LNE, 12/10/10
La falta de mecanismos rigurosos de control de las adjudicaciones se encuentra en el origen de casos de corrupción como «Gürtel» y «Brugal»
Los trucos que utilizan las administraciones para decidir los concursos públicos que convocan constituyen una ilegalidad que ni a la sociedad ni a los damnificados les resulta fácil corregir por las razones que los juristas vienen explicando desde hace algún tiempo en este periódico. Los concursos amañados forman parte de la corrupción política, de la que ningún partido gobernante está exento. Esa corrupción política conduce a veces a otro tipo de corrupción aún más grave, la corrupción penal. Lo estamos viendo en Valencia con casos escandalosos que están pendientes de las sentencias de los tribunales de justicia. En Asturias hay evidencias de prácticas administrativas arbitrarias y de utilización indebida de funcionarios de libre designación por parte de los políticos para el logro de los objetivos que se pretenden. Es un mal camino. Juan Ramón Gil, director del periódico «Información» de Alicante, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, explica en el siguiente informe cómo la comunidad valenciana, gobernada por el PP, ha pasado por la arbitrariedad hasta llegar a la presunta corrupción.
Los trucos que utilizan las administraciones para decidir los concursos públicos que convocan constituyen una ilegalidad que ni a la sociedad ni a los damnificados les resulta fácil corregir por las razones que los juristas vienen explicando desde hace algún tiempo en este periódico. Los concursos amañados forman parte de la corrupción política, de la que ningún partido gobernante está exento. Esa corrupción política conduce a veces a otro tipo de corrupción aún más grave, la corrupción penal. Lo estamos viendo en Valencia con casos escandalosos que están pendientes de las sentencias de los tribunales de justicia. En Asturias hay evidencias de prácticas administrativas arbitrarias y de utilización indebida de funcionarios de libre designación por parte de los políticos para el logro de los objetivos que se pretenden. Es un mal camino. Juan Ramón Gil, director del periódico «Información» de Alicante, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, explica en el siguiente informe cómo la comunidad valenciana, gobernada por el PP, ha pasado por la arbitrariedad hasta llegar a la presunta corrupción.
JUAN RAMÓN GIL DIRECTOR DE «INFORMACIÓN» DE ALICANTE, PERIÓDICO DEL MISMO GRUPO EDITORIAL QUE LA NUEVA ESPAÑA
En los últimos días, LA NUEVA ESPAÑA ha puesto sobre la mesa las deficiencias del sistema de contratación del Principado, evidenciando la facilidad con la que las adjudicaciones públicas pueden ser manipuladas por el Gobierno a través del personal de libre designación y de técnicos influenciables que ocupan cargos de relevancia en las distintas consejerías y, a la vez, tienen un peso decisivo en las mesas y comisiones que otorgan las contratas. El asunto no es menor, puesto que la ausencia de mecanismos de control efectivos y la discrecionalidad con que en la práctica pueden actuar las administraciones son, frecuentemente, el caldo de cultivo en el que crece y se hace fuerte la corrupción.
El ejemplo más evidente de ello son los dos casos que han saltado de la prensa local valenciana a las portadas de todos los periódicos e informativos de España: los conocidos como «caso Gürtel», en el que aparece como principal implicado el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el «caso Brugal», en el que está imputado, entre otros, el también dirigente del PP José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante. En ambos casos, empresas a las que la Unidad Contra los Delitos Económicos y el Blanqueo de Capitales de la Policía acusa de financiar fraudulentamente al PP y ganarse la voluntad de los políticos mediante regalos e incluso sobornos, lograron contratas públicas que nunca hubieran podido adjudicarse de aplicarse la letra y el espíritu de la ley.
Orange Market, la empresa filial en Valencia de Francisco Correa, en prisión por supuesto cohecho, y que dirigía Álvaro Pérez, archiconocido ya como «El Bigotes», logró quedarse con una de las contratas más importantes de la Generalitat valenciana, la del montaje del pabellón de la Feria de Turismo de Madrid, por 1,7 millones de euros, a pesar de que su oferta no sólo era la más cara, sino que la sociedad carecía de cualquier experiencia en eventos de este tipo. A partir de ahí, y en un tiempo récord, consiguió, según el sumario que ha pasado por dos tribunales superiores -la Audiencia Nacional y el Supremo-, contratas de todos los departamentos del Gobierno autonómico valenciano excepto la vicepresidencia económica, por valor de más de siete millones de euros. La Unidad de Auxilio Judicial, que analizó a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 85 de estos contratos celebrados en Valencia, concluyó que se burló sistemáticamente la ley en estas contrataciones. Este informe judicial fue rechazado por la Generalitat con un contrainforme elaborado por Isabel Villalonga, jefa de los servicios jurídicos del Consell, que negaba cualquier irregularidad. Villalonga, sin embargo, ni siquiera pudo firmar el contrainforme, al ser un cargo de confianza y no un funcionario del cuerpo jurídico de la Generalitat. Además, era subsecretaria de Turismo cuando ésta conselleria fue la primera en contratar con Orange Market, contratación en la que participó. Es, como puede comprobarse, un caso calcado, en cuanto al mecanismo, al que LA NUEVA ESPAÑA viene advirtiendo en sus informaciones que podría producirse en cualquier momento, dada la forma de adjudicar obras o servicios que aplica el Principado, donde personal de libre designación de los dirigentes políticos forma parte de las mesas que deciden las adjudicaciones.
En el «caso Brugal», las grabaciones del sumario han puesto de relieve cómo los empresarios que aspiraban a una multimillonaria contrata de basuras manejaban información confidencial que obtenían de los políticos y, de acuerdo con ésta, preparaban sus propuestas e incluso presionaban a los técnicos que se oponían a ellas, dado que conocían la postura que mantenían en las reuniones supuestamente reservadas gracias a esta información privilegiada, así como las ofertas del resto de aspirantes.
Otras investigaciones en el pasado han puesto de relieve que ni siquiera esto último, la presión sobre los técnicos por parte de los contratistas, es necesaria. Son ya muchas las administraciones que no cuentan con secretario o interventor -los encargados de velar por que la ley se cumpla estrictamente- de carrera y oposición, sino que cubren esas plazas con personal eventual cuya permanencia en el cargo depende del político de turno. O cuyos técnicos superiores obtienen compatibilidad para ejercer otros trabajos, o cobran pluses por participar en reuniones o comisiones dentro de su jornada laboral, que pueden ser revocados por decisión de los cargos políticos, quienes encuentran así una vía, en el caso de que estén dispuestos a corromperse, para influir en las concesiones. Pero hay otras formas: España ha modificado varias veces sus leyes de contratación para ajustarlas a la rigurosa normativa europea. Pero una cosa son las leyes y otra la práctica administrativa: a pesar de las protestas de la Unión Europea, siguen siendo moneda común el fraccionamiento de los contratos para que puedan ser adjudicados directamente sin concurso, o para convertir una gran contrata en una serie de contratos menores que no requieren de procedimiento alguno para su concesión; los concursos sin publicidad, en los que es la propia Administración la que se dirige a tres empresas para que presenten sus ofertas y elegir de entre ellas, siendo cada vez más las denuncias que demuestran que en este tipo de operaciones las tres empresas sólo son independientes entre sí sobre el papel, porque en la práctica pertenecen a la misma matriz; o los famosos «modificados», contra cuya proliferación se ha hartado de protestar la UE, sistema por el que una obra o servicio adjudicada por un precio pequeño acaba costando el doble y hasta el triple en la facturación final alegando los imprevistos más peregrinos para justificar estos aumentos. En el caso de Orange Market, sólo 9 de los 85 contratos examinados por el Tribunal Superior fueron adjudicados mediante concurso y muchos de ellos sufrieron, además, «modificados» al alza.
Los distintos tribunales de cuentas, tanto los que operan en las autonomías como el estatal, han denunciado reiteradamente todos estos abusos. Pero sus alegatos resultan inoperantes. Primero, porque la falta de medios y la resistencia de las administraciones a la fiscalización hacen que las auditorías se realicen con mucho retraso; y segundo, porque, en la práctica, esos tribunales carecen de capacidad sancionadora. Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA han coincidido en abogar por mayores controles judiciales en esta materia. Pero tampoco es ésta una solución fácil ni definitiva, dada la sobrecarga que de por sí padece ya la mayoría de los tribunales de lo contencioso, multiplicada en tiempos de crisis. En realidad, además del perfeccionamiento de los sistemas legales de control y de selección de los participantes en las contrataciones, sería necesario un profundo cambio de mentalidad en la sociedad española para poner coto a estos abusos. Un cambio que pasara por la toma de conciencia, por parte de los ciudadanos, de que todas estas irregularidades afectan directamente a su bolsillo, porque encarecen las contratas, que se pagan con los presupuestos que salen de los impuestos, y empeoran los servicios; pero también por parte de los empresarios, muchos de los cuales se han mostrado hasta aquí resignados a un sistema que va contra su propia esencia, puesto que pervierte las reglas del mercado, la competencia y la libre concurrencia. Un cambio que se antoja difícil a la luz de las encuestas, que, a pesar de señalar que la corrupción es ya una de las principales preocupaciones de los españoles, indican al mismo tiempo que esa preocupación no se convierte en castigo a la hora de votar a los políticos denunciados por venales.
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El ejemplo más evidente de ello son los dos casos que han saltado de la prensa local valenciana a las portadas de todos los periódicos e informativos de España: los conocidos como «caso Gürtel», en el que aparece como principal implicado el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el «caso Brugal», en el que está imputado, entre otros, el también dirigente del PP José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante. En ambos casos, empresas a las que la Unidad Contra los Delitos Económicos y el Blanqueo de Capitales de la Policía acusa de financiar fraudulentamente al PP y ganarse la voluntad de los políticos mediante regalos e incluso sobornos, lograron contratas públicas que nunca hubieran podido adjudicarse de aplicarse la letra y el espíritu de la ley.
Orange Market, la empresa filial en Valencia de Francisco Correa, en prisión por supuesto cohecho, y que dirigía Álvaro Pérez, archiconocido ya como «El Bigotes», logró quedarse con una de las contratas más importantes de la Generalitat valenciana, la del montaje del pabellón de la Feria de Turismo de Madrid, por 1,7 millones de euros, a pesar de que su oferta no sólo era la más cara, sino que la sociedad carecía de cualquier experiencia en eventos de este tipo. A partir de ahí, y en un tiempo récord, consiguió, según el sumario que ha pasado por dos tribunales superiores -la Audiencia Nacional y el Supremo-, contratas de todos los departamentos del Gobierno autonómico valenciano excepto la vicepresidencia económica, por valor de más de siete millones de euros. La Unidad de Auxilio Judicial, que analizó a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 85 de estos contratos celebrados en Valencia, concluyó que se burló sistemáticamente la ley en estas contrataciones. Este informe judicial fue rechazado por la Generalitat con un contrainforme elaborado por Isabel Villalonga, jefa de los servicios jurídicos del Consell, que negaba cualquier irregularidad. Villalonga, sin embargo, ni siquiera pudo firmar el contrainforme, al ser un cargo de confianza y no un funcionario del cuerpo jurídico de la Generalitat. Además, era subsecretaria de Turismo cuando ésta conselleria fue la primera en contratar con Orange Market, contratación en la que participó. Es, como puede comprobarse, un caso calcado, en cuanto al mecanismo, al que LA NUEVA ESPAÑA viene advirtiendo en sus informaciones que podría producirse en cualquier momento, dada la forma de adjudicar obras o servicios que aplica el Principado, donde personal de libre designación de los dirigentes políticos forma parte de las mesas que deciden las adjudicaciones.
En el «caso Brugal», las grabaciones del sumario han puesto de relieve cómo los empresarios que aspiraban a una multimillonaria contrata de basuras manejaban información confidencial que obtenían de los políticos y, de acuerdo con ésta, preparaban sus propuestas e incluso presionaban a los técnicos que se oponían a ellas, dado que conocían la postura que mantenían en las reuniones supuestamente reservadas gracias a esta información privilegiada, así como las ofertas del resto de aspirantes.
Otras investigaciones en el pasado han puesto de relieve que ni siquiera esto último, la presión sobre los técnicos por parte de los contratistas, es necesaria. Son ya muchas las administraciones que no cuentan con secretario o interventor -los encargados de velar por que la ley se cumpla estrictamente- de carrera y oposición, sino que cubren esas plazas con personal eventual cuya permanencia en el cargo depende del político de turno. O cuyos técnicos superiores obtienen compatibilidad para ejercer otros trabajos, o cobran pluses por participar en reuniones o comisiones dentro de su jornada laboral, que pueden ser revocados por decisión de los cargos políticos, quienes encuentran así una vía, en el caso de que estén dispuestos a corromperse, para influir en las concesiones. Pero hay otras formas: España ha modificado varias veces sus leyes de contratación para ajustarlas a la rigurosa normativa europea. Pero una cosa son las leyes y otra la práctica administrativa: a pesar de las protestas de la Unión Europea, siguen siendo moneda común el fraccionamiento de los contratos para que puedan ser adjudicados directamente sin concurso, o para convertir una gran contrata en una serie de contratos menores que no requieren de procedimiento alguno para su concesión; los concursos sin publicidad, en los que es la propia Administración la que se dirige a tres empresas para que presenten sus ofertas y elegir de entre ellas, siendo cada vez más las denuncias que demuestran que en este tipo de operaciones las tres empresas sólo son independientes entre sí sobre el papel, porque en la práctica pertenecen a la misma matriz; o los famosos «modificados», contra cuya proliferación se ha hartado de protestar la UE, sistema por el que una obra o servicio adjudicada por un precio pequeño acaba costando el doble y hasta el triple en la facturación final alegando los imprevistos más peregrinos para justificar estos aumentos. En el caso de Orange Market, sólo 9 de los 85 contratos examinados por el Tribunal Superior fueron adjudicados mediante concurso y muchos de ellos sufrieron, además, «modificados» al alza.
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