Frente al clientelismu y la manipulación política, otra Función Pública n´Asturies Ye Posible.
El día 5 de noviembre del 2008 se constituyó el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA), como asociación abierta a todos los trabajadores pertenecientes a las diferentes Administraciones Públicas existentes en Asturies.
COFPA es una asociación al servicio del interés general y no un grupo corporativo, ni una central sindical.
cofpas@gmail.com
En estos tiempos de crisis también las Administraciones públicas han buscado protegersefrente a posibles reclamaciones de trabajadores que, hasta hace poco, prestaban sus servicios a travésde contratos de obra o servicio. Uno de los medios que han empleado ha sido la creación de empresas públicas, que, interpuestas entre el trabajador y la Administración, tratan de evitar que cualquier responsabilidad alcance a ésta. Especialmente significativo ha sido su empleo en actividades forestales (por ejemplo, a través de TRAGSA o, en Galicia, SEAGA). Sin embargo y precisamente por el momentoen que nos encontramos, ha de hacerse uso del viejo recurso del levantamiento del velo para descubrir que detrás de esas empresas públicas se encuentra la propia Administración
El personal de la centralita de emergencias del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento (Bomberos) «presta un servicio básico y
esencial de la entidad local», el Ayuntamiento, «para la comunidad». Lo
dice la magistrada María de los Ángeles Andrés, titular del Juzgado de
lo Social Número 3 de los de Oviedo. También dice que lo hacía a través
de una clara «cesión ilegal de trabajadores», en la que una empresa CEE
Sertel, vinculada a la ONCE, se limitaba «a proporcionar mano de obra
barata» al Ayuntamiento y nada más. «Ni siquiera el papel», resume la
magistrada en la sentencia que acaba de reconocer su derecho a
incorporarse a la plantilla municipal como personal laboral indefinido,
«en iguales condiciones y con idénticos derechos que un trabajador de la
entidad local destinado en puesto de trabajo similar». Lo de las
condiciones no es baladí. Los trabajadores, algunos con 20 años de
antigüedad, cobran según el convenio de los 'call centers' salarios por
39 horas semanales que no llegan a los 16.000 euros anuales, para la
«coordinadora».
La sentencia destaca que ni el Ayuntamiento conocía a las teóricas
supervisoras del contrato, que, de hecho, trabajaban en Madrid; que la
empresa tampoco formaba al personal -lo hacían entre ellos mismos-, y
que CEE Sertel les escribió varios correos para preguntarles cuáles eran
sus funciones, qué medios y aplicaciones usaban, que tipo de llamadas
atendían y qué protocolo seguían.
La jueza es especialmente crítica con una contrata para la que «no
encuentra justificación técnica», pues «toda la infraestructura del
servicio la aporta» la administración y en el que los trabajadores han
hecho tareas al margen del contrato por indicación de mandos
municipales. Entre ellas y de forma llamativa, «el control de accesos»
al edificio de Seguridad Ciudadana.
La demanda, interpuesta con el respaldo de la CSI, se suma a la larga
serie de pleitos que han acabado por 'llenar' la plantilla municipal de
personal laboral indefinido no fijo. Una categoría que con la reciente y
se supone que transitoria, si el Principado saca adelante el consorcio
prometido, entrada del personal de las escuelas infantiles pasa de los
150 trabajadores, por apenas 650 funcionarios en activo. Su futuro no
está claro. Algunos sindicatos proponen su funcionarización; otros que
sus plazas salgan a oferta de empleo público. El descontrol con el
personal de las subcontratas motivó un duro informe de Abogacía en el
que responsabilizaba a los jefes de cada servicio del cumplimiento de
una serie de normas para evitar su entrada por la puerta de atrás en el
Ayuntamiento.
Firmas y acoso negado
Ninguna se cumplía en el caso del personal de Sertel. El equipo de
gobierno incluyó el servicio y su personal en el pliego del polémico
contrato de Modernización en un intento postrero de reconducir la
situación. La empresa mantiene también el contrato de atención
telefónica de la centralita municipal.
En noviembre, un grupo de 58 bomberos firmó un escrito dirigido al
alcalde en el que pedía que mediase para poner fin al acoso que sufrían
las trabajadoras de la centralita por parte de los jefes de Bomberos y
Policía Local, que según el escrito, las responsabilizaban del mal
funcionamiento de la centralita desde su traslado a las dependencias
policiales. El Ayuntamiento abrió una investigación que concluyó que no
existían tal acoso y que las relaciones con las trabajadores entraban
dentro de la normalidad. Salvo en el orden jurídico laboral, claro.
Decálogo de Reglas para prevenir la corrupción en los Contratos Públicos
La importancia económica y social de los contratos
públicos aconseja reforzar la visión de compra pública desde la
integridad, en tanto la realidad nos presenta como en este escenario
concurren numerosos casos de corrupción y de prácticas clientelares, de
las que derivan evidentes ineficiencias económicas y, por supuesto,
pérdida de legitimación democrática de las instituciones administrativas
y políticas.
12/11/2014
La importancia económica y social de los contratos públicos aconseja
reforzar la visión de compra pública desde la integridad, en tanto la
realidad nos presenta como en este escenario concurren numerosos casos
de corrupción y de prácticas clientelares, de las que derivan evidentes
ineficiencias económicas (la corrupción genera pérdidas en la economía
de la UE que se estiman en unos 120.000 millones de euros al año -1% del
PIB europeo- y, conlleva la distorsión del funcionamiento del mercado
interior -Comunicación de la Comisión Lucha contra la corrupción en la UE,
COM (2011) 308 final, de 6 de junio, pág. 3- ) y, por supuesto, pérdida
de legitimación democrática de las instituciones administrativas y
políticas.
El mercado de los contratos públicos es donde existen “mayores
tentaciones” y ofrecen más oportunidades a la corrupción que las
licitaciones en el sector público (como bien se destaca por Transparencia Internacional).
De hecho, el Parlamento Europeo ha llegado a afirmar que “el sector de
la contratación pública es el más expuesto a los riegos de gestión
irregular, fraude y corrupción y que estas conductas ilícitas
distorsionan el mercado, provocan un aumento de los precios y de las
tarifas abonadas por los consumidores para la adquisición de bienes y
servicios, y siembran la desconfianza con respecto a la Unión Europea”
(apartado 27 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de
2010, sobre la protección de los intereses financieros de las
Comunidades y la lucha contra el fraude, P7_TA (2010) 0155 (DOUE C 81E,
de 15 de marzo de 2011), e insta a los Estados miembros a que
establezcan como máxima prioridad la lucha contra la corrupción en la
contratación a través de una adecuada aplicación de las Directivas sobre
contratos públicos, merced a los “efectos devastadores de la corrupción
en términos de inflación de costes, adquisición de equipos
innecesarios, inadecuados o de calidad inferior.
En la actualidad no faltan ejemplos de situaciones de corrupción,
vinculadas en la mayoría de los casos con los contratos públicos, por
ello parece aconsejable que desde este Observatorio se realice algún
tipo de propuesta. Es cierto que tanto Javier Vazquez como Alejandro Madariaga
ya han tenido ocasión de opinar y reflexionar de forma interesante
sobre esta cuestión en este mismo Observatorio. Sin embargo, el tema,
su repercusión económica y social (además, la ausencia de integridad
genera ineficiencias y erosiona la legitimidad democrática de las
instituciones), exige presentar algunas de las medidas, que a modo de
solución se pueden adoptar (y que se expusieron, en extenso, en el Seminario de Formigal de septiembre de este año). Las presentaremos a modo de decálogo.
La publicidad no es —ni puede serlo— un mero principio formal.
La publicidad, mediante los instrumentos que se utilicen —técnicos y
regulatorios— debe generar competencia o concurrencia empresarial, tal y
como bien advierte la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, de 15 de octubre de 2009, Acoset, al afirmar que «los
principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la
nacionalidad implican en particular una obligación de transparencia, que
permite que la autoridad pública concedente se asegure de que tales
principios son respetados». La obligación de transparencia que recae
sobre cualquier ente contratante consiste en garantizar, en beneficio de
todo licitador potencial, una publicidad adecuada y efectiva que
permita abrir a la competencia el contrato licitado mediante la
imparcialidad de los procedimientos de adjudicación (véase en particular
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de
abril de 2006, ANAV apartado 21). Esto significa que debe existir
publicidad que genere transparencia, es decir, que cualquier licitador
pueda conocer que se está licitando y, también, las reglas de esa
licitación (STJUE de 19 de septiembre de 2013, de condena al Reino de
España). La plataforma de contratos del sector publico como ventanilla
única es, como ya se ha apuntado,
una excelente solución y debe servir para reconducir la práctica de los
perfiles de contratante y sus efectos limitativos de publicidad (se han
comportado como barrera de entrada para nuevos operadores económicos,
lo que ha conllevado a innecesarias dosis de inseguridad jurídica, que
pueden conducir a la postre a un mercado «cautivo», que potencia la
compra del «cercano» e impide el efectivo funcionamiento, por inadecuada
concurrencia, de las economías de escala).una excelente solución y debe
servir para reconducir la práctica de los perfiles de contratante y sus
efectos limitativos de publicidad (se han comportado como barrera de
entrada para nuevos operadores económicos, lo que ha conllevado a
innecesarias dosis de inseguridad jurídica, que pueden conducir a la
postre a un mercado «cautivo», que potencia la compra del «cercano» e
impide el efectivo funcionamiento, por inadecuada concurrencia, de las
economías de escala). La transparencia en la contratación
pública, como principio instrumental, exige una implementación
compatible con su finalidad, optando por sistemas ágiles, accesibles y
de alcance universal, que hagan posible que cualquier licitador
pueda obtener información sobre una licitación y comprender las reglas
de esta, sin que existan incertidumbres –o costes o cargas innecesarias-
que favorezcan que se desista a presentar ofertas por entender que el
procedimiento puede estar ya orientado hacia determinados licitadores.
La introducción de los códigos del CPV en todo contrato facilitará una
mejor información y ayudará a simplificar el procedimiento de
contratación (Alfonso Ruiz de Castañeda).
La contratación de los poderes adjudicadores no administración y su experiencia práctica aconseja la uniformidad de reglas y la eliminación de las instrucciones previstas en el artículo 191 TRLCSP.
Solo así se puede evitar el juego de contrato SARA/NO SARA como
mecanismo para eludir la transparencia y la aplicación de los principios
de la contratación pública. La lógica del sistema obliga a la
aplicación de los principios del artículo 18 de la Directiva 2014/24 a
todo contrato público al margen de su importe y que las reglas jurídicas
sean las mismas, resultando indiferente que se tenga o no la
consideración de Administración Pública. La «deslegalización
procedimental» del TRLCSP ha permitido el diseño de distintos y variados
procedimientos (distintos plazos, distinta documentación, etc.) que se
han convertido en una barrera de entrada para nuevos operadores
económicos, introduciendo, a mi juicio, innecesarias dosis de
inseguridad jurídica que pueden conducir a la postre a una fragmentación
del mercado potenciando la compra del «cercano» e impidiendo el
efectivo funcionamiento, por inadecuada concurrencia, de las economías
de escala e impedir el objetivo de la reforma introducida por la Ley de
Unidad de Mercado. No hay nada más contrario a la efectividad del
principio de transparencia que la dispersión normativa y el «caos»
regulatorio de los distintos procedimientos de licitación. Por ello, es
conveniente introducir flexibilización (tramitación simplificada,
documentación de solvencia sólo exigible al adjudicatario propuesto,
medios electrónicos, etc.) pero uniforme para todos estos supuestos de
descentralización funcional. En consecuencia, el contenido “armonizado”
que se propone en las Directivas, debe servir de referencia también en
los contratos no cubiertos por la cuantía, sin que sea posible
regulaciones que comporten efectos contrarios a las reglas y fines de la
contratación pública.
Una de las principales “puertas” de la corrupción en España ha
sido la generosa interpretación del derecho a modificar los contratos,
no solo por imprevisibilidad, sino por nuevas necesidades o
conveniencias políticas, alterando el precio final hasta en porcentajes
de más de 200 por cien. Debe insistirse en la limitación de la potestad
de los modificados. Ya no existe el ius variandi, al ser esta
una posibilidad que exige el cumplimiento de unos criterios estrictos
(que deben ser interpretados de conformidad a la doctrina TJUE, tal y
como advierte el considerando 107 de la Directiva 2014/24) que tratan de
evitar que existan adjudicaciones ilegales. Para ello, además de una
regulación precisa, que permita como excepción la modificación del
contrato, como bien ha indicado Ana I. Beltran, se debe regular la publicidad de los modificados así como la posibilidad de impugnación (Isabel Gallego).
Esta medida (ya reconocida por la STJUE de 8 de mayo de 2014. Asunto
C-161/13) permitirá, no solo transparencia, sino una mejor praxis al
tener que explicar y justificar que no es una nueva adjudicación, pues
podría ser anulada por los órganos de control competentes. Frente a
quienes argumentan que esta regulación de los modificados condiciona al
interés público y que supone aumento de carga burocrática y
dificultades a la gestión, se les puede razonar que de lo que se trata
es de articular un control efectivo de todo el ciclo integral
del contrato (del que es elemento esencial las posibles modificaciones),
en una nueva dimensión de lo que se entiende por el derecho a una buena
administración.
Debe reforzarse la idea de que la mejor inversión en la contratación pública es la configuración de un sistema de control rápido y efectivo (Martin Razquin).
Se ha venido insistiendo en la idea de que ordenamiento jurídico que se
pretenda efectivo y eficiente en la aplicación de sus previsiones
necesita de mecanismos procedimentales y procesales que permitan
“reparar y corregir” de forma eficaz las contravenciones a dicho
Ordenamientp. La creación y puesta en funcionamiento de órganos de
recursos contractuales mediante la Ley 34/2010 ha supuesto un notable
avance en la necesidad de un efectivo control que, además de garantizar
el derecho a la tutela, permita una gestión más eficiente de los fondos
públicos y posibilite la eficacia del derecho a una buena administración
(Elena Hernáez).
Pero debe avanzarse en su consolidación en un contexto de efecto
útil, con plazos claros y razonables en la resolución. Por ello, aun
sin ser una acción pública, la legitimación debe ser amplia, para
favorecer la propia función de depuración que se encomienda al sistema
de recursos, e impulsar una doctrina clara que preserve los principios
de seguridad jurídica y predictibilidad, de especial impacto en un
sector tan sensible como el de los contratos públicos. En todo caso debe
aclararse la planta de estos órganos de recursos contractuales (nunca
de ámbito local, como bien advierte M. José Santiago Fernández)
y sus potestades y ámbito (que debería extenderse al margen del importe
del contrato). Y, por la propia naturaleza y finalidad, no debería
exigirse una tasa a los recurrentes (como bien ha explicado Miguel Angel Bernal).
Para cumplir este fin de integridad no basta con una regulación
reacccional de carácter penal (mediante la tipificación como ilícita de
la información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y
exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos –Javier Fuertes y Carlos Yañez-),
que, siendo necesaria, no es suficiente. Como ya advirtiera Kaufman,
la corrupción no se combate combatiendo la corrupción. Hay que reforzar los mecanismos de control de naturaleza preventiva,
tanto mediante la función de inspección y control de los Tribunales de
Cuentas, Agencias de Lucha antifraude, creación de autoridades de
vigilancia sobre los contratos públicos. Especialmente sería muy
conveniente la redefinición de las competencias de Órganos de Control
Externos (Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos), con
facultades ejecutivas correctivas y con potestad de imposición de
sanciones. El carácter disuasorio de la responsabilidad contable, bien
articulada desde la práctica y como competencia de cualquier OCEX,
debería ser un instrumento que coadyuvase a favor de la integridad.
La profesionalización es uno de los factores clave para promover la integridad.
Objetivo que se recoge en la Declaración de Cracovia, que contiene las
conclusiones del primer Foro del Mercado Interior celebrado en dicha
ciudad los días 3 y 4 de octubre de 2011, y que entre las medidas para
mejorar el funcionamiento de la legislación comunitaria sobre
contratación pública, propone profesionalizar el sector de la contratación pública a través de una mejor formación.
Hay que fijar una verdadera estrategia para conseguir una mayor
cualificación y responsabilidad de los “gestores” públicos (con el fin
de evitar la politización), lo que aconseja una política de formación
específica que permita el mayor conocimiento y, por ende, el mejor
criterio práctico. Esta política de profesionalización aconseja también
repensar la organización administrativa (así como algunos de los
fundamentos del derecho público).
La integridad y su prevención no debe abordarse de marera unidireccional. El sector empresarial debe dar un paso al frente.
Lo advierte C. GÓMEZ-JARA DÍEZ, al postular la idoneidad de adaptar los
programas de cumplimiento «anti-corrupción» al ámbito de público,
apuntando “una exigencia legal futura para la contratación pública”. El
autor entiende que la experiencia norteamericana parece conducir
indefectiblemente a la necesidad de que cualquier empresa que desee
contratar con la administración pública debería instaurar de manera
efectiva un programa de cumplimiento «anti-corrupción» como exigencia
legal. Los medios de “legal compliance” pueden ayudar a la necesaria
revalorización social del concepto de ética empresaria así como la
puesta en valor de la responsabilidad corporativa. Y en este contexto,
como ha destacado Patricia Valcarcel,
deben igualmente prevenirse los acuerdos de carácter colusorio entre
empresas para distorsionar la debida competencia en la contratación
pública, pues el big rigging no es sino una quiebra del principio de integridad.
La trasparencia en la contratación pública puede tener una
función distinta a la de facilitar información a los licitadores para
favorecer la concurrencia y ser más eficientes. En concreto puede servir
para dar información a los ciudadanos de cómo se gestiona la
contratación pública, con la intención de avanzar en el derecho a una
buena administración y, por ende, a un control de la misma. La
función del principio de transparencia es, en este caso, de carácter
sustantivo y no instrumental en tanto tiene por objetivo la rendición de
cuentas a la sociedad. Resulta, por ello, fundamental diseñar
una estrategia de transparencia en los contratos públicos desde la
lógica de la rendición de cuentas. La importancia de la ley de
transparencia y la creación del portal especifico. Hay que avanzar, como
ha indicado Asunción Sanmartin,
hacia la “Contratación abierta”. Esta información pretende ser una
herramienta de rendición de cuentas que permita explicar a la ciudadanía
en qué, cómo y cuánto se invierten los recursos públicos mediante
contratación pública. Además, debe servir para legitimar la actuación
administrativa al existir un control político de su actuación. Y, por
ello, en tanto que permite «dar luz» a ciertas prácticas, debe servir de
avance en la idea de integridad en la contratación pública. A tal fin
se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen
presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público, lo que nos permitirá detectar la corrección o no de la
utilización de las formas de provisión. Interesa destacar que igualmente
debería informarse sobre importe y número de contratos que recaen en
los licitadores, desagregando el dato, por tipo de administración, con
el fin de detectar prácticas restrictivas o «posiciones privilegiadas»
en un concreto mercado público.
Desarrollar las exigencias de regular una nueva gobernanza
exigida por el artículo 83 de la Directiva 24/2014, mediante la
creación de un organismo de supervisión, que deberá contar con medios y
preparación suficiente. Esta previsión es un instrumento fundamental en
el cambio de los paradigmas de la gestión de los contratos públicos en
tanto sea capaz de proporcionar información real e inmediata sobre el
funcionamiento de la política y los posibles defectos de la legislación y
las prácticas nacionales, postulando con rapidez las soluciones más
adecuadas. Este nuevo rol puede recaer en la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado ( y, mediante cooperación, en las
juntas consultivas autonómicas). Entre sus funciones, además de
supervisar e informar, dar formación y asistir de forma consultiva,
estaría la de redactar (y controlar) un Código ético de prevención y
aseguramiento de la integridad en los contratos públicos, que evite el
conflicto de intereses. Debería dotárseles de herramientas para detectar
las prácticas colusorias y diseñar estrategias que las impidan. Por
supuesto, en tiempos donde el debate se centra en la regeneración
democrática, la revisión del modelo normativo, su necesaria
“codificación” y una praxis menos burocrática (una “desmaterialización”
del mismo, como bien propusiera Francisco Blanco)
es una exigencia para revertir un modelo confuso, a veces opaco, y muy
poco eficiente, que revela a la organización pública como un obstáculo.
Desarrollar las exigencias de regular una nueva gobernanza
exigida por el artículo 83 de la Directiva 24/2014, mediante la
creación de un organismo de supervisión, que deberá contar con medios y
preparación suficiente. Esta previsión es un instrumento fundamental en
el cambio de los paradigmas de la gestión de los contratos públicos en
tanto sea capaz de proporcionar información real e inmediata sobre el
funcionamiento de la política y los posibles defectos de la legislación y
las prácticas nacionales, postulando con rapidez las soluciones más
adecuadas. Este nuevo rol puede recaer en la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado ( y, mediante cooperación, en las
juntas consultivas autonómicas). Entre sus funciones, además de
supervisar e informar, dar formación y asistir de forma consultiva,
estaría la de redactar (y controlar) un Código ético de prevención y
aseguramiento de la integridad en los contratos públicos, que evite el
conflicto de intereses. Debería dotárseles de herramientas para detectar
las prácticas colusorias y diseñar estrategias que las impidan. Por
supuesto, en tiempos donde el debate se centra en la regeneración
democrática, la revisión del modelo normativo, su necesaria
“codificación” y una praxis menos burocrática (una “desmaterialización”
del mismo, como bien propusiera Francisco Blanco)
es una exigencia para revertir un modelo confuso, a veces opaco, y muy
poco eficiente, que revela a la organización pública como un obstáculo.
En conclusión, y como ya advertimos hace casi dos años en este observatorio,
la crisis exige reformas en profundidad –y no mero “maquillaje”- de la
normas administrativas para implantar una nueva gobernanza pública que
incorpore como paradigmas de la gestión la eficacia, eficiencia e
integridad. La regeneración democrática, tan necesaria, debe llegar a la
contratación pública (Teresa Medina). Por ello, esta normativa, como indicara Miguel Angel Bernal,
debe extenderse a los partidos políticos (y sindicatos y organizaciones
empresariales en tanto reciban financiación pública mayoritaria). Como
ha destacado A. CERRILLO el diseño normativo de adecuadas estructuras
organizativas, debidos procedimientos de toma de decisión y mecanismos
de refuerzo de la transparencia administrativa son las vacunas frente a
la corrupción pública. Y el escenario de los contratos públicos es
especialmente idóneo para medidas profilácticas de este tipo.
En todo caso las nuevas Directivas de contratación pública nos
ofrecen una nueva oportunidad para intentar acotar las malas prácticas y
la corrupción en los contratos públicos. No será tarea sencilla, pues
basta recordar las palabras de Bravo Murillo al aprobar el Real Decreto
de 27 de febrero de 1852: "Señora (refiriéndose a la Reina Isabel II):
Autorizado competentemente por V.M., previo acuerdo del Consejo de
Ministros, presentó el de Hacienda a las Cortes en 29 de diciembre de
1850 un proyecto de ley de contratos sobre servicios públicos, con el
fin de establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles
de cometer en una materia de peligrosos estímulos, y de garantizar la
Administración contra los tiros de la maledicencia...". En casi dos siglos no parecen haber cambiado muchas las cosas, quizá porque “No podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”. (Albert Einstein).
Dos directivos de RTPA, la
radiotelevisión autonómica asturiana, declararon hoy como imputados ante la
jueza Ana López Pandiella, del Juzgado de Instrucción Número 4 de Gijón, por la
querella criminal del sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) a
causa de la externalización de servicios en beneficio de productoras privadas.
Los directivos son Manuel Castrillo,
responsable de gestión y recursos humanos, y Ana Lada, secretaria general.
Preguntados por la jueza sobre la externalización en RTPA, Castrillo contestó
que no sabía la causa y Lada que esta empresa pública no cuenta con medios
propios suficientes que eviten contrataciones privadas, según un portavoz de
CSI.
La denuncia sindical por prevaricación se centra
en la productora Teletemas, del empresario Luis Arias de Velasco, pero la CSI
entiende que no es la única que podría tener que rendir cuentas por las
contrataciones de las que se benefició. Y tampoco limita sus acusaciones a los
dos directivos imputados, aunque son los únicos denunciados, porque CSI estima
que la querella admitida a trámite podría ampliarse en función de las
investigaciones judiciales y policiales.
En las declaraciones judiciales de hoy
salió a colación un supuesto sobrecoste de 120.000 euros en un contrato de
externalización.
En un comunicado público CSI aclara que ”
lo que denunciábamos era que se estaban dilapidando recursos públicos a favor
de un conglomerado clientelar de empresas cuyos contratos se adjudicaban a
través de licitaciones muy opacas cuando no directamente a dedo, sin que
contaran con infraestructura económica ni técnica para desarrollar el trabajo,
perdiéndose cantidades desconocidas de dinero público por el camino a favor de
determinados intereses muy concretos. La precariedad laboral, la temporalidad,
los despidos y las amenazas fueron la garantía que permitió durante mucho
tiempo mantener esta estructura sin que apenas diera problemas fuera del
convento de las clarisas (sede de RTPA), para beneficio de empresarios sin
escrúpulos afines al Gobierno de turno en ese momento”.“Nadie asumió responsabilidades por todo
ello, salvo los trabajadores más indefensos que acabaron pagando el pato de la
mala gestión y los recortes que se derivaron también a la plantilla de RTPA”,
añade el comunicado.
Cartel de la CSI sobre sus acciones judiciales en RTPA.
Dos directivos de RTPA, la
radiotelevisión autonómica asturiana, declararon hoy como imputados ante
la jueza Ana López Pandiella, del Juzgado de Instrucción Número 4 de
Gijón, por la querella criminal del sindicato Corriente Sindical de
Izquierdas (CSI) a causa de la externalización de servicios en beneficio
de productoras privadas.
Los directivos son Manuel
Castrillo, responsable de gestión y recursos humanos, y Ana Lada,
secretaria general. Preguntados por la jueza sobre la externalización en
RTPA, Castrillo contestó que no sabía la causa y Lada que esta empresa
pública no cuenta con medios propios suficientes que eviten
contrataciones privadas, según un portavoz de CSI.
La denuncia sindical por
prevaricación se centra en la productora Teletemas, del empresario Luis
Arias de Velasco, pero la CSI entiende que no es la única que podría
tener que rendir cuentas por las contrataciones de las que se benefició.
Y tampoco limita sus acusaciones a los dos directivos imputados, aunque
son los únicos denunciados, porque CSI estima que la querella admitida a
trámite podría ampliarse en función de las investigaciones judiciales y
policiales.
En las declaraciones judiciales
de hoy salió a colación un supuesto sobrecoste de 120.000 euros en un
contrato de externalización.
En
un comunicado público CSI aclara que ” lo que denunciábamos era que se
estaban dilapidando recursos públicos a favor de un conglomerado
clientelar de empresas cuyos contratos se adjudicaban a través de
licitaciones muy opacas cuando no directamente a dedo, sin que contaran
con infraestructura económica ni técnica para desarrollar el trabajo,
perdiéndose cantidades desconocidas de dinero público por el camino a
favor de determinados intereses muy concretos. La precariedad laboral,
la temporalidad, los despidos y las amenazas fueron la garantía que
permitió durante mucho tiempo mantener esta estructura sin que apenas
diera problemas fuera del convento de las clarisas (sede de RTPA), para
beneficio de empresarios sin escrúpulos afines al Gobierno de turno en
ese momento”.“Nadie
asumió responsabilidades por todo ello, salvo los trabajadores más
indefensos que acabaron pagando el pato de la mala gestión y los
recortes que se derivaron también a la plantilla de RTPA”, añade el
comunicado.
Mientras
el futuro de las externalizaciones se dilucida en un juzgado, el de la
gestión política pasa por el parlamento asturiano o Junta General del
Principado, donde PP y PSOE llegaron a un acuerdo para repartirse el
poder en la RTPA, de cara a las elecciones del 24 de mayo. La oposición
de Foro Asturias, Izquierda Unida y UPyD frustró una de las pretensiones
de los dos partidos mayoritarios, que era formar ya un nuevo consejo de
administración por un periodo de seis años, de manera que el control
del PP y el PSOE quedase garantizado al margen de los resultados de las
autonómicas de mayo.
El
próximo 13 de este mes de marzo se celebran elecciones sindicales en
RTPA. Compiten UGT, USO y CSI, porque CCOO decidió retirar su
candidatura.
- See more at:
http://www.atlanticaxxii.com/3482/dos-directivos-de-rtpa-declaran-imputados-por-prevaricacion#sthash.exOVl1Qv.dpuf
Dos directivos de RTPA declaran imputados por prevaricación
Cartel de la CSI sobre sus acciones judiciales en RTPA.
Dos directivos de RTPA, la
radiotelevisión autonómica asturiana, declararon hoy como imputados ante
la jueza Ana López Pandiella, del Juzgado de Instrucción Número 4 de
Gijón, por la querella criminal del sindicato Corriente Sindical de
Izquierdas (CSI) a causa de la externalización de servicios en beneficio
de productoras privadas.
Los directivos son Manuel
Castrillo, responsable de gestión y recursos humanos, y Ana Lada,
secretaria general. Preguntados por la jueza sobre la externalización en
RTPA, Castrillo contestó que no sabía la causa y Lada que esta empresa
pública no cuenta con medios propios suficientes que eviten
contrataciones privadas, según un portavoz de CSI.
La denuncia sindical por
prevaricación se centra en la productora Teletemas, del empresario Luis
Arias de Velasco, pero la CSI entiende que no es la única que podría
tener que rendir cuentas por las contrataciones de las que se benefició.
Y tampoco limita sus acusaciones a los dos directivos imputados, aunque
son los únicos denunciados, porque CSI estima que la querella admitida a
trámite podría ampliarse en función de las investigaciones judiciales y
policiales.
En las declaraciones judiciales
de hoy salió a colación un supuesto sobrecoste de 120.000 euros en un
contrato de externalización.
En
un comunicado público CSI aclara que ” lo que denunciábamos era que se
estaban dilapidando recursos públicos a favor de un conglomerado
clientelar de empresas cuyos contratos se adjudicaban a través de
licitaciones muy opacas cuando no directamente a dedo, sin que contaran
con infraestructura económica ni técnica para desarrollar el trabajo,
perdiéndose cantidades desconocidas de dinero público por el camino a
favor de determinados intereses muy concretos. La precariedad laboral,
la temporalidad, los despidos y las amenazas fueron la garantía que
permitió durante mucho tiempo mantener esta estructura sin que apenas
diera problemas fuera del convento de las clarisas (sede de RTPA), para
beneficio de empresarios sin escrúpulos afines al Gobierno de turno en
ese momento”.“Nadie
asumió responsabilidades por todo ello, salvo los trabajadores más
indefensos que acabaron pagando el pato de la mala gestión y los
recortes que se derivaron también a la plantilla de RTPA”, añade el
comunicado.
Mientras
el futuro de las externalizaciones se dilucida en un juzgado, el de la
gestión política pasa por el parlamento asturiano o Junta General del
Principado, donde PP y PSOE llegaron a un acuerdo para repartirse el
poder en la RTPA, de cara a las elecciones del 24 de mayo. La oposición
de Foro Asturias, Izquierda Unida y UPyD frustró una de las pretensiones
de los dos partidos mayoritarios, que era formar ya un nuevo consejo de
administración por un periodo de seis años, de manera que el control
del PP y el PSOE quedase garantizado al margen de los resultados de las
autonómicas de mayo.
El
próximo 13 de este mes de marzo se celebran elecciones sindicales en
RTPA. Compiten UGT, USO y CSI, porque CCOO decidió retirar su
candidatura.
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