Pese a que se publicita a bombo y platillo, la
futura Ley de Transparencia no supone ningún avance respecto a la ocultación deliberada de los 98 asesores de confianza política existentes en el Principado de Asturias y que ocupan cargos públicos retribuidos con cargo a
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
En efecto, la única información
institucional obligatoria que establece el proyecto de Ley de Transparencia en relación con esos asesores políticos es la que señala el artículo 13, letra b) : el
número, nivel y retribuciones de cada puesto de trabajo. Los mismos datos que ya hace públicos el Gobierno asturiano en la página oficial de la Administración del Principado y que son de publicación obligatoria conforme a lo que dispone el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Sin embargo, la información fundamental, que es la identidad - nombres y apellidos - de dichos asesores, mediante la publicación en el BOPA de los nombramientos y ceses de los mismos, sigue hurtándose a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, en un ejercicio clamoroso de opacidad y oscurantismo.
¿ Qué inconfesables razones llevan al Gobierno del Principado y a la Junta General a impedir el conocimiento público de la identidad de los asesores políticos, a diferencia de lo que sucede con el resto de los empleados públicos, cuyo nombramiento figura publicado obligatoriamente en el BOPA?
¿ Quiénes son los tres asesores del presidente Javier Fernández, con nivel 30 y una retribución anual para cada uno de ellos de 54.728,38 euros?
¿ Quiénes son los tres asesores del Consejero de Presidencia y los cinco asesores de los otros consejeros, con nivel 28 y una retribución anual para cada uno de ellos de 50.041,46 euros?
¿ Quiénes se esconden en los 47 puestos de asesores de los grupos parlamentarios de la Junta General?
¿ Quiénes son los tres asesores del presidente Javier Fernández, con nivel 30 y una retribución anual para cada uno de ellos de 54.728,38 euros?
¿ Quiénes son los tres asesores del Consejero de Presidencia y los cinco asesores de los otros consejeros, con nivel 28 y una retribución anual para cada uno de ellos de 50.041,46 euros?
¿ Quiénes se esconden en los 47 puestos de asesores de los grupos parlamentarios de la Junta General?
Esa ocultación ilegal de información resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que, según
dispone el artículo 2 del Proyecto de Ley de Buen Gobierno el personal eventual
del gabinete del Presidente y los Jefes de Gabinete de los titulares de las
Consejerías tienen la condición de “altos cargos” y
están sometidos al régimen de incompatibilidades, conflictos de intereses y demás
normas de transparencia de intereses, actividades y patrimonio que los miembros
del Gobierno.
La opacidad del proyecto de Ley de Transparencia del Principado sobre los asesores políticos contrasta con la publicidad que ofrecen otras leyes autonómicas. Así, por ejemplo, en la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, cuyo artículo 13 (ver aquí) dispone:
"Deberán ser objeto de publicación en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana los procedimientos de libre
designación, la selección de personal directivo y laboral de alta
dirección; candidatos y méritos aportados; propuesta motivada del
candidato seleccionado; remuneración; los ceses y sus causas; los
nombramientos, ceses, régimen retributivo, formación o trayectoria
profesional del personal eventual. En el caso del personal directivo y
laboral de alta dirección, se publicarán, además, los objetivos que se
les hayan fijado y los resultados obtenidos de acuerdo con el
procedimiento por el que deban evaluarse"
Por imperativo democrático, el Gobierno asturiano debe una explicación sobre esta ocultación contumaz y reincidente, más pronto que tarde.
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