
matizó sus reproches.
Los inspectores seleccionaron una muestra de 34 contratos por importe de 5,8 millones de euros.
Tras su examen, el informe habla de "carencias en materia de control
interno" y "deficiencias atinentes al cumplimiento de la normativa
reguladora de la contratación".
Entre las primeras destaca la "ausencia de manuales que faciliten y
garanticen la observancia y cumplimiento de las disposiciones
aplicables". No se cumplieron las obligaciones de comunicación de los
contratos adjudicados al Registro Público de Contratos y hubo
"insuficiencias" en la información incluida en la memoria elevada a las
Cortes.
Se ha constatado una "falta de previsión y ausencia de planificación" que ha hecho que se recurra a "prórrogas extemporáneas, modificaciones contractuales, a la contratación menor e incluso a la convalidación del gasto", añade.
La falta de previsión "se extiende a la presupuestación de algunos
contratos, en los que no se han realizado estudios económicos que
permitieran la determinación de unos presupuestos ajustados a los
precios de mercado".
Esas deficiencias en la fase de preparación de los contratos "han
podido conducir a una inadecuada selección de los procedimientos de
adjudicación", acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o a
la contratación menor "cuando podría haberse tramitado un único
procedimiento abierto".
En algunos expedientes se ha observado "la ausencia de informes o
documentación suficientemente explicativos de la necesidad del contrato
para el cumplimiento y realización de los fines institucionales del
CGPJ".
En otros casos se apreció una "insuficiente definición del objeto del contrato,
lo que ha ocasionado deficiencias en el control de su ejecución o el
recurso a contratos menores para suplir las carencias derivadas de
aquella indefinición inicial".
"Ha resultado frecuente" que en los pliegos de condiciones no se
especifiquen los elementos de baremación relativos a los criterios de
adjudicación que dependían de un juicio de valor, una concreción que
"constituye una garantía de cumplimiento de los principios de
objetividad y transparencia que deben presidir la contratación pública".
Por contra, en la mayor parte de los expedientes se requería la celebración de una entrevista con responsables del CGPJ en fecha anterior a la formulación de la oferta económica,
sin determinar los fines de ese encuentro ni su objeto ni las
condiciones de su realización y de cuyo contenido efectivo no quedaba
constancia documental en el expediente. El Tribunal subraya que esa
entrevista "carece de soporte legal" y resulta "difícilmente compatible"
con los principios de "publicidad y transparencia y no discriminación e
igualdad de trato entre los candidatos".
Además, en ninguno de los expedientes analizados se hizo constar de
forma expresa la motivación de las adjudicaciones, lo que "constituye un
requisito legalmente ineludible", recuerda el Tribunal de Cuentas, ya
que cumple la "función esencial" de asegurar el principio de
transparencia y posibilita el control del acto.
Expedientes cuestionados
Seguro de Responsabilidad. "Falta de rigor
justificativo". Uno de los expedientes de contratación examinados fue la
polémica suscripción de una póliza colectiva de seguro de
responsabilidad civil para los jueces. Se adjudicó por procedimiento
abierto y costó 223.551 euros, destinados a hacer frente a las
indemnizaciones que deben abonar los jueces cuando son condenados por
dolo o culpa. "No deja de ser un asunto controvertido", señala el
informe del órgano fiscalizador, ya que, si bien el CGPJ alegó que la
póliza es un instrumento de refuerzo y garantía de la independencia
judicial, "puede entrar en conflicto con el principio de responsabilidad
de los jueces". Con esa póliza no son ellos, sino el CGPJ con dinero
público, el que cubre los daños y perjuicios que causan. El Tribunal de
Cuentas "echa de menos" un «mayor rigor justificativo" de ese gasto en
los documentos del expediente. Además, "no se determina correctamente el
valor estimado del contrato" ni se hicieron estudios para la fijación
del presupuesto base de licitación, que fue de 450.000 euros.
Ausencia de control. En 2010, el CGPJ decidió hacer
una campaña institucional en prensa y radio para "prestigiar a los
jueces" ofreciendo "una imagen positiva de su trabajo". Se gastó 203.831
euros. El Tribunal de Cuentas señala que la ley de publicidad
institucional (que no es de aplicación directa al CGPJ, "pero sí sirve
de punto de referencia") "prohíbe las campañas que tengan por finalidad
destacar los logros de gestión", ya que las campañas institucionales
deben servir "a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y
no a quien las promueve". El pliego de prescripciones estableció que la
empresa adjudicataria se encargaría de evaluar la eficacia de la campaña
una vez finalizada. "No consta esta evaluación", indica el tribunal.
Cuando el fiscalizador la pidió, el CGPJ entregó un documento que "se
limita a una mera descripción del trabajo realizado", pero no el alcance
de la campaña, «lo que hace imposible la valoración de su impacto".
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