El BOPA de hoy, martes 28 de octubre, publica la resolución por la que se adjudican definitivamente 335 puestos de jefatura negociado pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias, resolviendo el concurso de méritos convocado al efecto. Esta adjudicación se produce quince (15) años después del último concurso de méritos válidamente celebrado para esta categoría de puestos de trabajo, que data del año 1.999 (convocatoria publicada en BOPA de 14 de septiembre de 1998)
Durante este largo periodo de 15 años la Administración del Principado ha vivido en una especie de "estado de excepción", con la totalidad de los puestos vacantes cubiertos de forma provisional (en comisión de servicios), mediante nombramientos discrecionales (a dedo) realizados por los responsables políticos de los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo al frente de la Comunidad Autónoma. Una situación de excepcionalidad que no tiene parangón en ninguna otra Administración Pública conocida.
¿ Cómo ha sido posible mantener y consolidar este sistema de clientelismo laboral en la carrera profesional de los empleados públicos del Principado de Asturias durante década y media? Varios factores o causas han confluido para ello:
- El incumplimiento sistemático de la obligación que establecía la Ley de Función Pública del Principado de que los puestos vacantes cubiertos provisionalmente debían ser provistos mediante convocatoria pública, al menos, con periodicidad anual. Lejos de acatar esta disposición legal, la Dirección General de Función Pública prolongó la duración de los nombramientos provisionales "sine die" e incrementó su número a medida en que iban quedando puestos vacantes, propiciando con ello el control político partidista de la promoción profesional de los empleados públicos del Principado.
- La ilegalidad de los dos intentos de convocatoria de concurso de méritos realizados en este periodo de 15 años, cuyas bases fueron declaradas nulas por los tribunales de justicia: la convocatoria de jefaturas de negociado de octubre de 2006, anulada en sentencia de 12 de noviembre de 2007 del TSJA y su repetición, efectuada en el mes de octubre de 2008, anulada por sentencia del TSJA de 21 de junio de 2010. Esta contumacia en la confección de bases para la valoración de méritos claramente discriminatorias y sesgadas en favor de algunos candidatos ponen en evidencia la concepción manipuladora del empleo público que ha dominado la gestión de los gobiernos del Principado en las últimas décadas.
- La insuficiencia manifiesta de los medios personales y organizativos dedicados por la Dirección General de Función Pública a la convocatoria y resolución de los concursos de méritos. Así, el concurso que hoy se resuelve fue convocado en febrero del año 2011, por lo que la Dirección General de Función Pública ha tardado prácticamente cuatro años en tramitarlo, batiendo todos las marcas de lentitud e inoperancia en la materia. Esta precariedad de la estructura organizativa destinada a la tramitación de los concursos, contrasta con el despliegue de medios con el que se ha dotado a esa novedad llamada "carrera profesional horizontal", que solo ha servido para inflar la "gran tarta de dinero" de los cursos de formación del Instituto Adolfo Posada, de la que se benefician con jugosos sobresueldos una elite de funcionarios escogida a dedo y empresas del sector.
La resolución del concurso de méritos que hoy se publica debiera ser el primer paso para normalizar el caos en el que se encuentra la Función Pública asturiana, pero desconfiamos plenamente de cualquier cambio de actitud que pueda provenir de una Dirección General de Función Pública responsable directa de la gestión clientelista, politizada, ineficaz e ilegal de los últimos quince años.
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